Ecuador. Ola de violencia en el país de la línea imaginaria
por Luis Andrés González
La República del Ecuador ha vivido un episodio de violencia extrema por parte de bandas armadas vinculadas al narcotráfico. Hace menos de diez años era uno de los países más seguros de la región… ¿Qué ha pasado desde entonces?
En las siguientes líneas trataremos de abordar una problemática presente en la actual República del Ecuador: La violencia provocada por el crimen organizado. Aunque dicha problemática se explica por los males crónicos que aquejan a las naciones hispanoamericanas (la violencia estructural, un Estado históricamente endeble y una sociedad fracturada), es cierto que la proliferación de bandas criminales se ha originado en los últimos años. Estas bandas criminales han sembrado terror en la sociedad ecuatoriana, acostumbrada a convivir y desarrollarse en un medio relativamente pacífico hasta hace muy poco. Las noticias que Ecuador ha entregado al mundo en las últimas semanas han sido de gran magnitud mediática y han hecho eco en gran parte de la prensa internacional. No es para menos.
Antecedentes
Para empezar, cabría exponer algunas de las causas principales por las que el país sudamericano se encuentra sumido en una crisis sin precedentes en su historia. Ecuador ha sido una nación acostumbrada únicamente a ser “observadora” de los crímenes que las bandas delincuenciales y el narcotráfico cometen en otras latitudes (Colombia o México, por citar los ejemplos más característicos), y hoy se mira con preocupación y muy de cerca el dolor, la muerte y la fractura moral, espiritual y material que grandes capas de su sociedad están experimentando.
Para mucha gente de fuera esto ha sido una verdadera sorpresa: ¿Cómo es posible que el segundo país más seguro de América Latina, hasta hace muy poco, se haya convertido en un sitio donde reina la violencia? Esta es una pregunta que tiene varias respuestas.
En primer lugar, durante la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) se implementaron políticas cruciales que condujeron a la paulatina desaparición de círculos de violencia dentro del territorio nacional. Correa, por medio de su plan de gobierno, adoptó políticas de tintes desarrollistas, políticas keynesianas con una fuerte inversión social en los ámbitos de seguridad, pero también en salud y educación. Se podría decir que se produjo una mejora en las condiciones de vida de los ecuatorianos. Mucha población salió de la pobreza, llegando a niveles históricos en la disminución del porcentaje en dicho rubro; y también se empezó a fortalecer una incipiente pero entusiasta clase media. Aunque evidentemente quedó mucho por hacer, se estaba dando una dirección más o menos correcta para la consecución de una pequeña experiencia de Estado de Bienestar en Sudamérica.
Ecuador es un país en vías de desarrollo; y, además, es un territorio demasiado expuesto al negocio del narcotráfico y a sus lógicas. Por esta razón, precisamente, la doctrina de un “Estado presente” es la que mantenía el equilibrio social en el país, impidiendo que se encallase cual barco en una tempestad. Ecuador siguió a flote hasta la llegada a la presidencia de Lenin Moreno, quién cambió drásticamente el rumbo seguido durante los últimos años. Las políticas adoptadas por Correa se suspendieron, dando paso a las recetas pro-mercado y a la gradual reducción de la capacidad estatal para atender los problemas más urgentes, entre ellos la seguridad.
Durante el gobierno de Lenin Moreno (2017-2021) se tomaron decisiones antipopulares y desacertadas, una de las más llamativas fue la eliminación del Ministerio de Justicia, que actuaba como una institución fundamental en la gestión de la seguridad. Cabe decir que Moreno llegó al poder mediante el movimiento político de su predecesor Correa, pero que, una vez alcanzado el poder, traicionó la voluntad popular de seguir con sus programas políticos, y se volcó hacia las derechas que han acabado por saquear el país. Asimismo, el Estado perdió el control de los centros carcelarios, como le ocurrió a Brasil en la década de los 2000. Esto último fue el caldo de cultivo perfecto para el desarrollo del crimen organizado y las bandas ligadas al narcotráfico. La receta neoliberal de política de “Estado mínimo” ha sido una de las principales causas para que el país viva esta crisis de violencia.
Después de la presidencia de Moreno, las elecciones del año 2021 fueron ganadas por el banquero Guillermo Lasso, quien siguió con la misma línea de políticas de austeridad y de ajuste, dictadas por el Fondo Monetario Internacional, y aupadas por los medios de comunicación tradicionales, defensores históricos de las clases dominantes en el país. Otra cuestión no menos importante es que, con Guillermo Lasso, el Estado ecuatoriano va a perder el control sobre sus puertos, donde los grupos vinculados al narco van a aprovechar y desarrollar su negocio de forma muy sencilla, en vista de que las autoridades portuarias, al igual que las carcelarias, fueron fácilmente compradas con dinero del narco. La corrupción es endémica, y es el peor de los males.
Como ya se ha mencionado, los mass media tradicionales han jugado un rol fundamental en la defensa de las autoridades que gobiernan el país y que son las causantes principales de esta debacle. La función de esos mass media ha consistido en que los planteamientos de la minoría ruidosa que se oponía a las políticas de Rafael Correa se generalizasen y acabasen por condicionar el conjunto de la opinión pública. No obstante, debe tenerse en cuenta que, pese a esa fehaciente oposición al “correísmo”, el movimiento político de Correa sigue siendo una opción muy popular dentro del electorado nacional, quizá porque su “Revolución Ciudadana” fue un proceso que, aunque no exento de contradicciones, garantizaba el crecimiento del bienestar para una sociedad ecuatoriana que venía muy golpeada por la crisis de 1999 y la posterior dolarización del año 2000.
Al tiempo que las autoridades se han despreocupado de los verdaderos problemas que existen en el país, los cuales no han dejado de agravarse, el ejercicio del poder se ha volcado en atacar y desterrar, mediante artimañas judiciales, la figura de Rafael Correa (actualmente asilado político en Bélgica) y la de los cuadros de su movimiento político. Se trata de una especie de campaña sucia en contra del “correísmo” que se ha centrado en desprestigiar al movimiento de la Revolución Ciudadana, y a sus simpatizantes, con el fin de destruir la única opción política real ubicada dentro del espectro de la izquierda. Todo esto ha sido posible porque el Estado de Derecho ha entrado en una crisis profunda.
La realidad es que Ecuador muestra una inmadurez institucional profunda. Con el propósito de no someterse a un juicio político por malversación de fondos públicos, el presidente Guillermo Lasso disolvió el Parlamento en mayo de 2023 y evitó ser destituido. Unos meses después, en octubre de 2023, se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, dando el triunfo a Daniel Noboa, líder de la coalición Acción Democrática Nacional. En la actualidad, la sociedad ecuatoriana está empobrecida a niveles alarmantes, más del 30% de personas viven por debajo del umbral de la pobreza y esto es producto de una serie de políticas desacertadas que han llevado a cabo sus gobernantes, principalmente en el último lustro.
Situación actual
“Estado fallido” es una categoría muy implementada en la política y los estudios internacionales para designar a entidades estatales que han perdido el monopolio del ejercicio de la fuerza. Además, que no han resuelto la idea del bien común y de la convivencia en bienestar para sus connacionales. Todo esto sigue siendo tarea pendiente.
Daniel Noboa, el actual presidente de la República del Ecuador, pertenece a una de las familias más adineradas del país. Es un político joven, sin experiencia alguna para afrontar esta situación, que llegó al poder precisamente por “votos prestados” de otras fuerzas políticas con la intención de evitar el triunfo de la candidata del movimiento de Rafael Correa, Luisa González. Noboa ha heredado un país en decadencia como consecuencia de las políticas de sus dos predecesores en el cargo: Lenin Moreno y Guillermo Lasso.
Hoy Ecuador vive una dramática realidad. El nuevo presidente se mostró dispuesto a combatir a los grupos delincuenciales, y éstos han respondido extremando la violencia como forma de chantajear al gobierno: no quieren ser perseguidos, sino que quieren seguir actuando en impunidad. Así se explican los hechos lamentables que sucedieron en enero de 2024, cuando, entre otras acciones, hubo un asalto por parte de un grupo delincuencial a un canal de televisión que estaba trasmitiendo en vivo para una audiencia numerosa, siendo que los asaltantes armados tomaron como rehenes a un grupo de trabajadores. Fueron días de zozobra e incertidumbre en un país acostumbrado a la paz durante gran parte de su historia reciente.
Hay que detenerse en la ciudad de Guayaquil y en las provincias que se encuentran a su alrededor para percibir la realidad del crimen organizado. Dicha ciudad, Guayaquil, es la segunda más importante del país después de la capital Quito, y es uno de los puertos más importantes del Pacífico. Ciudad comercial por excelencia, ha sido víctima principal de la barbarie y de la violencia, con un aumento significativo de la criminalidad. Hay barrios enteros de esta ciudad que están tomados por los grupos delincuenciales. La gran mayoría de estas bandas criminales tiene su base ahí, aunque también en provincias aledañas. Una de esas provincias cercanas es Esmeraldas, fronteriza con la vecina Colombia, que ha sido especialmente golpeada por el narco. De hecho, en esta provincia limítrofe es donde la realidad resulta ser mucho más cruel, ya que es una de las regiones más empobrecidas y olvidadas por el Estado ecuatoriano, y en donde la juventud precarizada es más propensa a caer en las garras del narcotráfico y los grupos criminales.
A raíz de los lamentables hechos ocurridos en el mes de enero en los que las bandas criminales se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, se produjeron saqueos, explosiones y secuestros, y hubo el ya referido asalto al canal de televisión, el presidente Noboa se ha encargado de señalar mediante decreto ejecutivo como “organizaciones terroristas” a los grupos de delincuencia organizada. También como consecuencia de la escalada de violencia, el gobierno decretó el “estado de excepción” ante un “conflicto armado interno”, lo que comporta toque de queda y militares en las calles.
GDOs: Grupos de Delincuencia Organizada
Ahora bien ¿Quiénes son los que han creado el horror y la violencia en el país? Las principales bandas que operan en el territorio nacional son “los choneros” y “los lobos”, aunque hay muchas más que son subsidiarias de estas dos. Tanto “los choneros” como “los lobos” están fuertemente vinculados a los cárteles mexicanos y a la mafia albanesa que también opera en el país. Esta última inclusive ha tenido contactos con la política con personalidades del entorno del expresidente Guillermo Lasso, algo que deberá esclarecerse en el futuro.
Ahora bien, es menester señalar que los líderes de las dos bandas antes mencionadas fueron apresados durante el gobierno de Rafael Correa y puestos en libertad cuando Correa dejó el poder, esto es, durante los gobiernos inmediatos de Moreno y Lasso, ¿Qué motivó para que, desde instancias institucionales, se haya posibilitado que estos narcotraficantes, ya fuera de la cárcel, pudieran operar impunemente y acabaran adquiriendo tanto poder? Claramente esto apesta a complicidad por parte de los dos últimos gobiernos neoliberales. Y basta con ver que nunca actuaron de manera efectiva durante los amotinamientos y las masacres carcelarias promovidas por miembros de estas organizaciones.
Hoy, en Ecuador, somos uno de los países más violentos de América Latina, hoy el Estado ha sido paulatinamente desmantelado, hoy las clases dominantes, agroexportadores y banqueros dominan la política nacional, cuando otrora Correa les disputó precisamente ese poder político. Hoy las bandas criminales tienen presencia en todas las provincias del país, pero evidentemente donde más ejercen su influencia y acción son en las provincias de la costa, donde están los puertos y desde donde salen los cargamentos de droga. Con todo esto, la clase trabajadora ecuatoriana está siendo especialmente afectada, y muchas familias han tomado la decisión de emigrar para poder encontrar seguridad y trabajo, algo que en el país escasea. La criminalidad aumentó de forma alarmante, las cifras no mienten, es un cáncer a extirpar.
Algunas reflexiones finales
Aunque para explicar la situación actual en Ecuador hay que referirse a múltiples factores, la ola de violencia tiene algunas causas concretas, y es necesario denunciarlas.
Esta experiencia demuestra el fracaso de los agoreros del “Estado mínimo”, que en la práctica es un Estado vendido a las grandes corporaciones internacionales y, por tanto, un estado que pierde su soberanía. El Estado se convierte entonces en un ente incapaz de dar soluciones reales al narcotráfico, una problemática que, cierto es, tiene un enfoque transnacional. La batalla contra el narco debe ser coordinada y tener un enfoque regional. Pero necesita del Estado. Y la “reducción del Estado” se ha mostrado inútil para afrontar los desafíos de la política actual.
Las masas de trabajadores precarizados y el lumpenproletariado son susceptibles de ser seducidos por corrientes políticas que acusan al Estado de ser el causante de los males sociales. Un ejemplo reciente sería la Argentina de Milei. Pero cuando llegan al poder quienes defienden estos planteamientos acaban empobreciendo más a la mayor parte de la población. Para el futuro, Ecuador deberá apostar por un proyecto político que se centre en fortalecer la institucionalidad, que invierta en seguridad, trabajo y educación, y que, además, castigue a los verdaderos responsables, por acción u omisión, que han llevado al país de la mitad del mundo a una de sus noches más oscuras.
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