Más de 190 organizaciones, movimientos sociales y colectivos civiles (como Amnistía Internacional, SOS Racismo, Red Acoge, Asociación Libre de Abogadas y Abogados, ATTAC, Federación de Sindicatos de Periodistas, Greenpeace y otros muchos) han propuesto formalmente acabar con las leyes mordaza; es decir, anular la ley de seguridad ciudadana (la propiamente ‘ley Mordaza’), la reforma del Código Penal y también la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; normas perpetradas todas por el gobierno del Partido Popular cuando Rajoy era presidente de gobierno. Normas ilegítimas y regresivas, por cierto, que impiden la libertad de expresión y de reunión, además de negar la presunción de inocencia. Leyes que vulneran derechos fundamentales recogidos en la Constitución y criminalizan la legítima protesta ciudadana. Una vulneración de derechos que caracteriza los sistemas antidemocráticos autoritarios o totalitarios.
El gobierno del PP criminalizó la libertad de expresión
Según Amnistía Internacional, el conservador gobierno de España criminalizó la libertad de expresión. Para Amnistía la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada ‘ley mordaza’, no solo amplía los poderes policiales sin supervisión ni rendición de cuentas, sino que añade nuevas infracciones que amenazan la libertad de reunión pacífica, expresión e información, impide las manifestaciones cerca del Congreso y del Senado y limita, incluso prohibe grabar y difundir imágenes de policías. Para Amnistía también son muy preocupantes los abundantes casos de uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, así como las restricciones al derecho de reunión, incluida la arbitraria imposición de multas a manifestantes pacíficos. Amnistía Internacional también rechaza la última reforma del Código Penal del gobierno del Partido Popular, porque ataca las libertades de expresión, información y reunión y vulnera el derecho internacional que España debe respetar porque ha firmado y ratificado los tratados que lo conforman.
Organizaciones y asociaciones de jueces, fiscales, abogados y juristas han considerado y consideran que la llamada ley Mordaza, y las reformas de las anteriormente citadas leyes, no se promulgaron precisamente para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía sino para frenar, impedir las movilizaciones crecientes con las que la gente respondía a los recortes sociales impuestos con el pretexto de la crisis económica.
Ese truco sucio que es la ley Mordaza ha convertido en infracciones administrativas conductas y protestas contra el poder político y su brazo coercitivo (las fuerzas de seguridad) sin la protección jurídica de que gozan los acusados de faltas penales y delitos. Convertir en esas infracciones algunas actuaciones ciudadanas permite castigarlas con multas cuantiosas sin fácil posibilidad de recurso. Así, la ley Mordaza, en los dos años en los que está vigente, ha recaudado tres millones de euros anuales por más de 300.000 multas impuestas al año de nunca menos de 600 €. Multas a ecologistas por exponer pancartas, a manifestantes por pedir a agentes de policía que se identifiquen o por grabarlos o fotografiarlos aporreando a manifestantes. Una de las características autoritarias de esa Ley es que convierte a los agentes de policía en juez y parte y la división de poderes se va al garete.
Mal momento de la Unión Europea
Urge derogar la ley Mordaza y suprimir los retrocesos perpetrados en el Código Penal y la ley de Enjuiciamiento Criminal por el anterior gobierno de Mariano Rajoy. Pero por desgracia todo eso ocurre en España con una vacilante Unión Europea en la que se deteriora velozmente la democracia y rebrota el autoritarismo en Estados tan sospechosos de antidemocráticos como Hungría y Polonia o Italia, que deriva hacia una xenofobia institucional.
No parece que la democracia sea ya el principio que empapa la Unión, convertida en zoco de mercadeo por los intereses de la minoría económica dominante a la que cada vez interesa menos la democracia, las libertades y los derechos políticos.
En España hay nuevo gobierno desde hace una semana. Un gobierno que ha empezado con positivos gestos de solidaridad y derecho humanitario, como acoger en el puerto de Valencia al barco Aquarius con docenas de refugiados rescatados a bordo, rechazado por el xenófobo nuevo gobierno de Italia. Además, Pedro Sánchez dijo, poco antes de ser elegido Presidente del Gobierno por el Congreso que expulsó a Rajoy, que derogar la llamada ‘ley mordaza’ era prioritario. Esperemos que la anule cuando antes y que así sea pues en las últimas semanas de gobierno del partido Popular (que no tenía mayoría suficiente), los partidos de oposición (PSOE, Unidos Podemos, nacionalistas vascos y catalanes) no fueron capaces entonces de superar diferencias y derogar esa ley Mordaza tan franquista.
Una cuestión de calado porque, contra la incorrección de considerar que democracia solo significa votar y elegir representantes políticos cada cuatro años, democracia es sobre todo el imperio de los derechos humanos de la ciudadanía. Unos derechos que las leyes mordaza se pasan por el arco de triunfo.
Artículo publicado originalmente en el blog ¡Por razones!
Imágenes: Campaña del PSOE contra la ley Mordaza
Libros relacionados:
