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Los reveses en el plano internacional y las fuertes tensiones internas entre los socios de la coalición Junts pel Sí parecen apuntar hacia la convocatoria de elecciones anticipadas ante la imposibilidad de celebrar el referéndum.
El proceso soberanista catalán, cuando ya han pasado los 18 meses prometidos para realizar la declaración de independencia, ha entrado en su recta final marcada por las agudas tensiones entre los socios de gobierno de la coalición Junts pel Sí y la circularidad de las propuestas para alcanzar el objetivo final de la secesión.
La Semana Santa ha estado trufada de reveses y contratiempos para los promotores de la independencia de Catalunya. En el plano internacional, la visita de dos congresistas norteamericanos a Barcelona y la entrevista en Estados Unidos del president Puigdemont con el ex presidente Jimmy Carter se saldaron con sendos varapalos para las pretensiones de complicidad de la primera potencia mundial con el proceso secesionista. El congresista Dana Rohebacher, conspicuo partidario de Donald Trump y amigo de Vladimir Putin, defendió en la capital catalana el referéndum de autodeterminación. No habían pasado 24 horas cuando la embajada española en Madrid emitió un comunicado desmintiendo al congresista y reiterando su compromiso con una España “fuerte y unida”, como ya había hecho Barack Obama. Paralelamente, la Fundación Carter, especializada en mediación de conflictos internacionales, rechazó implicarse en el proceso soberanista como respuesta a la reunión “secreta” que sostuvieron Carter y Puigdemont a finales del mes de marzo.
A principios de abril el controvertido candidato conservador a la presidencia de la República Francesa, François Fillon, defendió en una entrevista la conveniencia de realizar el referéndum de autodeterminación en Catalunya y elogió al gobierno británico por permitir la consulta en Escocia. Al día siguiente matizó este posicionamiento asegurando que “respecto a España, el derecho de autodeterminación no está reconocido por la Constitución. Y es evidente que todo eventual referéndum debería realizarse en el marco constitucional”. Asimismo realizó las codificadas manifestaciones respecto a que se trata de un asunto interno español en el que no quiere interferirse.
De este modo, uno de los objetivos estratégicos de la presidencia de la Generalitat en esta legislatura excepcional: la internacionalización del proceso soberanista se salda con un rotundo fracaso a ambos lados del Atlántico. No cabe duda que la diplomacia española ha seguido muy de cerca las gestiones de Raül Romeva y Carles Puigdemont interviniendo para evitar cualquier complicidad de los gobiernos extranjeros. Así lo reveló el anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que incluso llegó a afirmar que el Estado español debía muchos favores –sin concretar cuáles- para obtener posicionamientos contrarios al proceso soberanista.
Tensiones internas
Si estos reveses mostraron el aislamiento de la Generalitat en sus pretensiones de obtener el reconocimiento internacional, en el plano interno la Semana Santa ha estado determinada por el estallido de las tensiones largamente contenidas entre PDeCat y ERC, socios de gobierno en Junts pel Sí.
La primera prueba de estas tensiones se reveló cuando la consellera ex convergente de Governació, Meritxell Borràs, se negó a licitar la compra de urnas para realizar el referéndum ordenada por el vicepresidente Oriol Junqueras si el mandato no figuraba por escrito. Así se evidenció que las inhabilitaciones de Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs han causado mella en la cúpula ex convergente, así como las advertencias de la Fiscalía a las empresas que eventualmente colaboren en la preparación de la consulta. Ello también indica que el gobierno del PP ha aprendido las lecciones del 9N y no dejará ninguna fisura que facilite la celebración del referéndum.
Ahora bien, esto sólo fue un aperitivo comparado por el escándalo desencadenado por la difusión de las grabaciones del número dos del PDeCat, David Bonvehí, en una cena de militantes en Manresa a la que asistieron dirigentes comarcales de ERC y en la que afirmó que si el proceso soberanista acaba en desastre el partido debería apostar por un “candidato autonomista”. Esto sucedió días antes de la presentación en sociedad la formación Lliures, liderada por el ex diputado convergente Antoni Fernández Teixidó, que pretende ocupar el espacio autonomista y liberal de la antigua Convergència i Unió y enterrar el proceso soberanista. Como respuesta al revuelvo causado por Bonvehí, desde las filas del PDeCat se acusó a los dirigentes comarcales de ERC de realizar y filtrar la grabación y amagaron con presentar una querella ante la fiscalía que finalmente ha sido desestimada ante el peligro de ruptura de la coalición. No obstante, el alcalde de Manresa del PDeCat destituyó a la teniente de alcalde de ERC, Mireia Estefanell, sospechosa de haber realizado la grabación.
En este contexto deben interpretarse las palabras de Junqueras asegurando que si el gobierno español impide la realización del referéndum a la Generalitat no le quedaría otra salida que realizar una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que denominó “cláusula de desbloqueo”. Una toma de posición que desempolva uno de los supuestos contemplados en el programa del Junts pel Sí donde, por cierto, no se preveía la celebración de un referéndum de autodeterminación, sino un proceso constituyente que finalmente habría debido ser plebiscitado por la ciudadanía.
En principio causa estupor que, cuando más unido debería mostrarse el bloque soberanista ante la inminencia del anunciado referéndum, afloren estas fuertes tensiones. Quizás por ello el gobierno catalán tiene previsto celebrar antes del domingo, Diada de Sant Jordi, un acto conjunto para reforzar la maltrecha imagen de unidad y reiterar su compromiso con el referéndum.
Estas tensiones muestran que, desde las filas del PDeCat, a excepción quizás del president Puigdemont, se está imponiendo el criterio que el referéndum no podrá realizarse y que el partido debe realizar un giro radical para volver a la moderación autonomista, clave de sus reiterados éxitos electorales en la etapa pujolista. Para estos sectores el giro soberanista liderado por Artur Mas sólo ha servido para alimentar el crecimiento de ERC y, lo que es más grave para un electorado profundamente conservador, convertir a la anticapitalista CUP en el árbitro de la política catalana. Ahora bien, realizar este giro después de cinco años de encendidas promesas y enfáticos compromisos con el objetivo de la independencia resulta sumamente complicado. Esto favorece extraordinariamente que, si descarrila el proceso, ERC les culpe de traidores y cobardes y les responsabilice del fracaso como indican los últimos movimientos de esta formación. De este modo el PDeCat se halla en un callejón sin salida donde cualquiera de las opciones son perjudiciales. Si continúa hasta el final en el enfrentamiento con el Estado se arriesga a espantar a los sectores moderados y centristas de su electorado hacia otras propuestas electorales y si no lo hace le lloverán las imputaciones de ser los culpables del fracaso del proceso alimentando aun más el ascenso de ERC.
En fin, todo apunta a que en septiembre en vez de referéndum se convocarán elecciones anticipadas en las que ERC espera quedarse con la parte del león del electorado nacionalista ante el hundimiento del PDeCat y la posible incomparecencia de la CUP quien ha anunciado que, en caso de no celebrarse la consulta, se plantearían no concurrir a unos comicios en clave autonómica.
Este panorama alimenta, sin duda, la estrategia del PP de no ceder en nada, judicializar el conflicto y dejar pudrir el proceso. Ello a despecho de las profundas heridas que esto está provocando en la sociedad catalana y de la enorme frustración, de incierta deriva, que puede generar en los sectores de la población que apoyan la causa secesionista.
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