Síntomas de descomposición

Síntomas de descomposición

El resultado de las elecciones del 20 de diciembre del 2015 generó la ilusión de un cambio regeneracionista en la arquitectura institucional del régimen como pareció evidenciar el agrietamiento del sistema bipartidista con el crecimiento de dos formaciones, Ciudadanos y Podemos, que se postulaban como el recambio del PP y PSOE. Ciertamente, cualquier operación de regeneración pasaba por el desalojo del poder del PP de Rajoy y la apertura de un proceso de reformas que culminaría con una revisión constitucional.

Ciertamente resulta excesivamente fácil predecir el pasado. A pesar de ello puede afirmarse que las fuerzas políticas no estuvieron a la altura de las opciones abiertas por el complejo resultado del 20D. El PSOE se equivocó al pactar con C’s, un acuerdo que debilitó electoralmente a ambas formaciones y no aportaba ninguna solución al desafío independentista planteado desde Catalunya. Podemos quizá hubiera debido decantarse por una abstención que hubiera desalojado al PP del poder y le hubiese otorgado el monopolio de la oposición de izquierdas. No obstante, apostó por una segundas elecciones que, gracias a su alianza con IU, parecían garantizarle superar al PSOE y convertirse en la segunda fuerza política del país.

En cualquier caso, la repetición de los comicios reforzó al PP, a costa de C’s y tampoco se verificó el pronosticado sorpasso de Podemos al PSOE, alejando aún más las posibilidades de una alternativa regeneracionista. La primera y más evidente muestra del nuevo escenario ha sido el pacto entre PP y C’s que resulta una caricatura de una verdadera reforma de las instituciones del régimen. Sin duda, esto pasará factura a la formación naranja subordinada a los intereses del PP, pero que podría sortear dando por finiquitado el pacto con el PP tras la fallida investidura de Rajoy.

El PSOE, mucho más que el PP, ha sido el verdadero puntal del régimen del 78 al conferirle la legitimidad democrática imprescindible a un sistema político-institucional nacido del pacto entre los sectores reformistas del franquismo y la oposición democrática que no cuestionó a los poderes fácticos del país. Prueba de ello es que, a pesar de sus malos resultados, el partido socialista continúa poseyendo la llave de la gobernabilidad y la estabilidad institucional del Estado. Sin embargo, no parece que esta llave le sirva para abrir ninguna puerta. La negativa a pactar con Podemos, percibido como amenaza a su hegemonía en el seno de la izquierda española, y su rechazo a llegar a acuerdos con las fuerzas independentistas catalanas le impiden articular una alternativa al PP.

 

Triple extorsión

El debate de investidura sirvió de palenque a un triple chantaje cuyo destinatario fue precisamente el PSOE. Por un lado, PP y C’s le responsabilizaron de ser el culpable del bloqueo institucional y le presionaron para que, con su abstención, facilitase la formación de un gobierno. Por otro, Podemos le apretó para que encabezase la alternativa progresista frente a las derechas. Finalmente, ERC y PDC (antigua Convergència) le instaron para que diese vía libre al referéndum de autodeterminación como condición sine qua non para ser obtener el apoyo de estas formaciones, imprescindible para obtener la mayoría necesaria y ser investido presidente.

Ahora bien, cualquiera de estas tres opciones haría reventar la precaria unidad del partido y el contestado liderazgo de Pedro Sánchez por lo que no parece que el PSOE pueda decantarse por ninguna de ellas. Ello, en primera lectura, parece abocar a unas terceras elecciones con el agravante que, merced a la manipulación del calendario realizada por el PP y concebida para incrementar la presión sobre los socialistas, habrían de celebrarse el día de Navidad.

De momento, tampoco parece viable la opción auspiciada por el manifiesto Por un gobierno de progreso. Por un acuerdo de PSOE, Podemos Unidos y Ciudadanos derivado de la manifiesta incompatibilidad entre Podemos Unidos y C’s, como se puso de relieve en las duras descalificaciones que se propinaron Pablo Iglesias y Albert Rivera en el debate de investidura. Sin embargo, el manifiesto expresa la exasperación de amplios sectores de la intelectualidad progresista ante la eventual evaporación de una alternativa regeneracionista y la continuidad de Rajoy al frente del gobierno.

 

Galicia, Euskadi y Catalunya

Las elecciones autonómicas gallegas y vascas señalan la próxima meta volante de la larga crisis política. La eventual pérdida de la mayoría absoluta del PP en Galicia o la posibilidad de una debacle electoral del PNV en Euskadi podrían modificar la correlación de fuerzas antes de agotar el plazo de disolución de las cámaras.

A ello debe añadirse la circunstancia de que Carles Puigdemont, tras superar la moción de confianza el 27 de septiembre, convoque un Referéndum Unilateral de Independencia (RUI) para el primer semestre del año 2017, que ha sido la condición de la CUP para apoyarle. Esta circunstancia podría modificar la posición del PSOE y justificar su abstención para que España disponga de un ejecutivo con plenas competencias para enfrentarse al desafío independentista. Ahora bien, ello supondría que Sánchez se vería obligado a abandonar la dirección del partido a tenor de sus reiteradas y enfáticas afirmaciones que jamás, ni por activa ni por pasiva, facilitaría un gobierno del PP. Sólo podría sostenerse si, cosa más que improbable, Rajoy decidiese dejar paso a otro candidato de su partido.

Es decir que, por una de aquellas paradojas tan habituales en la atormentada historia de nuestro país, la salida a la crisis político-institucional puede dirimirse en el escenario de las nacionalidades históricas del país.

Decía Hegel que la historia suele desarrollarse por su peor lado. Ésta parece ser la lógica que está presidiendo la aguda crisis político-institucional del régimen de la Transición. La salida reformista/regeneracionista parece alejarse frente al continuismo de Rajoy que solo puede exacerbar los conflictos políticos, la desigualdad social y el problema territorial.

No obstante, la complejidad de la situación institucional, los efectos políticos de las elecciones gallegas y vascas y las consecuencias de la aceleración de la hoja de ruta del independentismo catalán, que percibe el bloqueo institucional como gran oportunidad para hacer avanzar su proyecto, podrían provocar un golpe de timón en las principales fuerzas políticas del país para encabezar una salida reformista. Esta sería la única opción para garantizar la supervivencia (acaso gatopardiana) del régimen, frente a la creciente desafección de la ciudadanía que llegaría al paroxismo si fuese convocada por tercera vez a las urnas y cuyo resultado es a todas luces imprevisible.