La constitución de los consistorios y la elección de alcaldes y alcaldesas en Catalunya ha vuelto a poner el relieve el carácter intolerante del movimiento independentista y su uso instrumental de los procedimientos democráticos: se aceptan cuando son favorables a la causa nacional y se desestiman cuando se alzan como un obstáculo para ella.
Los bochornosos escraches en Barcelona y Sabadell, donde los cargos electos de los partidos no independentistas fueron insultados y en algún caso agredidos, o el patético espectáculo en Santa Coloma de Farnés, donde el president vicario Quim Torra intervino para arrebatar la alcaldía al PSC, han vuelto a mostrar la falta de respeto a los procedimientos democráticos y a la pluralidad ideológica y cultural de la sociedad catalana.
Tras casi diez años de proceso soberanista ha cristalizado un movimiento, cuyas bases sociales son las clases medias, extremadamente fanatizado y con una deriva crecientemente clasista y supremacista, donde cada vez más se incuba el huevo de la serpiente del odio hacia todo lo relacionado con España. Por ello, no es casual que la máxima autoridad del país sea ostentada por uno de los estandartes intelectuales del supremacismo étnico quien, en realidad, expresa los sentimientos profundos de las bases sociales del movimiento independentista. Ciertamente, lo más grave es que esa odiada España no empieza más allá del Ebro, sino en los barrios de las ciudades catalanas y afecta a los conciudadanos que son marcados y percibidos como el enemigo interior.
El actual independentismo de masas podría calificarse como la fase superior del pujolismo. Entonces, bajo la hegemonía convergente, se otorgaban carnets de catalanidad y se expulsaba simbólicamente de la nación a aquellos que no comulgaban con el credo nacionalista. Actualmente estas deletéreas pulsiones se han exacerbado y quienes no apoyan en la causa secesionista, independientemente de su origen y su lengua vehicular, son tachados de enemigos de la patria y fascistas. La presión sobre la población no independentista alcanza niveles inquietantes en los municipios de la Catalunya profunda, la que en el siglo XIX apoyó al carlismo, rayano en un régimen simbólico de apartheid.
El juicio contra los líderes independentistas está siendo utilizado como la argamasa de la creciente deriva totalitaria y xenófoba del movimiento independentista. Desde que comenzó el proceso judicial los medios públicos de la Generalitat y los privados afines generosamente subvencionados han emprendido una incansable campaña de agitación y propaganda para deslegitimar tanto la tarea del tribunal como una eventual sentencia condenatoria. De este modo se calienta el ambiente para preparar una auténtica explosión social en el caso que el Tribunal Supremo emita una sentencia condenatoria, previsiblemente en el mes de octubre. Esta machacona propaganda oculta una de las contradicciones de fondo de los líderes independentistas en prisión preventiva: por un lado, aseguran que la proclamación unilateral de la independencia fue puramente simbólica para forzar una negociación con el Estado, pero a renglón seguido tanto como Jordi Cuixart como Quim Torra afirman que lo volverían a hacer. ¿Qué volverían a hacer? ¿Proclamar otra vez la independencia de farol? ¿O quieren decir que ahora irían hasta sus últimas consecuencias?
Los líderes independentistas realizan constantes llamamientos al diálogo y la negociación con los dirigentes políticos españoles. En realidad, se trata de una añagaza pues esa supuesta voluntad negociadora consiste en que se acepte su programa de máximos y, como se evidenció con la negativa a aprobar los Presupuestos Generales del Estado que precipitó la convocatoria de elecciones generales o con el veto a Miquel Iceta, se busca perpetuar y profundizar en el conflicto. Así, progresivamente, se va diluyendo la supuesta actitud dialogante de ERC frente al fundamentalismo de Carles Puigdemont y Torra, apareciendo como las dos caras de la misma moneda.
Reacción cívica
En estas condiciones cada vez se hace más difícil defender la política de distensión y de tender puentes para establecer un diálogo con aquellos que no quieren dialogar y únicamente persiguen imponer sus planteamientos excluyentes. Por solo poner dos ejemplos: en la ley de transitoriedad aprobada por el Parlament de Catalunya se eliminaba la separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo, otorgando al president de la Generalitat la facultad de nombrar a los jueces del Tribunal Supremo y se establecía que las leyes aprobadas por la cámara catalana no podían ser recurridas ante ninguna instancia judicial. En el borrador de la Constitución catalana, elaborada por el juez Santiago Vidal, se contemplaba la ilegalización de los partidos no independentistas y se instauraban unos requisitos sumamente restrictivos para adquirir la nacionalidad catalana y disfrutar de plenos derechos políticos. Es decir, un ordenamiento político-jurídico sensiblemente menos democrático que en el denostado Estado español.
Llegados a este punto, hemos de criticar por enésima vez, la sumisión ideológica del espacio de los Comunes al independentismo que ha adquirido un aspecto esperpéntico en la investidura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona. Después de ser duramente insultada y descalificada por los dirigentes, los medios de comunicación y las bases sociales del movimiento independentista, se somete a sus presupuestos ideológicos. Así denunció la “represión cruel” del Estado, otorgó el carácter de presos políticos a los líderes independentistas presos y, como primera medida política, colgó el lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento. Ello, despreciando a las fuerzas, PSC y Manuel Valls, a quienes debe la alcaldía, vulnerando el principio de neutralidad política que habría de presidir los espacios institucionales y sin condenar el violento escrache a que fueron sometidos ella misma y sus compañeros de partido. También causa estupor que el diputado de los Comunes y miembro de EUiA, Joan Mena, calificara a ERC de socio preferente cuando ha lanzado una OPA hostil contra su partido a través de su líder Joan Josep Nuet, que se ha pasado con armas y bagajes a la filas de ERC.
Una orientación que indefectiblemente conducirá al espacio de los Comunes a un papel marginal en la política catalana, como ya se ha podido comprobar en el doble batacazo electoral experimentado en las generales y municipales, donde han perdido gran parte de su representación institucional.
La gravedad de la situación y el asfixiante ambiente que se vive en la sociedad catalana deberían conducir a una reacción cívica por parte de las fuerzas progresistas y democráticas para combatir la inquietante deriva antidemocrática del movimiento independentista que cada vez guarda más puntos de contacto con los nacionalpopulismos reaccionarios que lamentablemente están floreciendo en Europa. Especialmente, cuando sus dirigentes están esperando la sentencia del juicio para incrementar aún más la tensión existente en la sociedad catalana y para justificar un segundo asalto en el camino hacia la independencia contra la mitad de la población del país.
Fotografía de Albert Gea (Reuters)
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