En marzo Lula fue detenido por la policía federal por ordenes de Sergio Moro, un juez de primera instancia que investiga casos de corrupción. El juez, de 43 años, un héroe entre la derecha, estaba investigando si Lula había aceptado regalos de empresas vinculadas a Petrobras, la petrolera estatal que se ha convertido en el eje de una trama de corrupción con tentáculos por todo el estado y el sector empresarial de la construcción, un caso que está convulsionando hasta las entrañas la política brasileña.
Moro se presenta como un héroe anticorrupción, pero llamó la atención el operativo policial organizado por él para arrestar a Lula. Lula había ido a declarar por su propio pie en otras ocasiones. Mandar a la policía a detenerlo y a registrar la sede de su fundación y la casa de uno de sus hijos debía tener otros objetivos, distintos a que Lula declarase. La acción del juez Moro parecía más un acto encaminado a destrozar la imagen de Lula, que hasta ese momento era el político con mayor prestigio del país, que un procedimiento judicial. Lula estaba barajando presentarse a las próximas elecciones, en 2018, y tenía muchas posibilidades de ganarlas. Algo similar volvió a ocurrir días después cuando el juez Moro, saltándose todos los procedimientos judiciales, filtró a la prensa grabaciones de Lula; tenía el teléfono pinchado por orden suya, y se trataba de conversaciones embarazosas entre él y la presidenta Dilma Rousseff. Lula había sido nombrado ministro por Dilma y el juez quería evitarlo. La filtración a la prensa de una conversación presidencial sería impensable por razones de seguridad nacional en cualquier democracia del mundo. Pero para el juez Moro cualquier método parece ser bueno si va dirigido contra Lula.
El Juez Moro
Lula ha negado todas las acusaciones vertidas por Moro contra él. Ha declarado que ni el apartamento de la playa ni la casa de campo sospechosas de haber servido como canje de favores son suyas. También le acusan de haber recibido el equivalente de 2,7 millones de dólares por conferencias desde que dejó la presidencia. Dicen que es dinero camuflado a cambio de favores a empresas de construcción. El año pasado le pagaron a Bill Clinton un millón de dólares en Brasil por una conferencia y ningún juez o fiscal rechistó. De cualquier manera, fiscales en São Paulo han acusado a Lula de lavado de dinero y de falsedad documental, de propietario del apartamento en la playa de Guarujá. ¿Es Lula culpable? Lo que sí es seguro es que Lula no esta procesado por corrupción, se trata de algo más. En Brasil la financiación de partidos políticos y la corrupción de políticos y empresarios es algo que existe desde siempre. ¿Porqué ahora se ataca a Lula sin piedad por ello, como nunca se ha hecho antes?
Lo que Lula está pagando es, paradójicamente, que Brasil bajo su gobierno conoció una de las épocas más fructíferas que el país ha conocido. Nadie discute que durante los 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, un partido de izquierdas, Brasil ha experimentado el mayor cambio social progresivo conocido en los últimos 65 años. Lula, con sus políticas de crecer mediante el gasto público focalizado en los pobres, “estos gastan, no ahorran”, dice, logró abrir las avenidas del consumo cerradas durante mucho tiempo a los sectores de bajos ingresos. Su política económica permitió la entrada al cuarto de estar del sistema a muchos de los olvidados de las favelas. Millones de pobres excluidos del sistema empezaron a ser alguien por primera vez. Era algo novedoso que perturbaba el orden histórico de la oligarquía brasileña. Estos pobres votaron por él y Dilma por dos veces, consecutivamente. La reelección de Dilma en octubre del 2014 –la cuarta victoria electoral seguida del PT– fue demasiado para una oligarquía hambrienta de poder. Su candidato, Aécio Neves, fue derrotado por menos del 4 por ciento de los votos. La victoria resultó insufrible para el puñado de familias que vienen gobernando Brasil como si fuera su cortijo desde la colonia, y decidieron sacar partido de la estrecha victoria de sus enemigos, dañados por la crisis global del capitalismo que llegaba a las economías emergentes por el aterrizaje descontrolado de la economía china.
Había algo más que supuraba la hiel de los ricos, el líder de este proceso de cambio era un tornero de familia pobre que había tenido el sindicato como universidad. Uno al que le gusta beber cachaça y no vino francés o whisky americano. Uno que hablaba de política social, que criticaba el neoliberalismo, que había sido amigo de Hugo Chávez, que quería alejar Brasil de Miami o Nueva York y acercarlo a Caracas, Buenos Aires o Lima, uno que no se llevaba bien con Obama. Los señoritos blancos reventaron. ¿Cómo aceptar 16 años ininterrumpidos fuera del poder y para colmo en manos de un partido de trabajadores? Iniciaron una campaña política con la que revertir por la vía institucional la decisión soberana de las urnas. Lula lo llama “golpe de estado” y tiene razón. Los ricos quieren volver a la fuerza. Quieren sacar sea como sea al PT del gobierno disfrazándolo de institucionalidad. Tanto es el odio que no les importa a estas alturas de la crisis las consecuencias. Si se produce la destitución de Dilma –y es posible, aun que es difícil saber de qué se le acusa– será el triunfo de la irracionalidad sobre la racionalidad democrática. Brasil entrará en un lugar desconocido abriendo la caja incierta de las pasiones –incluidas las del conflicto social– en un Brasil divido en dos sectores cada vez mas irreconciliables.
Es un patrón semejante en toda América Latina, donde los “peones” llevan desde que Hugo Chávez iniciara su revolución bolivariana disputando de manera más o menos exitosa el poder a las viejas familias blancas que gobiernan desde siempre. El odio de estas oligarquías a estos líderes osados e irreverentes es manifiesto. Evo Morales, el primer indígena que gobierna Bolivia –un país de indígenas– tuvo que sufrir la humillación de señoritos blancos de Madrid, París y Viena. Su avión fue registrado contra todos los protocolos internacionales. Algo que no se atreverían hacer con un Presidente blanco. El prepotente Rey Juan Carlos quiso hacer callar a Hugo Chávez, un pobre con orígenes negros e indígenas en una reunión entre iguales. Los amigos del Presidente argentino Macri sueñan con meter en la cárcel a Cristina Kirchner por “corrupta”. Lo que ocurre es que según una encuesta del diario El Clarin publicada a los 100 días del gobierno de Macri, a los argentinos les preocupa más la inflación desatada por las políticas neoliberales de Macri que la corrupción del anterior gobierno. Algo que puede ocurrir en Brasil si Dilma es depuesta. El delito de estos líderes populares es haber osado arrebatar el poder a los que lo han tenido desde siempre para favorecer a los pobres y querer dar a América Latina una voz propia en el mundo.
Dilma y Lula
Una encuesta realizada a los manifestantes de la avenida Paulista de San Pablo el pasado domingo 13 de marzo revela que los que salieron a la calle apoyando la destitución de Dilma y el encarcelamiento de Lula eran clase media de ingresos medios-altos y de raza blanca. El 77 por ciento eran titulados superiores y un porcentaje idéntico eran blancos; de ellos el 63 por ciento perciben ingresos equivalentes al menos a cinco salarios mínimos. Se trataba de una población joven con buenos ingresos y un promedio de edad de 45 años. Era la misma clase media que teme por su futuro en otros lugares y que culpa a otros de su suerte y no a la crisis del capitalismo, un sistema que no levanta cabeza desde el año 2007. Si uno se fija bien, la angustia y rabia de la clase media brasileña ante su declive no es nada particular. En este caso la clase media brasileña, los que apoyan a la derecha pero no pueden ganar en las urnas, culpan de su caída económica, de su futuro oscuro, a los pobres que se llevarían una buena tajada del gasto público gracias a los gobiernos “corruptos” del PT. Pero en Argentina, los que apoyaron a Macri acusaban al gobierno de Cristina Kirchner de favorecer a los vagos al recibir los más necesitados subsidios sociales del gobierno. En Europa la derecha acusa a los refugiados de la crisis del estado del bienestar y en Estados Unidos Trump gana apoyo echando la culpa del fin del sueño americano de las clases medias a los inmigrantes mexicanos. La crisis brasileña forma parte de la perplejidad que la crisis global del capitalismo está causando entre aquellos a los que les cuesta ganar elecciones.
El error de Lula y Dilma fue confiar en un sector que pensaban fiel porque gracias a sus gobiernos habían progresado como no había ocurrido con ningún otro gobierno anterior. Lo mismo ocurrió en Argentina, donde sectores empresariales se decantaron al final por Macri, y puede estar ocurriendo en Bolivia y Ecuador. Los gobiernos progresistas se olvidaron de una muy vieja lección, la de que el dinero no tiene otra patria que el dinero. Pensaron que había empresarios “nacionalistas” que les iban a ayudar en momentos difíciles, pero no ha ocurrido así a pesar de que Lula entregó la minera Valle al sector privado nacional; favoreció las inversiones del agronegocio sacrificando la reforma agraria; quitó tierra ancestral indígena amazónica para construir las presas hidráulicas que le reclamaban los empresarios. Dilma optó por políticas de ajuste que golpeaban a sectores de ingresos bajos. A pesar de ello los supuestos amigos empresarios los dejaron tirados. Cuando la tormenta se desató, Lula y Dilma tuvieron que buscar refugio en los sectores populares. Los mismos que con sus movilizaciones les habían abierto la puerta al poder. En la manifestación del viernes en Sao Paulo en apoyo de Lula y Dilma, menos concurrida que la de sus enemigos políticos, fueron las centrales obreras y los movimientos sociales quienes las convocaron y personas de bajos ingresos los que llenaron la Avenida Paulista.
Las protestas contra Dilma tienen un claro contenido ideológico.
Lula cree todavía que Dilma puede sobrevivir al ataque apasionado de la derecha para destituirla en el Congreso. Él sabe que no hay razones para destituirla. Puede ser que el PT logre un acuerdo con un sector del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) –necesita 177 votos– su aliado hasta final del mes pasado en el gobierno, pero no va a ser una tarea fácil. El calendario es diabólico. El PMDB ha anunciado que el 12 de abril abandonará los siete ministerios que ahora ocupa. Eso ocurrirá cinco día antes de que la comisión de diputados encargada de analizar la apertura de un juicio político para destituir a Dilma emita su veredicto. Sea cual sea el desarrollo de los acontecimientos, a todas luces imprevisibles, en Brasil dicen que lo mismo Lula puede ir a la cárcel que ser Presidente. Solo hay una cosa cierta: solo los movimientos sociales que llevaron a Lula al poder pueden rescatar al gobierno del PT de la tormenta, pero eso obliga a Lula y Dilma a replantearse su política de querer integrar movimientos sociales y capitalismo. Los gobiernos progresistas no fueron obra de un puñado de líderes que conspiraron para traerlos, fueron el resultado de luchas sociales contra el neoliberalismo durante años. Olvidarse de seguir organizando a la gente, de reforzar sus movimientos (en Ecuador y Bolivia de neutralizarlos) ha sido otro error de los gobiernos progresistas latinoamericanos, quienes arrinconaron la política en nombre de la eficiencia económica, y ahora pagan las consecuencias.
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