El pasado 15 de febrero la cúpula de Podemos presentó el documento, Un país para la gente. Bases políticas para un gobierno estable, concebido como el punto de partida para la negociación con el PSOE a fin de formar el llamado “Gobierno del Cambio”.
Del extenso documento de 98 páginas, sólo nos fijaremos en el apartado número cinco, titulado Plurinacionalidad y modelo territorial, donde se fijan sus planteamientos sobre el pleito de las nacionalidades que el proceso soberanista catalán ha situado en el primer plano de la agenda política española.
El documento propugna la “imprescindible reformulación del modelo territorial” que pasa por el reconocimiento del carácter “plurinacional” del Estado y cuyo correlato es la aceptación del “derecho a decidir de todas aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad”.
La propuesta de Podemos se basa en tres ejes. El primero se refiere al mencionado reconocimiento constitucional de la plurinacionalidad del Estado y donde se critica la “subordinación” de las diversas “singularidades nacionales” a la “construcción de un Estado nación basado principalmente en una única identidad”, como se deriva del hecho que la actual Constitución sólo reconoce la existencia de una sola nación (la española).
El segundo se articula sobre la “reformulación del modelo de financiación” basado en los principios de “suficiencia, equidad, justicia territorial y solidaridad interterritorial” combinando el “principio de ordinalidad” con un “reparto solidario” en función de las necesidades sociales de cada territorio.
El tercer eje propugna un modelo territorial que “dé cabida a la diversidad y complejidad de las diversas voluntades de acceso al autogobierno”.
Xosé Manuel Beiras y Pablo Iglesias, juntos el pasado julio en A Coruña.
Principios y propuestas
En base a estos principios generales se plantean una serie propuestas concretas, como el “establecimiento de un nuevo marco competencial” adaptado a las necesidades de cada “comunidad política”, así como el “blindaje de las competencia autonómicas” para evitar las “políticas de recentralización” emprendidas por el gobierno del PP.
En otro orden de cosas se plantea la derogación del artículo 145 de la Constitución que prohíbe la federación entre comunidades autónomas. También se propugna la participación de éstas en la toma de decisiones de la Unión Europea y su proyección internacional. Asimismo se recoge la vieja reivindicación de convertir el Senado en cámara de representación territorial.
Además, se propone la disolución de las diputaciones provinciales, a excepción de las vascas, y la reforma de la ley electoral para que la circunscripción electoral deje de ser la provincia y pasen a serlo las comunidades autónomas. También se plantea la reforma del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional que asegure la participación de las naciones y comunidades políticas, así como la creación de un Tribunal de arbitraje para los conflictos de competencias.
En materia de política lingüística y cultural se propone conferir el carácter de lengua oficial y en igualdad de condiciones a todas las lenguas ahora cooficiales del Estado para que puedan ser utilizadas en todas las instituciones y actos de la administración central. También se propugna “preservar las políticas de normalización lingüística existentes, que cuentan con un notable consenso y una probada eficacia”, así como otras medidas para extender el uso del catalán, gallego y euskera en el sistema de enseñanza o en los medios de comunicación públicos. Del mismo modo se postula la “promoción de los elementos simbólicos que faciliten la plurinacionalidad del Estado en los documentos oficiales”.
Mención aparte merece la propuesta de celebración de un referéndum en Catalunya, amparado por el artículo 92 de la Constitución, con una pregunta “única y clara”.
Identidad y modelo territorial
La evaluación de las propuestas de Podemos, que recogen gran parte las reivindicaciones históricas de los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, debe articularse sobre dos ejes: el de la racionalización del modelo territorial y la respuesta a las cuestiones en materia identitaria.
Respecto al primer ámbito, partimos de la base de que el actual modelo autonómico resulta una mezcla de elementos propios de los Estados federales y de los Estados centralistas que ha provocado numerosas disfunciones y duplicidades. Así se superpone una estructura territorial típica de los Estados federales, como las comunidades autónomas, y otra de los Estados centrales como la provincia. Tampoco existe un claro reparto de las competencias exclusivas del Estado central, las autonomías y las compartidas, el llamado sistema de tres listas de los Estados federales, que está en el origen de los numerosos conflictos de competencias que han jalonado el desarrollo del Estado de las Autonomías.
En este sentido, hemos de valorar positivamente las medidas que se orientan en esta dirección, como la disolución de las diputaciones provinciales, con la excepción vasca, la conversión de la comunidad autónoma en circunscripción electoral, la clara definición de los respectivos ámbitos competenciales, así como la participación de las comunidades autónomas en los órganos judiciales o en la conformación de la política exterior. Resulta, no obstante, curioso que en todo el documento no se mencione en ningún momento el término Estado federal o federalismo. En efecto, la defensa del “derecho a decidir” –un término prestado de la terminología nacionalista y que alude al clásico derecho a la autodeterminación– aleja la propuesta de Podemos de los modelos federales. Es más propia de un Estado confederal donde las naciones que lo integran poseen el derecho a la separación y a constituirse en Estados soberanos. También debemos anotar que en todo el texto se sustituye el término de “comunidades autónomas” por el de “comunidades políticas”, lo cual refuerza el carácter confederal de su modelo de organización territorial.
En el ámbito identitario, especialmente dominado por el tema de la lengua, está preñado de buenas intenciones y no pocas contradicciones. Así habrían de matizarse los efectos jurídicos de dotar de carácter oficial a las lenguas cooficiales del Estado en todo el territorio nacional, pues de ello podría derivarse, por ejemplo, que un ciudadano exigiese a un funcionario de un ayuntamiento andaluz que se dirigiese a él en euskera o catalán. No obstante, compartimos la reivindicación de que estas lenguas puedan emplearse con normalidad en instituciones representativas como el Congreso y el Senado o en las instancias centrales de la administración del Estado, como en el caso de la justicia.
Por otro lado, discrepamos de la defensa sin matices de los modelos de normalización lingüística como el catalán que, en la práctica, discriminan a los alumnos de lengua materna castellana, que representan a la mitad del alumnado. Si se defiende el respeto a la pluralidad lingüística en el conjunto del Estado, del mismo modo debe apostarse por reivindicar esa misma pluralidad en el interior de las nacionalidades. Además, el notable consenso social es más propio del ámbito institucional que del social y difícilmente se puede hablar de modelo de éxito cuando el fracaso escolar afecta a una tercera parte del alumnado.
Tampoco parece muy afortunada la pretensión de incluir la adscripción nacional de los ciudadanos en documentos como el DNI o el pasaporte, pues contribuye a etnificar el concepto de ciudadanía y a reforzar las barreras identitarias, como ocurriría si en estos se obligase a definir la religión del ciudadano.
Respecto al referéndum, solo apuntar que resulta de muy difícil viabilidad jurídica amparándose únicamente en el artículo 92 de la Constitución. El artículo 2 de la Carta Magna proclama que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. De modo que para convocar el citado referéndum sería imprescindible la reforma del artículo 2. Aquí se echa en falta una propuesta como la Ley de la Claridad canadiense, que establece detalladamente los procedimientos democráticos para realizar este tipo de consultas.
Finalmente, participamos de la propuesta de, por así decirlo, descastellanizar el Estado para que deje de funcionar como el instrumento institucional e identitario de una, aunque sea la mayoritaria, de las identidades que conforman este país. Compartimos el propósito de acabar con la identificación del Estado con la España de lengua castellana y aquí efectivamente hay mucho por hacer. Nuestro país reúne condiciones muy favorables para que funcionen los círculos concéntricos e inclusivos de la identidad, teorizados por Martha Nussbaum, si existiese la voluntad política para ello.
Las propuestas de Podemos se muestran excesivamente deudoras de los planteamientos de los nacionalismos etnolingüísticos que socavan el concepto cívico de ciudadanía, que implica la participación en un proyecto político común más allá de las adscripciones identitarias. Unas diferencias identitarias utilizadas por los nacionalistas centrales y periféricos para dividir y enfrentar a la ciudadanía como, pongamos por caso, han empleado desvergonzadamente hasta la saciedad Mariano Rajoy y Artur Mas.
