La crisis financiera que estalló en el 2008 produjo en cada país diversos efectos y abrió la espita de contradicciones largamente contenidas. En España esto se tradujo en una triple crisis: socioeconómica, político-institucional y territorial. En el primer apartado se asistió a un vertiginoso aumento del paro, la precariedad laboral, la pérdida de derechos sociales y el rescate del sistema bancario pagado con fondos públicos. En el segundo, se destaparon innumerables casos de corrupción en todos los niveles de la administración que alcanzaron a la corona y que forzaron la abdicación de Juan Carlos I, abriendo un periodo de gran inestabilidad política. En el tercero, se inició el proceso soberanista catalán cuyo punto álgido sucedió en otoño del 2017 con el referéndum del 1 de octubre, la proclamación unilateral de independencia, la aplicación del artículo 155 de la Constitución y los procesos judiciales contra los líderes secesionistas.
La convergencia de esta triple crisis hizo crujir las cuadernas de la monarquía parlamentaria, surgida de los pactos de la transición y repercutió directamente sobre el sistema de partidos español y catalán. El primero funcionaba según el mecanismo del llamado “bipartidismo imperfecto”, según el cual dos grandes formaciones, PSOE y PP, ubicados en el espacio del centroizquierda y centroderecha respectivamente, se turnaban en el ejecutivo y acudían a los nacionalistas conservadores catalanes y vascos en caso de no obtener mayoría absoluta.
Este dispositivo se vio amenazado por la aparición primero de Podemos, uno de cuyos objetivos estratégicos fue arrebatar al PSOE la hegemonía de la izquierda española. Posteriormente, hizo su irrupción Ciudadanos, surgido en Catalunya contra el catalanismo hegemónico, pero que dio el salto a la política estatal para evitar que la formación liderada por Pablo Iglesias capitalizara los profundos malestares sociales que emergieron con el movimiento de los indignados; es decir, como un “Podemos de derechas”, según la gráfica expresión de Josep Oliu, presidente del Banc de Sabadell. Tras un breve interludio en que la formación naranja se postuló como un partido de centro, a mitad de camino entre PSOE y PP, finalmente se decantó, al igual que Podemos con el PSOE, por el objetivo de suplir al PP como partido hegemónico de la derecha española. Además, al final de este periodo, irrumpía con fuerza en las instituciones una formación de extrema derecha, Vox, poniendo fin a la excepción española respecto al ascenso de formaciones de estas características en el resto de Europa.
Por otro lado, durante la etapa autonomista liderada por Jordi Pujol, el sistema de partidos catalán funcionaba en una especie de régimen de doble poder, según el cual la coalición CiU gobernaba las instituciones autonómicas, y el PSC los grandes ayuntamientos del país, al mismo tiempo que contribuían decisivamente a las mayorías parlamentarias del PSOE en las elecciones generales españolas. Estas dos grandes formaciones contaban con dos partidos menores que operaban como una suerte de conciencia crítica, ICV en el eje social respecto al PSC y ERC en el eje nacional respecto a CiU. Todas estas formaciones –excepto del PP y posteriormente Cs– se reclamaban, con distintos matices, del catalanismo político. Los tripartitos de izquierdas (2003-2010) fracasaron en su intento de romper esta correlación de fuerzas y en 2010, CiU volvió a ocupar la presidencia de la Generalitat en la persona de Artur Mas, tras el fiasco de la reforma del Estatut d’Autonomia.
Los convulsos avatares del procés soberanista destrozaron el sistema de partidos catalán que se articuló en dos bloques antagónicos en el eje nacional. Convergència, Unió e Iniciativa han desaparecido. PSC sufrió una grave crisis interna y estuvo a punto de correr la misma suerte. Los Comunes, que irrumpieron con fuerza en la política catalana siendo la primera fuerza política en las generales de 2015 y 2016, cosecharon unos magros resultados en las autonómicas, por debajo de los registros de ICV. La CUP, una fuerza extramuros del sistema partidos, experimentó un notable crecimiento y con diez diputados en las autonómicas del 2015 se convirtió en el árbitro de la política catalana, pidiendo y obteniendo la cabeza de Artur Mas. ERC y Cs se convirtieron en los partidos en alza con las fundadas aspiraciones de convertirse en las formaciones hegemónicas de sus respectivos bloques. Unas pretensiones que continúa manteniendo ERC, sólo cuestionadas por el factor Puigdemont, y que se alejan de Cs, pues todo apunta a que el PSC recuperará la primera posición en el bloque constitucionalista tras un previsible hundimiento de la formación naranja en los próximos comicios autonómicos.
Crisis económica e inestabilidad política
Examinemos el estado de la cuestión respecto a la citada triple crisis. En el orden socioeconómico, la denominada recuperación económica, reflejada en las cifras macroeconómicas, dista mucho de haber llegado a las clases asalariadas. El mercado laboral continúa dominado por elevadas tasas de paro y precariedad laboral. La desigualdad social se ha incrementado hasta extremos inquietantes con grandes bolsas de pobreza y marginación, así como por la cristalización de los llamados trabajadores pobres.
El gobierno de Pedro Sánchez en solitario, con el apoyo parlamentario de Podemos, adoptó algunas medidas para corregir los aspectos más sangrantes de la crisis financiera. De este modo se subieron el salario mínimo y las pensiones; en los fallidos Presupuestos Generales del Estado se preveía un aumento del gasto social para revertir parcialmente los recortes de la era Rajoy, así como una revisión de la reforma laboral. Un programa tímidamente socialdemócrata que ha sido asumido por el actual gobierno de coalición, pero cuya financiación dependerá del aumento de la presión fiscal sobre las rentas más altas. De hecho, como difunde reiteradamente Vicenç Navarro, tanto el gasto social como la presión fiscal en España son sensiblemente inferiores al de los países desarrollados de la Unión Europea. Este programa socialdemócrata mínimo ha desencadenado las furibundas críticas de los poderes económicos fácticos y de la derecha política que, sin duda, harán todo lo posible para hacer fracasar estas medidas.
Estos sectores no ocultaron su apoyo a un gobierno de coalición o a un pacto de legislatura PSOE-Cs, que también era el deseado por el aparato del PSOE, que tampoco escondió sus preferencias en este sentido. Después de la renuncia de Rajoy a aceptar el encargo del Rey para formar gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015, Sánchez suscribió un pacto con Cs que fracasó por el voto negativo de Podemos. Acaso, el rechazo del ahora dimisionario Albert Rivera a pactar con “la banda de Sánchez” tras los comicios de abril del 2019, cuando ambas formaciones sumaban mayoría absoluta, impidió que se adoptase esta fórmula. En cualquier caso, el actual gobierno coalición, PSOE-Unidas Podemos, resulta una victoria de la estrategia de Pablo Iglesias frente a las resistencias de Sánchez, quien prefirió una repetición de los comicios –que a la postre resultó un enorme error de cálculo–, antes que acceder a un ejecutivo de coalición que le quitaba el sueño. Únicamente la perspectiva de unas terceras elecciones, donde la derecha disponía de todas las opciones para acceder al gobierno, ha forzado este acuerdo de coalición.
Esto nos conduce al ámbito político-institucional. Desde las elecciones del 20 de diciembre de 2015 se experimenta un periodo de gran inestabilidad política que cuestiona el diseño tanto de la Constitución como de la Ley Electoral, concebidas precisamente para dotar de estabilidad al sistema y evitar la corta duración y las frecuentes crisis de los gobiernos de la Restauración y la Segunda República.
En este periodo hemos asistido a fenómenos que se producían por primera vez en nuestro sistema político. En el ámbito estatal, se repitieron dos elecciones generales, durante muchos meses el país estuvo regido por gobiernos en funciones, un secretario general del PSOE fue defenestrado tras un golpe palaciego y recuperó el control del partido tras unas primarias contra el aparato, triunfó una moción censura y se ha instaurado un gobierno de coalición de izquierdas.
Dos factores impiden considerar que el actual gobierno de coalición haya cerrado este periodo de inestabilidad. Por un lado, la heterogeneidad y debilidad de la mayoría que permitió la investidura de Sánchez por el escaso margen de dos votos. Por otro, la dependencia de, al menos, la abstención de ERC para conseguir la mayoría suficiente para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, ya que no deja de resultar paradójico que la gobernabilidad del país esté sujeta a una fuerza que propugna su desmembración. Además, Esquerra actúa bajo la constante presión de los sectores fundamentalistas del independentismo, representados por Carles Puigdemont y Quim Torra y la CUP, como pudo comprobarse con su negativa aprobar los presupuestos que precipitaron la caída del gobierno en solitario de Sánchez; especialmente ahora, cuando en el horizonte de la política catalana planea un adelanto electoral.
El laberinto territorial
En el tercer eje, las convulsiones provocadas por el proceso soberanista han actuado como un auténtico ácido corrosivo de la monarquía parlamentaria, al reventar el precario consenso en torno al Estado de las Autonomías, una pieza esencial del sistema político de la transición. El ascenso del movimiento independentista ha provocado una profunda división en la sociedad catalana y el rearme del nacionalismo reaccionario español, cuya expresión más señera es la irrupción de Vox. También, la opción del PP de judicializar el conflicto como respuesta al desafío secesionista ha puesto al límite al poder judicial español, forzado a intervenir e incidir directamente en el ámbito de la lucha política.
El fracaso de la vía unilateral, tras la fallida declaración de independencia y la aplicación del 155, condujo a la convocatoria de elecciones al Parlament de Catalunya que reeditó la mayoría absoluta secesionista y abrió una legislatura de transición, bajo la presidencia vicaria de Quim Torra, teledirigida desde Waterloo. El fracaso de la vía unilateral condujo a la creciente división entre las tres formaciones secesionistas. Por un lado, ERC, quien, sin realizar una autocrítica explícita de los errores cometidos en el procés, es consciente que resulta imposible alcanzar la independencia sin una mayoría social amplia, sin algún tipo de acuerdo con el Estado español y sin el reconocimiento internacional. Por otro lado, un sector de Junts per Catalunya (JxCat), heredero de la antigua Convergència, y la CUP, en el ámbito de la izquierda independentista, cuyo objetivo continúa siendo, cada vez con menor fuerza, hacer efectiva la secesión o en su defecto volver a convocar un referéndum de autodeterminación. Unas divergencias estratégicas evidenciadas en las votaciones de la investidura de Sánchez, magnificadas por el carácter imprescindible de la abstención de ERC para romper el bloqueo.
Así pues, podría afirmarse que estamos asistiendo al reacomodo de las placas tectónicas provocadas por el seísmo desencadenado en septiembre y octubre de 2017, que no acabarán de aposentarse hasta la celebración de nuevas elecciones en Catalunya. La eventual inhabilitación de Quim Torra podría ser el detonante para ello, a pesar que este sector de Junts per Catalunya (JxCat) intentará alargar el mandato todo lo pueda para impedir el sorpasso de ERC. No obstante, existen indicios de que, a pesar de la complejidad, la volatilidad y las contradicciones del escenario político catalán, el panorama político se orienta en esta dirección.
En primer lugar, la mesa de diálogo, impuesta por ERC como conditio sine qua non para facilitar la investidura de Sánchez, podría, en el mejor de los casos, alcanzar algún tipo de acuerdo para recomponer la relación entre ambos gobiernos y cuartear la actual dinámica frentista; ello a pesar de que Puigdemont y Torra y la derecha españolista harán todos los esfuerzos para boicotearla
En segundo lugar, la operación, impulsada por diversas plataformas como Units per Avançar (coaligados con el PSC), Lliures, Lliga Democràtica, Convergents o El país de demà, que van del catalanismo conservador autonomista hasta el independentismo no unilateralista, que podrían confluir en una oferta electoral común. Una opción con posibilidades de obtener representación institucional, romper la actual mayoría independentista en el Parlament de Catalunya y recoger en sus filas a dirigentes democristianos y convergentes purgados por Puigdemont.
En tercer lugar, los acuerdos suscritos entre ERC y los Comunes para aprobar los Presupuestos de la Generalitat, que serían el preludio de un pacto de izquierdas en Catalunya. Así Esquerra pasaría de participar en el eje nacional con JxCat a formar un gobierno de coalición de izquierdas que contaría, al menos, con la benevolente neutralidad del PSC, cuando no con su concurso. De este modo ERC espera ampliar la base del independentismo, pues esta carencia de mayoría social constituye el principal obstáculo para conseguir la secesión.
Finalmente, el eventual hundimiento de Cs, actualmente primera fuerza política en el Parlament con 1,1 millón de votos y 36 diputados, en los próximos comicios autonómicos. Una parte de los cuales se repartirían entre PP y Vox, que obtendría representación en la Cámara catalana, pero que también beneficiaría al PSC, que vería notablemente incrementados sus apoyos electorales, al punto de disputarle a ERC la posición de fuerza más votada.
De confirmarse estos pronósticos, se verificaría una recomposición en la hegemonía de los bloques independentista y constitucionalista a favor de los partidos centrales y partidarios de alguna suerte de diálogo (ERC y PSC) en detrimento de las formaciones ubicadas en los extremos del arco parlamentario (JxCat y Cs) y que están a favor de continuar polarizando y tensionando la sociedad catalana.
Retos del presente y fantasmas del pasado
A la luz de lo expuesto podría argüirse que la monarquía parlamentaria estaría en trance de superar las amenazas derivadas de la confluencia de la triple crisis. Ahora bien, ello dependerá de la gestión del actual gobierno de coalición para encarrillar algunas de las graves cuestiones producto de la crisis financiera, institucional y territorial.
La actitud de las tres formaciones de la derecha españolista en la sesión de investidura y de sus altavoces mediáticos dificultará extraordinariamente cumplir este objetivo; una situación particularmente grave si se tiene en cuenta que disponen de una minoría de bloqueo para torpedear las reformas estructurales que requieran mayorías cualificadas. Tampoco los sectores esencialistas del independentismo catalán lo podrán fácil, e intentarán sabotear los eventuales acuerdos en base a unas exigencias maximalistas como plantearon JxCat y CUP en la sesión de investidura y como se desprende de la actitud de Torra cara a su eventual inhabilitación, sin excluir la desobediencia a las instancias judiciales y sin respetar el marco político-institucional.
No obstante, a nuestro juicio, es en el eje socioeconómico donde el flamante gobierno de coalición se juega la legislatura y acaso algo más. Si es capaz de ejecutar medidas socioeconómicas que mejoren efectivamente las condiciones de vida y trabajo de la ciudadanía dispondrá de un capital político que le permitiría capear las enormes dificultades derivadas del conflicto territorial. Por el contrario, si por incapacidad política, por las presiones de los poderes económicos o por una crisis económica de carácter internacional esto no fuera posible, la monarquía parlamentaria se vería abocada a una grave crisis, pues se evidenciaría que el sistema político es incapaz de reformarse y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Entonces, producto de la frustración, la derecha y la extrema derecha dispondrían de una oportunidad para acceder al gobierno exacerbando las tensiones sociales, políticas y territoriales del país y reviviendo los peores fantasmas de la atormentada historia de este país.
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