Estas últimas jornadas asistimos a una serie de movimientos que evocaban al despliegue estratégico de los ejércitos antes de las grandes batallas. Sin duda, el más notable de todos ha sido la depuración de los miembros del Govern y altos cargos de la Generalitat para apartar de sus responsabilidades ejecutivas a aquellos que expresen dudas o reticencias respecto a la celebración del referéndum unilateral del 1 de octubre, en una suerte de “prietas filas”.
El movimiento estuvo precedido por la fulminante destitución del conseller Jordi Baiget, continuó con el cese de la portavoz de gobierno, Neus Munté, el secretario del Govern, Joan Vidal, la consellera de Educación, Meritxell Ruiz y el conseller de Interior, Jordi Jané. Poco después dimitía por “motivos políticos” el director de los Mossos d’Esquadra, Marc Batlle, siendo sustituido por Pere Soler. Si el primero había manifestado la neutralidad y el respeto a la ley de la policía autonómica en el tema del referéndum, el segundo es un notorio independentista conocido por twitters tan edificantes como: “Me dais pena todos los españoles” o “Votaremos. No podrán evitarlo”.
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Estos movimientos revelan, por un lado, que el Govern está dispuesto a llegar hasta el final en el choque de trenes con el Estado para celebrar la consulta unilateral; por otro lado que Carles Puigdemont se ha alineado con las tesis de ERC y CUP frente a los voces moderadas del PDeCat que advierten de los elevados riesgos de la confrontación con el gobierno central cuando no se dispone de una mayoría social a favor de la independencia, se carece de apoyos internacionales, no existe acuerdo con el ejecutivo español y, además, pueden ponerse en peligro sus patrimonios personales. De hecho, la CUP había exigido reiteradamente el cese de la cúpula dirigente de los Mossos d’Esquadra por su escaso entusiasmo secesionista y el sector más nacionalista de la formación, Poble Lliure, se ha ofrecido a entrar en el Govern hasta la celebración del referéndum para asegurar la unidad sin fisuras del bloque soberanista. Justamente, el relevo en la cúpula de la policía autonómica indica que los agentes de este cuerpo de seguridad serán puestos entre la espada y la pared de obedecer a las instrucciones de sus dirigentes políticos de la Generalitat o a las inevitables órdenes de jueces y fiscales para impedir la celebración del referéndum. Ello creará una situación de división en el cuerpo; aunque entre los agentes y mandos intermedios la posición mayoritaria es la de acatar los requerimientos del poder judicial.
El nuevo Gobierno de Catalunya
No es ningún descubrimiento que el proceso soberanista ha funcionado como una máquina de triturar y dividir a las fuerzas políticas catalanas. La coalición hegemónica CiU ha desaparecido, así como los partidos que la formaban, Unió por extinción y Convergència reconvertida en PDeCat que se enfrenta a un panorama electoral desolador. PSC sufrió la escisión del sector nacionalista y ha resultado sumamente debilitado de la prueba. ICV, sumida en contradicciones insalvables entre federalistas e independentistas, se encamina a su disolución en el seno de Catalunya en Comú (CeC). Únicamente ERC y Ciutadans, en las polaridades identitarias de la sociedad catalana, se han visto reforzadas por el proceso secesionista, lo cual resulta un inquietante indicador de la creciente fractura social en el país. Ahora bien, la situación en los Mossos apunta a que la confrontación se extiende de los gobiernos central y autonómico al interior del núcleo duro de las instituciones de autogobierno catalán, en un tema tan sensible como las fuerzas de seguridad que tienen el estatuto de policía integral del país.
Tercera vía socialista
Mientras en el bloque soberanista se producían estos movimientos, en el seno de la izquierda catalana, PSC y Catalunya en Comú, se sucedían dos importantes acontecimientos. Por un lado, se celebró en Barcelona el cónclave, al máximo nivel, entre las direcciones del PSC y PSOE donde los socialistas se presentaron como los campeones de la llamada “tercera vía”, entre el inmovilismo del PP y la ruptura del orden constitucional de los independentistas. Su oferta no presentó demasiadas novedades respecto a anteriores posicionamientos como en lo referido a la reforma federal de la Constitución, la recuperación de las partes recortadas del Estatut por el Tribunal Constitucional, el reconocimiento de Catalunya como nación, la mejora de la financiación autonómica, la ampliación de las competencias o el blindaje de las normativas de la Generalitat respecto a la política lingüística, la cultura y los símbolos del país.
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No obstante, lo significativo del encuentro no fueron tanto estas propuestas, de sobras conocidas, sino la voluntad de presentarse ante la ciudadanía catalana como la única fuerza con voluntad de diálogo y de superar el enfrentamiento maximalista entre los gobiernos estatal y autonómico, con una propuesta clara frente a las ambigüedades de CeC. Un posicionamiento que puede resultar muy atractivo para amplios sectores del electorado en los barrios periféricos del país, aprovechando el tirón electoral de Pedro Sánchez que, conviene recordar, obtuvo en las primarias sus mejores resultados en Catalunya. Incluso, este planteamiento podría servir de refugio temporal para sectores del catalanismo no independentista, si no cuajasen ofertas en esta línea como la liderada por el histórico dirigente de Convergència, Antoni Fernández Teixidó, en torno al nuevo partido Lliures.
Contradicciones comunes
Al mismo tiempo, las divergencias largamente contenidas en el espacio de Catalunya en Comú, se plantearon abiertamente. El 8 de julio se celebró en Terrassa la Coordinadora Nacional de la formación para fijar su postura en el referéndum donde se aprobó participar en el mismo como una movilización a favor del derecho a decidir, pero no reconocer su resultado por carecer de las garantías democráticas exigibles, aunque se dejó la puerta abierta para cuando se apruebe la ley del referéndum. La reunión estuvo precedida por el posicionamiento del secretario general de Podem Catalunya, Albano-Dante Fachín, cuya formación no se ha integrado en CeC, llamando a la participación en el referéndum pero sin reconocer su carácter vinculante y que fue inmediatamente desautorizado por la dirección estatal de Podemos. Así, Pablo Iglesias y Pablo Echenique manifestaron que si fueran catalanes no irían a votar el 1-O.
El aluvión de críticas y descalificaciones del bloque secesionista hicieron mella en Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y líder de la formación, que en una entrevista en El Periódico de Catalunya había manifestado, en vísperas del cónclave, que no pondría en peligro ni la institución, ni a los funcionarios municipales. Tras el aluvión de críticas aseguró que el Ayuntamiento de la ciudad condal no pondría ningún obstáculo para la celebración de la consulta y manifestó “mi predisposición a participar en el 1-O es clarísima”. Se trata, pues, de una enésima muestra de su ambigüedad estructural, pero también de la tradicional sumisión de la izquierda catalana a los postulados de las formaciones nacionalista que no ha cambiado sustancialmente desde los años del pujolismo y que daría materia para un estudio en la línea del psicoanalista Alfred Adler sobre el complejo de inferioridad.
El domingo, 16 de julio, Pablo Iglesias y Xavier Domènech firmaban el artículo Catalunya, un sol poble, donde el líder de Podemos rectificaba su posición inicial al afirmar “la movilización del 1-O puede ser un acto de afirmación de derechos y soberanía ante una situación que se debe desbloquear, dado el fracaso rotundo del PP y sus pulsiones represivas. En este sentido, como movilización política, reivindicamos su legitimidad y apoyamos que se realice”. Además esgrimían, como argumentación teórica, las tesis del catalanismo popular que históricamente ha sido el marco doctrinal de la subordinación política de la izquierda catalana a las tesis del nacionalismo y cuya base historiográfica, como ha mostrado Joan Lluís Marfany, es más que discutible.
Ese mismo día se difundía el manifiesto titulado L’1-O no hi anirem (El1-O no iremos) suscrito por más de 200 afiliados a CeC, la mayor parte provenientes de ICV, como Eulàlia Vintró, Joan Boada, Joan Botella o Laia Ortiz, el exsecretario general de CC.OO, José Luis López Bulla, pero también el secretario general de Podem Barcelona, Marc Bartomeu, enfrentado a Fachín. El documento resulta una clara desautorización a Ada Colau, Xavier Domènech o Joan Josep Nuet pues no solo critican la ausencia de garantías del referéndum, que contravienen las prescripciones de la Comisión de Venecia, sino, y esto es lo más importante, realizan un llamamiento para “no participar en el 1-O ni llamar a la participación” que consideran “una maniobra per fer com el 9-N, passar en fals la pantalla del referèndum i atiar el conflicte amb l’Estat per polaritzar el vot en les properes eleccions catalanes”.
Llegados a este punto debemos observar cómo el movimiento independentista ha conseguido uno de sus objetivos estratégicos con la propuesta del referéndum; es decir, crear una profunda división en el espacio de los Comunes que, incluso, podría poner en peligro toda la operación de fusión de la izquierda catalana en una sola organización bajo el indiscutible e indiscutido liderazgo de Ada Colau.
En definitiva, las fuerzas políticas catalanes se aprestan a posicionarse ante el que parece inevitable choque de trenes y se preparan para las elecciones anticipadas si el referéndum resulta ser un fiasco.
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