A medio plazo el régimen de la Transición, sumido en una triple crisis económica, institucional y territorial, depende de la capacidad de los partidos constitucionalistas para impulsar un programa reformista que le otorgue una prórroga para prolongar su supervivencia.
El proceso negociador para formar gobierno tras las elecciones del 20D está profundizando el descrédito de las instituciones del régimen de la Transición. La extremada rigidez de la Constitución de 1978 y la actitud inmovilista del PP impidieron la viabilidad de las moderadas reformas que intentó el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que se saltaron con el fiasco del Estatut catalán, abriendo las puertas al proceso soberanista, y culminaron con la vergonzante contrarreforma del artículo 135 de la Constitución, justamente en la dirección contraria de las reformas “progresistas” que había planteado en su primer mandato.
El fracaso del programa reformista de Zapatero y el estallido de la crisis económica propició el surgimiento del movimiento del 15M. Un aviso en toda regla de la necesidad de una profunda regeneración democrática del sistema institucional, pero también de la de impulsar medidas sociales para combatir los devastadores efectos de la crisis sobre las clases asalariadas.
Por una de aquellas paradojas, tan habituales en la historia de España, la eclosión del 15M coincidió con las apabullantes victorias del PP en las elecciones municipales, autonómicas y generales, producto más del hundimiento del PSOE que de méritos propios. Ahora bien, el surgimiento de Podemos en los comicios europeos puede interpretarse como la reacción de la nueva generación que se movilizó en el 15M ante el autismo de los partidos del régimen de la segunda restauración. Al mismo tiempo, se iniciaba en Catalunya el proceso soberanista, un torpedo en la línea de flotación del Estado de las Autonomías, uno de los puntales del régimen de la Transición, mientras que la corrupción sistemática, que afecta a todas las instancias del Estado, precipitaron la abdicación de Juan Carlos I mostrando la extrema gravedad de la triple crisis socioeconómica, político-institucional y territorial que está corroyendo los cimientos del régimen.
De este modo, ahora, la situación se aproxima a un punto de no retorno, en la que si no se aborda con urgencia un programa reformista, corre peligro la misma supervivencia del régimen. Aquí se aprecian las resistencias de los dos partidos del turno dinástico: el PP que amenaza con utilizar su mayoría absoluta en el Senado para bloquear las eventuales reformas constitucionales y la vieja guardia del PSOE que quiere reducirlas a un lavado de cara puramente cosmético.
Opciones de gobierno
Por otro lado, estas eventuales reformas constituirían un factor de legitimación para Felipe VI, en un momento crucial para la monarquía que, tras el caso Undargarín y la acusación a la infanta Cristina, vive sus horas más bajas. De la misma manera que su padre se legitimó con la Constitución de 1978 y con la hagiografía mediática de su oscuro papel en el fallido golpe de Estado de Tejero, una reforma constitucional serviría para aposentarlo en la Corona.
El éxito de esta operación radica en el PSOE, el partido que ha sido el puntal del régimen y que ahora ve peligrar su hegemonía en la izquierda española. Sin duda, el eventual hundimiento del PSOE arrastraría a la monarquía parlamentaria en su caída.
Tras el encargo de Felipe VI a Pedro Sánchez para formar gobierno se plantean dos opciones: un gobierno o un pacto de legislatura PSOE y Ciudadanos o un ejecutivo de izquierdas PSOE, Podemos, IU. Sin embargo, para la viabilidad de la primera fórmula sería necesaria la benevolente abstención del PP en la investidura y su compromiso de no boicotear el programa de reformas.
En el segundo caso sería precisa la abstención de las formaciones independentistas catalanas, ERC y Democràcia i Llibertat, ahora bastante problemática tanto por los intereses de estas formaciones –a quienes beneficia el vacío de poder para impulsar su hoja de ruta soberanista– como por el veto del Comité Federal del PSOE a una negociación con ellas. Ahora bien, la cesión de diputados socialistas para permitir la constitución de los grupos de ambos partidos en el Senado impide descartar que finalmente le devuelvan el favor en forma de abstención “desinteresada” en una hipotética votación de investidura de Sánchez.
La primera opción (PSOE/C’s) es, sin ningún género de dudas, la preferida por los poderes fácticos y la vieja guardia del PSOE, pues facilitaría una operación lampedusiana de lavado de cara del régimen. En este sentido, no cabe descartar que se verifique una fuerte presión sobre el PP para que no obstaculice esta salida. Por otro lado, el tripartito de izquierdas habría de vencer resistencias que ahora parecen insalvables. De hecho, los acuerdos para elegir la mesa del Congreso y la distribución de los escaños apuntan en la dirección de un pacto de gobernabilidad entre PSOE y Ciudadanos como el que funciona en Andalucía.
La extremada complejidad del panorama político impide realizar previsiones con un mínimo de credibilidad y donde todas las opciones están abiertas. Sin descartar una improbable repetición de los comicios que ahora no interesa a ninguna de las cuatro formaciones de las que depende la gobernabilidad del país.
