Porque no hay dos sin tres: Bruselas ataca de nuevo.
Lo había validado la propia Comisión Europea; lo habían refrendado el Fondo Monetario Internacional y la propia OCDE. La reforma que habían introducido José Luis Escrivá y Pedro Sánchez aprobada en marzo del 2023 solucionaría durante décadas, eso querían que creyéramos, el problema de las pensiones en nuestro país. Rememorando a Cervantes sería como aplicar el bálsamo de Fierabrás al “problema de las pensiones”.
Bruselas dio por buenos los cambios introducidos: entre ellos, la subida anual del IPC, o el nuevo mecanismo de solidaridad intergeneracional (MEI) cuyo objetivo era nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Una vez más vemos como las instituciones europeas se desdicen. Y, como los malos augures que preguntaban al César qué convenía que dijeran los sacrificios, los nuevos adivinos, revestidos de una aparente cientificidad matemática, pronostican nuevas calamidades.
Sólo hace 12 meses que avalaron los anteriores informes; las medidas aún no han hecho efecto, pero ya se pretenden modificar. Paradójicamente los datos macroeconómicos de la economía española son buenos: en números de trabajadores dados de alta en la s/s, en ingresos por cotizaciones y en niveles de crecimiento del PIB….
La propuesta de la Comisión Europea en el informe de envejecimiento 2024 (Ageing Report) sorprende a propios y extraños. Los analistas del BBVA, nada proclives a ideas socializantes, señalan una grave carencia en el estudio. Bruselas no ha contemplado los ingresos adicionales que establece la reforma de Escrivá: el Mecanismo de Equidad intergeneracional (MEI), el incremento de ingresos derivado de la introducción de la cuota de solidaridad para los salarios más altos, la subida de la base máxima de cotización, ni la reducción de los gastos impropios a la que se ha comprometido el gobierno…
Todo apunta a que las reformas propuestas adolecen del rigor que se les debería suponer. ¿Cómo es posible que los datos que eran buenos hace pocos meses ahora no lo sean?
No nos equivoquemos; las instituciones europeas están en pie de guerra contra sus ciudadanos. Necesitan cada vez nuevas fuentes de ingresos. Es necesario sostener los altísimos niveles de corrupción, que salpican a las más altas instituciones de la Unión como la Comisión Europea (la compra de las vacunas toca de lleno a la propia Ursula von der Leyen) y, especialmente, mantener viva la guerra en Ucrania.
Vivimos una auténtica ofensiva de las instituciones europeas cuyo objetivo no es otro que introducir recortes sociales para financiar sus actuales y futuros conflictos. El ejército y el rearme europeo es ya un gigantesco pozo sin fondo donde caen sin control alguno los impuestos de los trabajadores y pensionistas europeos.
Es un asalto coordinado. Primero fue el Banco Mundial allá por 1994 quien en sus informes dio el pistoletazo de salida para la privatización de las pensiones públicas. El Fondo monetario Internacional tomó el relevo a continuación llegando a pronosticar, no menos de siete veces en los últimos 15 años, la quiebra de las pensiones, Por último, y más recientemente, ha sido la OCDE quien criticó al ejecutivo porque la hucha de las pensiones estaba casi vacía. Olvidó intencionadamente su papel: fue esta organización internacional la que validó y aplaudió (en época de Rajoy) el uso impropio del Fondo de Reserva.
Ahora, en el nuevo informe sobre envejecimiento que ha presentado la Comisión Europea se afirma lo contrario de lo que se anunció hace tan solo 12 meses.
Mientras, se negociaba la privatización de las pensiones que aprobó el Parlamento español el año pasado; Bruselas bendecía la operación como una solución al denominado ”problema de las pensiones”.
En realidad, y tal como habíamos denunciado, no era sino un primer paso para una reforma mucho más amplia y mucho más profunda de todo el sistema público de pensiones. El objetivo de la Unión Europea es reducir su cuantía, un objetivo que va mucho más allá de la mera privatización.
El informe de Bruselas sobre envejecimiento insiste en que los desequilibrios financieros obligarán a nuestro país a realizar nuevos ajustes a partir del año 2026, unos 12.000 millones de euros/año (prácticamente una paga de los jubilados actuales). En este momento, según las cuentas de este organismo europeo, la nómina mensual de pensiones en nuestro país alcanza unos 13.000 millones por 14 pagas. De nuevo la justificación es la necesaria disminución del déficit público; Bruselas nos obligaría a que el gasto en pensiones no sobrepasase el 13,3% del PIB.
Según esos cálculos el costo de las pensiones en relación al PIB ascendería, si no se introducen sus medidas, al 17,3% del PIB en 2050. Para descender en el 2070 ¡¡¡dentro de 46 años!!! al 16,7%. Curiosos técnicos estos que son incapaces de acertar con la inflación en el trimestre inmediato, pero que, tras “sesudos” análisis, saben cuál será el peso de las pensiones en el PIB dentro de casi medio siglo.
Basándose en esos cálculos, al superar la frontera del 15% tal como señala la propia ley de Escrivá, se dispararía un sistema automático de recortes (unas 8 décimas) para alcanzar el citado 13,3% del PIB.
La Comisión Europea pretende de forma progresiva varios objetivos: la reducción de la Tasa de Prestación (porcentaje de la pensión media sobre el salario medio) que habría de bajar del 64% en 2022 al 51% en 2070. También se busca aumentar sustancialmente la Tasa de Dependencia (porcentaje
de mayores de 65 años sobre la población en edad de trabajar) lo que equivale a un aumento de los años de trabajo en 4,8 años. Las jubilaciones, en ese momento y con esa propuesta, superarían los 70 años. También se propone no indexar las pensiones al IPC anual con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, y por último se busca la reducción de la Tasa de sustitución (porcentaje entre el último salario recibido y la primera pensión, que actualmente hemos conseguido que se mantenga muy por encima del 80%)
la Comisión Europea sostiene –no puede ser de otra forma– que los responsables son los pensionistas por haber impuesto la retirada del factor de sostenibilidad aprobado por el PP y conseguir ligar, aunque con ligeras pérdidas de poder adquisitivo, las pensiones al incremento del IPC.
La comisión (no olvidemos que está controlada por el PP europeo) considera inconcebible que las pensiones subieran en el 2022 un 8,5%. Las instituciones europeas con su miope vista suspiraban por el 0,25% Impuesto por Rajoy.
Atados como estamos a la rueda de los fondos Nex generation, Bruselas vuelve a chantajearnos. Si queremos recibir el cuarto pago, unos 10.000 millones de euros del Plan de Recuperación y Resiliencia, debemos introducir ajustes que recorten el gasto en pensiones. Este paquete se llevaría al Consejo de Ministros el 20 de mayo.
El Ejecutivo obedecerá las órdenes provenientes de Bruselas y es por ello que la ministra Sáez envío en el mes de abril un documento a los agentes sociales en el que ya se proponen ideas nuevas sobre «un nuevo marco regulador de la compatibilidad de trabajo y pensión”.
Las reacciones de Bruselas muestran que la lucha pensionista ha conseguido algunas victorias, que aunque parciales, cuestionan los planes de los grandes grupos de poder financieros. Desde COESPE sabemos que no ha sido poco lo conseguido porque el enemigo es enorme. Vamos a seguir perseverando porque nuestras acciones muestran que es posible conquistar victorias, aunque sean pequeñas.
Con nuestras fuerzas y a pesar de la oposición de las grandes burocracias sindicales y algunos partidos políticos a los que molestamos, estamos metiendo miedo, son ellos los que han de demostrar la validez de sus argumentos porque nosotros les estamos ganando el relato.
Libros relacionados:
