Acaso por una de esas casualidades del destino, el mismo día que ingresaba en prisión Fèlix Millet, el saqueador del Palau de la Música, el Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría la concesión del suplicatorio de Laura Borràs, portavoz de la formación postconvergente Junts per Catalunya (JxCat), en la cámara baja española.
Borràs está siendo investigada por los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación y falsedad documental por sus supuestas irregularidades en la adjudicación de 18 contratos por valor de casi 260 mil euros en su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes entre el 2013 y 2017. El escándalo estalló tras la filtración en La Vanguardia de una serie de correos electrónicos entre Borràs y su amigo informático Isaías Herrero, condenado en diciembre de 2019 por Audiencia Nacional a cinco años de prisión por tráfico de drogas, falsificación de moneda y fraude en el suministro eléctrico, donde Borràs le indicaba la manera de fraccionar los pagos. Según el auto del Tribunal Supremo, entre 2013 y 2017, se realizó un “fraccionamiento de contratos de prestación de servicios informáticos efectivamente prestados, reflejando importes y conceptos inventados, siempre en cuantías inferiores a 18.000 euros, para, incumpliendo las normas aplicables, evitar el procedimiento administrativo”. Borràs, según el Supremo, “propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio contratado, conformó la factura correspondiente y autorizó el pago”.
Borràs adquirió cierta notoriedad al ser una de las firmantes del polémico manifiesto del grupo Koyné, en abril de 2016, titulado Per un veritable procés de normalització lingüística a la Catalunya independent que criticaba duramente el bilingüismo, propugnaba que el catalán fuese la única lengua oficial del país y acusaba a los inmigrantes de ser instrumentos del franquismo para “colonizar” Catalunya. De hecho, dicen las malas lenguas, que su papel en el grupo Koyné fue un factor fundamental para su inclusión en las listas de JxCat en las elecciones al Parlament de 2017 y su designación como consellera de Cultura en mayo 2018. En las generales de 28 abril 2019 se presentó como número dos de JxCat, detrás del encarcelado presidente de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) Jordi Sánchez. Pródiga en declaraciones supremacistas e hispanofóbicas, durante la pandemia del Covid-19 se distinguió por apuntarse a las tesis del “España nos mata.”
Borràs pertenece al núcleo duro de confianza de Carles Puigdemont y tenía todos los números para encabezar la lista de esta formación en las próximas elecciones anunciadas pero no convocadas al Parlament de Catalunya. La concesión del suplicatorio obligará a buscar otro candidato en un momento de gran confusión e incertidumbre en el espacio postconvergente. Así, existen grandes tensiones en JxCat entre los partidarios de Puigdemont, organizados en torno a la Crida Nacional per la República y el sector institucional liderado por David Bonvehí, reunido bajo la sigla PDeCAT. Paralelamente, dirigentes “moderados” de Convergència como Marta Pascal o Carles Campuzano, purgados por Puigdemont, han fundado el Partit Nacionalista Català que aspira a aglutinar el espacio que va del autonomismo al independentismo no unilateralista.
La patria como negocio
Desde su imputación, Borràs ha protagonizado una agresiva campaña, en la línea de que la mejor defensa es un ataque, proclamando su inocencia y atribuyendo su situación judicial a una persecución política y a la represión del Estado contra el movimiento independentista. Un argumentario calcado al que con tanto éxito empleó Jordi Pujol desde el caso Banca Catalana (1984) y que le hicieron inmune a la interminable lista de casos de corrupción que jalonaron su mandato. Justamente, el caso del Palau de la Música y la confesión de Jordi Pujol sobre la supuesta herencia de su padre Florenci marcaron el punto de inflexión de esa impunidad. La sentencia del Palau fue especialmente significativa al condenar a Convergència y al tesorero del partido Daniel Osàcar de la vieja guardia pujolista por quien Artur Mas puso reiteradamente la mano en el fuego. De hecho, ambos casos determinaron la disolución del partido en parte para eludir sus responsabilidades penales y económicas, en parte para abandonar unas siglas manchadas por la corrupción. Según algunos analistas tapar la corrupción fue la principal razón del giro soberanista del catalanismo conservador. A nuestro juicio, éste sin duda fue un elemento importante pero insuficiente para explicar la apuesta estratégica por la secesión en la que concurren otros factores de orden ideológico y político de fondo.
Ahora bien, en el caso Borràs, llama poderosamente la atención cómo el mecanismo de tapar la corrupción con la bandera continúa siendo tan efectivo. JxCat, que controla los poderosos medios de comunicación de la Generalitat, ha impulsado una campaña dirigida no tanto contra las instancias judiciales españolas, sino contra sus rivales electorales de ERC y CUP, en otro episodio de la interminable pugna por la hegemonía del movimiento independentista. En principio, se trató de buscar una fórmula unitaria entre las tres formaciones consistente en no asistir al debate y votación del suplicatorio. Ello ante la negativa de Borràs de seguir las recomendaciones de la CUP y posteriormente de ERC de renunciar al acta de diputada para escapar de las “garras” de la sala segunda del Tribunal Supremo, presidida por el criminalizado juez Manuel Marchena. Aquí hemos de tener en cuenta que, desde el inicio del proceso soberanista, se ha desencadenado una incansable campaña de descrédito de las instancias judiciales españolas, especialmente dirigida contra los tribunales Supremo y Constitucional que ha calado en amplios sectores de la ciudadanía. Finalmente, JxCat rompió el preacuerdo e insistió en que la única postura válida era votar no al suplicatorio.
Aquí ERC y CUP se han visto atrapados en la contradicción entre ser coherentes con la línea patriótica de denuncia a la represión de las instancias judiciales españolas y el combate contra las fundadas sospechas de corrupción que penden sobre Borràs. Asimismo debe observarse el comportamiento errático de Unidas Podemos que, en la reunión de la Comisión del Estatuto de los Diputados donde se inició el procedimiento para conceder el suplicatorio, se abstuvo, pero finalmente votó a favor de su concesión en el pleno del Congreso celebrado a puerta cerrada y con voto secreto. Acaso el temor de verse alineado con los grupos nacionalistas e independentistas y no parecer lo suficientemente combativos contra la corrupción provocó este significativo cambio de posición.
La negativa a conceder el suplicatorio solo contó con los quince votos del PNV y JxCat mostrando la solidaridad del nacionalismo conservador. Las formaciones del denominado nacionalismo de izquierdas: ERC, CUP, Compromís y BNG decidieron ausentarse. No está clara la postura de EH Bildu, según algunas fuentes tampoco participaron en la votación; según El Periódico de Catalunya se habría desmarcado del acuerdo con ERC y se habría abstenido, lo cual explicaría las cinco abstenciones del escrutinio del suplicatorio .
Las declaraciones de Borràs acusando a ERC y CUP de blanquear al Supremo y denunciando que la represión no puede ganar por incomparecencia del rival, muestran a las claras cómo JxCat desea sacar réditos electorales de la postura poco patriótica de estas formaciones, en una discusión donde las fundadas sospechas de corrupción pasan a un segundo plano. Aquí cabe señalar las pobres justificaciones de Gabriel Rufián según las cuales el voto de ERC no era decisivo para la concesión del suplicatorio y, particularmente, la mención al pacto entre postconvergentes y socialistas en la Diputación de Barcelona para arrebatar su presidencia a ERC. Rufián manifestó una extraña concepción de la separación de poderes al argumentar que como parte de este pacto en la Diputación, JxCat debería haber negociado con el PSC la inmunidad de Borràs.
Más allá de los numerosos casos de corrupción del catalanismo conservador, el nacionalismo se ha revelado como un gran negocio para numerosos medios de comunicación, entidades cívicas y asociaciones culturales generosamente subvencionadas por el gobierno de la Generalitat. La línea que separa el negocio patriótico de la corrupción es tan tenue a que a veces resulta difícil distinguirla.
