En enero de 2020, ERC condicionó su abstención, imprescindible para la investidura de Pedro Sánchez, a la constitución de una mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán para tratar de la resolución al “conflicto político”. Es decir, de las consecuencias del procés sobiranista tras las jornadas de septiembre y octubre de 2017, la aplicación del artículo 155 y la detención o fuga de los líderes del proceso independentista.
El punto de partida de ERC en esta mesa de diálogo se concentró sobre una doble A. Amnistía para los presos, exiliados y represaliados en las movilizaciones del procés. Autodeterminación para establecer las condiciones de un referéndum pactado sobre la independencia de Catalunya. En esta mesa debían participar los dos partidos que gobiernan España (PSOE y Unidas Podemos) y los dos que lo hacían en Catalunya (ERC y Junts per Catalunya).
Desde el principio, Junts manifestó su rechazo a una fórmula considerada una trampa del gobierno español para anestesiar al movimiento independentista y sus consellers no asistieron a las reuniones. La concesión de los indultos a los nueve presos del procés, en junio de 2021, constituyó un primer indicio que estas reuniones, conducidas con la máxima de discreción, iban bien encaminadas. Ello a pesar del coste electoral que podía suponer para el PSOE, como no dejaron de señalar los barones territoriales, desatándose una ofensiva política y mediática de la derecha y la extrema derecha. Sin embargo, el excarcelamiento de los líderes independentistas arrebató a los sectores más radicales una de sus principales reivindicaciones y dio un balón de oxígeno a Pere Aragonès, flamante president de la Generalitat, al demostrar que su apuesta estratégica por la mesa de diálogo funcionaba. Tampoco, pasado un año, había supuesto un excesivo coste electoral para el PSOE.
El 27 de junio de 2022 se celebró en La Moncloa la tercera reunión de la mesa de diálogo donde se prepararon los acuerdos de desjudicialización. A cambio, ERC se comprometía a aceptar el “ordenamiento democrático vigente” y su “renuncia a acciones que saquen a la política de las reglas de juego democráticas”. Implícitamente, se daba por amortizada la supuesta legitimidad del 1-O, descartando la vía unilateral. Eso provocando el rechazo de Carles Puigdemont, que desde Waterloo dirige con mano de hierro la estrategia de Junts, insistiendo en la legitimidad del 1-O y en la vigencia de la vía unilateral. Con posiciones radicalmente enfrentadas en esta cuestión nuclear, la convivencia en el gobierno autónomo de coalición se hizo imposible.
La salida de Junts del gobierno catalán, en octubre de 2022, modificó la correlación de fuerzas. ERC se quedaba sola al frente del ejecutivo autónomo con el precario apoyo parlamentario de 33 diputados, muy lejos de la mayoría de 68 escaños. Así que, para sacar adelante la legislatura, debía apoyarse en los Comunes, pero sobre todo en el PSC sin cuyo concurso y sin el apoyo de Junts resulta imposible sumar mayorías en el Parlament.
Poco después, en noviembre, a través de una estrategia mediática y política muy elaborada, se dosificó el anunció de las dos medidas en la vía de la desjudicialización que pasaban por una reforma exprés del Código Penal. La primera consiste en la derogación del delito de sedición reconvertido en “desórdenes públicos agravados” que se justificó para homologarlo a las legislaciones europeas y cuya actual tipificación había impedido la extradición de Carles Puigdemont. La segunda, el hueso más duro de roer, la reforma del delito de malversación con rebaja de penas para quienes no mediara enriquecimiento personal o a terceros.
Estas medidas, como era de esperar, desataron una ofensiva en toda regla desde los restos de la derecha liberal de Cs, PP y Vox contra un gobierno que ven antipatriota y que, con tal de permanecer en el poder, es capaz de ceder en cuestiones esenciales para defender la unidad nacional frente a las recientes amenazas separatistas. Además, sirvieron de enésima justificación al flamante líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. para romper las negociaciones para la renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando el acuerdo estaba prácticamente firmado, lo que cuestiona su talante centrista y moderado.
Algunas de estas críticas no estaban exentas de fundamento, pues resulta evidente que la reforma del Código Penal, por la vía de máxima urgencia, no se hacía para el interés general, sino como un traje a medida para beneficiar a los condenados, fugados y acusados pendientes de sentencia en los procedimientos judiciales en curso. Además, la reforma se impulsa en el contexto de las negociaciones para la aprobar los presupuestos en los tres niveles del Estado: Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de Catalunya y Gobierno de España, presididos por los tres partidos que participan en la mesa de diálogo y que se necesitan mutuamente para sacar adelante sus cuentas en vísperas del ciclo electoral.
La reforma del Código Penal se tramitó junto a la modificación del método de elección de los magistrados del TC, también pendiente de renovación. El PP planteó un recurso ante el TC para impedir la votación de la norma en el Senado cuando ésta ya había sido aprobada en el Congreso de los Diputados. El enorme escándalo desencadenado por esta inédita intromisión del poder judicial en las competencias del poder legislativo otorgó un balón de oxígeno al PSOE en la medida que trasladaba el centro de atención de la reforma del Código Penal al anómalo comportamiento del alto tribunal.
Finalmente, la reforma del Código Penal fue aprobada, despejando la primera A de la mesa de diálogo donde amnistía se ha transmutado –como en la eucaristía cristiana– en desjudicialización. Como la Constitución de 1978 no permite la amnistía, el ejecutivo español no puede ir más allá.
Condiciones para la autodeterminación
Pere Aragonès, en el debate de Política General del pasado setiembre, indicó cuáles eran las condiciones para desarrollar la negociación sobre la segunda A (Autodeterminación) en la mesa de diálogo. Sin entrar en excesivas concreciones, planteó una propuesta, que denominó Acuerdo de Claridad, evocadora de la fórmula canadiense, la cual no era la primera vez que aparecía en la política catalana. La Ley de la Claridad canadiense establece las estrictas condiciones a cumplir por el gobierno quebequés para convocar un referéndum vinculante sobre la independencia de la provincia.
Esta fórmula fue defendida por los Comunes en el debate de Política General del 2018, bajo la presidencia de Quim Torra; entonces desde ERC les replicaron que era una “pantalla pasada”, pues en el 1 de octubre de 2017 Catalunya ya se había autodeterminado. No obstante, en junio de 2019, Roger Torrent, entonces presidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, se mostró proclive a estudiar esta opción para resolver el “conflicto político”.
Por otro lado, el 23 de noviembre de 2022 el Tribunal Supremo del Reino Unido emitió la esperada sentencia sobre la cuestión planteada por el gobierno escocés sobre la competencia del parlamento regional para convocar unilateralmente un referéndum vinculante sobre la independencia de Escocia. La pregunta se formuló antes de convocar la consulta prevista por el ejecutivo escocés para el 19 de octubre de 2023. El alto tribunal falló por unanimidad que este tema es competencia exclusiva del Parlamento británico y que, por tanto, el legislativo regional carece de esta facultad. Nicola Sturgeon, líder del Scottish National Party (SNP), manifestó que “aunque estoy decepcionada, acato la decisión del Tribunal Supremo” y sugirió que las próximas elecciones generales podrían plantearse como un referéndum de facto sobre la independencia del país, lo cual recuerda vagamente las autonómicas catalanas “plebiscitarias” del 2015. En Catalunya, la noticia sentó como un tiro en los medios independentistas que habían alimentado muchas ilusiones sobre una sentencia positiva que habría favorecido su causa y comprometida la posición del gobierno español.
Aunque podría decirse que llovía sobre mojado. En octubre de 2020, la Comisión de Venecia, órgano consultivo de la Unión Europea, fundado en 1990 para cuestiones de derecho constitucional, renovó su Guía para la celebración de referéndums donde insistía en su doctrina anterior, según la cual “no se pueden celebrar referendos si la Constitución o una ley Conforme a la constitución no los prevé, por ejemplo, cuando el texto sometido a referendo es de competencia exclusiva del Parlamento.” En 2017, Puigdemont intentó sin éxito recabar el apoyo de la Comisión para el referéndum del 1-O, que alegó estas mismas razones.
En cualquier caso, superada la primera fase de la mesa del diálogo, el 12 de diciembre, ERC concretó las condiciones del referéndum de autodeterminación pactado con el Estado, recogidas en la ponencia La vía democrática al referéndum que será sometida a debate y votación en el congreso del partido del mes de enero. Unas condiciones inspiradas en el precedente de Montenegro: censo de todos los mayores de 16 años residentes en Catalunya para responder una pregunta clara. Si la participación fuera superior al 50% y el voto a favor a la secesión superase el 55%, se iniciarían, con la mediación de la Unión Europea, las negociaciones entre los gobiernos español y catalán para materializar la separación. En el tradicional mensaje navideño Aragonès se reafirmó en esta línea y pronosticó que el nuevo año habría de dar forma al acuerdo de claridad para así volver a abrir el camino hacia la autodeterminación de Catalunya.
La reacción de Pedro Sánchez y sus ministros no se hizo esperar. Una cosa es “desinflamar” el grave conflicto institucional permanente entre las instituciones del Estado y las autonómicas y tender puentes en la fracturada sociedad catalana; otra bien distinta es desbordar el marco constitucional reconociendo un derecho que no figura en ninguna constitución democrática del mundo. Con las premuras del ciclo electoral en ciernes y aun caliente el desgaste por la sedición y la malversación, Sánchez tuvo que señalar enfáticamente la línea roja y asegurar que ese referéndum nunca se celebrará. También se canceló la reunión de la mesa de diálogo, que había de celebrarse en Barcelona antes de acabar el año, para evitar una foto desagradable. Además, afirmó que el proceso independentista está acabado, en gran parte gracias a las medidas de gracia de su gobierno, como demostraban las encuestas que indican la caída de los partidarios de la secesión.
Por su parte, Aragonés replicó que si el problema era la Constitución ya se buscaría la manera de cambiarla y que el proceso soberanista no finalizaría hasta que Catalunya no ejerciera su legítimo derecho a la autodeterminación. Ciertamente, ERC no tiene prisa en su estrategia de ampliar la base del independentismo hasta conseguir una amplia mayoría social que le permita plantear en su día un segundo intento para lograr la secesión.
El misterio de la transustanciación
La experiencia de la primera fase de la mesa de diálogo, donde amnistía se transmutó en desjudicialización, nos conduce a preguntarnos cómo se transubstanciará la demanda de autodeterminación. Aquí, la posición del PSC puede proporcionarnos algunos indicios. Los socialistas catalanes siempre han asegurado que rechazan el referéndum de autodeterminación en los términos reclamados por ERC, pero que no excluyen una consulta a la ciudadanía sobre los acuerdos políticos entre los gobiernos del Estado y la Generalitat, siempre dentro del marco constitucional.
Catalunya es la única comunidad autónoma española cuyo Estatuto de Autonomía en vigor no es el aprobado por la ciudadanía en referéndum, sino el enmendado por el Tribunal Constitucional. Una sentencia donde el alto tribunal indicaba los cambios legales que deberían emprenderse para dar su aprobación a los artículos derogados o modificados del Estatut de 2006. Un fallo judicial considerado por el nacionalismo conservador convergente como la ruptura del pacto constitucional de 1978 que dejaba el camino expedito a la autodeterminación de Catalunya y justificaba el tránsito del autonomismo al independentismo.
La segunda de las recurrentes reclamaciones del catalanismo, más allá de las fronteras del independentismo, radica en la reforma del sistema de financiación autonómica, percibido como injusto por amplios sectores de la ciudadanía. Tanto es así que, cuando arreciaba la campaña del “Espanya ens roba” y antes de adentrarse en la ruta secesionista, Artur Mas reclamó sin éxito a Mariano Rajoy un Pacto Fiscal semejante al Concierto Económico vasco.
El gobierno de España, sin traspasar las fronteras del orden constitucional, puede ofrecer, por un lado, un nuevo Estatut con las pertinentes reformas de leyes orgánicas si fuera preciso a fin de remediar la anomalía institucional mencionada; por otro, una solución a la cuestión de la financiación autonómica. En caso de alcanzar un acuerdo, éste sería sometido a referéndum como es preceptivo para los estatutos de autonomía.
Ahora resulta difícil imaginar un punto intermedio entre la reclamación del referéndum de autodeterminación de ERC y las reformas estatutarias y legislativas que puede ofrecer PSOE que ampliarían considerablemente el techo del autogobierno. En cualquier caso, el apretado calendario electoral no permitirá grandes avances en esta delicada cuestión.
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