Aquí se muestran los motivos que explican el retraso en la formación de un gobierno independentista en Catalunya. También, se aventura un pronóstico sobre el desenlace de las agónicas negociaciones dominadas por la actitud obstruccionista de Junts.
Han transcurrido dos meses largos desde las elecciones catalanas del 14F y más de tres semanas desde la fallida investidura de Pere Aragonès, candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat. En anteriores comicios autonómicos, cuando CiU y sus herederos fueron la fuerza independentista más votada, ERC no vaciló en otorgarle sus votos para investir a sus candidatos: Artur Mas, Carles Puigdemont y Quim Torra. Incluso se ha avenido a votar para la presidencia del Parlament a Laura Borràs, imputada por delitos de corrupción. Ahora, por el contrario, Junts per Catalunya multiplica las condiciones y los pretextos para dilatar su apoyo a Aragonès; incluso ha amagado con darles sus votos para la investidura y acto seguido pasarse a la oposición. ERC con solo 33 diputados, aunque contase con los nueve de la CUP y los ocho de los Comunes, tendría enormes dificultades para gobernar al hallarse muy lejos de la mayoría absoluta de 68 escaños.
En estos dos meses largos, la euforia en las filas independentistas tras lograr la mayoría absoluta y proclamar que habían superado la barrera del 50% de los votos se ha ido disipando. Esta última cifra un tanto capciosa, si nos atenemos a la elevada abstención (46,4%). También, porque a las tres fuerzas secesionistas representadas en el Parlament, que suman el 48% de los votos, se añaden impropiamente los apoyos obtenidos por el PDeCat (2,7%), que carece de representación parlamentaria. Así se alcanza la cifra del 50,7% de los votos que tampoco se corresponden al 52% de los sufragios independentistas como repite machaconamente su propaganda.
En primera lectura, la actitud obstruccionista de Junts debe atribuirse a su concepción patrimonialista de la presidencia de Generalitat que consideran prácticamente de su inalienable propiedad. Esto les conduce a plantear una serie de humillantes condiciones que buscan que ERC rompa la baraja. En esta clave se explica exigir la preeminencia del Consell de la República, el artefacto de carácter privado creado para mayor gloria de Puigdemont, lo cual haría de Aragonès un presidente vicario. O la pretensión de que los 13 diputados de ERC en el Congreso de los Diputados, fundamentales para la estabilidad del ejecutivo de coalición progresista en Madrid, se plieguen a los dictámenes de los cuatro de Junts. A esto debe añadirse su reclamación de ostentar las carteras de mayor peso político en el Govern como Economía e Interior; además del control de los medios de comunicación de la Generalitat, pieza clave en la conformación de la opinión del movimiento independentista y que desde hace años opera como una terminal mediática de Waterloo.
Todo ello adobado con una retórica maximalista, para el consumo de los sectores más hiperventilados del movimiento, en el sentido de que estas condiciones se formulan para garantizar el avance hacia la independencia frente a las tentaciones pactistas de ERC. También como cortina de humo para ocultar, tras nobles motivaciones ideológicas, que aquello que les separa no es otra cosa que la descarnada pugna por la hegemonía y el reparto del poder.
ERC se adelantó a la negociación con Junts presentando un pacto con la CUP donde se formula un programa de carácter moderadamente izquierdista, pero aún así difícilmente asumible por una fuerza neoliberal como los postconvergentes. Se trata de una estrategia un tanto errática, consistente en firmar un acuerdo de izquierdas para acto seguido ofrecérselo a la derecha. Un acuerdo respecto al cual Junts no se considera concernido al no haber participado en su negociación.
Por su parte, la CUP ha manifestado que es un programa de mínimos y que si se toca una coma del mismo no podrían garantizar la investidura a un gobierno de coalición presidido por Aragonés. Aunque, si nos atenemos a los precedentes, probablemente la CUP acabaría cediendo; especialmente cuando la responsabilidad de impedir la formación de un gobierno independentista recaería directamente sobre ellos. Aquí debe observarse incidentalmente cómo, mientras la CUP fue sometida a fuertes presiones para facilitar las presidencias postconvergentes, no está sucediendo lo mismo con la actitud obstruccionista de Junts. Un dato revelador sobre donde se halla el eje de dominancia del movimiento independentista.
En otro contexto político y sociológico, el gobierno de coalición entre Junts y ERC sería imposible y derivaría en la convocatoria de nuevas elecciones o bien que ERC buscara otros socios de gobierno o legislatura. Sin embargo, esta última posibilidad resulta inviable, pues recordemos que Esquerra suscribió el acuerdo con Junts y CUP, en vísperas de las elecciones, de no pactar con el PSC, bajo ninguna circunstancia, que evoca de manera grotesca al Pacto del Tinell.
Llegados a este punto debemos señalar las incongruencias de los Comunes que durante toda la campaña electoral propugnaron un tripartito de izquierdas junto a PSC y ERC, pero que pasados los comicios han apostado por un gobierno ERC y Comuns con el apoyo exterior y gratuito del PSC. Incluso han llegado a acusar a los socialistas de “falta de generosidad” con el país, cuando esta opción supondría un suicidio político para el PSC y cuando ERC no ha mostrado esa misma generosidad reclamada al PSC con los Comunes al no facilitarles un puesto en la mesa del Parlament.
Pulsiones unitarias
Por otro lado, la pulsión unitaria en el interior del independentismo es tan fuerte que aquella formación a quien las bases sociales y electorales considerasen responsable de la ruptura de la unidad y de la repetición de las elecciones seria severamente castigada en las urnas. Este es uno de los motivos por los cuales Junts no puede, como desearían sectores importantes del partido, precipitar la repetición de las elecciones, ya que serían percibidos como los responsables de ello. En este sentido, prefieren encarar una táctica de desgaste y chantaje sobre ERC jugando con el calendario y forzándole a aceptar sus condiciones para visualizar que continúa la pugna por la hegemonía del movimiento secesionista y que la formación del ejecutivo depende exclusivamente de su voluntad. Además, en otro orden de cosas, será difícil que Junts renuncie a la mitad de las consejerías y a los más de 200 cargos públicos que le corresponderían si no se aviniese a formar gobierno.
El carácter de religión laica del movimiento nacionalista catalán contribuye a explicar porqué, en plena pandemia y ante las graves urgencias sociales y económicas que padece el país y que impulsarían a formar rápidamente un gobierno efectivo, no estemos asistiendo a las enérgicas protestas de sus bases sociales. Justamente, las convicciones acríticas y dogmáticas de éstas les conceden un margen de maniobra impensable en formaciones de otras tradiciones políticas.
En definitiva, todo parece apuntar a que Junts apurará los plazos, que expiran el 26 de mayo, antes de permitir la investidura de Aragonès y la formación de un ejecutivo de coalición que, a la vista de estos prolegómenos, tendrá los días contados. Aquí lo sustantivo consistirá en comprobar hasta qué punto ERC cede a las condiciones impuestas por Junts y hasta dónde la CUP también cede al recorte del programa mínimo pactado con ERC en aras de la unidad secesionista. De confirmarse este pronóstico, se iniciaría una legislatura fallida que, con Junts ostentando las carteras claves, impediría el despliegue del programa de gobierno del independentismo de izquierdas y concebida como el marco de recuperación de la hegemonía de Junts en el movimiento secesionista catalán.
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