De hecho, la CUP había anunciado tras la Asamblea de Esparraguera la determinación de “librarse” de dicho acuerdo, lo cual cuestiona la viabilidad de la hoja de ruta secesionista aprobada en la declaración de desconexión del 9 de noviembre del año pasado.
No obstante, llama la atención las circunstancias que han envuelto la negociación de los Presupuestos. Como apuntaron diversas fuerzas políticas, resulta extraño que la coalición gubernamental tramitase su aprobación parlamentaria sin haberlos consensuado previamente con sus únicos socios factibles. Aquí se plantean dos hipótesis: o bien esperaban que la presión política y mediática obligase a la CUP a plegarse y apoyarlos con el único argumento de salvar el procés; un objetivo que estuvo a punto de alcanzarse a la vista del ajustado resultado de 29 a 26 a favor y en contra de mantener la enmienda a la totalidad; o bien, al menos desde Convergència, se buscaba deliberadamente el rechazo para disponer de un pretexto para reconducir la aventura secesionista que ha supuesto la ruptura con sus socios históricos de Unió y su constante declive electoral, justamente cuando todas las encuestas señalan otra caída en los comicios del 26J.
A favor de este segundo supuesto está la sorprendente propuesta de Francesc Homs, cabeza de lista de Convergència al Congreso de los Diputados, de constituir una comisión parlamentaria sobre Catalunya, cuando en las pasadas elecciones el mensaje convergente fue que únicamente iban al parlamento español para negociar la independencia. Tampoco ayudó a facilitar el apoyo de la CUP a las cuentas de la Generalitat la actuación de los Mossos d’Esquadra en el Banc Expropiat del barrio barcelonés de Gracia. De esta manera el poderoso aparato mediático convergente se esforzará en convertir a la CUP en el chivo expiatorio del fracaso del proceso secesionista. Un objetivo que se verá facilitado por las contradicciones internas de la izquierda independentista entre su tendencia a apoyar a JxSí en el eje nacional y su oposición a la coalición de CDC y ERC en el eje social. Así, su espacio político puede verse extremadamente reducido, pues un sector de sus electores puede emigrar a ERC y otro a En Comú Podem, según sus preferencias en el eje nacional o social.
Eulàlia Reguant fue la diputada de la CUP encargada de expresar en el Parlament el rechazo a los presupuestos
La enmienda a la totalidad de la CUP, unida a la del resto de formaciones del arco parlamentario, cuestiona la viabilidad de la hoja de ruta independentista. En primer lugar, porque a nadie se le escapa la contradicción que supone que se pretenda conducir al país hacia la independencia cuando ni siquiera se es capaz de aprobar los Presupuestos, como reconoció este fin de semana Artur Mas. En segundo término, porque sin éstos quedan sin consignación económica algunas partidas esenciales para el desarrollo del proceso independentista como, por ejemplo, la destinada a la conselleria de Asuntos Exteriores cuyo titular es Raül Romeva, cabeza de lista impostado de JxSí y exeurodiputado de ICV.
Este escenario político favorece extraordinariamente las expectativas de ERC de consolidarse como la fuerza política hegemónica del movimiento independentista. En efecto, tanto Convergència como la CUP, ubicadas en las polaridades ideológicas de las fuerzas que apoyan la secesión, están arrostrando el mayor desgaste de las tribulaciones y contradicciones del procés. Los constantes desencuentros entre ambas formaciones refuerzan la posición de centralidad de Esquerra que se ajusta mucho mejor a las aspiraciones de las clases medias catalanas, verdaderos soportes del nuevo independentismo de masas, que ni comparten el conservadurismo en materia social de CDC ni el radicalismo anticapitalista de la CUP. De este modo, casi sin despeinarse, ERC está consiguiendo esta centralidad hegemónica que en la Catalunya autonómica ocupó la Convergència de Jordi Pujol.
Contradicciones del proceso soberanista
La decisión de la CUP ha revelado las contradicciones del proceso soberanista. En primer lugar, la derivada de carecer de una clara mayoría social como se manifestó en las elecciones “plebiscitarias” del 27S de 2015, cuando JxSí y CUP obtuvieron el 48% de los votos. Mientras la prensa internacional señaló la derrota de los independentistas catalanes, aquí los medios públicos y privados afines a la Generalitat proclamaron, en un increíble ejercicio de trilerismo político, que habían ganado el plebiscito con una lectura interesada de los votos obtenidos por la coalición podemita Catalunya Sí Que Es Pot.
Tanto es así que Alex Salmond, dirigente del Scotish National Party (SNP), aseguró que estos resultados autorizaban a reclamar al gobierno español la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero no avanzar unilateralmente hacia la secesión. En este mismo sentido, volvió a posicionarse en el debate con Carles Puigdemont, auspiciado por la cadena SER, en la reciente visita de president de la Generalitat a Londres.
El rechazo a los presupuestos de Junqueras ha llevado a Puigdemont a anunciar que presentará una moción de confianza.
Esta huida hacia adelante se suturó invocando la mayoría absoluta parlamentaria, derivada de sumar los 62 escaños de JxSí a los 10 de la CUP, cuando eran evidentes las distancias siderales en el eje social entre la derecha convergente y la izquierda independentista y anticapitalista. A diferencia de Escocia, donde el independentismo está unificado en un solo partido de orientación socialdemócrata, aquí el movimiento secesionista está atravesado por el abismo ideológico que separa a CDC de la CUP que, excepto en la cuestión de independencia, defienden modelos de país diametralmente opuestos.
La decisión de la CUP ha puesto sobre el tapete la profundidad de estas contradicciones. El ejecutivo catalán intentará salir de mal paso prorrogando los Presupuestos. En principio, quedan 15 meses de los 18 previstos de una legislatura calificada de transición hacia la independencia. Está por ver si el gobierno de la Generalitat podrá agotar ese plazo o se verá abocado a adelantar las elecciones dependiendo del resultado de la moción de confianza a la que Carles Puigdemont se someterá el próximo mes de septiembre que volverá a estar en manos de la izquierda independentista, que será sometida de nuevo a una intensa presión.
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