Foto: Andreu Dalmau | EFE
Una legión de tertulianos y columnistas ha saltado a la palestra para defender la actuación de la policía catalana y condenar a los grupos “antisistema” como responsables de las escenas de la violencia urbana registradas en el barrio de Gracia. Por un lado, aquellos afines a formaciones de orden cuyo objetivo es erosionar al gobierno municipal liderado por Ada Colau; por otro, aquellos próximos a Junts pel Sí con el fin de criminalizar a la CUP por su apoyo a los okupas.
En este segundo caso llama la atención que opinadoras como la inefable Pilar Rahola, partidarias de la desobediencia a las instituciones españolas, se muestren como las más firmes defensoras del cumplimiento estricto de la legalidad contra quienes no respeten la propiedad privada, el más sagrado de los derechos, por parafrasear a Karl Marx. Otras, como Àngels Folch, miembro del secretariado de la ANC, ha ido más lejos llegando a afirmar que los promotores de los disturbios no son catalanes y preguntándose quiénes son sus responsables. Se trata de una clara muestra de la xenofobia típica del nacionalismo identitario, pasado y presente, para quienes los responsables de los conflictos sociales eran los “murcianos de la FAI” o los servicios secretos españoles para desestabilizar el país y no producto de las desigualdades y contradicciones internas de la sociedad catalana.
Sólo se han podido escuchar, en los grandes medios de comunicación, pocas voces discrepantes que apuntaron a no sólo a la causas sociales del conflicto, sino a la extraña coincidencia entre el desalojo, que el juez había ordenado con semanas de antelación, con la ruptura de la CUP del pacto de estabilidad con JxSí y con la entrada del PSC en el gobierno municipal de Ada Colau.
Historial polémico
En cualquier caso, la cerrada defensa de los Mossos d’Esquadra, calificada por los medios independentistas de “policía nacional catalana”, contrasta con el historial del cuerpo desde que, hace poco más de diez años, asumió el papel de policía integral en Catalunya.
Sin ánimo de ser exhaustivos, hemos de recordar que siete personas perdieron un ojo a causa de las actuaciones de la policía catalana. El caso más conocido es el Ester Quintana, que motivó la prohibición de las balas de goma en noviembre del 2013 y su substitución por la munición denominada foam, que algunos consideran tan peligrosas como las primeras. El caso desencadenó un escándalo político de grandes proporciones en el que los mandos policiales y los responsables políticos negaron la autoría de los hechos. Incluso, el entonces titular de Interior Felip Puig, mintió al Parlament respecto al uso de pelotas de goma. Recientemente se dictó la escandalosa sentencia que absolvió a los mossos presuntamente responsables de la pérdida del globo ocular de Quintana. La decisión judicial fue seguida por la denuncia del secretario general del Sindicat de Comandaments dels Mossos, Jordi Dalmau, apuntando a que algún agente ha mentido en el juicio y que el culpable “se está escondiendo” protegido por los mandos policiales.
El 5 de octubre de 2013 una desproporcionada actuación de los mossos provocó la muerte de Juan Andrés Benítez en el barrio del Raval, quienes además peinaron el barrio para requisar ilegalmente videos filmados por los vecinos para eliminar pruebas inculpatorias. El caso se saldó con un pacto de última hora mediante el cual los agentes implicados reconocieron ser autores de homicidio imprudente y torturas pero que les permitió eludir la cárcel y reintegrarse en el cuerpo policial tras cumplir la pena de dos años.
Desalojo de la acampada de indignados de plaça Catalunya, Barcelona 27 de mayo del 2011. Foto de Albert Garcia
Otras actuaciones que empañan la actuación de la policía autonómica fueron el violento desalojo del 15-M en la Plaça Catalunya donde fue reiteradamente golpeado David Fernández, entonces periodista y activista social y posteriormente diputado de la CUP. Fernández emprendió acciones judiciales contra el subinspector, Jordi Arasa, que comandó el operativo. En primera instancia fue absuelto al considerar el juez que actuó cumpliendo órdenes. Recurrida la sentencia, Arasa fue objeto de una leve condena, por una “falta de lesiones dolosas”, a 210 euros de multa.
Una actuación semejante sucedió en la durísima actuación policial en la protesta del 15M en el sitio al Parlament de Catalunya que aprobó los primeros presupuestos de los recortes sociales y donde la Audiencia Nacional cuestionó algunas de las pruebas aportadas por la policía catalana. Continuando con este breve repaso, hemos de evocar los violentos desalojos del rectorado de la Universidad de Barcelona en las protestas contra el Plan Bolonia, en marzo del 2009, en época del tripartito, que provocaron un centenar de heridos o el desalojo de Can Vies donde fueron agredidos varios periodistas claramente identificados como tales y que motivó la destitución del director general del cuerpo Rafael Olmos. Aquí el tribunal desestimó el testimonio de los mossos, que sirvieron para condenar en primera instancia a tres jóvenes, considerado “vago e impreciso”.
Asimismo se han producido diversas sentencias condenatorias por torturas y detención ilegal, como en 2009, cuando cinco agentes fueron condenados por detener a un hombre al que confundieron con un delincuente y al que amenazaron metiéndole una pistola en la boca para que confesara. Una resolución semejante se dictó contra los mossos en el llamado caso Bikini donde salieron a luz los constantes malos tratos en la Comisaria de Les Corts y que motivaron la instalación por orden del conseller de Interior, Joan Saura, de ICV, de cámaras en las salas de interrogatorios que fueron inmediatamente retiradas por su sucesor Felip Puig, al hacerse cargo de la conselleria. En ambos casos las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo no tuvieron efecto al ser indultados por el gobierno del PP que no hace distingos en el perdón por condenas por torturas ya sean policías nacionales, guardias civiles o Mossos d’Esquadra. Otro caso inquietante fue el de Yassir El Younoussi, fallecido en julio de 2013 en las dependencias policiales de El Vendrell. Los agentes imputados por un presunto delito de homicidio imprudente fueron absueltos por la jueza que sentenció el caso.
El escaso talante democrático de los mossos volvió a evidenciarse tras la huelga general del 29 de marzo de 2012 cuando se implementó una web para delatar a supuestos violentos. Así se colgaron fotografías de 68 manifestantes para que fueran denunciados por la ciudadanía. Ante las críticas de colectivos de defensa de los derechos humanos, abogados y el Síndic de Greuges (versión catalana del Defensor del Pueblo) la polémica web fue retirada al cabo de un mes, a pesar del apoyo parlamentario de CiU, PP y Ciudadanos.
Manifestación a favor del Banc Expropiat en la plaza Revolució la mañana del desalojo
Tradiciones represivas
En el desalojo del Banc Expropiat se han reproducido los controvertidos métodos de la policía catalana, como denunció la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que provocaron un centenar de heridos de diversa consideración. Así se mencionan las desproporcionadas cargas policiales, en ocasiones contra manifestantes pacíficos, también que se dispararan balas foam contra los balcones de vecinos que con caceroladas apoyaban a los manifestantes.
Otras fuentes han apuntado a la intoxicación que supone que, según informaciones policiales, no existieran heridos entre los manifestantes pero sí entre los agentes. Esto se explica por el hecho que los manifestantes lesionados que acudían a las ambulancias eran inmediatamente detenidos. De manera que en el casal independentista del barrio hubo de improvisarse un puesto de primeros auxilios para atender a los heridos. La actuación de los mossos tendrá una deriva judicial a causa de la agresión al concejal de la CUP, Josep Garganté o por el ataque injustificado a periodistas de medios de comunicación alternativos como La Directa.
En el caso del Banc Expropiat hemos asistido a una ceremonia de la confusión y numerosos despropósitos. Así se supo que el local había sido adquirido a precio de saldo a Caixa Catalunya, cuando ya estaba ocupado, por el especulador inmobiliario Manuel Bravo Solano. También que el anterior alcalde convergente de Barcelona, Xavier Trias, pagaba religiosamente el alquiler y todos los gastos del inmueble, sin que lo supieran los okupas, para -según denunció la CUP- “comprar la paz social” ante las elecciones municipales en ciernes. Unas facturas que dejó de abonar Ada Colau, tras consultar con los okupas y que desencadenaron el proceso judicial de desalojo.
Por su parte, la alcaldesa ha protagonizado un incierto equilibrio entre la condena a la violencia urbana y las críticas al uso desproporcionado de la fuerza por la policía autonómica corriendo el riesgo de, al querer quedar bien con todo el mundo, no contentar a nadie. Unos posicionamientos que han dejado traslucir las contradicciones entre su actual papel institucional como alcaldesa y su pasado como activista social, defensora de las ocupaciones y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
La trayectoria de los Mossos d’Esquadra evoca la tradición histórica de la burguesía catalana, partidaria de la mano dura contra las movilizaciones del movimiento obrero y popular. Como en la Semana Trágica (1909) cuando la Lliga Regionalista, dirigida por Enric Prat de la Riba, impulsó la campaña “Delateu” o en los años del pistolerismo en la década de 1920 cuando promovió, con la activa participación de las fuerzas militares y policiales, el asesinato de los dirigentes sindicales de la CNT.
Cargas policiales contundentes la segunda noche en Gracia
La policía catalana parece inscribirse en esa tradición. De hecho, Joan Saura, que intentó contener y paliar tímidamente esta situación fue objeto de una intensa y sostenida campaña mediática, rayana en el linchamiento. Éste fue uno de los elementos que contribuyeron al descrédito y la caída del tripartito de izquierdas. Su sucesor, el convergente Felip Puig, volvió a poner las cosas en su sitio y durante su mandato (2010-2012) se sucedieron algunas de las acciones más polémicas de los Mossos d’Esquadra. Un personaje que, sin duda, habría desfilado junto a Francesc Cambó al frente del Somatén para reprimir a los obreros catalanes en la huelga de la Canadiense. Sus excesos provocaron que fuera vetado por ERC como titular de la conselleria de Interior y fuera compensado con la conselleria de Empresa y Ocupación (2012-2016).
En definitiva, Catalunya perdió la oportunidad de crear un cuerpo policial con mayores credenciales democráticas que la Policía Nacional o la Guardia Civil, contaminadas por su largo pasado franquista. El historial de los Mossos d’Esquadra y su polémica actuación en el Banc Expropiat exigen una profunda reforma de su funcionamiento, particularmente de los antidisturbios de la Brigada Móvil (BRIMO). Causa una profunda inquietud que, en el improbable caso que se proclamase la independencia de Catalunya, este fuera el cuerpo policial encargado de la seguridad ciudadana del país.
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