Los indultos a los nueve líderes independentistas en prisión resultan el paso previo para el inicio de la mesa de diálogo. Aquí se exploran los horizontes abiertos por esta medida de gracia y las posibilidades de la negociación entre ambos ejecutivos.
La partida del proceso soberanista se juega en tres tableros: el catalán, el español y el europeo o si se prefiere en Barcelona, Madrid y Bruselas. Examinemos los efectos de los indultos concedidos por el gobierno español a los nueve presos independentistas en cada uno de estos escenarios. Hemos de tener en cuenta que los indultos resultan el primer paso de cara a propiciar condiciones favorables a la mesa de diálogo entre los ejecutivos español y catalán y cuyo corolario sería la reforma del Código Penal respecto a los delitos de rebelión y sedición.
En Catalunya, los indultos han provocado cierta división en el movimiento independentista. Aunque todos comparten la reclamación de la amnistía y la autodeterminación, la concesión de los indultos es percibida por los sectores más hiperventilados del secesionismo, representados por la ANC, CUP y la mayoría puigdemontista de Junts per Catalunya como una maniobra del gobierno estatal para quitarles argumentos, sobre todo en la escena internacional, donde el independentismo, en gran parte a causa de la obtusa represión del ejecutivo del PP durante el referéndum del 1-O, ganó muchos apoyos internacionales. Asimismo, los indultos les arrebatan una de las bazas victimistas más efectivas para su electorado, como no dejan de insistir un día sí y otro también sus terminales mediáticas. No obstante, en sentido contrario, para el movimiento secesionista cada concesión del gobierno central es percibida como un signo de debilidad y una meta volante para conseguir sus objetivos máximos.
ERC, como suele ser habitual, se mueve en una ambigüedad estructural que evoca a la vieja Convergència con un discurso en Madrid y otro en Barcelona. Hace unos meses, Oriol Junqueras, su máximo dirigente encarcelado, manifestó que el gobierno podía meterse los indultos por donde les cupiera. No obstante, el 7 de junio publicó la carta, Mirando al futuro, donde valora positivamente los indultos, que consideraba insuficientes, desechaba la vía unilateral y pedía disculpas a los catalanes que se habían sentido excluidos por el proceso soberanista. Una misiva que fue recibida con alivio por el gobierno español, que se hallaba asediado por las feroces descalificaciones de la derecha tripartita, pero también por dirigentes históricos y barones territoriales del PSOE. Éstos argumentaban que, frente al elevado coste político de los indultos, no se había producido ningún gesto por parte de los independentistas beneficiados por la medida de gracia quienes, por el contrario, ni los habían solicitado, ni manifestaban ninguna voluntad de arrepentimiento e insistían que cuando pudieran lo volverían a hacer. Por ello, la carta de Junqueras operó como un bálsamo en La Moncloa.
Sin embargo, días después, el 20 de junio, Junqueras se manifestó en sentido contrario, afirmando que los indultos eran un “triunfo” del secesionismo y una muestra de la “debilidad de los aparatos del Estado”. Así, si la primera carta iba dirigida al público español, las segundas declaraciones se enviaban al electorado independentista. Se trata de la misma actitud del president Pere Aragonès, que acudió al acto del Cercle d’Economia donde también asistía Rey, levantando la interdicción del expresident Torra a la Corona, para desplazarse un par de días después a Waterloo para entrevistarse con Puigdemont, en un clásico mecanismo de compensación. En efecto, ERC se halla atenazada por la contradicción entre abrir la vía de diálogo y de negociación en Madrid y el impacto de las críticas de los sectores más hiperventilados, prestos a tacharlos de traidores en Barcelona.
En cualquier caso, ERC necesita tiempo para, desde la presidencia de la Generalitat, incrementar su distancia con Junts. También para gestionar los fondos europeos intentando a través de medidas sociales ampliar su base social, algo imprescindible para volver a intentar acceder a la independencia. El movimiento independentista ha alcanzado prácticamente el techo de apoyos entre las clases medias catalanohablantes; por tanto, la única manera de obtener una clara mayoría social en Catalunya es ganando adeptos entre la ciudadanía castellanohablante de los barrios obreros de la periferia. Pero para ello se necesita tiempo, y desplegar toda una serie de medidas sociales para convencerles de que en la hipotética Republica catalana mejorarían sensiblemente sus condiciones laborales y de vida.
En el tablero español el anuncio de los indultos desencadenó la feroz reacción de la derecha tripartita en una respuesta semejante a la emprendida por el PP, cuando se tramitó la aprobación del Estatut d’Autonomia del 2006, y con la famosa foto de Colón de febrero de 2019. Ahora bien, no parece que esta actitud beligerante esté cosechando el mismo eco social que en el pasado. Así, la asistencia a la plaza de Colón fue sensiblemente inferior a la anterior convocatoria y la recogida de firmas no está funcionando con la masividad esperada. Si la vía unilateral auspiciada por el independentismo fracasó, también lo hizo la opción de Rajoy de delegar en la administración de justicia el combate contra el movimiento independentista, de modo que no consiguió ni impedir el 1-O, ni reducir sus apoyos sociales y electorales.
El movimiento secesionista carece de la suficiente fuerza dentro y fuera de Catalunya para materializar su objetivo de constituir un Estado independiente, pero el Estado español tampoco ha sido capaz de reducir la implantación y la fuerza del separatismo. Así se diseña una perspectiva de empate infinito, en una sociedad fracturada y enfrentada, donde la convivencia resulta cada vez más complicada.
En principio, como hemos apuntado, daba la impresión de que el PSOE arrostraría un coste político exorbitante por la concesión de los indultos, cuando desde el independentismo, a excepción de la carta de Junqueras, apenas se aprecian gestos de concordia y reconciliación –por parafrasear al presidente Sánchez– y cuando sectores importantes de la sociedad catalana y española se muestran contrarios a estas medidas de gracia. Sin embargo, en los últimos días, da la impresión de que el coste podría ser inferior al que en principio se preveía. Así, líderes socialistas como el expresidente Felipe González, que mostraron su rechazo a los indultos, han matizado su posición e incluso la gran patronal catalana y española han manifestado su apoyo, en el segundo caso más matizadamente, a las medidas de gracia, provocando un notable revés a la estrategia frentista auspiciada por la derecha nacionalista española encarnada por Vox, PP y Cs. Acaso, entre importantes sectores de la población española y catalana, se esté abriendo paso la idea que, tras el relativo fracaso de la vía judicial y represiva, se debe al menos probar la vía del diálogo político, a pesar de las escasas facilidades que está dando el movimiento independentista.
El PSOE, al igual que ERC, necesita tiempo para acabar una legislatura en la que, armado con los importantes fondos europeos, pueda liderar la recuperación económica postCovid. Para ello necesita la estabilidad parlamentaria que le pueden proporcionar ERC y sus aliados en la cámara legislativa española. También, en la estela del ex presidente José Luís Rodríguez Zapatero en sus negociaciones con ETA, tantear las posibilidades de un gran acuerdo que eventualmente desactivara, al menos temporalmente, la crisis catalana, que se alarga desde hace una década y que sería percibido como un gran éxito.
Sin duda, es en el tablero internacional donde se aprecian los mayores beneficios para el gobierno español por la concesión de los indultos. La eficaz campaña propagandística de las fuerzas independentistas en el extranjero, que enlazaba con la famosa leyenda negra española, unida a la errática política del PP, condujeron a que amplios sectores de la opinión pública internacional simpatizasen con la causa secesionista. No ocurrió lo mismo con los gobiernos extranjeros, ninguno de los cuales reconoció la autoproclamada independencia de Catalunya. No obstante, tanto las resoluciones de los tribunales alemanes y belgas, negando las extradiciones de los líderes independentistas fugados, como la reciente resolución del Consejo de Europa, indican que el ejecutivo español tiene un problema en el ámbito internacional en este tema. Por tanto, la concesión de los indultos, la reforma de los delitos de rebelión y sedición y la apertura de la mesa de diálogo pueden ser instrumentos eficaces para encarrilar esta cuestión, así como para arrebatar a los independentistas uno de sus argumentos favoritos.
Las expectativas de la mesa de diálogo
La concesión de los indultos es solo un primer paso. En realidad, el éxito o fracaso de esta operación se dirimirá en la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán. Desde el lado independentista, la posición de partida radica en la reclamación de la amnistía y la autodeterminación. Ahora bien, el ejecutivo estatal no puede conceder ninguna de estas reivindicaciones.
En vez de la amnistía, el ejecutivo puede ofrecer los indultos y la reforma de los delitos de rebelión y sedición, puesto que no puede ni debe interferir en la acción de los tribunales de justicia donde están abiertas diversas causas contra otros dirigentes secesionistas. Aquí no es la primera vez que se observa cómo las mismas formaciones políticas independentistas y sus terminales mediáticas, que critican al Estado por la inexistencia de la separación de poderes, reclaman a ese mismo Estado que vulnere este principio. Como hemos apuntado en otras ocasiones, los secesionistas operan según un uso instrumental de los mecanismos democráticos y del Estado de derecho, los cuales se invocan cuando favorecen su causa y se rechazan cuando la perjudican.
Por otro lado, queda pendiente la situación de los líderes fugados en el extranjero y especialmente la del expresident Puigdemont, a quienes no afecta el indulto y solo podrían beneficiarse de la citada reforma de los delitos de sedición y rebelión si se personasen en España para aceptar ser juzgados. Así las cosas, está circulando el rumor en determinados círculos políticos y periodísticos de que Puigdemont –a quien recientemente se le ha levantado cautelar y provisionalmente la retirada de la inmunidad en su condición de europarlamentario– estaría dispuesto a volver a España. De este modo reventaría el clima de cierta distensión creado por los indultos, sabotearía la mesa de diálogo comprometiendo seriamente la estrategia de ERC y pondría en un aprieto jurídico al Estado español al invocar su inmunidad parlamentaria en un territorio que forma parte de la Unión Europea.
Tampoco el gobierno español puede conceder la autodeterminación que, como es sabido y según la legislación internacional, únicamente es aplicable a los pueblos colonizados o bajo ocupación militar, lo cual obviamente no es el caso de Catalunya. Aquí el ejecutivo estatal puede ofrecer una mejora del sistema de financiación y un nuevo Estatut d’Autonomia. De hecho, en Catalunya existe la anomalía política de ser la única comunidad autónoma que no dispone del Estatut que fue votado por la ciudadanía en referéndum. La tramitación de un nuevo Estatut, que mediante las reformas legislativas oportunas recuperase el texto del 2006 y que debería ser votado en referéndum, resolvería esa anomalía política. De hecho, para amplios sectores del independentismo la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Estatut significó la ruptura del pacto constitucional e inauguró el proceso soberanista. La restitución de ese Estatut, en la argumentación del PSOE y el PSC, vendría a cauterizar esta herida. Ciertamente y a tenor de lo expuesto sobre el uso instrumental de los procedimientos democráticos, resulta difícil concebir que los sectores más hiperventilados del independentismo aceptasen esta oferta que considerarán una pantalla pasada y cuando para ellos lo único factible es la implementación de la República o en su defecto el referéndum de autodeterminación pactado con el Estado y reconocido internacionalmente.
En esta tesitura, la mesa de diálogo no parte con los mejores augurios. Por el lado del PSOE, sus ofertas se verán impugnadas por la derecha nacionalista española, para la cual el combate contra el independentismo catalán resulta su principal banderín de enganche ideológico y electoral y el arma de destrucción masiva contra el gobierno de coalición progresista. Por otro lado, ERC se verá sometida a las fuertes presiones de Junts y CUP para no ceder un ápice en las reivindicaciones de amnistía y autodeterminación y en caso contrario serían acusados de traidores.
Ahora bien, tanto PSOE como ERC, por los motivos apuntados, necesitan tiempo y la mesa de diálogo puede proporcionárselo; aunque, según consta en el acuerdo de legislatura entre ERC y CUP, este periodo se cifra en dos años, después del cual se evaluarán los resultados de esta mesa y Aragonès se sometería a una moción de confianza. Ciertamente, PSOE y ERC se juegan mucho en el envite, pues si fracasan en esta apuesta compartida por el diálogo y el acuerdo pueden ser desalojados del poder estatal y autonómico, respectivamente, por la derecha nacionalista española y catalana partidarias de llevar hasta final el conflicto político e identitario con el correspondiente riesgo para la convivencia ciudadana y la paz civil.
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