El clima político en Catalunya se presenta cada vez más enrarecido. El traslado de los presos independentistas a prisiones madrileñas ha desencadenado una intensa campaña de agitación y propaganda en TV3 y en los medios afines que resulta tan solo un aperitivo de lo que vendrá con el desarrollo del proceso judicial. Un juicio que se configura como el telón de fondo de las elecciones municipales, autonómicas en las comunidades no históricas y europeas, aderezado por los alegatos de los líderes independentistas y de la acusación popular, representada por Javier Ortega Smith, el número dos de Vox.
En este contexto sobrecargado y con la continuidad del ejecutivo socialista pendiente del hilo de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado se ha desatado una intensa tormenta política a raíz del anuncio de la aceptación de un “relator” para facilitar el diálogo para resolver el conflicto catalán. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, preparó el terreno al comunicar la presencia de un “notario” que diera fe de las conversaciones entre ambos ejecutivos, que fue avalada desde el gobierno central.
El tripartito de la derecha nacionalista española (C’s, PP y Vox) vertió durísimas acusaciones de alta traición y felonía contra Pedro Sánchez y ha convocado una manifestación para este domingo en la españolísima plaza Colón de Madrid. Un malestar que se ha extendido a los barones socialistas más españolistas, como los presidentes de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura, sin duda temerosos que esta medida tenga costes electorales en los comicios del 26 de mayo.
La intensidad de la tempestad obligó a la vicepresidenta del ejecutivo, Carmen Calvo, a acotar las funciones de este relator, circunscribiéndolo a la mesa de partidos catalanes y excluyendo la presencia de cualquier mediador en las conversaciones bilaterales Gobierno-Generalitat, cuyas atribuciones están fijadas en el Estatut d’Autonomia. Asimismo negó enfáticamente que el polémico relator sea un observador internacional. No obstante, la aceptación de esta figura, que evoca el papel de los relatores de la ONU, al día siguiente del anuncio de ERC y PDeCat de presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos Generales del Estado, sonaba como una concesión a una de las reiteradas peticiones del ejecutivo catalán a fin que se aviniesen a reconsiderar su posición respecto a un tema del que depende la continuidad del gobierno socialista. Aunque llame poderosamente la atención que desde el 2017 el Govern de la Generalitat trabaje con Presupuestos prorrogados y nada indica que ahora pueda aprobar unos nuevos. Sin embargo, esto no parece alzarse como un obstáculo insalvable para la continuidad de un ejecutivo paralizado y únicamente pendiente del desenlace del proceso judicial a los presos independentistas.
Tras las elecciones andaluzas y a tres meses de unos comicios que serán interpretados como un examen al ejecutivo de Pedro Sánchez, no cabe la menor duda de que las tres derechas españolistas utilizarán la posición dialogante del gobierno socialista como un arma patriótica de destrucción masiva. Todo ello ante las escasas facilidades dadas por la Generalitat para facilitar el diálogo. Así, Elsa Artadi, consellera de Presidencia, portavoz del ejecutivo catalán y candidata in pectore a la alcaldía de Barcelona, ninguneó la figura del relator y reiteró sus exigencias de reconocimiento del derecho a la autodeterminación y el “fin de la represión” para desbloquear las negociaciones presupuestarias.
Acaso los partidos independentistas no son conscientes de que, según como se desarrollen los acontecimientos, su negativa a apoyar los Presupuestos Generales del Estado y el mantener sus posturas maximalistas, ahora espoleadas por la inminencia del proceso contra los líderes presos, podría provocar la caída del gobierno Sánchez y unas elecciones generales donde podría formarse un gobierno a la andaluza partidario del máximo rigor contra el movimiento independentista y la aplicación sine die del artículo 155. O quizás se trata precisamente de eso. Para los sectores más radicalizados del movimiento secesionista, un gobierno en Madrid de estas características encajaría mucho mejor en su relato victimista y con sus acusaciones contra el Estado español al que se le niega su cualidad democrática. Algo de ello ya se manifestó con la negativa de Carles Puigdemont a apoyar la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Filtraciones preelectorales
En política no existen las casualidades. Por eso no debe extrañarnos que al día siguiente de la tormenta provocada por el anuncio de la figura del relator y de la negativa a apoyar los Presupuestos, la Generalitat filtrara el documento de 21 puntos considerado el punto de partida para resolver el conflicto. Este documento fue entregado por el presidente vicario de la Generalitat, Quim Torra, a Pedro Sánchez el pasado 20 de diciembre en el marco del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona.
A pesar de las peticiones de los partidos políticos y de los medios de comunicación, este documento, titulado Un pacto de Estado para solucionar el conflicto entre España y Cataluña, permaneció oculto y tanto el gobierno español como el catalán se negaron a hacerlo público.
La propuesta de la Generalitat, con un título tendencioso, pues en él los independentistas se atribuyen la representación exclusiva del país, se estructura sobre tres ejes: una respuesta democrática al conflicto catalán; la regeneración democrática y la desfranquistización de España. En el primer bloque se propone “reconocer y hacer efectivo el derecho de autodeterminación del pueblo de Catalunya”, una “mediación internacional” para facilitar la negociación en términos de igualdad, abandonar las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución e investigar los “abusos policiales y económicos ejercidos contra el pueblo de Catalunya”.
En el segundo bloque, de manera genérica, se plantea “garantizar la separación de poderes”, poner fin a la “limitación de derechos fundamentales”, así como revertir el retroceso de la “calidad democrática en España” y “frenar el deterioro de la imagen de España en el mundo”. También se denuncia la “complicidad entre los cuerpos policiales y el aparato judicial con la ultraderecha”.
En el tercer eje, se atribuye a la pervivencia de la “cultura franquista” las dificultades para que España goce de una “plenitud democrática”, se plantean una serie de medidas para acabar con los restos del franquismo y se reclama abrir un “debate sobre la monarquía”.
Estos 21 puntos buscan esconder el carácter nacionalista de las reivindicaciones del movimiento independentista y presentarse ante la opinión pública nacional e internacional como un movimiento democrático frente a un Estado solo a medias democrático y aun contaminado por el franquismo. Esta argumentación persigue aislar a los socialistas en la mesa de diálogo de los partidos catalanes a la que, por motivos diametralmente opuestos, no acuden C’s, PP y CUP y recabar el apoyo de los Comunes.
En efecto, ni los socialistas españoles ni los catalanes, como sucedió en la segunda reunión de la mesa de partidos del pasado martes, pueden aceptar el reconocimiento del derecho de autodeterminación, ni que en España no exista separación de poderes, ni abrir un debate sobre la monarquía. En otro orden de cosas, resulta un tanto cínico reclamar que se frene el deterioro de la imagen exterior de España, precisamente cuando el movimiento secesionista ha empleado muchos recursos y energías, en los foros internacionales a los que ha tenido acceso, en denigrar al Estado español comparándolo con Turquía o Kazajstán.
El lógico rechazo de los socialistas catalanes y por ende del PSOE a aceptar este documento como punto de partida para una negociación política será utilizado por las formaciones independentistas como una adicional prueba de la cerrazón del Estado español para encarar un diálogo sincero y como un pretexto más en su irrenunciable objetivo del Estado propio.
En cualquier caso, la perspectiva de un intenso ciclo electoral, el rearme del nacionalismo español espoleado por el ascenso de Vox y la movilización de las bases del movimiento independentista con motivo del juicio a sus presos auguran una exacerbación del conflicto identitario que puede acabar dinamitando los frágiles puentes de diálogo que intenta abrir el gobierno socialista y reforzando a los sectores más radicales de ambas polaridades nacionalitarias, abriendo la perspectiva de un conflicto civil de imprevisibles consecuencias.
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