El pasado martes 16 de mayo, La Vanguardia publicó que está previsto que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, anuncie el próximo lunes, cuando se desplazará a Madrid para pronunciar una conferencia sobre el tema en una sala cedida por el Ayuntamiento de la capital de España, la fecha del referéndum para el próximo 1 de octubre. Esta noticia fue desmentida por la portavoz de la Generalitat, Neus Munté. Sin embargo, a nadie se le escapa que el tiempo se agota y más pronto que tarde el gobierno catalán deberá fijar la fecha y la pregunta. Aunque una cosa es convocarlo y otra celebrarlo.
Para el bloque soberanista, formado por Junts pel Sí y la CUP, la única posibilidad de ampliar la base social de los apoyos al referéndum radica en el espacio de los Comunes y Podemos. Así, tras la moción de confianza a la que se sometió Puigdemont, tras ver rechazados los Presupuestos por el voto negativo de la CUP, se modificó el programa de Junts pel Sí, que contemplaba un proceso constituyente que posteriormente habría de ser refrendado por la ciudadanía, por un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Un cambio estratégico de prioridades que se explica por la necesidad de atraerse a este espacio y ampliar sus apoyos sociales más allá del estricto movimiento independentista.
En principio este giro pareció cumplir su objetivo y los Comunes, liderados por Ada Colau, se sumaron al Pacte Nacional pel Referèndum, formado por partidos políticos, sindicatos, entidades soberanistas y asociaciones cívicas, cuyo objetivo es conseguir un referéndum pactado con el Estado como en Escocia, lo cual se ajusta como anillo al dedo a los postulados de los Comunes.
Ahora bien, el problema se plantea cuando se certifica, como era previsible, que el gobierno del PP no sólo se niega a negociar una consulta de esta naturaleza sino que anuncia que utilizará todos los instrumentos del Estado para impedirlo. Entonces, como era de esperar, desde las filas del movimiento independentista se propugna un Referèndum Unilateral de Independència (RUI) que coloca a los Comunes en una difícil tesitura. En efecto, ante la cerrada negativa del PP a negociar la consulta se les presiona para que se sumen a este planteamiento, manipulando el miedo cerval de los Comunes a verse asimilados a PP, C’s y PSC y sabedores que una parte minoritaria, pero influente, de este espacio es independentista.
Estas ambigüedades estructurales parecieron resolverse en la asamblea fundacional del 8 de abril que adoptó la denominación de Un País en Comú, en el que confluyeron Barcelona en Comú, ICV, EUiA y un sector de la sección catalana de Podemos. La dirección de Podem Catalunya, tras el aval de la consulta a las bases con escasa participación, decidió no sumarse a un proyecto que pasaba por su disolución en esta nueva formación. Ello a pesar del explícito apoyo de Pablo Iglesias y Pablo Echenique a la confluencia catalana. En esta asamblea se aprobó, por amplia mayoría, la tesis de Xavier Domènech, frente a las enmiendas independentistas, que establece la “completa soberanía de Catalunya”, pero “libremente compartida por todos los pueblos de un Estado plenamente plurinacional”.
La Comisión de Venecia
Sin embargo, esta determinación no resuelve la postura a adoptar respecto al referéndum unilateral. Para sortear el obstáculo Catalunya Sí que es Pot, la marca de los Comunes en el Parlament de Catalunya, registró a finales de abril una moción, defendida por Joan Coscubiela, bestia negra de los independentistas de Junts pel Sí y la CUP, que condicionaba su apoyo al referéndum a una resolución favorable de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, argumentado:”puedo entender que se haga en contra el criterio del Estado. Pero no que no tenga aval internacional”. Esta propuesta desconcertó y enojó a los independentistas que la percibieron como una finta tramposa para eludir el apoyo al RUI. En efecto, ni los parlamentos regionales tienen capacidad para solicitar una resolución de la Comisión de Venecia y lo que es más importante, según su Código de buenas prácticas, una consulta de esta naturaleza solo puede ser permitida –entre otras cosas- cuando esté contemplada en la “Constitución o una ley conforme a ésta”, circunstancia que no concurre en el ordenamiento jurídico español.
Aparentemente este movimiento cerraba el debate. Sin el apoyo de la Comisión de Venecia, los Comunes se desvinculan del RUI, sin sumarse por ello al bloque constitucionalista. No obstante, el asunto se complica a raíz de la contrapropuesta de la ANC, asumida por la CUP, de crear un nuevo órgano de coordinación del referéndum. Mientras Domènech rechazó su participación en este órgano, pues ya existe el Pacte Nacional pel Referèndum y supondría en la práctica sumarse a la RUI, Albano Dante Fachín, secretario general de Podem Catalunya, abrió la puerta a integrarse en este organismo para conocer los planes del ejecutivo catalán sobre el referéndum. Además, anunció que plantearía una consulta a las bases para decidir la posición del partido respecto al referéndum unilateral. De este modo, podría darse el caso que Un País en Comú rechazase apoyar la RUI, mientras que las bases de Podem Catalunya decidiesen apoyarlo.
Contradicciones estructurales
A la luz de lo expuesto, tanto Un País en Comú como Podem Catalunya se inscriben en la línea de continuidad de las contradicciones de la izquierda catalana respecto al nacionalismo en la etapa autonomista cuya expresión fueron el sector catalanista del PSC e ICV-EUiA.
De hecho, uno de los principales éxitos del movimiento independentista fue relegar a un segundo plano la cuestión social, que la dureza de la crisis y los recortes de la Generalitat situaron en el centro de la política catalana, por la cuestión nacional y provocar la irrelevancia de la izquierda. Así se produjo la ruptura de las dos almas del PSC, cuyo sector catalanista abandonó el partido para sumarse al movimiento secesionista, y la inoperancia de ICV-EUiA, sumida en graves contradicciones internas y cuando parte de sus dirigentes, como Raül Romeva, se pasaban al independentismo o coqueteaban abiertamente con él como en el caso de Joan Josep Nuet.
La eclosión de Podemos y Barcelona en Comú pareció modificar este guión y deshizo las expectativas de ERC de convertirse en la izquierda nacional, frente a la decadencia de PSC e ICV-EUiA. Ahora bien, si este espacio cosechó un gran éxito en las dos últimas elecciones generales, donde el debate se situó en el eje social, obtuvo unos magros resultados en los decisivos comicios plebiscitarios del 27S, superado ampliamente por Ciutadans, pero también en menor medida por el PSC. Esto fue fruto de unas ambigüedades estructurales que no supieron dar respuesta a las inquietudes de sus bases sociales que no son independentistas. Como en el PSC e ICV-EUiA, este espacio mantiene en su interior un Caballo de Troya nacionalista/independentista, que le impide sostener una postura clara en esta trascendental cuestión, de manera que oscilan entre el federalismo y el confederalismo, entre el soberanismo y el secesionismo. La tesis de la “soberanía compartida” aprobada en la asamblea fundacional de Un País en Comú, aunque concebida para suturar estas contradicciones, puede resultar insuficiente si se produce un choque de trenes que reactive a los sectores independentistas que reclamarán un frente común antiPP al lado de Junts pel Sí y la CUP.
En cualquier caso, en el tramo final del proceso soberanista, su postura ante la convocatoria del referéndum unilateral, será la piedra de toque de la determinación de ambas formaciones en un contexto donde será extremadamente difícil no decantarse por ninguno de los bloques en liza.
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