El primer pleno de esta convulsa legislatura se inició de modo simbólicamente patético con el debate de dos proposiciones no de ley muy semejantes de PP y Ciudadanos (C’s). Ambas se plantearon como una defensa de la “soberanía nacional” y la “unidad de España”, amenazada por el proceso soberanista catalán. Las dos proposiciones propugnaron la prohibición de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Catalunya, la del PP de modo explícito y la de C’s de manera implícita. La única diferencia entre ellas consistió en que el partido de Albert Rivera incorporó la enmienda del PSOE que reclamaba una reforma de la Constitución “que actualice el marco de convivencia”.
Si la intención de Rivera era visualizar -como dijo desde la tribuna- la aplastante mayoría de tres cuartas partes de la Cámara a favor de la “unidad de España”, el tiro estuvo a punto de salirle por la culata. El Congreso estuvo a punto de votar en contra de la unidad de España y sólo, en el último momento, la abstención del PP a la proposición de C’s y la del PSOE a la del PP permitieron que ambas fueran aprobadas por mayoría simple, con el voto en contra del resto de partidos, excepto UPN y Foro Asturias.
Tanto PP como C’s realizaron un burdo uso instrumental y partidista de una cuestión trascendental. Para los populares se trataba de poner en evidencia al PSOE que prefería “anteponer a la unidad de España la reforma de la Constitución”, pero también mostrar que superaban en patriotismo a Ciudadanos, suponemos que como antídoto al desprestigio por los casos de corrupción que asedian al partido. C’s buscaba un punto de partida para hilvanar un pacto que permitiese la formación de un gobierno tripartito constitucionalista. El efecto fue justamente el contrario, si PP, C’s y PSOE ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en esto, difícilmente podrán formar un gobierno de gran coalición como plantean Rivera y Mariano Rajoy.
En realidad, el triste espectáculo que ofrecieron las tres formaciones constitucionalistas en una cuestión tan relevante, sólo benefició a las fuerzas nacionalistas que comprobaron cómo los defensores de la “unidad de España” ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en este tema y utilizan la soberanía nacional como arma arrojadiza partidista. Como afirmó Francesc Homs, portavoz de Democràcia i Llibertat, con indisimulada satisfacción debates como éste “certifican el fin del marco constitucional”, aunque sin mencionar que su partido fue una pieza esencial de la construcción ese denostado marco legal. Además, les permitió reiterar sus argumentos a favor del “derecho a decidir”, frente a la cerrazón de los partidos constitucionalistas. Un posicionamiento que les proporciona un excelente rédito político ante sus respectivos electorados. También facilitó que Podemos y sus confluencias, pero también a IU, pudiesen criticar la frivolidad política con que PP y C’s condujeron el debate y para mostrar sus buenas relaciones con las formaciones nacionalistas del resto del Estado.
Independencia y liquidez
Mientras por la tarde se celebró el patético debate, por la mañana Pedro Sánchez, aspirante socialista a la presidencia del gobierno español y Carles Puigdemont, presidente casi por casualidad de la Generalitat de Catalunya, sostuvieron una entrevista que puede calificarse de postureo. Ni uno ni otro se movieron un ápice de sus posiciones de partida. Ni Sánchez ofreció considerar la posibilidad del referéndum, ni Puigdemont recapacitar sobre la hoja de ruta soberanista a cambio de concesiones como una reforma constitucional y estatutaria o compensaciones en materia de financiación.
Sánchez buscaba no sólo mantener su protagonismo en la agenda política tras su fallida investidura sino ofrecer una imagen dialogante y presidencial, frente a la cerrazón de Rajoy que calificó de “deshielo”. Por su parte, Puigdemont trató de atemperar el maximalismo independentista, pues como ha indicado recientemente su mentor Artur Mas la reconstrucción de Convergència debe suavizar los términos de su propuesta política para acoger no sólo a los independentistas sino a los partidarios del derecho a decidir. Además, debe reconducirse el discurso de manera que puedan intervenir en la política española, pues la defensa cerrada de la secesión les impide tener una influencia que podría ser decisiva en un momento de gran trascendencia política. Se ignora si Sánchez intentó recabar el apoyo activo o pasivo de Puigdemont en un eventual segundo intento de investidura, aunque es muy probable que planteara el tema.
Las declaraciones de Andreu Mas-Colell de ese mismo día tuvieron mayor calado político. El ex conseller de Economía de la Generalitat y quizás uno de los mejores conocedores del estado de las finanzas del gobierno autónomo, manifestó que “nos tendríamos sacar de encima el factor distorsionador, la cuenta atrás de los 18 meses”. Implícitamente Mas-Colell apuntó a que el delicado estado de las finanzas de la Generalitat complica extraordinariamente la proclamación de la independencia en ese plazo. Así afirmó que, en materia de liquidez, “dependemos del gobierno de Madrid, somos prisioneros del gobierno de Madrid”. Quiso quitar importancia a la calificación de bono basura de las agencias de rating con el argumento que “Catalunya no está en los mercados internacionales”. Sin embargo, el argumento es reversible, si Catalunya fuera independiente no podría acudir a los mercados internacionales y tampoco contaría con la liquidez que le proporciona el gobierno español, su único proveedor de fondos.
Es decir, que las condiciones de las finanzas catalanes impiden proclamar la independencia en el breve plazo previsto en la hoja de ruta soberanista. Como quizás Oriol Junqueras, actual responsable de los asuntos económicos de la Generalitat, ha tenido ocasión de comprobar a tenor de sus casi desesperadas peticiones de ayuda a Luis de Guindos y Cristóbal Montoro.
