En las últimas semanas se han multiplicado los desencuentros entre las dos formaciones independentistas. El 2 de marzo la CUP votó, junto con toda la oposición, la proposición de ley del PSC para revertir la privatización llevada a cabo por Artur Mas de la gestión Aigües del Ter Llobregat (ATLL) en un polémico concurso de mil millones de euros que ganó Acciona y que está pendiente de resolución judicial. El voto de la CUP provocó que JxSí quedase en minoría (71 a 62), provocando un enorme malestar en el gobierno de la Generalitat.
Por otro lado, la propuesta de Catalunya Sí Que Es Pot (CSQP) para retirar los conciertos educativos a los centros escolares que segregan a los alumnos en función de su sexo, volvió a provocar el alineamiento de la CUP en este caso con el PSC y CSQP. La proposición fue rechazada con los votos de JxSí y el PP y la abstención de Ciutadans. Esta vez estuvo a punto de producirse la fractura entre el interior de JxSí, tanto es así que 25 diputados de dicha formación (ERC e independientes) presentaron una moción instando al ejecutivo catalán a retirar estos conciertos por valor de 30 millones de euros.
La moción de CUP
El viernes, 18 de marzo, la CUP presentó una moción exigiendo la ratificación de la declaración de desconexión del 9 de noviembre de 2015, para acelerar su implementación y que en el plazo de un mes se apruebe un plan de ejecución de los anexos de dicha declaración, así como desobedecer al Tribunal Constitucional que la suspendió.
Foto del president Puigdemont amb les representants de la CUP. Autor: Rubén Moren
Esta iniciativa ha provocado un enorme malestar en JxSí que la percibe como un desafío con el único propósito de marcar perfil en el bloque independentista. La primera reacción de la dirección, reunida el lunes 21 de marzo, de la formación gubernamental, que cuenta con la mayoría en la mesa del Parlament, fue no aceptar a trámite la moción argumentando que la desconexión ya ha sido votada en la cámara catalana y que volverlo hacer implicaría precipitar, antes de tiempo, la ruptura con la legalidad española. También se barajó la opción de tramitar la moción y votar en contra en pleno de la primera semana de abril.
Finalmente, el grupo parlamentario de JxSí decidió aplazar una semana la determinación a tomar con la moción de la CUP, previsiblemente para consensuar un texto que pueda ser asumido por el gobierno de la Generalitat.
La rectificación de Oriol Junqueras
Ese mismo lunes, el vicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, que hasta la fecha había defendido la secesión unilateral de Catalunya si no mediaba un acuerdo con el Estado español, manifestó en una entrevista a Catalunya Ràdio que la independencia “no será fruto de una decisión unilateral por parte de las instituciones catalanas. Ni siquiera fruto de un supuesto acuerdo bilateral con las instituciones españolas, sino, como cualquier proceso político complejo, será inevitablemente multilateral”. A su juicio, el motivo está en que “los mercados financieros son tenedores de deuda pública en cantidades gigantescas, jamás vistas en volumen, y porque el Banco Central Europeo inyecta cifras inimaginables hasta ahora”. Unas afirmaciones que contrastan con sus anteriores amenazas de no pagar la deuda de la Generalitat si el gobierno español no se avenía a negociar la secesión.
Oriol Junqueras pisa el freno ¿obligado por Montoro?
En esa misma entrevista, reconoció que la Generalitat “no había completado ni mucho menos el margen autonómico de la hacienda” y que comunidades autónomas como “La Rioja, Murcia o Canarias tienen su hacienda más desarrollada que la catalana”. Es decir, que está dispuesto a ralentizar el plazo para poner en marcha una “estructura de Estado” imprescindible para proclamar la independencia del país.
A nadie se le escapa que este cambio de posición responde a sus negociaciones con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para implementar una serie de medidas para evitar la quiebra a las finanzas de la Generalitat, como la rebaja del tipo de interés del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o la reconversión de los vencimientos de la deuda de la Generalitat de corto a largo plazo.
Callejones sin salida
En este escenario todo parece apuntar a un choque frontal entre JxSí y la CUP que puede comprometer la estabilidad parlamentaria, particularmente si la formación anticapitalista vota en contra de los Presupuestos de la Generalitat.
Así, mientras el ejecutivo catalán parece actuar en el sentido de ralentizar las medidas contenidas en la declaración de desconexión del 9N y retrasar todo lo posible el choque con las instituciones del Estado español, la CUP se mueve en la dirección contraria de acelerar al máximo el proceso independentista y la confrontación con el Estado.
Ello resulta coherente con las fuertes tensiones internas y las contradicciones ideológicas provocadas en la formación anticapitalista por el hecho de ser el único apoyo de un gobierno presidido por la derecha catalana. Esto se puso de manifiesto con las declaraciones del ex diputado, Josep Manuel Busqueta, quien consideró inadmisible que la CUP hubiese facilitado la investidura de Carles Puigdemont y manifestó el temor de que esta estrategia acabe por dinamitar el proyecto anticapitalista de la formación. Busqueta fue uno de los diputados dimisionarios tras el acuerdo con JxSí y ahora es uno de los tres representantes de la CUP encargados de negociar los presupuestos.
En definitiva, da la impresión que la declaración de desconexión y la hoja de ruta soberanista, pactada con la CUP, ha conducido a ERC y CDC a un laberinto del que no encuentran la salida.
Para ERC el conocimiento del verdadero estado de las finanzas de la Generalitat, su dependencia para hacer frente a sus gastos corrientes de los fondos del Estado y la imposibilidad de conseguir liquidez en los mercados internacionales en caso de proclamar la independencia, constituyen una cura de realismo que les conduce a replantear el calendario de la hoja de ruta soberanista.
Para Convergència, en proceso de refundación, la aventura soberanista les está llevando a ir perdiendo apoyos electorales, elección tras elección, y a que los sectores moderados del partido emigren hacia otras opciones. De modo que persistir en esta dirección sólo les conduce al desastre.
En definitiva, da la impresión que la declaración de desconexión y la hoja de ruta soberanista, pactada con la CUP, ha conducido a ERC y CDC a un laberinto del que no encuentran la salida. Si ahora rectifican y renuncian a iniciar la desconexión provocarían la frustración entre amplios sectores de sus bases sociales y electorales que les acusarían de traición a sus principios y promesas. Si, por el contrario, no asumen la inviabilidad de su hoja de ruta se arriesgan a precipitar al país a una situación catastrófica de la que ellos serían los primeros responsables.
Esto explica porqué ahora JxSí vuelve a reclamar un referéndum de autodeterminación que, tras los comicios “plebiscitarios” del 27 de septiembre, consideraban superado. De esta manera se ganaría tiempo para salir del callejón sin salida en que están inmersos y cuando las encuestas detectan el lento pero sostenido descenso de los apoyos a la secesión.
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