No, el título no es erróneo. Y sí, conozco que en nuestro país existe una asociación llamada “ Jueces para la Democracia”, ya que el artículo 127 de la Constitución prohíbe a los miembros de la Judicatura la pertenencia a partidos y sindicatos.
Es más, disfruto y comparto muchos de los pronunciamientos públicos de su portavoz más famoso, Joaquim Bosch. Doy valor a su inequívoco compromiso con los planteamientos democráticos y en defensa de derechos colectivos recogidos por la Constitución del 78 que hoy duermen en el cajón del olvido.Pero mirando más allá de esas pinceladas, los 500 jueces «demócratas» están en número a una distancia sideral de los 2200 inequívocamente conservadores encuadrados en la APM y Francisco de Vitoria (1300 y 900 ).Tienen pinta de flor de cactus en el desértico erial progresista del aparato judicial hispano.
Porque los jueces españoles en activo (5400 , 53% mujeres, según los datos de 2018 del propio CGPJ) no podrán militar en un partido pero ideología tienen, vaya que si la tienen.A espuertas. Si nos sirven de pistas que solo el 10% esté encuadrado en Jueces para la Democracia o las reiteradas noticias en los medios de difusión que vinculan a miembros de la magistratura con organizaciones ultrarreligiosas tipo Opus Dei, Kikos, Yunque…no es difícil deducir el escoramiento absolutamente mayoritario del Poder Judicial a posiciones conservadoras. Da toda la impresión de ser un sector muy alejado de la pluralidad ideológica afortunadamente presente en el resto de la sociedad española.
Por ello no extrañan las caricaturas de una Justicia con la venda subida en el ojo derecho y el platillo de la balanza volcado al mismo lado o que hace décadas hiciera fortuna la frase “ La Justicia es un cachondeo” ( aunque su autor, el antiguo alcalde, a tenor de sus condenas posteriores por la gestión municipal en Jerez, no fuese el espécimen político más indicado para acuñarla). Por lo leído y vivido con algunas sentencias parece candidata a sacar un sobresueldo como guionista del Club de la Comedia.
Mirando las condenas en firme a los miembros del SAT, sucesos de Alsasua, sindicalistas de toda gama por su acción en huelgas y conflictos por un lado y las actuaciones del Supremo en cuestiones como los gastos hipotecarios por otra, todo es opinable.
Para unos – y sin dudar- la aplicación de la primera parte del axioma “ Dura Lex” y aquí mandan las puñetas. Para otros la segunda parte se pone en interrogación “¿Sed Lex?”
El largo introito viene a cuento de la última humorada del Supremo al reconocer al dictador Franco como legítimo jefe de estado español ¡desde el 1 de octubre de 1936!
¡A quién le importa que desde el 11 de mayo de 1936 existiese un presidente electo de la República: Don Manuel Azaña Díaz! El conservadurismo español es muy fan de Alaska y del pensamiento de Mario Vaquerizo.
A los historiadores nos desagradan los encaladores de sepulcros. Y más aún que alguien al que se le supone cierto nivel intelectual sea capaz de poner negro sobre blanco, sin cuestionar una coma y dar carta de naturaleza a discutibles hechos históricos.
No se puede legitimar de ninguna forma la aberración perpetrada en la reunión de golpistas del 30 de septiembre del 36 en Salamanca. La que culminó en la manipulación publicada en el Boletín de la Junta de “Defensa Nacional”. Ni se debe obviar el papel de los representantes de Alemania e Italia, los muñidores carlistas y falangistas, los cuatro generales conchabados y las acciones de Nicolás Franco, el hermano listo, para conseguir por arte de birbibirloque que el “ Aflautado” terminase de «Generalísimo» . Bastaría con que antes de emitir veredictos polémicos leyesen la obra de Hugh Thomas , al que se le puede tachar de muchas cosas pero no de radical bolchevique.
Quienes nos refriegan el “espíritu de la Transición” quedan retratados al optar por el silencio sepulcral en cuestiones como las del otro día. ¿ Imaginas a un Tribunal Supremo de cualquier país que se denomine “democrático” reconociendo en una sentencia como jefe del estado al “espadón” que en esas fechas masacraba a decenas de miles de compatriotas por defender al legítimo gobierno de la República? No entra ni en la imaginación más calenturienta. Pero España es diferente.
Decía Martin Luther King: «Nunca olvides que todo lo que hizo Hitler en Alemania era legal para los jueces de ese país”. Conviene tenerlo presente.Y también que hubo una escuela de juristas como Höhn o Carl Schmitt (1) que creyeron en un derecho secreto emanado del Führer, que por encima de la ley estaba la fidelidad a Hitler y al partido o que frente a los elementos garantistas reivindicaron la “ acclamatio”, la elección a viva voz y en masa y la obediencia a la ley aunque ésta fuese inicua. Sin importar la inexistencia de seguridad jurídica o la desaparición de cualquier garantía procesal.
Quien quiera justificar cualquier entelequia jurídica siempre encontrará una excusa. Pero las lecturas sesgadas de la Historia reciente son muy significativas y ponen al «lector» en su sitio. En España podemos encontrar a un juez como Yusty Bastarreche, hijo y nieto de almirantes franquistas que al hablar sobre la ley de Memoria Histórica -que en teoría está obligado a acatar-se permita decir “ …La Ley de Memoria Histórica representa el ansia de venganza y odio de los vencidos de la Guerra Civil” (El País).
Pronunciamientos legales como el analizado dejan en la boca el sabor de dos certezas: la Derecha de nuestro país no ha sabido afrontar con honradez el espejo de la Dictadura franquista y que un sector de la judicatura es inmune a cualquier “aggiornamiento” o puesta al día.
Visto lo visto, parece que sectores del poder judicial necesitan adaptación curricular significativa para una Democracia y aún así les costaría sacar el aprobado aunque fuese raspando.
Lo mismo en una Dictadura de bandera con aguilucho, Patascortas genocida y obediencia debida tendrían pocas dificultades para obtener el “cum laude”
Nota:
1) García Amado, Juan Antonio: «Nazismo,Derecho y Filosofía del Derecho»
Texto publicado originalmente en el blog del Colectivo Prometeo
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