Como ya he dicho y repetido, no creo que sea posible desplegar el Estado de las Autonomías en sentido federal sin un acuerdo esencial sobre el proyecto y sobre el marco jurídico y territorial. La vía del conflicto sistemático, a pesar de que muchos conflictos concretos estén justificados, lleva a un callejón sin salida, y es por eso que las izquierdas tienen que poner por delante la exigencia de la negociación y del acuerdo. Pero la negociación implica también un nivel de conflicto y se hace entre dos partes. Y una de ellas es casi siempre el Gobierno Central.
La experiencia de estos años de puesta en marcha de las autonomías muestra que, por parte de diversos gobiernos centrales, ha habido muchas ambigüedades, muchos errores y muchas incomprensiones. La UCD cometió el gran error de querer desarrollar sola, desde un gobierno que no tenía mayoría absoluta, el Título VIII de la Constitución, y el resultado fue que el despliegue autonómico quedó bloqueado y la misma UCD entró en crisis. Los acuerdos autonómicos de 31 de julio de 1981 entre la UCD y el PSOE, por muy discutibles que fueran en algunos de sus puntos, permitieron, cuando menos, desbloquear el proceso y completar el mapa autonómico en un tiempo relativamente breve, ya con el PSOE en el gobierno.
Desde entonces, y después del fracaso de la LOAPA, la política autonómica del Gobierno Central no se ha distinguido precisamente por la claridad de los objetivos y la firmeza de los planteamientos. Ha sido más bien errática, ha avanzado a saltos y a menudo se ha estancado en función de las coyunturas políticas y de conflictos específicos. La impresión general es que durante una larga etapa esta política autonómica ha consistido en apagar los fuegos más urgentes o más espectaculares y actuar con parsimonia en los otros. Los traspasos de competencias se han hecho de manera desigual, como si no obedecieran a un plan general muy pensado y estructurado sino a respuestas concretas ante determinadas presiones. Parece como si muchos responsables políticos y muchos funcionarios, altos y no tan altos, del Gobierno Central, tendieran a ver la cuestión de las Autonomías como una complicación innecesaria cuando hay que hacer frente a problemas más urgentes, como son ahora el paro, la reconversión industrial, la reforma de la enseñanza o la política internacional. Por otro lado, es cierto que una buena parte de la opinión pública se ha desentendido del tema autonómico, bien porque no lo considera prioritario, bien porque se ha cansado del conflicto sistemático con las dos nacionalidades que más claramente lo protagonizan, Cataluña y Euskadi.
Entre lasitudes, resistencias, e incomprensiones, inercias, pasividades y conflictos políticos y jurisdiccionales, parece que el Gobierno del PSOE haya optado por una doble vía de relación con las Comunidades Autónomas: una negociación hecha de acuerdos puntuales y conflictos, con un recurso frecuente al Tribunal Constitucional y el control a través del propio partido. En las Comunidades Autónomas donde gobierna el mismo PSOE la relación institucional está completada por la relación interna del partido, con sus mecanismos de discusión y de disciplina. En las Comunidades Autónomas gobernadas por los nacionalistas, después de una fase inicial en que predominó el conflicto, se ha optado por una combinación de conflicto y de acuerdo con unos sectores nacionalistas determinados, para cerrar el paso a los más radicales.
Esta política tiene importantes justificaciones. La división del nacionalismo en el País Vasco, por ejemplo, obliga los socialistas a un difícil equilibrio que no puede ir mucho más allá de unos acuerdos a corto plazo con un sector o unos sectores determinados. La presión y la escalada de radicalismo en los partidos nacionalistas excluidos de los acuerdos hace prácticamente imposible que estos puedan tener un contenido programático de largo alcance. En Cataluña el problema principal del Gobierno Central es el del interlocutor. El Gobierno del PSOE tiene que llegar a acuerdos institucionales con el Gobierno de la Generalitat, sea cual sea el partido que lo ocupe, pero es cierto que objetivamente cada acuerdo puede fortalecer a Convergència i Unió, mientras esta formación sea mayoritaria en la Generalitat. Por otra parte, el Gobierno del PSOE difícilmente puede tener como interlocutor a las izquierdas mientras estas no representen una alternativa concreta y sean capaces de vencer en Cataluña por sí mismas.
A pesar de que esto explica algunas cosas y permite superar algunos escollos, no justifica la indefinición sobre el programa general de construcción del sistema de las Autonomías, porque una política coyuntural o vacilante no permite introducir en este sistema ninguna perspectiva auténticamente federal. De hecho, no hay claridad sobre el futuro ni se sabe si aquello que realmente se quiere es facilitar las cosas para que las izquierdas logren la mayoría en las nacionalidades históricas o si ya se da por hecho que esto no será posible durante mucho tiempo y que los nacionalismos continuarán siendo mayoritarios en cada una de ellas. Obviamente, no se trata de un problema coyuntural. La continuidad de las mayorías nacionalistas en Cataluña y Euskadi dificulta la construcción del Estado de las Autonomías en sentido federal o lo puede desfigurar seriamente, convirtiéndolo en un tipo de Estado neocentralista con dos o tres Autonomías en conflicto permanente. Y si de verdad se quiere ir hacia un Estado de las Autonomías que funcione como un Estado federal, el camino ineludible es la hegemonía de las izquierdas en las nacionalidades históricas. Aquello que hay en juego es, pues, el modelo de Estado. Una cosa son los retrasos, las inercias o los errores. Otra la política que realmente se quiere hacer y las medidas que ya desde ahora se toman, porque son estas las que en definitiva marcan el carácter de las reformas futuras o las hacen inviables.
Un aspecto esencial del problema es el de la financiación de las Autonomías. Las ambigüedades, las reticencias o los recortes no justificados en este terreno no solo frenan el proceso sino que dan alas a los nacionalismos, puesto que parecen confirmar todos los agravios históricos. Esta es, sin duda, una de las claves del problema. O se define con claridad el modelo general de participación de las Comunidades Autónomas en los recursos públicos generales y se establecen auténticos mecanismos de cooperación en el ingreso, en el gasto y en el control, o corremos el peligro de un conflicto generalizado. Los acuerdos sobre financiación de las Autonomías logrados en el decurso de 1986 son un gran paso adelante, que ha permitido desactivar el conflicto y serenar los ánimos.
Pero no son todavía una solución definitiva, porque esta requiere unos mecanismos estables de cooperación que todavía no han sido definidos ni construidos y, sobre todo, requiere una política financiera más global que contemple, como un punto esencial, la autonomía financiera de los municipios.
Otro problema importante es el de la política cultural y la política de información del Poder Central. A mi parecer, no puede haber ninguna reticencia en la cuestión de la normalización lingüística, porque una de las tareas del Gobierno Central es potenciar el conocimiento y el uso del catalán, el euskera y el gallego no solo en las respectivas Comunidades Autónomas, sino también en el resto de España, lo cual quiere decir que tiene que adaptar la Administración periférica del Estado a la cooficialidad y tiene que tomar medidas efectivas para que ninguna institución del Estado –como las Fuerzas Armadas, por ejemplo– quede al margen de la cooficialidad.
También hay que potenciar desde el Gobierno Central la cultura específica de las nacionalidades y regiones en toda España y abrir a las instituciones autonómicas la posibilidad de iniciativa y de participación en la promoción de la propia cultura en España y en el extranjero. Por otro lado, los medios de comunicación del Estado, y en primer lugar la televisión, tienen que ser un vehículo permanente de esta promoción, potenciando la autonomía de sus circuitos periféricos, para que puedan responder a las exigencias de cada nacionalidad o región con tanta fuerza y tanta capacidad técnica como las televisiones autonómicas.
En el terreno de la política internacional creo que hace falta mucha más flexibilidad que la que se ha tenido hasta ahora. Es absurdo, por ejemplo, que las Comunidades Autónomas no puedan tener iniciativas propias para promocionar el turismo en el extranjero, cuando la inmensa mayoría del turismo proviene de fuera de España. Por otro lado, la integración europea plantea nuevos problemas que, como ya he dicho, pueden desvirtuar incluso el sentido profundo del Estado de las Autonomías. Por eso creo que hacen falta mecanismos estables de participación de las Comunidades Autónomas en la definición y el seguimiento de la política comunitaria europea y en la aplicación en el interior de España de la normativa de la CEE.
Un gobierno central de izquierda y el partido o los partidos que le apoyen tienen que comprender, además, que el acceso de las izquierdas a los gobiernos de las nacionalidades históricas tiene que ser esencialmente obra de estas, que esto implica mantener un combate político con los respectivos nacionalismos y que este combate no se puede hacer con perspectivas de éxito sin un grado suficiente de independencia funcional y margen propio de maniobra. Tienen que entender también que si la izquierda llega efectivamente a gobernar estas nacionalidades, su gobierno tiene que tener una independencia real y no solo formal, dentro de un clima general de colaboración y de acuerdo. Y que la identidad de criterios políticos de militancia no puede significar nunca la aceptación pasiva de los criterios del Poder Central ni la sumisión incondicional. Habrá igualmente conflictos, pero con la importante diferencia de que el conflicto no será la vía principal de relación política ni será instrumentalizado para aislar a las nacionalidades históricas y las regiones del cometido general.
Hace falta, en definitiva, contribuir a articular una izquierda plural, tanto desde el punto de vista político y social como desde el punto de vista territorial. No es un camino fácil ni llano, porque las incertidumbres políticas y las contradicciones de las izquierdas son muy serias, porque el peso electoral de sus posibles componentes es muy desigual y porque ni siquiera está claro el ámbito concreto de las alternativas de izquierda. Pero, a pesar de todo esto, es el único camino que permitirá avanzar hacia un Estado de las Autonomías que funcione como Estado federal.
Que las cosas vayan finalmente por un camino o el otro depende de las fuerzas de izquierda en toda España. Más exactamente, depende de la capacidad de todas ellas, las que están en el gobierno y las que están en la oposición, las que tienen raíces profundas en las nacionalidades y regiones y las que dirigen el Gobierno Central, de encontrar vías comunes de avance, dentro de su diversidad y su pluralismo. Algunos dicen que esto es una utopía, pero yo espero que no será así sino que más tarde o más temprano se abrirá una reflexión colectiva y una acción política que lleven hacia el reencuentro de las izquierdas, hacia su victoria en las nacionalidades y regiones, hacia el despliegue y la plenitud de las Autonomías en un Estado de signo federal. Ahora apenas estamos dando los primeros pasos. De su contenido, de su ritmo y de su coherencia depende que los pasos futuros vayan en un sentido o en otro. Deseo que de aquí a unos cuantos años, cuando las cosas estarán más definidas, se pueda decir que, cuando menos, hemos intentado estar a la altura de nuestras responsabilidades.
Fuente: Epígrafe final del libro de Jordi Solé Tura Nacionalidades y nacionalismos. Autonomías, federalismo, autodeterminación.
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