El proceso soberanista catalán está desarrollando ampliadamente una contradicción entre las altisonantes declaraciones de sus líderes y sus prácticas políticas en torno a la cuestión de los valores y mecanismos democráticos para validar la secesión.
Sus portavoces suelen argumentar que la opción independentista es el resultado de una carencia democrática del Estado español calificado “demofóbico” y particularmente por su negativa a autorizar un referéndum de autodeterminación (“derecho a decidir” en su lenguaje) que permitiría conocer la opinión del pueblo de Catalunya, que podría decidir libremente sobre su futuro. Así se afirma que las reivindicaciones del independentismo suponen una reivindicación democrática elemental frente a un Estado heredero del franquismo al que, en ocasiones, se le niega la condición de Estado democrático.
Sin embargo, las prácticas políticas de las fuerzas soberanistas evidencian un uso instrumental de la democracia. Es decir, cuando los mecanismos democráticos sirven a la causa nacional se consideran válidos, pero son retorcidos o negados cuando son un obstáculo para ello.
Oriol Junqueras y Marta Rovira de ERC, con Carme Forcadell, actual presidenta del Parlament y Raül Romeva en la coalición de Junts el Sí
Así, la consulta del 9N sin censo electoral, donde los mismos que organizaron las votaciones fueron los encargados del escrutinio y con unas preguntas diseñadas para que venciese la opción independentista fueron presentados como el summum de la democracia.
Las elecciones del pasado 27S fueron presentadas como plebiscitarias, cuando en realidad fueron unos comicios legislativos donde se amalgamaron las opciones del sí y el no con el voto a los partidos provocando notables distorsiones. Tanto es así que, a pesar de su carácter plebiscitario, se afirmó que para validar la independencia se contarían los escaños pero no los votos. Una táctica ventajista, pues la ley electoral favorece la sobrerrepresentación de las circunscripciones de la Catalunya profunda, partidarias de la secesión, frente a la Catalunya metropolitana donde la opción independentista es minoritaria.
Otra clamorosa anomalía democrática radicó en el hecho de que el president Artur Mas, candidato a la reelección, no se presentó como cabeza de la lista de la coalición Junts pel Sí (JxSí), sino en el cuarto lugar. Ello le permitió sortear la regla democrática consistente en que el candidato a la reelección ha de rendir cuentas de su gestión en la campaña electoral. Así el cabeza de lista de paja, el exdirigente de ICV Raül Romeva, compareció en los debates desentendiéndose de la gestión de CiU con el argumento de que él no estaba. Ahora esta distorsión se ha magnificado hasta el extremo con la elección de Carles Puigdemont, que figuraba en el número 3 de la lista de JxSí por Girona y que ni remotamente compareció ante la ciudadanía como candidato a la presidencia de la Generalitat.
Además, las elecciones plebiscitarias se convocaron a principios de agosto, un mes políticamente inhábil, y se iniciaron el Onze de Setembre para aprovechar la subida de la adrenalina patriótica. De modo que, a diferencia de Escocia, no hubo espacio para debatir racionalmente las ventajas y desventajas de la separación.
Catolicismo y populismo
Los procedimientos antidemocráticos llegaron al paroxismo con la valoración del resultado del 27S. Con sólo el 47,8% de los votos a las candidaturas que apoyaban la secesión, la única conclusión democrática –como reconoció la CUP– era que el plebiscito se había perdido. Por tanto, debía reiniciarse el proceso hasta que una mayoría de la ciudadanía apoyase la ruta hacia la independencia. Sin embargo, en un increíble ejercicio de trilerismo político, se sostuvo que el referéndum se había ganado con el argumento de que los sufragios obtenidos por la coalición Catalunya Sí Que Es Pot (8,94%) debían contabilizarse en el “no sabe/no contesta”. De este modo, se orillaba este obstáculo y se emprendía la ruta hacia la secesión a través de la declaración de desconexión del 9N.
El uso instrumental del argumento del ejercicio del derecho a la autodeterminación se puso de relieve cuando dirigentes de JxSí –especialmente los de ERC– han afirmado reiteradamente que descartaban la convocatoria de un referéndum en condiciones democráticas, pues este ya se había realizado el 27S y se había ganado.
Esta concepción instrumental de los mecanismos democráticos volvió a evidenciarse con las declaraciones de Artur Mas cuando, en su comparecencia para anunciar su retirada y el acuerdo con la CUP, afirmó que con la cesión de dos diputados de la izquierda independentista a JxSí se había corregido en la negociación lo que no le habían dado las urnas.
Otro aspecto del escaso respeto a las normas democráticas se halla en el uso obscenamente partidista de los medios de comunicación públicos de la Generalitat, donde machaconamente se hace propaganda del independentismo y donde apenas tienen cabida las voces disidentes o de los contrarios a la separación. Este subconsciente nacionalitario, que acepta con dificultades el pluralismo político e identitario, se puso de relieve en la moción de CDC en Sant Hipòlit de Voltegrà que reclamaba no pagar el sueldo a los funcionarios y trabajadores municipales contrarios a la secesión y que ha sido desautorizada por la dirección del partido ante el carácter claramente antidemocrático de la proposición.
En definitiva, los procedimientos del bloque secesionista revelan, por el lado, el fondo católico del catalanismo que no acepta la disidencia doctrinal y aspira a la unidad sin fisuras de los creyentes. Por otro, muestra su semejanza con los populismos donde la “voz del pueblo” –en este caso sólo de una fracción del pueblo– debidamente manipulada se presenta como la quintaesencia de la democracia.
