Como era previsible la elevada abstención ha determinado el resultado de estas anómalas elecciones. En los anteriores comicios, bajo el influjo de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, la participación (79%) batió todos los récords; ahora, se ha situado en el nivel más bajo (46,4%) desde la reinstauración de la democracia. Especialmente, cuando ésta no se ha repartido de forma alícuota en el territorio. En los distritos y municipios independentistas fue sensiblemente inferior a los que votan por opciones constitucionalistas. Así, en dos localidades del Área Metropolitana de Barcelona, como Badia del Vallès o Sant Adrià del Besòs, donde las cuatro formaciones independentistas (Junts, ERC, CUP y PDeCat) obtuvieron respectivamente el 18,8% y el 30% de los votos, la abstención se situó en el 59% del censo electoral. Por el contrario, en municipios como Vic o Berga, donde estos partidos secesionistas obtuvieron el 76,6% y el 78% de los votos, la abstención fue del 42% y 46% de los sufragios respectivamente.
Este diferencial en la abstención, en torno a veinte puntos, explica en gran medida el avance de las tres formaciones secesionistas con representación parlamentaria (ERC, Junts y CUP) que han ampliado en cuatro escaños su mayoría absoluta y que sumando al PDeCat han superado ligeramente la barrera del 50% de los sufragios. Disipado el peligro de la inminente proclamación de la independencia, da la impresión de que el electorado de la Catalunya metropolitana vuelve a practicar la abstención dual y selectiva, característica de los años del pujolismo, ahora agravada por la pandemia y la desafección política.
No obstante, el resultado electoral no ha modificado sustancialmente el carácter dual de la sociedad catalana, determinada por la dicotomía identitaria (lengua catalana/castellana) y social (clase media/ trabajadora) que se expresa territorialmente en las grandes diferencias entre la Catalunya costera y metropolitana y Catalunya interior. Una dualidad, exacerbada por el proceso soberanista, que se reproduce en el interior de las grandes ciudades del Área Metropolitana como Barcelona, Sabadell, Mataró, Terrassa, Badalona o Granollers, donde los distritos habitados por las clases medias catalanohablantes votan por opciones independentistas mientras que las clases trabajadoras de los barrios de la periferia apuestan por formaciones constitucionalistas.
Cuatro incógnitas a despejar
En estas elecciones se planteaban cuatro interrogantes que la cita con las urnas ha contribuido a despejar. En primer lugar, tras una legislatura convulsa caracterizada por las constantes polémicas entre los socios de gobierno y una errática gestión de la pandemia, se había de comprobar si los apoyos a las opciones secesionistas se mantenían, descendían o aumentaban. En este sentido, descontando las distorsiones provocadas por la elevada abstención dual, puede afirmarse que, en términos generales, el apoyo a las formaciones independentistas se ha mantenido en niveles parecidos a los de anteriores comicios.
La segunda incógnita a despejar giraba en torno a la feroz pugna por la hegemonía del independentismo entre Junts per Catalunya y ERC, determinada por sus diferencias estratégicas tras el fracaso de la vía unilateral. Al final, esta lucha se ha resuelto por la mínima diferencia de un escaño a favor de ERC. Ello ha sido debido sobre todo a causa de la ruptura entre Junts y PDeCat; una formación heredera de la antigua Convergència que no ha conseguido entrar en el Parlament, pero cuyos 77 mil votos (2,72%) han sido determinantes para impedir que Junts obtuviese la condición de fuerza hegemónica del bloque secesionista. De ello se deriva, por un lado, que la pugna entre ambas formaciones no se ha cerrado, dada la escasa distancia de 35.605 votos entre ambas. Por otro lado, se comprueba que no existe un espacio para el independentismo de centro-derecha. Acaso por la paradoja que implica defender una posición rupturista en el eje nacional al definirse como independentistas y al mismo tiempo formular una propuesta muy conservadora en el eje social. De hecho, Junts, ha intentado teñirse de una pátina progresista más acorde con la sensibilidad de sus bases mesocráticas. Por el contrario, la CUP, ubicada en la extrema izquierda del espectro secesionista, ha pasado de cuatro a nueve diputados. De este modo, el malestar de parte del electorado independentista por la errática gestión del gobierno de coalición Junts-ERC no ha sido capitalizado por la derecha, sino por la izquierda, otorgando una vez más a la CUP un papel decisivo en la conformación de un eventual ejecutivo independentista.
El tercer interrogante a resolver radicaba en la lucha por la hegemonía en el bloque constitucionalista. Esta batalla se ha resuelto nítidamente a favor del PSC que ha sido el único partido que, a pesar de la abstención, ha aumentado ligeramente en número de votos. Los socialistas catalanes han logrado ser la fuerza más votada del país y empatar a 33 escaños con ERC. Esto se explica en gran medida por el desplome de Ciudadanos, que ha cedido 30 escaños y casi un millón de votos, y por la concentración del voto útil constitucionalista en torno a la candidatura de Salvador Illa.
El electorado no independentista, radicado en los barrios obreros de la Cataluña metropolitana, rechaza en el eje nacional la secesión y en el eje social apuesta mayoritariamente por opciones de izquierda. Ahora, desaparecido el peligro inminente de la separación y tras el giro a la derecha del partido protagonizado por Albert Rivera, estos electores han vuelto a la matriz socialista. Especialmente, tras la inoperancia de Cs, que no supo proyectarse como alternativa al independentismo, a pesar de haber sido en los anteriores comicios la fuerza más votada del país. De este modo, el PSC ha recuperado sus plazas fuertes en el Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona que Cs le arrebató en el 2017. Se trata de un dato muy importante, pues la hegemonía de los socialistas catalanes en estos municipios constituye la base de su implantación en el país que fue efímeramente amenazado por el partido naranja en las pasadas autonómicas. De manera que el PSC puede encarar con cierto optimismo su futuro más inmediato orillado este gran peligro. La insistencia de Illa en presentarse a la investidura, en calidad de fuerza más votada del país, expresa la voluntad de no repetir el error estratégico de Cs. En sentido, ante la mayoría absoluta independentista, los socialistas catalanes tienen por delante la ingente tarea de ejercer una rigurosa y perseverante labor de oposición que les permita presentarse como alternativa a la actual hegemonía política e ideológica del independentismo.
La cuarta cuestión a resolver se centraba en el combate por la hegemonía entre las tres formaciones de la derecha “españolista” –Cs, Vox y PP– solventada nítidamente a favor de la formación de extrema derecha que entra en el Parlament de Catalunya con 11 diputados que le han convertido en la cuarta fuerza del país. Vox, tras el PSC, ha sido el gran beneficiado por el desplome de Cs. Por el contrario, el PP, que partía de los peores resultados de su historia, no ha logrado capitalizar esta debacle; incluso, ha perdido uno de sus cuatro diputados, lo cual podría tener consecuencias en la política española. Los excelentes resultados de Vox en los barrios y municipios de la Cataluña metropolitana son la expresión de un profundo malestar social al que la izquierda no ha sabido responder y que la derecha democrática no ha podido contener. Por solo poner un ejemplo, en Badia del Vallès, el municipio con la renta más baja de Catalunya, Vox, con el 14% de los votos, se ha situado en segunda posición por detrás del PSC.
Comunes y CUP: izquierda e identidad
Los Comunes, la marca catalana de Unidas Podemos, que se esfuerza por mantener una posición equidistante entre ambos bloques y a quienes las encuestas auguraban un mal resultado, han mantenido sus ocho escaños. De este modo se ha disipado el temor cerval a correr la misma suerte de sus compañeros gallegos y vascos. Esto ha comprobado la gran fidelidad de sus bases electorales. Sin embargo, el ascenso de la CUP impide que sus diputados puedan tener un papel decisivo en la conformación de las mayorías parlamentarias y gubernamentales, que esperaba asumir si se hubiera roto la mayoría absoluta independentista.
Aquí, convendrá comparar los registros de Comunes y CUP, dos formaciones ubicadas a la izquierda de PSC y ERC respectivamente, que resultan como el positivo y negativo de una fotografía. Los Comunes obtienen sus mejores resultados en municipios y distritos de la Catalunya metropolitana, como Cornellà, donde se situaron en tercera posición con el 10,98% de los votos y donde la CUP solo logró el 3,84% de los sufragios. Por el contrario, en Berga, la CUP se situó en tercera posición con el 12,2% de los votos y los Comunes solo obtuvieron el 2,89% de apoyos electorales.
Unos datos que sirven para explicar las notables diferencias identitarias y sociales que separan a sus bases electorales e ilustran el carácter profundamente dual de la sociedad catalana.
Ligeras fisuras en los bloques
A luz del escrutinio del 14F, muy probablemente se formará un ejecutivo independentista presidido por ERC. Ciertamente, aún es pronto para determinar cuál será la fórmula concreta de ese gobierno. No obstante, todo parece apuntar a una reedición del bipartito con Junts, ahora bajo la égida de ERC, y con el apoyo parlamentario de la CUP que, incluso, podría entrar en ese ejecutivo de coalición.
A primera vista, podría parecer que nada ha cambiado en la convulsa vida política catalana. Sin embargo, resulta muy significativo que, a diferencia de las anteriores autonómicas, se han impuesto en sus respectivos bloques PSC y ERC. Las dos opciones que, a pesar de sus contradicciones, se han mostrado más proclives al diálogo y que están ubicadas en el espectro ideológico de la socialdemocracia. En contraste con los vencedores de los pasados comicios, Junts y Cs, ambos situados en el centro-derecha liberal y en posiciones extremas en materia identitaria. De hecho, ERC, PSC y los Comunes son las únicas formaciones que apuestan por la mesa de diálogo que fue boicoteada por Junts y la CUP y rechazada por PP y Cs.
Los dos bloques antagónicos que estructuran la vida pública catalana no han desaparecido. Ciertamente, no se ha observado ningún trasvase de votos entre ambos, sino una recomposición en el interior de los mismos. Sin embargo, estas rígidas barreras entre ambos bloques en cierto modo se han fisurado ligeramente. En el eje nacional, PSC y ERC no comparten ni un análisis de la realidad catalana, ni siquiera un lenguaje común para abordar la compleja situación del país. Para los socialistas catalanes, como ha repetido hasta la saciedad Salvador Illa, se trata de dialogar en el marco de la legalidad vigente; para ERC se trata de conseguir el referéndum de autodeterminación y la amnistía, que rebasan ese marco. Estos planteamientos de partida arrojan espesas sombras de dudas sobre el eventual éxito de la mesa de diálogo, especialmente por las fuertes presiones a que ERC estará sometida por parte de Junts y CUP para exigir concesiones máximas que los socialistas no podrán aceptar.
A pesar de estos imponderables, se ha abierto una tenue rendija de esperanza en la fracturada y polarizada sociedad catalana.
