El 11 de septiembre servirá para calibrar si el movimiento independentista mantiene la capacidad de convocatoria tras un verano marcado por la creciente desunión entre los socios de gobierno en la Generalitat. A finales de septiembre se celebrará el juicio al president vicario Quim Torra por desobediencia que podría servir de ensayo general a la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo en cuya espera se mantiene paralizada la actividad del Parlament de Catalunya y del Govern de la Generalitat. Todo ello, entre la profunda división entre los dos partidos que compiten por la hegemonía del movimiento independentista y cuando se multiplican los indicios que, tras la sentencia y ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos autonómicos, se convoquen elecciones anticipadas, quizás antes de acabar el año; en función y en el resto de España se repiten las elecciones generales.
El movimiento independentista no ha realizado un balance autocrítico del fracaso de la vía unilateral. Esto ha generado una anómala situación determinada por la confusión y la frustración entre sus bases sociales, la división entre los partidos políticos que impulsaron la secesión y la descoordinación entre las tres patas del movimiento secesionista: entidades soberanistas (ANC, Ómnium y AMI), gobierno de la Generalitat y medios de comunicación afines que, hasta la fallida proclamación de independencia, actuaron de forma relativamente bien coordinada. En efecto, hasta entonces, estos tres actores compartían un objetivo estratégico y una hoja de ruta común. Actualmente, no solo esta unidad de acción se ha evaporado, sino que prácticamente el único elemento aglutinador de las diferentes facciones del movimiento independentista lo constituye la defensa de los presos y la respuesta ante una eventual sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.
La facción de Junts per Catalunya (JxCat), liderada por Carles Puigdemont con la asistencia del president vicario Quim Torra, mantiene una posición maximalista y acrítica que no admite ningún error en la gestión del proceso soberanista, excepto no haber sido más consecuentes y haber proclamado efectivamente la independencia, en vez de hacerlo forma simbólica. Ello a pesar de las múltiples evidencias sobre la ausencia de estructuras de Estado para emprender ese periplo y del reconocimiento que, en realidad, se buscaba forzar una negociación con el gobierno español más que una efectiva secesión. Para este sector toda la responsabilidad del fracaso radica en el comportamiento antidemocrático del gobierno español, lo cual contribuye a incrementar aún más la hispanofobia de las bases del movimiento secesionista. Tanto es así que sus planteamientos se concentran en la absurda consigna ho tornarem a fer (lo volveremos a hacer), pues el intento se saldó con un rotundo fracaso, y en profundizar la “confrontación democrática” con el Estado, según ha manifestado el president vicario Torra. Esta línea maximalista o fundamentalista, cuenta con el apoyo parcial de la CUP, que se ha mostrado dispuesta a entrar en el gobierno de la Generalitat y abandonar su política de bloqueo de las instituciones catalanas, y de la ANC. No obstante, esta última organización se presenta cada vez más alejada de los partidos políticos que a su juicio no han estado a la altura del compromiso de las bases con el proceso soberanista. Prueba de ello fue el intento fallido, en las pasadas municipales, de auspiciar las candidaturas denominadas Primaries que, bajo la égida de la unidad del independentismo, propició el efecto contrario y una mayor fragmentación de sus ofertas electorales.
Ciertamente ERC no ha realizado una autocrítica explícita del fracaso de la vía unilateral, aunque en diversas declaraciones y posicionamientos actúa como si lo hubiese hecho. Así, apuesta por aparcar la reivindicación de la independencia hasta ampliar la base social del movimiento y lograr una clara mayoría a favor de la secesión. Mientras tanto, se trataría de abrir vías de diálogo con el gobierno progresista español, ahora que el PP ha sido arrojado del poder. No obstante, esta vía posibilista está jalonada de contradicciones, siempre bajo el temor cerval a ser acusados de traidores por los guardianes de la ortodoxia secesionista; particularmente, en la proximidad de los procesos electorales. Esto explica su voto negativo a los Presupuestos Generales del Estado, que fue un factor decisivo para precipitar la caída del gobierno Sánchez y del adelanto electoral que pudo abrir las puertas del poder al tripartito de derechas partidario de la mano dura contra el independentismo catalán. Ello debido al pavor de ser superados por los maximalistas en los comicios generales, municipales y europeos. Unas elecciones donde ERC consiguió ampliamente su objetivo de superar a los postconvergentes, excepto en las europeas donde se comprobó cómo Puigdemont continúa ejerciendo un gran atractivo entre las bases sociales del independentismo. Sin embargo, con la restricción de que donde se toca gestión y poder real se impuso ERC y en el terreno, digamos simbólico, del Parlamento Europeo venció Puigdemont.
Panorama convulso
Paradójicamente cuando, ante la inminencia de la sentencia del Tribunal Supremo, habría de escenificarse la máxima unidad de las fuerzas independentista, aumentan las tensiones y enfrentamientos entre JxCat y ERC. Una prueba de ello fue el pacto entre PSC y JxCat justamente para evitar que ERC se hiciese con el control de la poderosa Diputación de Barcelona. De este modo se extiende la sospecha de que la sentencia no solo señalará el fin del actual ejecutivo catalán de coalición, sino que acabará con el actual formato unilateral del proceso soberanista. De hecho, no estaría exento de lógica que una legislatura iniciada con unas elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy bajo el 155 finalizase con la sentencia de Manuel Marchena. La sentencia, unida a la manifiesta imposibilidad de aprobar los Presupuestos de la Generalitat, conduciría inevitablemente a la disolución del Parlament y unas elecciones donde, por fin, ERC asumiría la condición de primera fuerza del bloque independentista y acaso la presidencia de la Generalitat.
Ahora bien, el fin de esta legislatura depende de las imprevisibles reacciones del movimiento independentista ante una sentencia cuyo contenido y severidad ignoramos. Ciertamente, se celebrarán movilizaciones, pero resulta difícil predecir tanto su formato como su capacidad de convocatoria. Antes de la aplicación del 155 hubo quien vaticinó un escenario de grandes movilizaciones permanentes en protesta por la suspensión de la autonomía y nada de eso ocurrió. Ahora, pueden producirse una serie de manifestaciones y acciones pacíficas cuya duración en el tiempo podría ser limitada; al mismo tiempo, la reacción violenta de los CDR provocaría un efecto contraproducente en un movimiento de base pequeñoburguesa y partidario de la protesta cívica y pacífica.
Precisamente, aquí reside una de las claves para entender el comportamiento a primera vista incomprensible del movimiento independentista. Las medias catalanohablantes atomizadas y despolitizadas fueron formateadas ideológica y caracterialmente durante el pujolismo en la superioridad cultural respecto al resto de España y social respecto a la clase trabajadora de lengua castellana. Además, se fraguó un sentimiento de comunión identitaria, alimentada por el victimismo, una de cuyas muchas expresiones puede apreciarse en las concentraciones de la Diada con sus manifestantes uniformados y alineados en tramos previamente designados. El efecto de la crisis financiera sobre estas capas sociales constituyó el detonante de un movimiento de carácter nacional-populista que conecta con otros similares en el resto de Europa. Este conjunto de factores explica la resistencia de sus bases frente a los engaños y las falsas promesas de sus líderes y cómo, a pesar de ello, continúan depositando en ellos su confianza.
En cualquier caso, todas las fuerzas políticas catalanas se preparan para unas elecciones anticipadas después de la sentencia. Hasta la fecha, Torra se ha negado a aceptar esta opción y ha planteado como respuesta a una eventual sentencia condenatoria que el Parlament invista a Puigdemont, lo cual constituye una clara provocación hacia ERC, en clave preelectoral. A su favor, el president vicario cuenta con la llave de la disolución de la Cámara y del control de los medios de comunicación de la Generalitat que constituyen un factor fundamental de la movilización independentista.
Por su parte Esquerra no deja de dar bandazos ante esta cuestión. Mientras el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, insinuó la conveniencia de disolver la Cámara en caso de no aprobar los presupuestos, el conseller Josep Bargalló planteó una cuestión de confianza en el Parlament ante esa eventualidad y el presidente del Parlament, Roger Torrent, propuso un gobierno de concentración abierto a la CUP y a los Comunes como respuesta a la sentencia. Una oferta que, en principio, el dirigente de los Comunes, Gerardo Pisarello, del sector independentista del partido, se mostró dispuesto a estudiar, pero que fue rechazada de plano por el portavoz de la formación Joan Mena como producto de un ardid electoralista. En fin, se trataría de episodios poco edificantes de la pugna por el relato entre ambas formaciones en un panorama preelectoral que podría complicarse si, en España, hubieran de repetirse las elecciones generales.
Las convulsiones del proceso soberanista han comportado el estallido del sistema de partidos catalán con la desaparición de Convergència, i Unió, pero también de Iniciativa per Catalunya y el alineamiento de las formaciones catalanas en dos bloques antagónicos, alineados según su posición en el eje nacional. Del resultado de los últimos comicios se desprende una recomposición en el interior de los bloques donde ERC se afianza como la fuerza hegemónica en el interior del bloque secesionista y PSC como principal formación en el bloque constitucionalista en perjuicio de Ciudadanos, cuyo giro a la derecha le pasa factura en Catalunya.
A la luz de lo expuesto resulta difícil realizar un pronóstico mínimamente fiable sobre la eventual evolución del movimiento independentista, para ello nos falta la pieza fundamental de las reacciones de sus bases ante la sentencia del Tribunal Supremo. Ahora bien, todo parece indicar que, sin una hoja ruta viable, se ahondará la fractura entre los vectores posibilistas y fundamentalista. En el primero y tras unas hipotéticas elecciones anticipadas se plantearía un gobierno de coalición liderado por ERC y orientado hacia la izquierda con preferencia hacia los Comunes, pero abierto a los apoyos de PSC e incluso a la CUP. En el segundo, la frustración y la falta de expectativas para materializar la independencia podría conllevar a la cristalización de una opción fundamentalista que exacerbaría los componentes xenófobos y antieuropeístas que se ya se han apreciado en el curso del proceso soberanista.
En cualquier caso, todo hace prever un curso político incierto y convulso donde aflorarán todas las contradicciones del movimiento secesionista.
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