La epidemia del coronavirus se ha convertido en Yemen en un nuevo capítulo de un genocidio silenciado. La empobrecida nación árabe, según la Organización Mundial de la Salud, es el peor lugar del mundo para enfermarse de coronavirus. La posibilidad de morirse es cinco veces mayor que un infectado global.
La razón: la guerra. Las bombas saudíes han destruido la mitad de los hospitales y centros de salud; y con ellos laboratorios, tanques de oxígeno y equipo básico protector que podrían ayudar a parar la epidemia. La gasolina que alimenta los generadores de los hospitales empieza a escasear debido al bloqueo. Por la misma razón los precios de la comida se han disparado. Millones de personas comen una vez al día debilitando todavía más su ya precario sistema inmunológico.
Es difícil aceptar que en este escenario dantesco la comunidad internacional, incluido el gobierno español, esté contribuyendo a este brutal desastre humanitario. No solo está reduciendo su ayuda humanitaria a Yemen; ha comenzado de nuevo a vender armas a Arabia Saudí, el líder brutal del asalto a la población civil.
Ya había comenzado la pandemia cuando los donantes del programa en Yemen de Naciones Unidas se reunieron a principios de junio para discutir la ayuda humanitaria para este año, el sexto de la guerra. Más de 40 participantes representando a gobiernos y organizaciones humanitarias hablaron sobre la situación trágica que atraviesa el país. Ninguna propuesta para prohibir la venta de armas en una guerra –la raíz del problema– que ha matado a más de 112.000 personas, destruido el sistema de salud y ha hecho que 24 millones necesiten alguna forma de ayuda humanitaria.
Los donantes, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, que venden armas para la guerra por miles de millones de dólares, ofrecieron para este año 1.350 millones de dólares. La mitad de lo que se necesita. El Programa Mundial de Alimentación que da comida a 10 millones de yemeníes ya ha anunciado que se verá obligado a reducir su ayuda. El hambre escalará peligrosamente amenazando convertirse en una hambruna.
Arabia Saudí, el perpetrador número uno de este genocidio ofreció en la reunión 500 millones de dólares de ayuda humanitaria. Una cantidad 130 veces menor que lo que gasta cada año en la guerra. Dicho de otra manera, los 500 millones para todo el año ofrecidos por Ryad equivalen a lo que gasta en tres días de guerra. Emiratos Árabes Unidos, el perpetrador número dos, no puso ni un dólar sobre la mesa. La guerra para ellos es un juego macabro.
La situación ha llegado a ser tan perversa que los 65 mil millones de dólares que Ryad gasta anualmente en la guerra equivalen a cuatro veces el actual PNB yemení.
Es incomprensible que el cinismo saudí –por llamarlo de alguna manera– haya sido “premiado” por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Antonio Guterres, su Secretario General, ha sacado a Arabia Saudí de la lista negra que Naciones Unidas elabora cada año con estados acusados de matar y herir niños con sus operaciones militares. UNICEF había denunciado que cada día morían o resultaban heridos ocho niños a causa de los ataques saudíes. Save the Children denunció en febrero que 26 niños fueron asesinados con bombas saudíes cuando civiles se concentraron para ver los restos de un avión de guerra derribado en la provincia de Al Hayjah. Human Rights Watch (HRW), una organización cercana al Departamento de Estado de los Estados Unidos, calificó el anuncio de Guterres como “un nuevo nivel de vergüenza”.
A pesar de que el desastre humanitario se está agravando drásticamente en Yemen, Gran Bretaña, Estados Unidos o España entre otros países han decidido sacar provecho de la guerra vendiendo nuevas armas o servicios militares a los saudíes. La decisión es criminal porque Arabia Saudí depende de Occidente para mantener su máquina de guerra. Compañías militares públicas o privadas occidentales coordinan ataques, proveen bombas, reparan aviones o entrenan a pilotos.
The New York Times ha publicado recientemente que el gobierno de Estados Unidos está valorando aprobar la exportación a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos de drones MQ-9 Reaper fabricados por General Atomics. Estos drones tienen la habilidad de cargar bombas más potentes haciéndolos más letales. En mayo del 2019 Mike Pompeo, el Secretario de Estado, no hizo caso a una petición del Congreso de congelar la venta de armas por un valor de 8.100 millones de dólares a los dos países por sus crímenes en Yemen.
En julio Londres anunció que la venta de armas a Arabia Saudí se reanudaba. Un tribunal las había prohibido un año antes porque los funcionarios que aprobaron su venta no habían valorado bien el riesgo que tenían en la muerte de civiles. La excusa que ha dado ahora el gobierno británico para reanudar la venta es la misma que curiosamente había esgrimido el Secretario General de las Naciones Unidas para sacar a Arabia Saudí de la lista negra. Esta excusa –la de que los saudíes tienen más cuidado que antes con sus bombas– no cuadra con la evidencia suministrada por UNICEF o Save the Children. Solo el 15 de junio murieron al menos 25 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, por ataques aéreos saudíes en una boda en el norte de Yemen. Tanto el gobierno británico como el Secretario General se habían plegado a los intereses de Ryad y los fabricantes de armas en vez de escuchar a los que defienden los derechos humanos.
El negocio de vender armas a posibles criminales de guerra tiene un rasgo particular en el caso español. Está manchado por las comisiones que el jefe del estado (hoy emérito), el Rey Juan Carlos, cobró de la monarquía saudí. Un dinero que el Rey escondió como un vulgar criminal en un banco suizo. Esperemos que el PSOE dé una oportunidad a Juan Carlos para defenderse en un tribunal de estas horrendas acusaciones.
No sé si es casual todo esto, pero el gobierno del PSOE ha incrementado 30 veces los contratos de armas con Arabia Saudí según las organizaciones que sostienen la campaña Armas bajo control. En 2019 el gobierno habría autorizado 22 licencias para exportar armas a Arabia Saudí por valor de 392,78 millones. El diario.es probó “cómo aviones de fabricación española o con componentes españoles se utilizan para bombardear Yemen o para reabastecer en el aire a aeronaves que después tiran bombas sobre el territorio”. El mismo diario ha denunciado que “una empresa española presidida por Josep Piqué produce los motores de los cazas saudíes –motor EJ200– que bombardean Yemen”.
A finales de junio, en el Congreso, el gobierno socialdemócrata justificó las exportaciones de armas a Arabia Saudí por la ausencia de embargos internacionales. Se olvidó de los derechos humanos y la lucha contra los crímenes de guerra. Solo Bildu y ERC se opusieron. Unidas-Podemos se alineó junto a VOX, que esta vez apoyó al gobierno en la defensa de la exportación de armas a Arabia Saudí. Antes, el alcalde de Cádiz, miembro de Podemos, había apoyado la fabricación en los astilleros de la ciudad de barcos militares que usará Arabia Saudí para impedir el acceso de gasolina y comida a Yemen. ¿Son los pobres del Yemen solo carne de cañón para el gobierno “progresista” PSOE y Unidas-Podemos? ¿Han renunciado a defender los derechos humanos?
Libros relacionados:
