Un reciente informe de la Guardia Civil afirma que las mayorías absolutas de Esperanza Aguirre se lograron con una imponente maquinaria electoral financiada ilegalmente. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al PP de Madrid de atentar contra el pluralismo político y de que el partido cometió irregularidades al financiar sus campañas electorales de 2007 y 2011. Las elecciones que ganó Esperanza Aguirre. El PP de Madrid en las municipales y autonómicas de 2007 invirtió 2,5 millones de euros más de lo declarado a la Cámara de Cuentas, “sustentando esa financiación con actuaciones de relevancia penal (fraude de subvenciones, malversación, falsedad documental...)”.
Por su parte, un informe de la Fiscalía Anticorrupción afirma que “hay indicios de que incluso en 2014 y 2015 proveedores de campañas electorales del Partido Popular cobraban de cuentas de ese partido, al margen de la Cámara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas“. Y hay pruebas de ingresos en efectivo de más de un millón de euros de procedencia desconocida, así como de una caja B del PP madrileño para pagar gastos de campañas y encuestas.
Según la Guardia Civil, Fundescam era el centro de la trama. Esa fundación recibía dinero público de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y libraba facturas falsas con cuyo importe se pagaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, mientras algunos empresarios ingresaban dinero en Fundescam con el que ésta financiaba las campañas del PP. Esos empresarios recibían adjudicaciones de contratos de organismos controlados por el PP.
Todo ese pudridero estalló en los medios informativos y fiscales y jueces empezaron a instruir causas penales por corrupción. Sin embargo, para dirigentes y portavoces del PP, esa corrupción (en la que aparecen varios dirigentes y cargos del Partido Popular), solo son “casos individuales”.
¿Qué hace el Partido Popular ante la avalancha de corrupción y de sumarios? Intentar controlar la administración de justicia. Como muestra cabe señalar que, con Rafael Catalá ministro de Justicia, ha habido tres fiscales generales del Estado en tres años. Torres-Dulce, que dimitió porque el gobierno Rajoy quería controlarlo; Consuelo Madrigal, que tampoco se quiso doblegar al ejecutivo, y José Manuel Maza de acuerdo con el gobierno.
Ya fiscal general, Maza hizo los relevos a los que se negó Madrigal: fiscal jefe de la Audiencia Nacional y fiscal jefe de Anticorrupción. Además de sustituir a más de 30 fiscales dedicados a casos concretos de corrupción. La Unión Progresista de Fiscales denunció que esas sustituciones solo podían entenderse desde el interés político e ideológico y que “el mensaje transmitido era que se cambia a los fiscales que persiguen la corrupción”.
Maza impuso a Manuel Moix, muy cercano al Partido Popular, como fiscal jefe de Anticorrupción, aunque fue advertido varias veces por fuentes diversas de no ser buen candidato por ser el único sin ninguna experiencia en Anticorrupción, entre los siete candidatos al puesto. Moix, como Fiscal de Madrid, había intentado cerrar el caso de los espías pagados por el gobierno de la Comunidad autónoma, ignoró la denuncia de un campo de golf ilegal de la empresa Canal de Isabel II, rechazó acusar a Esperanza Aguirre de desobediencia a la autoridad (cuando se fugó de agentes de tráfico en la Granvía madrileña) y, contra el criterio de los fiscales encargados, intentó finalizar las intervenciones telefónicas al ex-presidente de la región, Ignacio González, hoy en prisión preventiva.
A pesar de la mala fe del PP, esta parte del escándalo acabó bien cuando Moix por fin dimitió como Fiscal Anticorrupción por la enorme presión mediática y ciudadana (147.000 firmas pidiendo que fuera destituido) tras saberse que Moix tenía parte de una empresa radicada en Panamá, propietaria de una cahlert de medio millón de euros.
Otrosí, Dolores de Cospedal ha mangoneado para lograr que Concepción Espejel sea presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sala que, casualmente, resolverá recursos penales de casos de corrupción de Púnica y Lezo que afectan directamente a gente del Partido Popular. Esa magistrada fue apartada dos veces por sus compañeros jueces de juzgar el caso Gürtel por excesiva proximidad al Partido Popular.
La solución del PP a la cantidad de cargos públicos salpicados por presunta corrupción ya no es decir que son ‘casos aislados’. Como ha escrito el filósofo y analista Antoni Doménech “salta a la vista ahora mismo que en el Reino de España el poder ejecutivo, aun en clara minoría parlamentaria, controla la justicia a su placer”. Por eso no extraña que en el Eurobarómetro de abril de 2016, solo 30% de españoles confíe en la independencia de la justicia. Pero no olvidemos también que haber ganado elecciones irregularmente, como parece por lo expuesto en los informes de la Guardia Civil, y además pretender mangonear la justicia, debería tener consecuencias serias.
Artículo publicado originalmente en ¡Por razones!
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