Algunos comentaristas pensaron que la presidencia de Joe Biden sería una oportunidad para un punto de inflexión keynesiano en los Estados Unidos. Las mismas ilusiones y esperanzas habían aparecido al comienzo de la presidencia de Barack Obama en 2009.
En ambos casos, las elecciones tuvieron lugar mientras los Estados Unidos estaban pasando por una grave crisis que podría llevar al gobierno a tomar medidas enérgicas que condujeran a un giro respecto a décadas de políticas neoliberales.
La administración de Barack Obama podría haber aplicado medidas de coerción contra el gran capital y, en particular, contra los grandes bancos y fondos de inversión, en gran medida responsables de la enorme crisis que explotó entre 2007 y 2008. Además, Barack Obama prometió una profunda reforma del sistema de salud, de la seguridad social, de las pensiones y la implementación de una reforma fiscal destinada a hacer que los más ricos paguen un poco más de impuestos, comenzando con el 1% más rico. No fue así.
En el caso de Joe Biden, éste anunció que pediría a las empresas más grandes y ricas que pagaran más impuestos, prometió medidas progresistas en materia del acceso a la salud, a la protección social y un salario mínimo legal de 15 dólares por hora…
Estas promesas le permitieron movilizar a su favor a sectores importantes de la juventud y a una parte del electorado que ya no acudía a las urnas. Al comienzo de su mandato, nombró a Bernie Sanders como presidente del Comité del Presupuestos del Senado, lo que pareció, a algunos y algunas, ser la garantía de la voluntad de implementar realmente medidas progresistas. Otros, incluyéndome a mí, lo vieron como una forma de atrapar a Bernie Sanders
Resumen
- Promesas incumplidas
- Desregulación financiera y abandono de programas de justicia social y defensa del medio (…)
- ¿Cómo explicar que no haya giro keynesiano?
- La cuestión de las deudas
- Conclusiones
Promesas incumplidas
Se puede afirmar muy claramente, después de casi un año en el cargo, que las promesas de un giro progresista hacia una mayor justicia social no se han cumplido.
Muy rápidamente se abandonó el salario mínimo de 15 dólares, y el salario mínimo sigue fijado en 7,25 dólares.
No se ha tomado ninguna medida para recaudar nuevos impuestos a las grandes empresas y a los más ricos. Peor aún, la Administración Biden propone una medida adicional favorable a los hogares ricos y el colmo es que permite a una serie de parlamentarios republicanos denunciar la injusticia y el engaño de la medida como favor de los ricos[1]. Se trata de aumentar de 10.000 a 80.000 dólares la cantidad que un contribuyente puede deducir de sus impuestos federales para el pago de impuestos locales (ya sean municipales o impuestos pagados al Estado). Según un análisis del Tax Policy Center, una organización no partidista, y el Center for a Responsible Federal Budget, el 94 % de las ganancias del aumento del techo del impuesto sobre la renta a 80 000 dólares irían al quintil superior de los contribuyentes del país, que ganan al menos 175.000 dólares al año, y el 70% al cinco por ciento superior[2]. La pérdida de ingresos para el Tesoro ascendería a 275.000 millones de dólares al año.
El presupuesto militar se ha aumentado hasta 768.000 millones de dólares con el apoyo de los republicanos. Este es el presupuesto más alto desde la Segunda Guerra Mundial (a pesar de la salida de Afganistán).
En términos de obras públicas, la administración Biden ha aprobado, con el apoyo de las y los republicanos, un presupuesto favorable para las grandes empresas de construcción.
Recordemos que ha sido en los Estados Unidos donde la pandemia de coronavirus ha provocado el mayor número de muertes en números absolutos del mundo: más de 835.000 muertes a fecha de 25 de diciembre de 2021.
A pesar de la extrema gravedad de la situación, Joe Biden no ha tomado ninguna medida que pudiera haber entrado en contradicción con los intereses de las grandes compañías farmacéuticas. Si bien el gobierno posee la patente principal para la producción de vacunas de ARN mensajero, se niega a usarla y hacer que el sector público produzca vacunas en los Estados Unidos o en otros lugares (ver recuadro «Biden protege los intereses de las grandes farmacéuticas a expensas de la población tanto del norte y como del sur») Toda la producción se deja en manos de las grandes farmacéuticas y las patentes que las empresas privadas han presentado no son suspendidas. La administración Biden tampoco ha ofrecido la patente que posee a los países que podrían haberse beneficiado de ella y que pueden producir vacunas por sí mismos si se les da la oportunidad. Si bien dijo en mayo de 2021 que su administración quería que la OMC levantara las patentes según lo solicitado por más de 100 países del Sur, Joe Biden realmente no ha actuado para que sea tomada esa medida.
| Recuadro: Biden protege los intereses de las grandes farmacéuticas a expensas de la población tanto del Norte como del Sur[3]
Las vacunas de ARNm de Pfizer (EE. UU.) – BioNTech (All.) y de Moderna (EE. UU.), que se han puesto en el mercado en menos de un año, se basan en parte en patentes anteriores. En particular, una tecnología diseñada por la Universidad de Pensilvania para fabricar un ARN mensajero inofensivo para el organismo, cuya patente se presentó en 2005. La técnica innovadora de estabilización de la proteína espícula (también llamada proteína spike) también es el resultado de la investigación pública. En efecto, la patente específica presentada por el gobierno de los Estados Unidos -número de patente 10.960.070, más conocida como patente ’070’- se refiere a cómo se estabiliza la proteína spike en la vacuna, una técnica que fue desarrollada por el Centro de Investigación de Vacunas del National Institutes of Health (NIH)/Instituto Nacional de Salud, que es una agencia del gobierno de los Estados Unidos. Según la asociación radical de consumidores estadounidenses con sede en Washington Public Citizen, gracias a la patente ’070 mencionada anteriormente, el gobierno de los Estados Unidos habría podido y podría producir vacunas de ARNm por sí mismo. También podría transmitir la patente de forma gratuita a los Estados que deseen producir la vacuna para su población y, en un gesto de solidaridad, para otros pueblos. Éste es un extracto de una declaración de Public Citizendemediados de noviembre de 2020 comentando el anuncio de Moderna de la producción de la vacuna mRNA-1273: «Es la vacuna del pueblo. (…) No es solo la vacuna de Moderna. Científicos federales han ayudado a inventarla y los contribuyentes están financiando su desarrollo. Todos jugamos un papel. Debería pertenecer a la humanidad. La administración actual [es decir, la de Trump nota de Eric T.] y el presidente electo Biden tienen la oportunidad de hacer de esta vacuna un bien público gratuito y accesible para todas y todos y contribuir a aumentar la producción mundial, con el fin de evitar el racionamiento médico que podría convertirse en una forma de apartheid mundial en materia de vacunas”[4]. En este caso, no se trata de levantar o abolir la patente, basta con ponerla a disposición de terceros. Al negarse a hacer esto, mientras organizaciones como Public Citizen lo demandan, el gobierno de Joe Biden muestra claramente que quiere proteger los privilegios de las grandes farmacéuticas. Según un estudio muy convincente, publicado en mayo de 2021 por Public Citizen, las autoridades públicas, comenzando por las de los países más ricos, podrían producir fácilmente miles de millones de dosis de vacunas a un costo mucho menor que las sumas pagadas hasta ahora a las grandes empresas farmacéuticas privadas. Public Citizen lo demuestra basándose en un estudio realizado por investigadores del Imperial College de Londres. El estudio demuestra convincentemente «que la comunidad mundial podría establecer centros regionales capaces de producir ocho mil millones de dosis de vacuna de ARNm para mayo de 2022. Esto sería suficiente para cubrir al 80 % de la población». ¿El coste? 9.400 millones de dólares para una vacuna tipo Pfizer – BioNtech, para 5 instalaciones, 17 líneas de producción y 1.386 empleados. Una cifra a comparar con las decenas y decenas de miles de millones que los Estados han distribuido a la industria farmacéutica, para vacunar solo a los pueblos de los países ricos… y entregar dividendos a los accionistas[5]. |
Al igual que los países de Europa Occidental, los Estados Unidos están organizando la inyección masiva de una tercera dosis de la vacuna (incluso nos estamos preparando para una cuarta dosis como ya lo hace el Estado de Israel) y la vacunación de niños, mientras que la OMS pide que se dé prioridad a la vacunación de las poblaciones de los países del sur que solo tienen acceso a ella en cuenta gotas.
Desregulación financiera y abandono de programas de justicia social y defensa del medio ambiente
En términos de regulación financiera destinada a imponer cierta disciplina a los grandes bancos y otras grandes empresas financieras, no se ha hecho nada. Por el contrario, la laxitud se amplifica. Para indicar claramente su orientación favorable a los mercados financieros y al gran capital, Biden ha prorrogado el mandato del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que había sido nombrado por Donald Trump. También nombró a Janet Yellen, la expresidenta de la Reserva Federal, para el cargo de Secretaria de Estado del Tesoro (el equivalente del Ministerio de Hacienda). Esta fue otra señal a favor del gran capital. A principios de diciembre de 2021, Saule Omarova, la mujer que se suponía que se haría cargo de la regulación bancaria al frente de la Office of the Comptroller of the Currency (la oficina de control de la Moneda), tuvo que renunciar a su cargo después de una campaña de desestabilización lanzada por Wall Street y los republicanos. El Financial Times escribió al respecto: «Tuvo que hacer frente a una reacción brutal de los republicanos y el sector bancario, con críticas centradas en su formación y carrera académica con propuestas que incluían un sistema de cuentas bancarias gestionado por el Estado”[6]. En realidad, no solo tuvo que enfrentarse a los ataques de los republicanos, sino que fue hundida por una serie de parlamentarios demócratas tan vinculados al gran capital como sus colegas.
Biden había prometido aprobar un importante programa de gasto para más justicia social y defensa del medio ambiente. Este programa «Build Back Better» (Reconstruir mejor), conocido por sus iniciales BBB, debería haber sido adoptado al mismo tiempo que el principal plan de gasto en obras públicas que gusta al Gran Capital. Biden y la presidenta del Congreso Nancy Pelosi finalmente dejaron que las dos votaciones se separaran, mientras que la izquierda del Partido Demócrata rechazó esta separación. El plan de obras públicas fue adoptado con el apoyo de los republicanos y a pesar de la oposición de 6 parlamentarios de la izquierda demócrata, incluida Alexandria Ocasio-Cortez. Por el contrario, el programa «Build Back Better» está siendo saboteado por la derecha del Partido Demócrata y lo más probable es que sea abandonado.
Este abandono del programa «Build Back Better» muestra la verdadera naturaleza de la política de la administración Biden que en gran medida, económica y socialmente, está en continuidad con la de los presidentes republicanos, ya sea G. W. Bush o D. Trump. En 1891, Friedrich Engels, en su introducción a los textos de Karl Marx sobre la Comuna de París, había descrito muy bien el sistema político de los Estados Unidos dominado por los partidos Demócrata y Republicano que se alternan en el poder y defienden el orden capitalista (ver recuadro a continuación).
Recuadro: Friedrich Engels sobre el sistema político de los Estados UnidosNo hay ningún país en que los «políticos» formen un sector más poderoso y más separado de la nación que en Norteamérica. Allí cada uno de los dos grandes partidos que alternan en el Gobierno está a su vez gobernado por gentes que hacen de la política un negocio, que especulan con las actas de diputado de las asambleas legislativas de la Unión y de los distintos Estados federados, o que viven de la agitación en favor de su partido y son retribuidos con cargos cuando éste triunfa. Es sabido que los norteamericanos llevan treinta años esforzándose por sacudir este yugo, que ha llegado a ser insoportable, y que, a pesar de todo, se hunden cada vez más en este pantano de corrupción. Y es precisamente en Norteamérica donde podemos ver mejor cómo progresa esta independización del Estado frente a la sociedad, de la que originariamente debía ser un simple instrumento. Allí no hay dinastía, ni nobleza, ni ejército permanente -fuera del puñado de hombres que montan la guardia contra los indios-, ni burocracia con cargos permanentes o derechos pasivos. Y, sin embargo, en Norteamérica nos encontramos con dos grandes cuadrillas de especuladores políticos que alternativamente se posesionan del poder estatal y lo explotan por los medios y para los fines más corrompidos; y la nación es impotente frente a estos dos grandes cárteles de políticos, pretendidos servidores suyos, pero que, en realidad, la dominan y la saquean. Fuente: Friedrich Engels, Introducción a los textos de Karl Marx sobre la Comuna de París, 1891 disponible en línea: (F. Engels, introducción de 1891 a La guerra civil en Francia, disponible en https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/gcfran/1.htm). |
La administración Biden tampoco ha tomado medidas, a pesar de los discursos bien intencionados, parareducir el acceso a las armas de fuego, cuando la cantidad de homicidios está aumentando bruscamente (aumento del 30% en 2021). 400 millones de armas de fuego están en circulación en los Estados Unidos.
En relación con Estados como Texas que han adoptado legislación hiperrepresiva contra el aborto, la Administración Biden no está tomando medidas para defender la legislación federal que despenaliza el aborto y se contenta con expresar su desacuerdo.
Mientras que Estados, incluido Texas una vez más, deciden enmendar las leyes electorales para limitar el ejercicio del derecho al voto por parte de las clases populares y, en particular, sus partidos racializados, la Administración Biden no hace nada.
En materia de derechos de las y los migrantes y acogida de personas refugiadas, la política de la Administración Biden no es realmente diferente de la de D. Trump. En septiembre de 2021, el enviado estadounidense a Haití, Daniel Foote, dimitió para protestar contra las expulsiones «inhumanas» por parte de los Estados Unidos de miles de personas migrantes haitianas. Su dimisión fue un duro golpe para Joe Biden: su política de deportación masiva de migrantes haitianos a su país es denunciada públicamente por su propio emisario.[7]
En materia de política internacional, la administración extiende y confirma lo adoptado por Trump sobre temas centrales: pleno apoyo al régimen sionista; agresividad hacia Cuba y Venezuela. Recientemente, una investigación del New York Times reveló que el uso de drones en Siria, Irak y Afganistán había causado oficialmente la muerte de más de 1.400 civiles. La cifra real es ciertamente mucho mayor. Desde este punto de vista la administración Biden ha proseguido la política de D. Trump. A finales de agosto de 2021 en Kabul murieron 10 civiles por un dron y se supo en diciembre de 2021 que los responsables no serían sancionados. «No había un elemento lo suficientemente sólido como para mantener responsabilidades personales», dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, en Washington para justificar la ausencia de sanciones[8]. La Administración Biden también apoya al régimen militar del mariscal Al-Sisi en Egipto proporcionando anualmente a su ejército 1.300 millones de dólares en ayuda. Del mismo modo, Biden mantiene estrechas relaciones con el régimen ultrarreaccionario saudí.
El retorno al Acuerdo Climático de París y a las negociaciones nucleares con Irán no conduce a medidas enérgicas. Por el contrario, Biden acaba de aumentar la ayuda para la extracción de petróleo y gas en los Estados Unidos con el fin de aumentar el volumen de extracción. En relación con Irán, los Estados Unidos no están haciendo concesiones reales, lo que contribuye al deterioro de la situación.
¿Cómo explicar que no haya giro keynesiano?
El factor principal es la situación de la lucha de clases. Las clases trabajadoras y, en particular, las y los asalariados no ven aumentar su grado de organización y capacidad para actuar. Esto es diferente de la década de 1930, cuando el movimiento obrero estaba en auge en los Estados Unidos con una ola de huelgas y ocupaciones de fábricas, especialmente en el sector automotriz. Los sindicatos radicales tenían el viento de popa. Las ideas socialistas también. La URSS era un polo de atracción, la planificación y el control público de los medios de producción parecían ser una mejor solución que el laissez-faire capitalista.
Para completar el panorama, hay que añadir que en 2020-2021 el gobierno (tanto el de Trump o como el de Biden) engrasó de forma masiva los engranajes pagando ayudas significativas a las clases populares y aplazando el pago de una parte significativa de las deudas (deudas hipotecarias, deudas estudiantiles, deudas de alquiler…). En 2020 y 2021, la pobreza disminuyó gracias a las ayudas sociales de diferentes tipos. Esto ha jugado un papel real como amortiguador social. Las clases populares no se han visto compelidas a pasar a la acción. Es cierto que algunos sectores se han movilizado y en algunos casos han logrado victorias, pero esto está lejos de representar una ola de fondo.
Las medidas «sociales» tomadas por Trump y luego por Biden no son estructurales, no constituyen nuevos derechos, no son perennes. Si el programa «Build Back Better-Reconstruir mejor», fuera adoptado, se podría considerar que se ha logrado algún progreso social, pero obviamente, en el mejor de los casos, esto será muy limitado. Lo anterior demuestra que no estamos en un nuevo ciclo de tipo keynesiano en el que el gobierno y la clase capitalista serían obligadas hacer concesiones importantes a las clases populares que verían progresar sus derechos sociales y en el que los salarios reales aumentarían sustancialmente.
La clase capitalista continúa enriqueciéndose incluso si la tasa de ganancia no está en su mejor momento y si una parte importante del capital acumulado es ficticia y puede hundirse como un castillo de naipes en caso de una nueva crisis financiera.
Las desigualdades continúan aumentando con una mayor concentración de la riqueza a favor del 1% más rico.
La cuestión de las deudas
En el tercer trimestre de 2021, la deuda pública de los Estados Unidos superó los 28.000 millones de dólares, es decir, el 125 % del PIB del país. Tanto después de 2008 para hacer frente a la crisis financiera como a partir de 2020 frente a la crisis exacerbada por la pandemia de coronavirus, los gobiernos de los Estados Unidos han aumentado fuertemente la deuda pública. No ha habido impuestos de crisis al gran capital. Hasta ahora, el aumento de la deuda pública ha sido indoloro porque las tasas de interés están cerca de cero. Actualmente, la tasa de interés real de la deuda pública es incluso negativa, ya que la inflación supera el 5%. La Reserva Federal aumentará gradualmente las tasas de interés, pero no habrá problemas graves a corto o medio plazo. En los Estados Unidos, el volumen de la deuda pública seguirá aumentando sin causar grandes conmociones.
Las deudas de los hogares de las clases populares han aumentado en los últimos 10 años, pero las ayudas sociales en forma de cheques enviados en 2020-2021 por las autoridades públicas ha reducido temporalmente el peso de su pago. Además, tanto la administración Trump como la administración Biden han suspendido temporalmente el pago de una serie de deudas: deudas estudiantiles, deudas hipotecarias en algunos casos, algunas deudas de alquiler también, por no mencionar algunas deudas de pequeñas empresas. Pero estas medidas terminarán y gradualmente la situación se tensará. Se conocen algunos vencimientos: mayo de 2022 para deudas estudiantiles con un montante total superior a 1.600.000 millones de dólares. Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez están pidiendo la cancelación total. Movimientos en favor decondonar estas deudas están en marcha y en preparación.
La cuestión de las deudas reclamadas abusivamente a las clases trabajadoras será más importante en los próximos años.
En cuanto a las deudas estudiantiles, Barack Obama había hecho algunas cancelaciones parciales (cuyo costo fue asumido por las autoridades públicas y no por los prestamistas), Biden puede hacer lo mismo. Esto dependerá en particular de las movilizaciones. Un asunto que hay que seguir.
La deuda de las grandes empresas privadas ha aumentado muy bruscamente en los últimos años. En caso de aumento de las tasas, es posible que se produzcan quiebras y se desencadene una nueva crisis financiera.
Conclusiones
La política de la administración Biden, más allá de las declaraciones propagandísticas y de las promesas incumplidas, está en gran medida en línea con la ofensiva del capital contra las clases populares. No hay un punto de inflexión social que esté realmente en marcha y que rompa con 40 años de políticas neoliberales.
Nadie en la izquierda va a echar en falta a Trump, pero de ahí a hacerse ilusiones sobre Biden, hay límites que no se deben cruzar.
Biden y el Partido Demócrata decepcionan a sectores de las clases populares que les apoyaron contra Trump y las candidaturas republicanas en el otoño de 2020. Durante 2021, en varias elecciones parciales, esta decepción se expresó en las urnas y los republicanos fortalecieron su posición. Las elecciones de octubre de 2022 corren el riesgo de conducir a la pérdida de la mayoría de los demócratas en el Parlamento y el Senado, lo que aumentará la tendencia hacia la continuidad. Es posible una victoria republicana en las elecciones presidenciales de 2024.
¿Encontrará la izquierda dentro y fuera del Partido Demócrata la manera de fortalecerse y romper el sistema bipartidista tan bien descrito por Friedrich Engels hace 130 años? Esta es la gran cuestión histórica. ¿Podrá consolidarse el movimiento popular que en los Estados Unidos ha experimentado momentos muy destacados, como con Black Lives Matter o durante las movilizaciones feministas? ¿Las y los asalariados ganarán puntos contra la patronal? ¿Entrará la juventud en una sucesión de luchas que prolonguen Black Lives Matter, que se centren en el medio ambiente, las deudas…? Las respuestas a estas preguntas están abiertas y son de gran importancia para todos los pueblos del planeta.
Notas
[1] https://www.capito.senate.gov/news/in-the-news/editorial-to-keep-cost-of-bbb-down-take-out-the-salt-cap-increase ; https://www.cnbc.com/2021/11/17/high-income-households-could-get-a-tax-cut-under-build-back-better.html
[2] Financial Times, 27-28 novembre 2021, “Democrats’ tax relief plan leaves bitter taste for party leftwingers” https://time.com/6128775/salt-cap-democrats-divided/ ; https://www.ft.com/content/712d0a22-8aa1-4204-b93a-3653c1f5bb5e “According to analysis by both the non-partisan Tax Policy Center and the fiscally hawkish Center for a Responsible Federal Budget think-tanks, 94 per cent of the benefits of increasing the Salt cap to $80,000 would go to the top quintile of earners nationwide — who make at least $175,000 a year — with 70 per cent going to the top five per cent.”
[3] El contenido de este recuadro es un extracto de Éric Toussaint, Coronavirus: Bienes comunes mundiales contra el Big Pharma publicdo en http://www.cadtm.org/Coronavirus-Bienes-comunes-mundiales-contra-el-Big-Pharma
[4] Public Citizen, «Statement: Moderna Vaccine Belongs to the People», publicado el 16 de noviembre de 2020, https://www.citizen.org/news/statement-moderna-vaccine-belongs-to-the-people/
[5] Public Citizen, How to Make Enough Vaccine for the World in One Year», publicado el 26 de mayo de 2021, https://www.citizen.org/article/how-to-make-enough-vaccine-for-the-world-in-one-year/
[6] Financial Times, 9 décembre 2021. Extracto del artículo de FT “Lo que inquieta a los bancos de Wall Street es que voy a ser un regulador independiente, de espíritu fuerte, que no soy uno de los suyos, que no les debo nada”, declaró Saule Omarova al FT. (…). Jon Tester, senador demócrata de Montana y Mark Warner, de Virginia, han expresado inquietudes en el curso de la audición sobre las críticas anteriores de Omarova sobre ciertos aspectos de un proyecto de ley de 2018 que ambos habían defendido y que había flexibilizado las reglamentaciones para los bancos comunitarios. Tester ha puesto en cuestión igualmente su proposición de una autoridad nacional de inversión sostenida por el Estado que, en su opinión podría decidir a qué sectores de la economía prestar dinero”.
[7] https://www.france24.com/fr/amériques/20210923-l-émissaire-américain-en-haïti-démissionne-et-dénonce-des-expulsions-inhumaines-de-migrants
[8] Nouvel Observateur, « Bavure américaine de fin août à Kaboul : pas de sanctions, colère de la famille des victimes » https://www.nouvelobs.com/monde/20211213.AFP5613/bavure-americaine-de-fin-aout-a-kaboul-pas-de-sanctions-colere-de-la-famille-des-victimes.html
Traducción de Alberto Nadal publicada originalmente en Cadtm.org
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