1. El reconocido carácter atípico de la política de defensa del actual gobierno español[1] en el marco de los países que forman parte de la NATO no puede entenderse bien sin una referencia a lo que fueron las relaciones hispano-norteamericanas durante el franquismo. Pues las consecuencias de todo tipo -militares, económicas, políticas y culturales- que aquellas relaciones han tenido sobre la vida española durante muchos años condicionaron ya la actividad de los primeros gobiernos democráticos, después de la muerte del general Franco, y siguen estando presentes en el enfoque que el gobierno presidido por Felipe González está dando a su política europea[2].
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la industria y la política de armamentos en España ha evolucionado desde los años sesenta hasta ahora no solo en función del cambio político sino también a tenor de aquellas relaciones hispano-norteamericanas. En su primera fase el efecto principal de tales relaciones fue una moderación de la producción interior de armas debido a las importaciones realizadas desde EEUU, mientras que desde la entrada de España en la NATO[3] la aceleración de la producción, ventas y exportaciones se ha visto favorecida por la particular condición de España como miembro de la Alianza y país que alberga en su territorio varias bases norteamericanas.
El proceso de acercamiento político, militar y económico entre España y EEUU data de finales de la década de los cuarenta. El Pentágono, algunos congresistas a título particular y varias organizaciones religiosas iniciaron en aquellos años presiones sobre el Presidente y el Departamento de Estado norteamericano para que se establecieran relaciones regulares con el régimen de Franco, entonces aislado internacionalmente. Tales presiones no dieron resultado positivo hasta 1953, fecha en la que fueron firmados los Pactos de Madrid. La historiografía reciente, al estudiar en detalle los particulares de estos Pactos y en especial sus cláusulas secretas, ha puesto de manifiesto que el principal motivo de interés por parte del Gobierno norteamericano en las relaciones con la dictadura de Franco fue militar mientras que el principal beneficio que este último buscaba era político y, más concretamente, la ruptura del aislamiento internacional.
Los denominados Patos de Madrid firmados en septiembre de 1953 eran en realidad un conjunto de tres convenios: un convenio de defensa por el que España se comprometía a autorizar a EEUU la utilización de bases militares en el territorio nacional por un período de diez años prorrogable por otros diez; un convenio sobre ayuda para la mutua defensa por el que de hecho EEUU se comprometía a armar a España, y, finalmente, un convenio sobre ayuda económica en el que se establecían varios tipos o canales de crédito y financiación para la economía española.
El verdadero alcance del convenio de defensa quedó establecido por una cláusula secreta, en forma de nota adicional, que se firmó al mismo tiempo y que estuvo vigente hasta 1970. De acuerdo con dicha cláusula, EEUU podía utilizar las bases militares de Torrejón, Zaragoza, Rota y Morón en caso de urgencia “sin más que comunicar al gobierno español la información disponible sobre la situación y sobre sus propósitos”, lo cual convertía en papel mojado el reconocimiento formal o la soberanía española sobre las bases.
La mala calidad de las estadísticas españolas de ese periodo y los diferentes tipos de cómputo obstaculizan el análisis preciso del alcance de la ayuda económica norteamericana a España derivada de los Pactos de Madrid, pero por encima de las discrepancias numéricas existe acuerdo entre los historiadores de ese periodo al menos en lo siguiente: 1º que la importancia cuantitativa de la ayuda económica americana fue de menor consideración en el marco de la economía española de entonces, 2º que cualitativamente fue de mucha importancia para el despegue de la economía española en los años sesenta, al eliminar carencias anteriores y estrangulamientos debidos a la política económica autárquica; y 3º que, aún así, la cuantía de esta ayuda fue inferior a la suministrada a otros muchos países en el marco del plan Marshall.
Para lo que aquí interesa hay que añadir que el convenio de ayuda para la mutua defensa tuvo como efecto primero la ralentización de la industria de armamentos en España, a pesar de que teóricamente el régimen franquista tenía el proyecto de primar la industria para la defensa militar a través del Instituto Nacional de Industria. El hecho es que la ayuda militar americana saturó las necesidades españolas y la industria de armas propia entró en crisis en los años sesenta. Tanto es así que a mediados de esta década se produjo una reconversión forzada de varias fábricas anteriormente dedicadas a la producción de armamentos. Por ejemplo, la fábrica de artillería de Bazán se vio obligada por esas fechas a construir arados; en Placencia de las Armas[4] (Guipúzcoa) se fabricaban telares y máquinas para frutos, etc. En suma, la entrega prolongada de material militar norteamericano disminuyó considerablemente los pedidos de las Fuerzas Armadas a la industria española y forzó su crisis por toda una década. De manera que paradójicamente el establecimiento de las bases militares norteamericanas en España, la dependencia económica y las limitación de la soberanía que aquellas relaciones representaron trajo también como consecuencia una inflexión inesperada por el militarismo franquista.
Los convenios de 1953 fueron prorrogados diez años después, en 1963, por un periodo de cinco años. Tal renovación solo añadía a lo anteriormente vigente un acuerdo de cooperación cultural. En 1970 se firmó un nuevo Convenio de Amistad y Cooperación con categoría de simple acuerdo ejecutivo, rubricado sencillamente por los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países. El aspecto más importante del mismo es que no aparece ya la cláusula secreta de 1963, siendo sustituida por la siguiente fórmula: “Cuando la inminencia de peligro lo exija, ambos gobiernos establecerán contacto directo para adoptar conjuntamente la resolución que proceda”.
En 1976, poco después de la muerte del general Franco y luego de una negociación larga y difícil debida a los cambios que se estaban produciendo en la situación política española, España y EEUU firmaron un nuevo Tratado de Amistad y Cooperación. Los analistas consideran que este acuerdo supuso un giro en las relaciones hispano-norteamericanas porque por primera vez se trataba de un verdadero tratado, esto es, de un acuerdo entre dos naciones aprobado por el congreso de EEUU y por las Cortes españolas y ratificado luego por los respectivos jefes de Estado. Dejando aparte el hecho no secundario precisamente de que en ese momento las Cortes en España no habían sido elegidas aun democráticamente[5], interesa destacar alguno de los rasgos de este Tratado por las repercusiones que luego ha tenido.
El Tratado de 1976 no contiene ninguna cláusula secreta, renueva la fórmula para casos de crisis o urgencia militar que ya conocemos, pero también prevé la desnuclearización del territorio nacional al afirmar de forma explícita que el gobierno de EEUU no podrá almacenar en España armas ni componentes nucleares. El Tratado establece, por otra parte, una ayuda militar a España mediante una línea de créditos por valor de 600 millones de dólares, así como otros 75 millones de dólares para material militar y 60 millones dólares para mejorar la red de alerta y control utilizada por las fuerzas aéreas de EEUU en España. Aunque el negociador español, José María de Areilza, no recogió lo que era ya un clamor popular -la retirada de España de los militares norteamericanos y el cierre de las bases- se vio obligado, en cambio, a forzar a la parte norteamericana al reconocimiento formal de la desnuclearización[6], hecho este que iba a tener considerable importancia en el futuro, tanto al discutirse la forma de integración de España en la NATO como en las presentes negociaciones para la renovación de los acuerdos con EEUU.
2. En el marco de las relaciones hispano-norteamericanas y sus consecuencias se entiende porque la importancia concedida por el régimen franquista a la política de armamentos tuvo efectos más teóricos e ideológicos que prácticos. En efecto, aunque ya en 1949 el Instituto Nacional de Industria creó la Compañía de Estudios Técnicos de Materiales Especiales (CETME) y aunque en 1959 se constituyó la Empresa Nacional Santa Bárbara (con instalaciones en La Coruña, Vigo, Palencia, Sevilla, Toledo y Granada), lo cierto es que la industria española de armamentos no empieza a tener una dimensión apreciable hasta finales de la década de los setenta. Su estructura, en cambio, quedó establecida en el anterior régimen. Se caracteriza por el amplio predominio de las empresas públicas y por la concentración en tres empresas que ocupan un papel preponderante en cada uno de los subsectores: CASA = Construcciones Aeronáuticas; Empresa Nacional Bazán, para construcciones navales militares, y Santa Bárbara en la fabricación de armas para el ejército de Tierra.
Si la estructura del sector quedó perfilada bajo el franquismo, el nuevo diseño de la industria armamentista española se produce, en cambio, a comienzos de década de los ochenta. Varios factores han concurrido a ese nuevo diseño. En primer lugar, la integración de España en la NATO durante el gobierno de Calvo Sotelo y después de la forzada dimisión del Presidente Adolfo Suárez[7] (en la que intervinieron presiones norteamericanas y presiones militares internas). En segundo lugar, la aprobación por el Congreso de Diputados de una Ley de dotaciones presupuestarias para inversión en armamento y dotación de las fuerzas armadas, a la que no fue ajena tampoco la presión militar directa e indirecta (entre otras cosas hay que tener en cuenta, para explicar la aprobación, casi por una unanimidad, de esta ley, el efecto psicológico de los varios intentos de golpe de Estado de los años anteriores a 1982).
La integración de España en la NATO, su adscripción al Comité encargado del control de las exportaciones de las tecnologías de doble uso a los países del Este de Europa, la vinculación a varios proyectos militares europeos y el mantenimiento de los acuerdos bilaterales con EEUU (lo que suponía también el mantenimiento de las bases militares norteamericanas) ha colocado a España en una situación especialmente apta para la expansión de la política armamentista. Pero si ese es todavía el marco actual, el instrumento legal más importante para el aumento de la producción de armas ha sido la Ley de Dotaciones presupuestarias que prevé un gasto de algo más de dos billones de pesetas para el periodo 1983-1990. Casi el 90% de esa suma está destinada a inversiones e incluye compras al exterior, participación en proyectos de la NATO y compras a la industria propia. A esa suma ya muy considerable para España (sobre todo en comparación con presupuestos anteriores, pero también en comparación con lo que se dedica a otras partidas hay que añadir 700.000 millones de pesetas para inversiones del INI (Instituto Nacional de Industria) en material bélico durante el período 1984-1990, más la parte dedicada a la División Defensa del Programa de Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías (83.000 millones).
Según cálculos recientes de la revista Defensa, n.º 85, esta partida se llevó el 50,63% del total de la inversión real pública en los presupuestos de 1985, lo que supone una cifra 30 veces mayor que la presupuestada por el Ministerios de Cultura, 126 veces mayor que la del Ministerio de Sanidad y Consumo y 337 veces mayor que la de la Dirección General para el Medio Ambiente. Desconocemos, por otra parte, casi todo lo referente a la inversión y producción de la industria privada de armamentos.
El resultado de las cifras que se aportan en los cuadros es que, según el anuario del SIPRI correspondiente a 1987, España ha pasado a ocupar el 8º lugar mundial en la producción de armamentos, hecho notable si se tiene en cuenta la situación de crisis de la industria armamentista española en los años sesenta y el escaso periodo de recuperación existente desde 1979. Conviene matizar, de todas formas, que los datos aportados por el Anuario del SIPRI corresponden al momento de auge de la producción y exportación española (1983-1984) y que en la actualidad la industria española de armamentos encuentra dificultades para consolidar su lugar en el mercado mundial como consecuencia de la enorme competición existente y de la rapidez con la que se producen los cambios de este sector privilegiado de las actuales políticas económicas biocidas. La evidencia más destacada es, en cualquier caso, el desequilibrio existente entre el avance tecnológico logrado en ciertos sectores (por ejemplo, simuladores para F-18) relacionados con la informática y el atraso en otros que ni siquiera pueden competir en el mercado interior (en 1987, la empresa filipina Arms Corporation ganó a la Empresa Nacional Santa Bárbara un concurso convocado por el Estado español para suministrar a la Guardia Civil balas por valor de 125 millones de pesetas. Cfr. Miguel Angel Nieto, “El mercado de las armas en España”, Papeles para la Paz, nº 22).
Existe, por otra parte, cierta desconexión entre la política de defensa del Estado español y las orientaciones de las exportaciones y ventas de armas. Y eso no solo por el conocido conflicto entre principios morales que supuestamente animan las ayudas militares y la obtención de beneficios comerciales sino también por falta de planificación. El ejemplo más llamativo al respecto es el siguiente: el Reino de Marruecos, al que supone principal enemigo de España en caso de conflicto (debido al contencioso sobre Ceuta y Melilla) ha renovado con armamento español prácticamente todo su infraestructura militar, hasta el punto de que la Empresa Nacional Bazán construye las patrulleras de ataque rápido con un solo cañón cuando va destinadas a la Armada española y con cuatro tubos lanzamisiles del tipo Exocet de fabricación francesa cuando las construye para Marruecos.
3. El anuncio del acuerdo entre España y EEUU sobre la retirada de la base de Torrejón de 79 F-16 de las Fuerzas Aéreas norteamericanas ha sido interpretado con mucha euforia por la mayor parte de los comentaristas oficiales. Se ha afirmado que, con este acuerdo arrancado en el marco de las negociaciones para renovar los Tratados hispano-norteamericanos, España iniciaba una nueva etapa de su historia reciente marcada por la independencia y la soberanía nacional. El hecho de que los ministros de defensa de Italia y de Portugal se hayan mostrado interesados en el traslado de los F-16 a sus respectivos países en el marco de las fuerzas de la NATO ha sido visto en España como una prueba del cumplimiento de las condiciones establecidas por el Gobierno en el momento del referéndum sobre la NATO, además de como un indicio de que sólo el gobierno español sabe resistir a las presiones norteamericanas.
Salvo la derecha conservadora ninguna fuerza política en España ha puesto en duda el carácter positivo de la anunciada retirada de los F-16 de la base de Torrejón de cerca a la capital de España. Pero sí se ha denunciado, en cambio, la insuficiencia de tal medida en relación de los acuerdos con EEUU. Pues, según todos los indicios, dicha medida tiene que considerarse como un primer o último gesto ante la exigencia popular, muchas veces manifestada, de desmantelamiento de las bases militares norteamericanas.
Para valorar con precisión el significado de la retirada de los F-16 en el contexto indicado (cumplimiento de las condiciones establecidas por el gobierno durante el referéndum sobre la NATO, comienzo de la integración efectiva y renovación de los acuerdos con EEUU) no hay que olvidar que mientras tanto se ha desplazado la importancia geoestratégica de las bases. Con la progresiva militarización y nuclearización del Mediterráneo y con la crisis del Golfo, la base militar de Rota se ha convertido en un puntal básico para la estrategia militar norteamericana y de la NATO. Cabe preguntarse, por tanto, como se preguntan en España la mayoría de las organizaciones pacifistas, por qué Torrejón y no Rota. O, mejor aún, por qué no Rota y Morón y Zaragoza además de Torrejón (sobre todo si se tiene en cuenta el período de distensión abierto por la política de la URSS desde Gorbachov[8]).
Preguntas pertinentes si se atiende, por otra parte, no solo a la revalorización de la base de Rota durante los últimos años sino también al hecho de que últimamente varios puestos españoles (especialmente el de Palma de Mallorca) se han convertido en puntos básicos para la VI Flota armada con instrumental nuclear. La información disponible, proporcionada por Greenpeace, acerca de la utilización constante del puerto de Palma de Mallorca, es aleccionadora.
En suma, puede concluirse que durante estos últimos años España se ha convertido por una parte, en una potencia productora y exportadora de armas (sobre todo a Latinoamérica, pero también a África y Asia), que mantiene una ambigüedad calculada respecto de la estructura militar de la NATO[9] y, por otra parte, mantiene la dependencia respecto de los EEUU en lo que hace al aspecto principal del flanco sur de la Alianza.
Referencias
Angel Viñas, Los pactos secretos de Franco con EEUU, Barcelona: Grijalbo, 1981.
- Mir y J. Oliveres, “Industria y comercio de armas en España”, en Anuario del CIP, 1987.
- B. Shearer, “Significado para España de la ayuda económica norteamericana”, en Revista de Economía Política, septiembre-diciembre de 1959.
- A. Nieto, “El mercado de armas en España”. Em Papeles para la Paz, n.º 22, Madrid, 1987.
- Fisas, El poder militar en España, Barcelona: Laia, 1979.
- Buesa y J. Braña, “Tecnología y dependencia: el caso de la industria militar”, ICE, n.º 552, 1979.
Anexo
IMPERIO
Fechado el 17/01/2002. https://www.lainsignia.org/2002/enero/cul_040.htm
Primo Levi[10], reflexionando sobre el Holocausto, escribió que la historia de la barbarie es como un silogismo práctico. La premisa mayor de este silogismo reza así: “Todo extranjero es enemigo”. La conclusión del mismo no es única: puede ser el genocidio o el etnocidio, la limpieza étnica o el asimilacionismo, los campos de concentración o los campos de destrucción de otros pueblos, de otras culturas. Por desgracia, la aceptación de la premisa mayor de este silogismo es casi siempre inconsciente para la mayoría de los humanos. Pero siempre que en la historia de la humanidad esta premisa mayor se ha convertido en dogma, mediante la afirmación autoexcluyente de la propia cultura, que se considera a sí misma superior, el resultado ha sido la planificación de la propia barbarie: el holocausto, el quemar todo lo otro, la implantación del infierno sobre la tierra. En el transfondo del Holocausto está la afirmación arrogante de la Kultur frente a la Zivilisation.
Lo característico del capitalismo posmoderno en la época del Imperio único es que se presenta a sí mismo como vencedor de las fuerzas que causaron el último gran holocausto del siglo XX, pero al mismo tiempo, al afirmar la superioridad de la propia cultura mercantil, quema todo aquello que considera antagonista o enemigo, crea otros holocaustos y los presenta ante la propia opinión pública como necesarios, como respuesta supuestamente “civilizada” ante el riesgo de que aparezca en el horizonte un nuevo Hitler. Avisa de que viene El Lobo y, mientras tanto, convierte en lobos a los paisanos. La paradoja de los nuevos holocaustos es que éstos se presentan como una retorsión del principal Holocausto del siglo XX: el capitalismo posmoderno dice querer hacer modernos a todos los demás, induce en las otras culturas nuevas necesidades y, cuando llega a la conclusión de que estas nuevas necesidades inducidas no pueden ser satisfechas más allá del mundo de los ricos, quema y destruye las tradiciones y culturas que no se adaptan a los designios del Imperio.
Este quemar todo lo otro tiene ahora, en el cambio de siglo y de milenio, dos aspectos: material uno y simbólico el otro.
Materialmente, el Imperio quema todo lo que considera antagónico mediante las guerras. Identifica reiterativamente lo antagónico con el espectro de Hitler y a continuación bombardea todo tipo de instalaciones civiles de aquello que llama “enemigo”. Así en Bagdad, en Belgrado, en Grozny o en Kabul. En estos bombardeos han muerto desde 1991 cientos de miles de personas inocentes, un número muchísimo mayor que el de los muertos inocentes causados por los distintos tipos de terrorismo marginal. La ideología imperial se escandaliza ante los actos bárbaros de los otros y pone sordina a las consecuencias de su propia barbarie siempre impulsada por la enorme superioridad tecnológica y militar de los Estados Unidos de Norteamérica, de los gobiernos que dicen amen a todo lo que manda el gendarme imperial y de los gobiernos que utilizan la sumisión al Imperio para recomponer sus propios sueños imperiales frustrados.
Simbólicamente, el Imperio quema, destruye o confisca algunas de las mejores piezas de las culturas que considera antagónicas. Se escandaliza con razón cuando los otros destruyen parte del patrimonio artístico-cultural, pero al mismo tiempo, en su centro, quema y destruye indiscriminadamente cada año muchos más libros que los que quemó y destruyó la Inquisición a lo largo de la historia. Y lo hace por razones exclusivamente mercantiles: para liquidar stocks, ahorrar en almacenes y limitar la competencia editorial. El capitalismo imperial posmoderno exige que toda la humanidad se cosifique en las gélidas aguas del cálculo egoísta.
Las instituciones monetarias del Imperio quieren que todos los pueblos del planeta vivan en las gélidas aguas del cálculo egoísta[11]. Desde Rusia a Argentina recomiendan a los gobiernos de las provincias la religión de la desregulación y cuando estos gobiernos han sacrificado a los pueblos en el altar de la competición crematística los dejan caer en la desolación y en la crisis aduciendo que no han sabido aplicar las reglas de sus recetas neoliberales. Dolarizan el mundo y luego dicen que el mundo no está preparado para la dolarización. Liquidan estados y luego dicen que el estado-nación está en crisis. Exigen seguridad para que haya inversiones y cuando han liquidado las industrias incipientes en las provincias ofrecen medidas y técnicas policíacas para garantizar los beneficios de las empresas transnacionales, que son, en realidad, nacional-imperiales.
De ese tipo de cinismo dijo Oscar Wilde: “Sabe el precio de cada cosa, pero no sabe el valor de ninguna”[12].
El Imperio se mofa de las banderas de los otros aduciendo que pasaron ya los tiempos de las banderas “provincianas” y a continuación exalta la propia bandera en todas las actividades cotidianas y la impone a otros pueblos a miles de quilómetros de su centro. El Imperio se cisca en la inteligencia crítica y llama “inteligencia” al espionaje. Forma “luchadores de la libertad” donde tiene intereses geoestratégicos y luego, cuando quieren autodeterminarse, los llama terroristas. Se llena la boca con la palabra “libertad” y en las provincias no reconoce otra que la Quinta Libertad, el Séptimo de Caballería posmoderno. Hunde la enseñanza pública universitaria donde lo hubo y luego dedica enormes recursos a la compra de intelectuales de los cinco continentes, convierte sus obras en mercancías cosmopolitas y les exige que renuncien a sus orígenes declarando que ha llegado la guerra entre civilizaciones. Dedica importantes sumas a la investigación de medicamentos para combatir las enfermedades de la civilización y luego se lucra con ellos condenando a la muerte a los pobres que no pueden pagarlas.
En las provincias, la cultura imperial afirma su superioridad mofándose de las otras culturas y humillándolas. El Imperio desprecia cuanto ignora: coloniza culturas a las que trata de primitivas, invade los desiertos de África con las naderías de la París-Dakar y silencia a los que allí quieren autodeterminarse; arranca los velos medievales allí donde éstos cubren los rostros de las mujeres pero a continuación prostituye todo aquello que no entra en la división internacional del trabajo; denuncia la persistencia de la vieja esclavitud pero a continuación crea nuevos esclavos y se beneficia de la nueva esclavitud; impone la coca-cola en lugares en que falta agua o el agua está contaminada; subasta con arrogancia, en Londres o New York, las mejores piezas de las culturas precolombinas.
La cultura imperial se apropia de las medicinas tradicionales de los pueblos indígenas de América, Africa y Asia y luego las patenta para vendérselas, a precios desorbitados, a los descendientes de los que las crearon; deja sin espacio, en nombre de la religión del petroleo, a los pueblos que han vivido en armonía con la naturaleza durante siglos y dice que lo hace en nombre de la conciencia ecológica planetaria; predica austeridad a los pobres en nombre del desarrollo sostenible y luego se niega a firmar convenios internacionales para la reducción de las principales emisiones contaminantes; destruye agriculturas de siglos e impone cultivos cuyos beneficios van a parar a las transnacionales de la agroindustria; obliga a emigrar a millones de personas y luego niega la libertad de circulación a los que tienen que emigrar; produce sociedades multiculturales y luego dice que el multiculturalismo es un peligro para la civilización occidental; ficha, cataloga y controla a todo bicho viviente, animal o racional, y luego lo mete en guetos y reservas.
Con motivo de los atentados del 11 de septiembre del 2001 algunas personas sensibles, pocas, se han preguntado en EE.UU y en Europa por qué hay hoy tanto odio en el mundo contra la civilización que cree representar el Imperio. La respuesta es tan sencilla como difícil de entender para el Padre Padrone que aún cree que los siervos tienen que estarle agradecidos. La respuesta es: por la extensión de la pobreza, del hambre, de las enfermedades y de la esclavitud; por la destrucción de lenguas y culturas que un día fueron tan cultas (o más) como la lengua y la civilización del Imperio; porque el capitalismo posmoderno ha convertido el mundo en una plétora miserable y presenta esto, contra la evidencia, como el mejor de los mundos posibles; porque los desesperados están hartos de que les hayan matado a sus dioses y encima se rían de ellos los que no creen en ninguno.
El odio no justifica, obviamente, la barbarie de los otros (tan moderna y a veces tan posmoderna, por cierto, como la del Imperio), pero explica la desesperación que conduce a ella. El capitalismo imperial posmoderno exalta constantemente la violencia en los medios de comunicación que domina, fomenta la Sociedad del Rifle, practica la pena de muerte y luego interviene violentamente para combatir la violencia que él mismo ha inducido. El capitalismo imperial posmoderno llama fundamentalismo a la desesperación de los otros y oculta el fundamentalismo propio. De ahí surgen varios holocaustos selectivos y una nueva especie de macartismo global.
He aquí otra vez el “poder desnudo” del que hablaba el viejo Einstein[13] al acabar la segunda guerra mundial. Un tipo de poder que a él le recordaba la época del ascenso del nacional-socialismo en Alemania. Retorsión de lo que hubo. Esta vez son los musulmanes y asimilados quienes más sufren. Pero conviene recordar, con Levi, que ya en el infierno de Auschwitz se llamaba “musulmanes” a los más desgraciados de entre los desgraciados del campo de exterminio. ¿Una premonición? La última imagen de la dimensión que ha alcanzado el “poder desnudo” ha sido el traslado forzoso de los talibanes afganos desde Kabul a Guantánamo, cuerda de presos organizada con los últimos adelantos tecnológicos que, sin embargo, trae a la memoria alguna de las escenas del Espartaco de Kubrick. Todo un símbolo. Por lo que significaba Kabul, en el corazón de las tinieblas, y por lo que significa Guantánamo, territorio imperial en la isla de Cuba.
Nuevamente en el Imperio. Como dijo Walter Benjamin[14], no hay documento de cultura que no lo sea al mismo tiempo de la barbarie.