No recuerdo muy bien la cita, ni siquiera quién era su autor, pero decía algo así: “Los dioses crean el infortunio y las adversidades de los humanos para que les proporcionen espectáculo y diversión”. No sé si la finalidad será servir de entretenimiento a los inmortales, pero de lo que no hay duda es de que la vida humana se desarrolla entre la incertidumbre y el azar. El futuro se nos presenta totalmente inseguro e impreciso. Vivimos, sin embargo, en una sociedad cuyo mayor empeño ha sido construir un castillo inexpugnable de protección, y al abrigo de todo cambio no deseado. En buena medida lo ha conseguido a base de avances tecnológicos y científicos. No obstante, por poco reflexivos que seamos, tenemos que llegar a la conclusión de que en cualquier momento se puede desmoronar y que todos nuestros planes pueden truncarse. Es como si anduviese por ahí en lo alto un duendecillo que nos estuviese contemplando y de vez en cuando se entretuviese en desbaratar nuestros proyectos, al tiempo que se ríe y murmura: je, je, otra putadita. Lo que pasa es que en casos como en el que estamos viviendo de la epidemia del Covid-19, las putaditas se convierten en colosales tragedias.
Desconozco si Pedro Sánchez ha pensado algo similar cuando, después de la enorme satisfacción que debió de experimentar el 7 de enero al haber sido investido presidente del gobierno, ha tenido que enfrentarse con la epidemia seguramente más grave acaecida en los últimos cien años. El Covid-19 apenas le dejó tiempo para formar el nuevo Ejecutivo. Desde luego que nada de lo ocurrido entraba entre sus planes; sin embargo, no ha tenido más remedio que adaptarse, hacer de la necesidad virtud e intentar obtener el mayor beneficio posible de la nueva situación.
A pesar de que los primeros síntomas del virus se apreciaron escasamente un mes después de la investidura, no se puede decir que Sánchez fuese un presidente de Gobierno recién nombrado. Estaba a punto de cumplir dos años en el colchón de la Moncloa, aunque bien es verdad que no había podido aprobar y ejecutar su propio presupuesto; continuaba con uno prestado de Montoro, que precisamente en otro tiempo tanto denostó y se negó a negociar. Se puede decir que en cierto modo Pedro Sánchez estaba contra las cuerdas, fruto de haber superado la investidura con un voto de diferencia, y con un cóctel de alianzas muy difícil de mantener y de compaginar. El Gobierno había renunciado ya a presentar los presupuestos de 2020, y se vislumbraba enormemente difícil conseguir el consenso necesario para la aprobación de los de 2021. Los catalanes querían concesiones muy claras, pero casi imposibles de aceptar, por más que Sánchez estuviese dispuesto a casi todo.
A base de tantas ocurrencias en los viernes sociales, el déficit de 2019 se les había desmandado, y a la hora de cocinar y maquillar las cuentas se precisa cierta práctica que la actual ministra de Hacienda no parece poseer. De manera que Eurostat enseguida ha pillado el pufo con el consiguiente ridículo y amonestación. Y es que no se puede elevar solo el gasto sin incrementar al mismo tiempo los ingresos, pero Sánchez no quiere subir los impuestos para no cabrear al personal. La prodigalidad en el gasto da votos, mientras que la subida de los tributos los resta. Aparte de que la creación de nuevos gravámenes no puede hacerse por decreto ley, que es lo único que ha venido utilizando Sánchez a lo largo de estos dos años.
No parecía que 2020 se fuese a presentar mucho mejor. La actividad económica entraba claramente en un proceso de desaceleración. La evolución del empleo comenzaba a cambiar de signo. El número de parados detenía su descenso y todo anunciaba que iba a adentrarse en una tendencia alcista. El simple funcionamiento de los estabilizadores automáticos influiría de forma negativa sobre las finanzas públicas.
A ello habría que añadir las características populistas del propio Gobierno, presto a medidas demagógicas en el gasto, pero reticente al mismo tiempo a todo lo que fuese una verdadera reforma fiscal, capaz de proporcionar los recursos necesarios. A lo más que había llegado era a anunciar dos nuevos impuestos, más con la idea de cuadrar unos presupuestos que con el convencimiento de que se pudiesen poner en práctica. A la hora de la liquidación ya veríamos… Tan largo me lo fiais, que reiteraba el burlador de Sevilla. Pero, antes o después, chocaría con las autoridades de Bruselas.
Con malas perspectivas en la economía, sin poder aprobar los presupuestos, con unas finanzas públicas cada vez más desfavorables, con dificultades para poder implantar las medidas demagógicamente prometidas, y chantajeado y presionado por los que le habían conducido al gobierno, Pedro Sánchez estaba en un laberinto de difícil salida. Pero he aquí que aparece el coronavirus. La epidemia, a pesar de su ola de destrucción y tragedia, puede tener sus efectos positivos colaterales para el Gobierno. Le ha ofrecido una cierta escapatoria.
A partir del 9 de marzo (antes no, porque había que celebrar las manifestaciones feministas), todo se centra en el coronavirus. La culpa y toda ella será de la epidemia. El Covid-19 se adueña de tal modo del escenario que elimina, o al menos oculta, todos los errores cometidos por el Gobierno hasta el momento. Es más, le dota de una especie de patente de corso sobre los que pueda perpetrar en el futuro. Prohibida la crítica. Hay que arrimar el hombro. Todo el mundo debe apoyar incondicionalmente a Pedro Sánchez. De lo contrario, se está en contra de la reconstrucción de España. Es la misma adhesión que exigía a PP y a Ciudadanos de cara a la investidura, y también a Pablo Iglesias, aunque a este solo tras las primeras elecciones del 2019, porque después de los segundos comicios no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de la formación morada. Existen pocas dudas de que los efectos económicos de la epidemia van a ser devastadores, pero la pregunta es si no se van a atribuir a esta también los que provengan de la incompetencia del Gobierno, mezclando todo en un totum revolutum. De ahí el intento de anatematizar toda posible crítica y mutualizar la responsabilidad, pero, eso sí, sin compartir las decisiones.
El estado de alarma permite a Pedro Sánchez concentrar todos los poderes, desterrar la transparencia y monopolizar la información. Doblegar la lógica y hacer pasar como verdad contrastada por la comunidad científica los absurdos más flagrantes. Le faculta a prescindir de todos los procedimientos y, amparado en la urgencia de combatir los daños sanitarios y económicos de la epidemia, modificar aspectos que nada tienen que ver con ella, como la composición de la comisión de secretos oficiales, la ley de educación o la inclusión de las clases pasivas en la seguridad social. Es curioso que el ministro independiente (dependiente, al igual que todos los otros ministros, de los golpistas), que tomó posesión afirmando que había que aligerar el balance de la seguridad social traspasando determinadas partidas de gasto al presupuesto del Estado, lo primero que proponga sea realizar el proceso inverso con las clases pasivas.
El destrozo económico causado por el coronavirus va a generar a su vez un colosal agujero en las finanzas públicas, y, en consecuencia, un brutal aumento en el endeudamiento. El porcentaje cercano al cien por cien que actualmente mantiene la deuda pública sobre el PIB va a elevarse de manera muy peligrosa. Primero porque, por desgracia, se espera un enorme descenso en el denominador, es decir del PIB. Segundo por un gigantesco incremento del numerador, tanto por la bajada de los ingresos del sector público, que siguen muy de cerca la evolución del PIB, como por el fuerte incremento que va a sufrir el gasto público, fruto de las múltiples necesidades económicas y sociales que la recesión va a comportar.
A río revuelto, ganancia de pescadores. El colosal incremento del déficit y del endeudamiento público derivado de la epidemia puede hacer pensar al Gobierno que tiene vía libre para implantar todas aquellas medidas de su programa que deseaba poner en práctica, pero que la disciplina presupuestaria y, digámoslo todo, las autoridades de Bruselas, se lo impedían. Donde caben seis caben siete, y el coronavirus lo tapa todo. El Gobierno sabe que a largo plazo la situación va a ser insostenible. Pero a largo plazo, todos muertos, que diría Keynes. Pedro Sánchez vive el momento. Balones hacia adelante. Además, pretende meter en el mismo saco a todos los partidos, sindicatos, etc. Todos enfangados en el mismo lodo. Unos nuevos Pactos de la Moncloa.
En realidad, en este caso la ocurrencia no es original de Sánchez, sino de Arrimadas, pero el Gobierno y sus expertos mediáticos se han apresurado a apropiarse de ella. Les puede ser, sin duda, de mucha utilidad para eludir responsabilidades. No hay nada en la situación actual que sea comparable con la de 1977, ni en la economía, ni en la política, ni en la sociedad, ni en la estructura administrativa, ni en los valores sociales, ni en las relaciones internacionales, ni en los posibles protagonistas. El simple hecho de que, en ambos momentos, la sociedad y el Estado sufran graves problemas no es suficiente para establecer semejanzas. Intentar solucionar las dificultades actuales con las recetas de hace cuarenta y tres años es puro delirio. Bien es verdad que quizás lo que se pretenda sea solo un postureo, una operación meramente cosmética, o bien socializar los errores propios implicando a los demás en los desastres ya cometidos.
La situación económica actual poco tiene que ver con la de entonces. En la década de los setenta apareció un fenómeno nuevo que se denominó estanflación, que unía dos realidades, hasta entonces separadas, la recesión o estancamiento económico y la inflación. Tenía su causa en la desmedida e inesperada subida del precio del petróleo. Se había multiplicado por cuatro en poco tiempo, lo que significaba una ingente transferencia de recursos que pasaban de las manos de los países consumidores a los productores, originando, por tanto, un sustancial empobrecimiento de los primeros. Empobrecimiento desde luego muy acusado en España, ya que nuestro país dependía en un 60% de ese tipo de energía.
El proceso inflacionario era la expresión de que ningún grupo social quería conformarse con esa pérdida de renta y pretendía adjudicársela al de enfrente. Detrás de esas desproporcionadas tasas (en España 19,8% en 1976 y 26,4% en 1977) se encontraba la lucha entre trabajadores y empresarios. Ambos sectores se negaban a soportar la pérdida de poder adquisitivo que la subida del precio del petróleo imponía. Los trabajadores exigían aumentos de salarios porque habían subido los precios y los empresarios elevaban los precios porque se incrementaban los salarios.
Lo que es evidente es que las circunstancias en que aquellos acuerdos se firmaron nada tienen que ver con las actuales. Ningún parecido en materia económica. Hoy estamos en la Unión Europea. No tenemos moneda propia que devaluar y, por consiguiente, tampoco política monetaria. El problema actual no es la inflación, sino la deflación. Por ahora presentamos superávit en la balanza de pagos por cuenta corriente, el endeudamiento público es diez veces el de entonces y la tasa de paro actual multiplica por cuatro la de 1977, y no creo que Pedro Sánchez se proponga desregularizar aún más el mercado laboral y facilitar el despido.
La semejanza es aún menor en materia política. Entonces se encontraban en una situación preconstitucional, y se carecía de casi todas las instituciones democráticas. En cierto modo debieron inventarse la plataforma para los acuerdos. Hoy, llevamos más de cuarenta años de Constitución y de democracia y están perfectamente establecidos los cauces, procedimientos, estamentos e instituciones por los que tienen que circular los acuerdos y decisiones democráticas, no se precisa inventar nada. El presidente del PP ha sabido eludir la trampa que le habían tendido, ha desinflado el globo de Sánchez y ha remitido las posibles negociaciones al Congreso, que es su sitio natural y de donde nunca deberían salir. El presidente del Gobierno no ha tenido más remedio que ceder.
Pedro Sánchez, yo diría que, con mucha ingenuidad, confía en Europa. En realidad, de Europa puede esperar muy poco. Es verdad que la situación no es la misma que en la crisis anterior. No es la misma, pero por dos aspectos contrarios y enfrentados. El primero se encuentra en que la política de Bruselas es más laxa y no va a exigir, al menos a corto plazo, la estabilidad presupuestaria con la misma rigidez que entonces. El segundo juega en sentido contrario y es que el grado de endeudamiento actual del sector público español es incomparablemente mayor que el de 2007 y toca ya niveles límite. Incrementarlo en un treinta por ciento del PIB –como es muy posible que ocurra– nos introduce en un terreno resbaladizo y peligroso.
En la última cumbre, celebrada el pasado 24 de abril, se ha dese-chado una vez más la idea de los eurobonos, que tan arduamente defendieron tanto el primer ministro italiano como el presidente español. Tan solo se han aprobado precisamente aquellos mecanismos que tanto Italia como España habían rechazado en la cumbre anterior por insuficientes. Todo se reduce a préstamos, con lo que no se soluciona absolutamente nada, puesto que incrementarán el endeudamiento ya estratosférico de ambos países, y en el fondo tendrán el mismo efecto que si se financiasen directamente en los mercados.
La cantidad se ha reducido a 500.000 millones (en la cumbre pasada se hablaba de 750.000). En la Unión Europea todas las cantidades son engañosas y terminan teniendo trampa. En este caso la cifra se desglosa en 200.000 millones de euros en avales del Banco Europeo de Inversiones orientado a las empresas en crisis, 100.000 millones del fondo denominado “Apoyo temporal para mitigar los riesgos de desempleo en una emergencia” – Support mitigating Unemployment Risks in Emergency (SURE)–, que aportaría la Comisión y 200.000 millones del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).
Con el SURE conviene no equivocarse. No se trata del germen de ningún seguro de desempleo comunitario, como alguna vez se nos ha intentado vender, y que tan a menudo ha reclamado Sánchez, sin ningún éxito, por supuesto. Nunca se constituirá. No hay ninguna socialización del gasto. Es un simple mecanismo para prestar (es lo único a lo que está dispuesta la UE, prestar) a los Estados miembros necesitados de financiación para acometer lo que la Comisión llama “regímenes de reducción del tiempo de trabajo”, para entendernos nuestros “expedientes de regulación temporal de empleo” (ERTE).
El MEDE es de sobra conocido y de triste memoria por los hombres de negro y por los rescates, que tanto daño hicieron a ciertos paí-ses en la pasada crisis. Se afirma que en esta ocasión el recurso a este fondo se realizaría sin condiciones, pero la redacción es lo suficientemente ambigua como para que después quepan todas las interpretaciones. En cualquier caso, existe ya una condición y es que los recursos tengan que orientarse forzosamente al gasto sanitario. No diré yo que España no tenga que dedicar una parte mayor del presupuesto a la sanidad pública. La epidemia ha dejado bien claro el déficit que existe en esta área, pero en los momentos actuales, una vez pasada la punta de la epidemia, otras van a ser las necesidades más apremiantes.
Por otra parte, el recurso al MEDE puede tener efectos más negativos que positivos. La palabra rescate es tóxica en los mercados de capitales. Los recursos que, según dicen, nos corresponderían, 25.000 millones de euros (aproximadamente un 2% del PIB) no son una cifra excesivamente relevante, comparada con la emisión de deuda que va a tener que realizar el Tesoro Público Español. El recurso a los mercados financieros despertaría quizás mucho menos recelo que la petición de un rescate, por pequeño que sea. Hizo bien el primer ministro italiano en rechazar de plano esta opción y Pedro Sánchez debería haberle seguido, no dejando entrever la duda de si va o no a recurrir al MEDE.
En última instancia la prima de riesgo tanto de Italia como de España y de otros muchos países va a depender de la actuación del BCE, y este, a pesar de la metedura de pata inicial de la señora Lagarde afirmando que no estaban allí para cerrar diferenciales, no tiene más remedio que impedir que los tipos de interés dentro de los Estados miembros diverjan excesivamente. De hecho, el mismo concepto de prima de riesgo es contradictorio con una unión monetaria. ¿Qué riesgo de tipo de cambio puede haber cuando se tiene la misma divisa? Siempre habrá que reconocer que uno de los grandes aciertos de Rajoy fue aguantar el pulso contra toda clase de presiones externas e internas para que pidiera el rescate.
Los problemas económicos y financieros que van a tener tanto Italia como España, como la misma Francia, son de otra magnitud y, dados sus altos niveles de endeudamiento, no se arreglan con préstamos, tal como quieren Holanda, Alemania y los otros países del Norte. Los eurobonos ya se han caído del programa y el tan cacareado Plan Marshall de Sánchez se ha diluido entre las manos. No habrá deuda perpetua, ni transferencias a fondo perdido, como no sea en todo caso en una proporción muy pequeña. Tampoco la cantidad de 1,5 billones de euros es cierta. Tiene trampa. Las instituciones de la Unión Europea son auténticas artistas en manipular cantidades.
La cuestión estriba en que, al margen de construcciones ingeniosas, y se vista como se vista, los países del Norte no están dispuestos a introducir ningún mecanismo que signifique redistribución. Pero con esos planteamientos no puede mantenerse ni un mercado único ni una unión monetaria. Como Macron con razón les ha reprochado, si los países del Norte son ricos, lo son gracias a los países del Sur. Del mismo modo que la prosperidad de Cataluña, el País Vasco y Madrid, depende del resto de regiones españolas; al igual que la Italia del Norte se apoya en la Italia del Sur.
Sánchez tiene que salir de la ensoñación de que la UE le va a resolver los problemas. Tal vez lo más que puede esperar es alguna ayudita y seguramente envuelta en papel de estraza. Dejando los juegos malabares aparte, nos financiemos como nos financiemos, dependemos y vamos a depender absolutamente del BCE, que impondrá sus condiciones. El presidente del Gobierno debe reprimir esa tendencia populista de moverse de decreto ley en decreto ley, tirando de talonario como si la cuenta fuese infinita, improvisando, sin calcular el coste de cada medida y sin prever qué ingresos van a financiar el gasto. A su vez, el jefe de la oposición debería contener su afán por emular a Sánchez en ocurrencias y dejar de ir por ahí haciendo propuestas alocadas de bajadas de impuestos, cuando se nota además su total desconocimiento del sistema fiscal. Pueden ser muy populares, pero sin pies ni cabeza. Echémonos a temblar, porque entre Pedro y Pablo en la Comisión parlamentaria de la reconstrucción les puede dar por echar una carrera a ver quién concede más prebendas y, en lugar de reconstruir, terminemos por destruirlo todo.
La amenaza en esta ocasión tal vez no venga de los hombres de negro, ni de la Comisión, ni siquiera de las supuestas condiciones del rescate, sino de la propia realidad económica y de los mercados financieros. Mercados hoy contenidos por el BCE, pero no sabemos hasta cuándo va a tener munición para frenarlos, y tampoco hasta qué momento los países del Norte van a permitir que lo haga. La última sentencia del Tribunal Constitucional alemán es ya todo un aviso. Que el Gobierno pierda toda esperanza de que vayan a llegar de la Unión Europea transferencias como para tapar, aunque sea parcialmente, un agujero por importe del treinta por ciento del PIB. En todo caso, migajas. Es difícil, por no decir imposible, que los males del Covid-19 puedan, al menos a medio plazo, traer algún bien, aunque sea a un personaje tan maquiavélico como Pedro Sánchez. Ahora bien, tengamos algo muy claro: que por muchos males que la epidemia, su ineptitud y su Gobierno traigan a los españoles, él no abandonará la Moncloa.
Fuente: Epílogo del libro de Juan Francisco Martín Seco Una historia insólita. El gobierno Frankenstein.
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