La inédita situación generada por la mortal expansión del coronavirus, el largo confinamiento de la población y la práctica paralización de las actividades económicas han destrozado las perspectivas de la presente legislatura que ha entrado en una dimensión desconocida tanto desde el punto de vista económico y político como social.
Antes de la extensión de la pandemia el escenario político nacional estaba determinado por la precariedad del gobierno de coalición PSOE-UP que dependía para su continuidad, mediante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, de la abstención de ERC. Esto, a su vez, estaba en manos de la mesa de diálogo entre los gobiernos español y catalán a la espera de unas elecciones en Cataluña, anunciadas pero sin fecha de convocatoria. Un panorama que desencadenó la feroz hostilidad de las tres formaciones de la derecha españolista, PP, Vox y Cs con durísimas acusaciones al gobierno progresista de coalición de rendirse al chantaje de los separatistas con tal de mantenerse en el poder.
La crisis del coronavirus ha modificado brutalmente este panorama y ha mostrado dos tendencias contradictorias. Por un lado, la corriente a favor de la unidad de las fuerzas políticas y la solidaridad de la ciudadanía para combatir la epidemia. Por otro, los atávicos impulsos cainitas de la derecha española a fin de aprovechar las crisis para derribar al gobierno, pero también de la derecha catalana para alimentar la hispanofobia y la pretensión supremacista de que, sin las interferencias del gobierno central, la Generalitat habría gestionado mejor la crisis. En esta línea, la ex presidenta del Parlament, Núria de Gispert, afirmó que si Catalunya fuera independiente hubiera habido menos muertos.
Ciertamente aún es demasiado pronto para saber cuál de estas tendencias acabará imponiéndose, aunque todo apunta hacia la segunda. En los primeros compases de la crisis del Covid 19 el PP se mantuvo en una ambigüedad calculada; por un lado ofrecía responsabilidad institucional mientras con la otra alimentaba las críticas más feroces al ejecutivo en abierta competencia con la ultraderecha de Vox. En principio, parecía que al PP le sería muy difícil oponerse a unos Presupuestos de “reconstrucción nacional” y a las apelaciones de Pedro Sánchez a suscribir una suerte de reedición de los Pactos de la Moncloa. Ahora bien, tras lo observado por el pasado jueves en el debate sobre la convalidación de los decretos de ampliación del estado de alarma, el PP, aliado con Vox, ha decidido abandonar esta ambigüedad y profundizar en su estrategia de confrontación con el gobierno progresista. De este modo, la derecha y la ultraderecha se inscriben en la nefasta tradición guerracivilista de negar legitimidad a los gobiernos progresistas como ya ocurrió durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
La única novedad radica en Cs donde se multiplican los signos de desmarcarse de la línea dura de Vox y PP y de alinearse con el ejecutivo para hacer frente a una situación de emergencia nacional y ocupar el espacio del centro que el PP ha dejado expedito. Un giro del que puede depender la supervivencia de esta formación tras su hundimiento electoral en los pasados comicios generales al abandonar su posición centrista y alinearse con la derecha y la extrema derecha. Si esto fuera así, ERC podría perder la llave de la gobernabilidad del Estado, devaluándose la mesa de diálogo, a tenor de la clamorosa deslealtad del ejecutivo catalán y a la espera del resultado de las elecciones autonómicas
Todo ello cuando la institución monárquica atraviesa sus horas más bajas, derivado de los escándalos de corrupción del rey emérito que prácticamente invalida a Felipe VI para ejercer el papel de jefe de Estado y cuyo peso recae en su práctica integridad en la figura de Pedro Sánchez.
Las tribulaciones de la Generalitat
En el Govern de la Generalitat, en el primer arranque de la crisis, se observó una ofensiva política y mediática impulsada desde Junts per Catalunya que evidenció la debilidad de ERC. Una formación que aún no ha superado su complejo de Edipo respecto a la antigua Convergència, y apabullada ante el control de esta formación de los medios de comunicación públicos y afines generosamente subvencionados del gobierno autonómico. Éstos pusieron en marcha una potente campaña cuyo eje radicaba en el mensaje subliminal que Espanya ens mata, con fakes news como, por ejemplo que desde Madrid se estaba impidiendo el suministro de material sanitario. En principio, el Govern de la Generalitat exigió el cierre de las fronteras catalanas como panacea contra el contagio y luego la paralización total de la actividad económica, excepto los servicios esenciales. Además, criticó con dureza la aplicación de estado de alarma como un 155 encubierto y denunció la presencia del ejército como una especie de fuerza de ocupación.
Sin embargo, desde el decreto de hibernación de la economía del ejecutivo español, esta estrategia ha comenzado a hacer aguas mientras se ha cuestionado la eficacia de la Generalitat en la gestión de la crisis en aquellas materias de su exclusiva competencia. Así, el cierre de Igualada y su comarca –difundida como una suerte de panacea para combatir la pandemia- ha demostrado ser un fracaso y finalmente ha sido levantada. A esto se une la pésima gestión de las residencias geriátricas, principal foco de mortalidad, especialmente cuando se difundió la circular donde se recomendaba no proporcionar asistencia hospitalaria a los mayores de 80 años y se multiplicaban las informaciones sobre la prohibición a la Unidad Militar de Emergencias (UME) de actuar en numerosas residencias de ancianos, a pesar de las peticiones de los gestores de las mismas y de los ayuntamientos donde están ubicadas, algunos gobernados por formaciones independentistas.
Ahora, el Govern ha debido rectificar, en parte debido a las crecientes muestras de indignación de amplios sectores de la ciudadanía catalana, ante una estrategia que antepone los intereses partidistas y el relato secesionista a la gravedad de la situación. De este modo, el president vicario Quim Torra hubo de reconocer, “fallos de comunicación” en la delicada cuestión del tratamiento a los ancianos y se levantaron parcialmente las restricciones a la intervención de la UME en los geriátricos. Una situación que ha provocado la retirada de las competencias de Chakir el Homrani conseller de ERC y titular de la cartera de Trabajo y Asuntos Sociales a favor de Sanidad, también gestionada por Esquerra. Un episodio más de la guerra por la hegemonía del movimiento independentista que ha vuelto a tensionar la precaria coalición entre esta formación y Junts per Catalunya.
Antes de la crisis del coronavirus, algunos sondeos apuntaban a una reedición de la mayoría absoluta independentista que, por primera vez, podría superar el cincuenta por ciento de los votos. Ello no tanto por una ampliación de su base electoral, que se mantendría estable en torno a los dos millones de votos, sino por una desmovilización del electorado contrario a la secesión. Ahora, estos pronósticos han quedado obsoletos debido, por un lado a la indignación de amplios sectores de la ciudadanía contra la gestión de la Generalitat de la crisis; por otro, porque por primera vez en una década los comicios no se plantearán centrados monotemáticamente en el tema de la independencia, sino sobre la manera de afrontar las medidas socioeconómicas para revertir la recesión. Dos factores que auguran una elevada participación en estos comicios y quizás una pérdida de apoyos electorales en cifras absolutas de las formaciones independentistas.
Disyuntivas históricas
En fin, resulta muy complicado realizar previsiones mínimamente fiables cuando estamos asistiendo a una feroz batalla política e ideológica cuyo resultado dependerá tanto de la manera cómo se resuelva la crisis sanitaria como de las medidas que emprenda el gobierno central para paliar las devastadoras consecuencias económicas del Covid 19. A favor de las fuerzas de la derecha española y catalana juega el desgaste de un ejecutivo que ha tenido que enfrentarse de modo inesperado a una crisis de enormes dimensiones y que está causando numerosas víctimas mortales. Un panorama que podría propiciar un eventual repliegue identitario y autoritario de una población aterrorizada.
A favor de las formaciones progresistas juega el recuerdo, entre amplios sectores de la ciudadanía, de los brutales recortes de PP y Convergència a servicios públicos básicos, espacialmente en sanidad. También le serían favorables las hipotéticas medidas que pudieran adoptarse para hacer frente a la crisis económica, particularmente hacia los sectores sociales más castigados por la crisis financiera. Ahora bien, para que estas eventuales medidas fueran eficaces sería preciso un cambio de paradigma respecto a las políticas neoliberales que, desde los años 80 y particularmente desde la caída de la URSS, han gozado de la hegemonía política e ideológica y que han devenido dogma de fe en la Unión Europea. La profundidad de la crisis está obligando a que, incluso fuerzas de marcado marchamo neoliberal, estén acudiendo a la intervención económica del Estado, en clave neokeynesiana, para salvar la economía y evitar una explosión social.
A nadie se le escapa que asistimos a un momento histórico decisivo y ante unas disyuntivas de enorme trascendencia. La moneda está en el aire. Ante la confusión de los gobiernos a nivel internacional, desbordados por el desarrollo de los acontecimientos, ahora más que nunca la ruta que se emprenda dependerá en gran medida de la reacción de las opiniones públicas y de la movilización de la ciudadanía.
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