En efecto, para que la eventual independencia de Catalunya fuese viable resultaría imprescindible el reconocimiento por parte del resto de Estados del llamado concierto de las naciones. A diferencia de países como Eslovenia, Croacia o las ex repúblicas soviéticas bálticas o Ucrania, cuya secesión contó con el apoyo de grandes potencias como Alemania o Estados Unidos, la causa independentista catalana no dispone de ningún apoyo internacional. Incluso Israel que, en principio, parecía ser el único Estado con cierto peso internacional que veía con cierta simpatía el proceso soberanista catalán, ha emitido mensajes en sentido contrario.
El periplo belga de Puigdemont se ha reducido a entrevistarse con el presidente del parlamento de Flandes, Geert Bourgeois, con el presidente del parlamento federal belga, Siegrid Bracke y con el polémico alcalde de Amberes, Bart de Wever, todos del partido independentista Nueva Alianza Flamenca (N-VA). Se trata de una formación de centro-derecha, fundada en 2001, que se ha distinguido por una política lingüística esencialista, aun más radical que la impulsada por la Generalitat de Catalunya, pero en la misma longitud de onda ideológica. Así han promulgado leyes que obligan a los residentes que no hablan flamenco (variante dialectal del neerlandés) a utilizar únicamente esta lengua, la oficial de Flandes, en las relaciones con las administraciones públicas, condicionar el acceso a viviendas públicas al conocimiento de este idioma y promover su uso como lengua de integración de los inmigrantes.
Además, mantienen un discurso sobre la inmigración rayano en la xenofobia, como el de Bart de Wever, alcalde de Amberes y presidente del N-VA, que intentó cobrar una tasa extra de 267 euros a los extranjeros que quisieran empadronarse en la ciudad frente a los 17 euros de los ciudadanos belgas, que no llegó a aplicarse debido a que vulneraba tanto la legislación belga como las normas comunitarias. Históricamente, el independentismo flamenco ha estado condicionado por la gran fuerza de partidos de extrema derecha, racista y homófoba, como el Vlaams Bolk (Bloque Flamenco), ilegalizado en 2004, y su actual heredero Vlaams Belang (Interés Flamenco) cuya plaza fuerte era precisamente Amberes.
El N-VA quiere proyectarse como una alternativa liberal a estas formaciones enfatizando su apuesta por las políticas ecológicas o aceptando el matrimonio homosexual. Por otro lado, frente al independentismo inmediato de la extrema derecha, apuesta por la secesión como un objetivo a largo plazo. A diferencia de Escocia y Catalunya, los flamencos son demográficamente mayoritarios en Bélgica pero, como Catalunya, Flandes es la región más rica del país.
Doble desmentido
Hasta aquí puede considerarse normal que Puigdemont quisiese realizar su primer periplo oficial al extranjero visitando a unos compañeros ideológicos de viaje que además están integrados, como Ciudadanos, en el mismo grupo parlamentario europeo, Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE).
El problema se planteó cuando el president de la Generalitat negó reiteradamente, a preguntas de los periodistas, que hubiera solicitado reunirse con dirigentes de la Unión Europea. “El día que me proponga ver a un comisario europeo u otra autoridad lo haremos, lo pediremos y lo conseguiremos” –aseguró. Al tiempo que destacaba el gran interés internacional que despertaba el proceso soberanista catalán. Además, con escaso sentido de la oportunidad política, criticó duramente la incapacidad de los partidos españoles para formar gobierno, precipitando la repetición de las elecciones. Ello precisamente en el país que estuvo casi dos años sin ejecutivo derivado de la falta de acuerdo entre las formaciones con representación parlamentaria. Todo esto con un discurso que denotaba la característica pretensión de superioridad cultural y étnica del catalanismo conservador.
Carles Puigdemont, en Bélgica | Foto: Jordi Bedmar
El desmentido no tardó en producirse. Mina Andreeva, portavoz del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Junker, informó que la Generalitat le había solicitado una entrevista que había sido rechazada por “problemas de agenda”. En el mismo sentido y con el mismo pretexto, se posicionó el presidente del Parlamento Europeo y socialdemócrata alemán, Martín Schultz. Un extremo que finalmente fue reconocido por el delegado de la Generalitat ante la UE, Amadeu Altafaj.
Estos desmentidos cayeron como una jarra de agua fría, pues provocaron el efecto contrario al buscado por medios de comunicación públicos de la Generalitat, y privados afines, que presentaron el viaje de Puigdemont como un gran éxito de la diplomacia catalana. En efecto, uno de los leitmotivs de la propaganda independentista es que la Unión Europea presionará al gobierno español para que acepte las reivindicaciones soberanistas y que, en caso de independencia, no peligraría la integración de Catalunya en la UE. En fin, si Puigdemont quiso poner una pica en Flandes, el arma acabó quebrada y su posición debilitada ante los poderes fácticos del selectivo club europeo.
Tanto es así que el ex president Artur Mas hubo de intervenir para asegurar que la negativa de las autoridades europeas a reunirse con Puigdemont “no significa que no haya interés” por parte de la UE respecto a la cuestión catalana y achacó el fracaso a la “presión” del Estado español para impedir que este tipo de citas puedan representar una “publicidad adicional” al proceso soberanista.
Inmersos en plena precampaña electoral, María Dolores de Cospedal, secretaría general del PP, no quiso dejar pasar la oportunidad para echar sal a la herida, acusando a Puigdemont de querer “engañar” a la UE para recibir un trato de jefe de un “Estado independiente” que no se merecía.
Contradicción insoluble
El éxito del proceso soberanista está vinculado a dos factores que se retroalimentan. Por un lado, obtener el apoyo de una amplia mayoría de la ciudadanía de Catalunya; por otro, el reconocimiento internacional del nuevo Estado soberano. Ahora bien, en las llamadas plebiscitarias del 27S las fuerzas secesionistas no lograron superar el umbral del 50% de los votos, lo cual supone un obstáculo insuperable para lograr el citado reconocimiento internacional.
Envuelto en esta contradicción insoluble, el proceso soberanista parece encaminarse hacia un callejón salida que puede generar una enorme frustración entre amplios sectores de las clases medias que constituyen la base social del movimiento independentista.
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