Periódicamente, el esencialismo lingüístico, uno de los rasgos característicos del nacionalismo catalán, emerge para mostrar su rostro más intolerante. El jueves de la semana pasada se difundió el manifiesto Por un verdadero proceso de normalización lingüística en la Catalunya independiente, elaborado por el colectivo denominado Koiné y suscrito por 280 filólogos, docentes, lingüistas, escritores, traductores, juristas y políticos.
Algunos tan significados como Joaquim Arenas, padre de la inmersión lingüística, Irene Rigau, ex consellera convergente de Enseñanza de la Generalitat, el exlíder de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira o el exdiputado de la CUP, Julià de Jodar. El origen de este colectivo está en la sectorial de la lengua de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC).
El manifiesto parte de una concepción ideológica típica del nacionalismo etnolingüístico y se aproxima al concepto de Fundamentalismo Cultural, teorizado por la profesora de Antropología Cultural, Verena Stolcke, donde la noción de raza es sustituida por la de cultura, entendida como un todo compacto y territorializado, codificado por un conjunto de tradiciones y valores inmutables, cuyo tempo es el Estado-nación. Esta peligrosa ideología tiene diversas variables, según los diversos países. En Catalunya adopta la forma del esencialismo lingüístico, donde la lengua, siguiendo las tesis de Herder, deviene el “alma”, o en términos más modernos el ADN de la nación.
El manifiesto se inicia con una sesgada síntesis de la historia de la lengua catalana, repleta de contradicciones y paralogismos. Así, mientras se afirma que el castellano se introdujo en Catalunya coercitivamente por la fuerza de las armas, el catalán lo hizo en el País Valenciano y Baleares de modo natural, cuando lo cierto es que su introducción allí se debe a la conquista de Jaume I de estos territorios.
Pero, además, esta conquista de Catalunya por Castilla no se corresponde con la verdad histórica. Las Coronas de Castilla y Aragón se reunieron mediante la unión dinástica (1475) y la Guerra de Sucesión no fue una guerra nacional entre España y Catalunya sino un conflicto dinástico entre dos candidatos a la Corona. Los autores del manifiesto acrisolan el concepto de “bilingüización forzosa de la población” como consecuencia de la dominación política castellana. Ahora bien, como ha demostrado ampliamente Joan-Lluís Marfany en su excelente trabajo La llengua maltractada, durante los siglos XVII y XVIII la monarquía hispánica no se preocupó por imponer el castellano. Se produjo un proceso de sustitución lingüística voluntaria por parte de las élites catalanas, mientras los sectores populares analfabetos continuaron hablando en catalán. Hasta finales del siglo XIX, la burguesía catalana, como punta de lanza de la revolución liberal y democrática, apostó por el castellano como lengua nacional, culminando el proceso que los sociolingüistas denominan disglosia.
Esto cambia a finales del siglo XIX y principios del XX cuando aparecen los modernos nacionalismos catalán y español. Desde entonces, la lengua se convierte en caballo de batalla ideológico y desde el poder político español se implementa la estrategia de asimilar a la población catalanohablante, a través de la escuela o los medios de comunicación, para homogeneizar lingüísticamente al Estado-nación. Ahora bien, siendo esto cierto, no puede caracterizarse –como hacen los autores del manifiesto– la Guerra Civil con un conflicto nacional de España contra Catalunya, sino que fue un conflicto de clases donde numerosos nacionalistas catalanes, empezando por Francesc Cambó, apoyaron al general Franco. Y, lo que es más grave, se acusa a la inmigración del Sur de España de operar como “instrumento involuntario de la colonización lingüística”, en una manifestación de la xenofobia latente del esencialismo lingüístico.
Victimismo y monolingüismo
De esta sesgada versión de la historia de la lengua catalana se desprende un diagnóstico victimista de la situación de lengua catalana, donde el catalán aparece condenado a la extinción, arrinconado socialmente y degradado cualitativamente, donde la pureza lingüística evoca la limpieza de sangre.
Ello a despecho de todos los datos sociolongüísticos que revelan que la lengua catalana es la lengua de prestigio en el Principado, y del progresivo aumento del número de sus parlantes. Este tétrico y manipulado diagnóstico les conduce a plantear una serie de soluciones radicales a “uno de los grandes problemas de Estado de la nueva república, quizás el más importante, será el problema lingüístico, porque afecta la base misma de la cohesión social”. Una afirmación sorprendente para quienes pensamos que dicha cohesión se fundamenta en unas condiciones de vida y de trabajo dignas y no en el idioma que hable la ciudadanía.
En consecuencia, los impulsores del manifiesto propugnan que “esta consciencia lingüística informe el debate ciudadano del proceso constituyente y el consenso constitucional, si no se quiere que la nueva constitución sea una forma de cerrar en falso el problema lingüístico”. Las únicas vías de solución para los autores del texto son: “a) la restitución al catalán del estatus de lengua territorial de Catalunya (e igualmente para el occitano en el Valle de Arán), b) la reversión de la práctica de la subordinación sistemática y generalizada del uso del catalán (o del occitano) al uso del castellano y c) la recuperación progresiva de la genuinidad de la lengua”.
Un planteamiento que choca frontalmente con un enfoque democrático de la cuestión lingüística en países donde conviven varios idiomas, pues el concepto de lengua territorial se alza como un obstáculo insalvable para resolver los complejos problemas derivados de la pluralidad lingüística.
De hecho, según la legislación internacional, si Catalunya fuera independiente la población castellanohablante debería gozar del estatus de minoría nacional y tendría derecho a recibir la enseñanza en su lengua materna, acabando con el modelo de la inmersión lingüística. Además, dado que según el Idescat (Instituto de Estadística de la Generalitat de Catalunya), el 50,7% de los catalanes tienen como idioma vehicular el castellano, en una Catalunya independiente esta lengua debería ostentar el rango de lengua oficial.
En realidad, los impulsores del manifiesto propugnan un modelo de homogenización lingüística de la población que nada tiene que envidiar al criticado del Estado español.
Incomodidad en Junts pel Sí
La difusión del manifiesto ha causado cierto malestar tanto en CDC como en ERC, socios de gobierno en la coalición Junts pel Sí (JxSí), que desde el comienzo del proceso soberanista han intentado seducir a los catalanes de lengua castellana, sin cuyo concurso difícilmente será posible alcanzar la mayoría social necesaria para impulsar el proyecto independentista.
Prueba de ello son las grandes atenciones que CDC y ERC, pero también la CUP, otorgaron a Súmate, colectivo de castellanohablantes partidarios de la secesión. Así, miembros de dicha asociación han tenido gran protagonismo político, como en el caso de Antonio Baños, que lideró la candidatura de la CUP al Parlament de Catalunya, de Gabriel Rufián, número uno de la lista de ERC al Congreso de los Diputados o de Eduardo Reyes, presidente de Súmate y ahora diputado de JxSí. Así, tanto CDC como ERC, propugnan una cooficialidad matizada para el castellano. Por ello, desde Convergència se ha acogido con frialdad el manifiesto y frente a los ardores lingüísticos de épocas pasadas se remitieron a su programa electoral. Por su parte, los diputados de ERC, Joan Tardà y Gabriel Rufián, lo han rechazado tímidamente y la CUP ha optado por no pronunciarse.
El manifiesto desmonta el argumentario “amable” con que las fuerzas que impulsan la secesión buscan seducir a los catalanes de lengua castellana, hasta ahora refractarios al proyecto soberanista. Unos planteamientos que muestran, como en el análisis de los sueños de Sigmund Freud, el contenido manifiesto de amplios sectores del movimiento independentista.
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