El análisis de las circunstancias que han rodeado a la inhabilitación del diputado, unidas al comportamiento de la presidenta del Parlament de Catalunya, nos permiten tomar la temperatura del estado de ánimo y de fuerzas del movimiento independentista tras el fracaso de la vía unilateral.
La polémica generada en torno a la inhabilitación del diputado Pau Juvillà de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) por Lleida y ex concejal de este ayuntamiento se ha transmutado en el caso Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya. Borrás pertenece al ala dura de Junts per Catalunya, ese heterogéneo conglomerado de fuerzas más o menos comandadas por Carles Puigdemont desde Waterloo.
Desde los tiempos de la II República, la presidencia del Parlament de Catalunya ha estado cargada de resonancias simbólicas. En 1980, su primer presidente después de la dictadura fue Heribert Barrera, líder histórico de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a cambio de facilitar la primera investidura de Jordi Pujol y descartar un tripartito de izquierdas con PSC y PSUC. Más tarde, sus declaraciones de corte xenófobo o racista (si se prefiere la antigua terminología), fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación, cuestionando su figura; sobre todo entre las juventudes de su partido. Incluso, en septiembre de 2020, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó retirarle la medalla de la ciudad, concedida a título póstumo en 2012, en medio de una cierta polémica.
Carme Forcadell Lluís, nacida en Xerta en 1955, pero formada en Sabadell. Ejerció la presidencia del Parlament entre octubre de 2015 a enero de 2018, el período más caliente del procés cuando se aprobaron las leyes de desconexión. Ingresó en prisión preventiva en marzo de 2018 y fue condenada en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo a 11 años y 6 meses de prisión por los delitos de sedición y malversación, en un régimen suavizado desde su traslado a las prisiones catalanas, competencia de la Generalitat. El 22 de junio de 2021, junto al resto de presos independentistas, fue indultada por el gobierno español.
Estas circunstancias incrementaron el valor simbólico de la segunda autoridad institucional del país que evocaba la trágica figura de Lluís Companys. Forcadell, ex concejala de ERC en Sabadell (2003-2007), accedió a esta elevada magistratura acaso como recompensa a su infatigable labor en la presidencia de la Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), cuando se convirtió en un icono del nuevo movimiento independentismo de masas, que arranca del 2012. Siempre en conexión directa con TV3, una pieza clave del éxito del movimiento soberanista. Forcadell provenía de la militancia cultural en la Plataforma per la Llengua, lo cual le confería una legitimidad adicional, pues la militancia lingüística es el estrato profundo, desde luego en términos cronológicos, del nacionalismo catalán. También Laura Borràs procede de ese ámbito lingüístico-cultural.
En torno a la lengua se había forjado un precario consenso en el modelo basado en la inmersión lingüística que comprendía a ICV, PSC, ERC, PSC, CiU y CUP. Un perímetro dentro del cual todos podían denominarse “catalanistas” y del que quedaban excluidos PP y Ciudadanos, representantes del nacionalismo español de centro-derecha. El vertiginoso ascenso electoral de Cs como voto útil antidependentista, cuando fue la primera fuerza del Parlament con 1,1 millones de votos y 36 diputados, constituyó un aviso del malestar de un amplio sector del electorado con el modelo lingüístico, pues éste es uno de los puntos fuertes del programa y las campañas de la formación naranja.
Las sentencias judiciales que obligan a impartir un 25% de clases en castellano en la enseñanza, han reabierto el tema, cuestionando los consensos establecidos y el modelo de inmersión lingüística. Desde el PSC se indica que, en las jornadas de septiembre y octubre de 2017, las fuerzas independentistas reventaron unilateralmente todos los consensos; incluido el lingüístico. El movimiento independentista ha reaccionado con una campaña sobre el declive del uso social de la lengua atizando el fantasma de la extinción del idioma ante la fuerza mediática del castellano en un escenario global que hace más necesario que nunca la vigencia y reforzamiento de la inmersión.
El nuevo independentismo de masas
Más acá de la polémica lingüística, la ANC nació de las experiencias acrisoladas en la organización de la oleada de referéndums iniciada en Arenys de Munt (2009). La ANC funcionó como el vector organizador del nuevo movimiento independentista de masas surgido en las movilizaciones contra la sentencia Tribunal Constitucional sobre el Estatut (2010).
El nuevo independentismo de masas, desde el punto de vista político/ideológico, articula un espectro muy plural. Desde un sector de los democristianos de la UDC, como el representado por Núria de Gispert (la primera mujer en acceder a la presidencia del Parlament), hasta la militancia de Poble Lliure de la CUP. Deliberadamente, la ANC buscó conectar con el imaginario de la lucha antifranquista de la Assemblea de Catalunya, con el cantautor Lluís Llach como figura emblemática. La fuerza y la capacidad de convocatoria de la ANC quedó ampliamente demostrada con sus espectaculares acciones de masas en las Diadas, como la Vía Catalana (2013), al estilo de las repúblicas bálticas ex soviéticas.
Esta heterogeneidad ideológica, articulada políticamente en tres partidos parlamentarios, está compensada por una relativa homogeneidad de sus bases sociales. A brocha gorda, éstas pertenecen a las clases medias catalanohablantes como indican los datos electorales y los estudios sociológicos elaborados al respecto como los de Adolf Tobeña. Sin embargo, conviene matizar. Sobre esa base social y lingüística común convergen otros factores de orden territorial y generacional que confieren la característica plasticidad y capilaridad al movimiento.
Junts representa a las capas superiores de las clases medias en los entornos metropolitanos y con una notable penetración en las comarcas de la Catalunya Vella de Lleida y Girona. ERC representa mejor a los sectores profesionales y más jóvenes de esas clases medias, entre los treinta y cincuenta años, así como una mayor implantación en la Catalunya Nova de las comarcas de Tarragona y mejores resultados que Junts en el área metropolitana de Barcelona. La CUP, el tercero en discordia, nos permite apreciar el componente generacional del movimiento independentista, pues aglutina a la juventud tanto en la Catalunya metropolitana como en la interior.
Justamente, la descarnada pugna entre los diversos avatares de la antigua Convergència y ERC por convertirse en la fuerza política hegemónica del nuevo independentismo de masas es uno elementos clave sin el cual resultarían inexplicables las vicisitudes del proceso soberanista.
El ascenso del nuevo independentismo de masas condujo a Ómnium Cultural, fundada en 1961, la entidad cívica por excelencia del catalanismo de postguerra, a confluir con la ANC a fin de organizar y movilizar esas masas. El movimiento cuenta con el apoyo de importantes medios audiovisuales encabezados por la poderosa Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació (TV3 más Catalunya Ràdio). También, entonces eclosionaron múltiples digitales indepes, siguiendo la estela de Vilaweb, para un público más intelectual y movilizado. Otra mujer, Muriel Casals Couturier (1945-2016) fue la llamada a liderar ese tránsito de Òmnium del nacionalismo lingüístico-cultural al independentismo político militante. Profesora de Economista en la UAB, era, como es Forcadell, una persona de izquierdas, en su caso de los círculos de PSUC. Además, ambas vivían o se habían formado en Sabadell. En cualquier caso, Forcadell y Casals formaban un dúo irresistible. Particularmente para ese sector denominado coloquialmente les tietes; es decir, señoras de una cierta edad de clase media y catalanohablantes que acudían masivamente a las manifestaciones y concentraciones de ANC y Ómnium, que se apuntaban a todas las actividades y que, en definitiva, tenían mucho tiempo libre. Tristemente, Muriel Casals falleció en Barcelona a consecuencia del traumatismo cráneo-encefálico provocado por la caída tras ser atropellada por una bicicleta.
Experiencias de doble poder
Carme Forcadell devino un símbolo de la coherencia con los principios, en defensa del valor democrático superior del ejercicio del derecho a la autodeterminación frente al ordenamiento constitucional y estatutario español. Así actuó desoyendo los requerimientos y advertencias de la judicatura española y sin intentar escapar a la acción de los tribunales. Esta elevada concepción de los principios democráticos, cuya máxima expresión fue el referéndum del 1 de octubre de 2017, se contradijo con la manera poco democrática de gestionar la aprobación de las leyes de desconexión en las jornadas de septiembre de 2017 como, desde la izquierda, denunció Joan Coscubiela.
Durante esas tensas jornadas, se escenificó, en términos de León Trotski, un conflicto de “doble poder” entre la legitimidad emanada del referéndum del 1 de octubre y las leyes de desconexión y la fuerza del ordenamiento jurídico-político del Estado español. La presidenta Borràs, en su reciente comparecencia televisada en la mesa del Parlament para explicar los avatares del caso Juvillà, apuntó a la existencia de una “realidad paralela” entre legitimidades entre la emanada de la legislación española y la surgida del Parlament de Catalunya, auténtico órgano de la soberanía de la nación.
Las tres formaciones independentistas, con el 48% de los votos y la mayoría absoluta en la cámara catalana (por imperativos de la ley electoral), organizaron una estrategia parlamentaria, con Forcadell al frente, para derogar la legislación española y catalana vigente e instaurar la nueva legalidad de la República catalana. Unas tácticas inspiradas en las experiencias de la Transición española; de aquel famoso “de la ley a la ley” de Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez en el desmontaje del entramado jurídico franquista.
Enfrente tenían al poder del Estado, encarnado en el ejecutivo con mayoría absoluta del PP, por el ex registrador de la propiedad Mariano Rajoy, respaldado por el conjunto de aparatos judiciales y policiales del Estado profundo. Todos eran conscientes que el ascenso del movimiento independentista estaba provocando una grave crisis de Estado ante la cual el PP no sabía cómo responder. Por ello, trasladó su inoperancia política a la acción de la justicia y la represión policial. El atraque de los piolines en el puerto de Barcelona y la desnortada represión del referéndum del 1-O proporcionaron justamente las imágenes que buscaba el movimiento independentista para victimizarse y difundir su causa en el exterior.
En la batalla por el favor de la opinión pública europea e internacional, el movimiento independentista consiguió algunas victorias, favorecidas por la torpeza del PP en la gestión mediática de crisis. Sin embargo, en el conflicto de doble poder se impuso con claridad el orden constitucional español. El mismo día de la proclamación de la independencia se aprobó en el Senado el artículo 155 de la Constitución que disolvía el ejecutivo catalán, mediante la asunción del Estado de sus competencias y del legislativo disolviendo el Parlament y convocando elecciones en el mínimo tiempo legal permitido. Esa misma tarde-noche se concentró un gentío ante el Palau de Generalitat, donde ni se arrió la bandera española, ni salió Puigdemont, como hicieron Macià y Companys, en ese mismo balcón renacentista para proclamar la Republica catalana en 1931 y 1934 respectivamente. Cuando llegaron las noticias de la aplicación del 155 la concentración se disolvió casi espontáneamente y el dichoso artículo fue acatado sin rechistar por los funcionarios y altos cargos de la Generalitat.
El movimiento independentista experimentó en esas jornadas que para instaurar el Estado soberano no basta con una solemne declaración parlamentaria (que tampoco existió). Además, había de reunir dos condiciones: ejercer el control efectivo sobre el territorio y obtener el reconocimiento del resto de Estados soberanos.
Feminización del movimiento
Las mujeres han tenido una gran importancia en el éxito del movimiento independentista. No sólo por el caso Forcadell. Su predecesora en el cargo fue la democristiana Núria de Gispert, la primera mujer en acceder a tan alta magistratura, cuyos exabruptos xenófobos, en la estela de Heribert Barrera, contra Inés Arrimadas le condujeron a renunciar en mayo de 2019 a la Creu de Sant Jordi, máxima distinción de la Generalitat. También otra mujer, Elisenda Paluzie ostenta actualmente la presidencia de la ANC. Se observa una cierta pauta en el reparto de papeles en el movimiento por sexos o por géneros, si se prefiere la terminología postmoderna. Mientras las mujeres dirigen el ámbito social, transversal y casi familiar del movimiento, los hombres como Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra u Oriol Junqueras comandan la representación en las instituciones y de hecho el poder político.
En un registro más profundo, la mujer, asimilada a la madre, creadora de vida, ha sido utilizada frecuentemente en la iconografía nacionalista de todas las latitudes como un símbolo de la patria. Las mujeres se proyectan como las más auténtica conservadoras de la lengua, las costumbres y tradiciones de la tierra. Por ello, la ocupación por los ejércitos enemigos del país suele ser representada como la violación de la patria (aunque sería más correcto decir matria). Acaso, estos registros simbólicos contribuyan a explicar la gran presencia e influencia de las mujeres en las movilizaciones del movimiento secesionista.
Magia Borràs
Laura Borràs i Castanyer (Barcelona, 1970), doctora en Filología Románica y profesora de la Universidad de Barcelona, ingresó en la vida pública al acceder a la presidencia de la histórica Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en 2013 y organizó los actos de su octogésimo aniversario. En el 2016 fue una de las impulsoras del Manifiesto Koyné, que propugnaba la adaptación del catalán y aranés como únicas lenguas oficiales en la República catalana y señalaba a los inmigrantes del resto de España como responsables “involuntarios” de la colonización lingüística. Un año después obtenía el acta de diputada como independiente en la lista de la coalición entre ERC y la ex Convergencia, JuntsxCat, en el n. 5 de la provincia de Barcelona. Estrechamente vinculada a Quim Torra, ambos del ámbito lingüístico-cultural, fue nombrada en mayo de 2018, consellera de Cultura, cargo que abandonó en marzo de 2019 para liderar la candidatura de Junts al Congreso de los Diputados al que renunció para encabezar la lista de Junts en la autonómicas de 2021, tras la inhabilitación de Torra.
Esta meteórica ascensión se vio ensombrecida por las investigaciones iniciadas en julio de 2018 por el juzgado n. 9 de Barcelona por presuntos delitos de adjudicaciones fraudulentas a favor de un amigo cuando presidía la ILC. La publicación en La Vanguardia de los correos electrónicos tuvo un gran impacto. En ellos Borràs instruía a su amigo sobre cómo trocear los contratos para evitar el concurso público y obtener la adjudicación directa. El mismo día de la constitución de la Cortes españolas y Borràs tomaba posesión del acta de diputada, la fiscalía solicitó al Tribunal Supremo la apertura de una investigación contra ella por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental. Ello condujo a que el Congreso de los Diputados, dada su condición de aforada, votase a favor del suplicatorio paso previo para iniciar el proceso judicial. Cuando fue elegida diputada del Parlament su causa fue trasladada del Tribunal Supremo al Tribunal de Justicia de Catalunya (TSJC), lo cual ha dilatado el procedimiento.
Borrás contraatacó proclamando su inocencia y denunciando un montaje de las alcantarillas del Estado para criminalizarla por su protagonismo en la lucha por la independencia. Un argumento de manual, utilizado convergentemente hasta la saciedad desde los tiempos de la querella del Supremo contra Pujol en los lejanos tiempos de Banca Catalana. Haciendo uso de su derecho, se negó a declarar.
A pesar de ello, su estrella política no pareció declinar. En 2020 obtuvo una victoria aplastante (80%) en las primarias de la formación para encabezar la candidatura a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 2021. Como observó cáusticamente Albert Soler desde el Diari de Girona, antes se descubría la corrupción de los políticos convergentes cuando estaban en el poder, ahora ya la traían de marca.
Borràs asumió de mala gana la presidencia del Parlament, pues no ocultó su aspiración a ostentar la vicepresidencia del Govern. En su discurso de investidura, cargado de veladas invectivas contra su predecesor en el cargo Roger Torrent, aseguró que nunca se comportaría como aquél, impidiendo el pleno de investidura de Puigdemont y permitiendo la inhabilitación de Torra. Ella seguiría el ejemplo de Forcadell que tan alto había dejado el listón del cargo.
El caso Juvillà
En las semanas que precedieron al estallido del caso Juvillà, el prestigio del Parlament se hallaba mancillado tras las revelaciones del diario independentista Ara, sobre las llamadas “licencias de edad”, aprobadas en el 2008, en época del tripartito de izquierdas, que permitían a los funcionarios de la cámara con 30 años de antigüedad, seguir cobrando como si trabajaran durante cinco años antes a la jubilación. El mismo rotativo denunció la opacidad y la carrera de obstáculos durante nueve meses hasta obtener de la cámara catalana la confirmación de la existencia de este “privilegio” que costaba al erario público 1,7 millones de euros anuales para retribuir a 21 funcionarios. El escándalo salpicó a Borràs por sus maneras opacas y sus medias verdades. Finalmente, bajo la presión de la opinión pública, la mesa del Parlament decidió eliminar las licencias de edad, ante las protestas del comité de empresa de la Cámara.
Llovía sobre mojado. Antes, Borràs había intentado colar en una reunión de la mesa de la cámara, entre cientos de puntos, una enmienda para que la pérdida de condición de parlamentario sólo fuese efectiva cuando hubiese sentencia firme. De este modo pretendía abolir la norma –aprobada tras la conmoción provocada por la confesión de Pujol y el caso Palau de la Música- según la cual cuando se abriese la vista oral a un diputado acusado de delitos de corrupción perdería automáticamente esa condición. ERC y CUP y el resto de la oposición descubrieron la maniobra y desmontaron la artimaña.
El caso Juvillà, idéntico al del president Torra, desató todas sus contradicciones. Pau Juvillà Ballester (Lleida, 1973), concejal por la CUP en el ayuntamiento de la capital ilerdense, fue denunciado en marzo de 2019 por Ciudadanos por negarse a quitar unos lazos amarillos de su despacho durante la campaña electoral del 28-A, a las que su partido no concurría, desoyendo los requerimientos de la Junta Electoral Central (JEC). Al adquirir la condición de diputado y además miembro de la mesa del Parlament, su causa se trasladó como aforado al TSJC. El 14 de diciembre de 2021 fue condenado a seis meses de inhabilitación, sentencia que fue recurrida por el diputado y que por tanto no es firme. Argumento que utilizaron las formaciones independistas y Podemos para reclamar que mientras la sentencia no fuera firme se mantuviera su condición de diputado. Las noticias sobre el tratamiento contra el cáncer al que estaba sometido añadieron mayor dramatismo al caso.
El 27 de enero de 2022, la JEC exigió el cese del diputado y remitió a Borras la orden de retirarle el escaño en el plazo de cinco días. Atrapada por las contradicciones, Borràs primero intentó clausurar la cámara para esquivar la orden de la JEC, pero, por indicación de los letrados, “sugirió” suspender las comisiones de trabajo parlamentarias, provocando las airadas protestas de la oposición. También, buscó el apoyo del ejecutivo y pidió al president Pere Aragonès que se implicase en el caso. Éste prudentemente, invocó la separación de poderes, para decidir que era un tema que debía resolver el legislativo y brindándole todo su apoyo como diputado de la Cámara.
Borràs quiso – como el homónimo juego de magia infantil- convencer que no acataba la orden de la JEC mientras lo estaba haciendo. Especialmente en el pleno extraordinario convocado al efecto, cuando se votó ratificar la condición de diputado de Juvillà y Borrás y al mismo tiempo se negó a aceptar la petición de voto delegado de Juvillà formulada por la CUP, pues hubiera significado cruzar el Rubicón de la desobediencia. Días antes los servicios jurídicos del Parlament informaron a Juvillà que él y su asesora dejarían de cobrar el sueldo del mes. Finalmente, Esther Andreu, secretaria general de la cámara, zanjó el conflicto al ejecutar los requerimientos de la JEC, remitiendo un escrito con fecha de 3 de febrero donde se informaba de la baja de Juvillà como parlamentario a contar retroactivamente desde el 28 de enero.
Sin duda para compensar este mal papel, Borràs se personó en la concentración de la Avinguda Meridiana que desde la sentencia del procés corta todas las tardes esta importante arteria de la capital catalana. Apareció el mismo día que entraba en vigor la orden del conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, de prohibir los cortes de tráfico y permitir una concentración en una plaza adyacente. Elena, ahora en las filas de ERC, procede del PSC bajo cuyas siglas ostentó la alcaldía de Vilanova i la Geltrú. Representa al importante número de dirigentes catalanistas del PSC que se pasaron con armas y bagajes a ERC, encabezados por Ernest Maragall a los que siguieron prestos los principales consellers socialistas del tripartito de su hermano Pasqual.
El corte de la Meridiana, con un número decreciente de concentrados, se convirtió para los independentistas, en un símbolo de la resistencia del movimiento frente al Estado opresor. En sentido contrario, los cortes propiciaron las protestas de vecinos de un barrio poco simpatizante con la causa nacional, así como diversos grupos contrarios a la secesión. Capitaneados por Societat Civil Catalana, la principal entidad contraria a separación que cumple una misión semejante a la ANC, pero de signo ideológico contrario. La imagen de las dos concentraciones, separadas por un cordón de los Mossos d’Esquadra, resulta un hiriente espejo de la polarización de la sociedad catalana en el desarrollo del procés que no era del agrado de los dirigentes de ERC, ni tampoco de Ada Colau alcaldesa de Barcelona y principal activo electoral de Podemos en Catalunya.
El truco de magia Borràs no acabó de funcionar pues menudearon los comentarios corrosivos en las redes, respecto a cómo no se había atrevido a desobedecer a la justicia española, pero se veía con coraje para desobedecer a su propio gobierno al desacatar las órdenes del conseller Elena.
Con estas credenciales, compareció en una televisada ante la Junta de Portavoces, donde negó haber ordenado la baja de Juvillà y descargó toda la responsabilidad sobre los funcionarios a quienes acusó de haber actuado por su cuenta y sin esperar sus órdenes. Como hemos indicado, señaló esa “realidad paralela” entre soberanías, donde volvió a comprobarse dónde la radica la soberanía real y dónde la imaginada.
La principal consecuencia política del desenlace del caso Juvillà radica en que certifica la ruptura entre la CUP y el gobierno de coalición independentista sin mayoría absoluta en la Cámara. Esta fractura se escenificó con la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, cuando ERC tuvo que acudir a los Comunes para salvarlos ante el voto negativo de los diez diputados de la CUP. Los Comunes, a cambio, obtuvieron que ERC aprobase las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona, cuando días antes Ernest Maragall había anunciado su voto en contra. Una luna de miel entre ERC y Comunes, amargada por el voto negativo de ERC en Madrid a la reforma laboral de Yolanda Díaz.
A principios de marzo, se celebrará el juicio contra la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, imputada por desobediencia, tras haberse negado a responder las preguntas de los letrados de Vox como acusación popular, en el juicio del procés en el Tribunal Supremo. Un presunto delito que conlleva penas de multa e inhabilitación que volverá a poner en brete a Borràs quien a su vez podría verse inhabilitada cuando el TSJC decrete la apertura de juicio oral.
Mesa de diálogo
Las vicisitudes del caso Borràs permiten tomar la temperatura del movimiento independentista. La aplicación de 155 y la acción de justicia española contra los líderes del movimiento señalaron el fracaso de la vía unilateral y un baño de realismo sobre la verdadera correlación de fuerzas entre el Estado español y el movimiento secesionista catalán. Actualmente, no existe ninguna estrategia efectiva para iniciar un proceso hacia una independencia exprés, como se ensayó en septiembre y octubre de 2017. Ello, a pesar de los esfuerzos del Consell per la República, liderado por Puigdemont para mantener viva la llama. De hecho, la situación de los líderes fugados (exiliados para los independentistas) y en particular la de Puigdemont es uno de los flecos del proceso pendientes de resolución.
En otro orden de cosas, se ha de tener en cuenta que el desenlace del proceso soberanista ha sido uno de los factores, no el único, para entender el rearme del nacionalismo español reaccionario y el ascenso de Vox.
Entre todas las fuerzas políticas catalanes se ha abierto un compás de espera producto de las expectativas generadas por la mesa de diálogo entre los dos gobiernos, donde CUP no participa y que Junts intentó boicotear al exigir la presencia de miembros de su formación que no forman parte del Govern. La mesa de diálogo fue una de las condiciones innegociables de ERC para permitir la investidura de Pedro Sánchez que el PSOE aceptó sin demasiado entusiasmo.
El punto de partida de Esquerra pivota sobre dos puntos: autodeterminación y amnistía que el PSOE se niega a tomar en consideración. Los socialistas están dispuestos a reabrir la cuestión del Estatut d’Autonomia y reparar la anomalía que supone que Catalunya sea la única comunidad autónoma donde no está en vigor el Estatut aprobado por las cámaras catalana y española y refrendando por la ciudadanía, sino el corregido por el Tribunal Constitucional. Para ambas formaciones se trata de ganar tiempo. ERC lo necesita para ampliar su base social y electoral. La gran lección extraída del fracaso de la vía unilateral radica en que resulta imposible avanzar hacia la independencia sin una amplia mayoría social en su favor. Por ello, se trata convencer a los votantes de los barrios castellanohablantes que con una República catalana les irían mejor las cosas. El PSOE también lo necesita para seducir con su comportamiento generoso a los catalanes independentistas y convencerlos que permanecer en España es un buen negocio.
En los extremos, Junts y CUP; por un lado y Vox, PP, Cs, por otro, rechazan esa mesa de diálogo con argumentos simétricamente opuestos. Para los primeros es el marco de sumisión de ERC a los dictados del Estado español; para los segundos, el ámbito donde el gobierno de España cederá al chantaje de ERC. Podemos juega un papel de mediador entre PSOE y ERC. En cualquier caso, el gobierno español ha enfriado las expectativas generadas por la mesa de diálogo manifestando que sus prioridades están en otra parte, en la recuperación económica tras la pandemia. También, porque ahora el movimiento independentista no supone una amenaza inminente a la unidad nacional y su capacidad de movilización ha disminuido notablemente, especialmente desde los indultos a sus líderes.
El fracaso de la vía unilateral ha comportado un repliegue identitario en torno a la lengua que a menudo muestra preocupantes tendencias xenófobas de los sectores más hiperventilados del movimiento que tachan de “colonos” a los catalanes de lengua castellana y culpables del fracaso del procés.
En cualquier caso, no se aprecian en el horizonte síntomas que apunten a la resolución del conflicto de fondo que podría permanecer durante unos años en estado de hibernación. A la espera de una, de momento improbable, ampliación de su base social que permitiese un segundo asalto, asimiladas las lecciones del fracaso de la vía unilateral.
Libros relacionados:
