La confirmación de la inhabilitación del president vicario de la Generalitat, Quim Torra, ha señalado el final de una legislatura que podría calificarse de transición, tras unas elecciones convocadas en diciembre de 2017 por Mariano Rajoy en el marco de la aplicación del artículo 155 de la Constitución y tras las convulsiones de la Declaración Unilateral de Independencia. Torra, quien provenía del activismo político-cultural, había sido presidente de Ómnium Cultural y militante de Unió Democràtica de Catalunya y de Reagrupament, escisión derechista de ERC, figuraba en el número once de la lista de Junts per Catalunya por Barcelona. Además, se había labrado una dudosa reputación como director del Born, convertido en un parque temático nacionalista y por sus artículos periodísticos de fuerte contenido hispanófobo y supremacista. De hecho, accedió a la presidencia de la Generalitat de manera totalmente inesperada tras las fallidas investiduras de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull.
En su sesión de investidura afirmó que no pensaba ejercer como presidente de una autonomía, ni siquiera como tal pues consideraba a Puigdemont el presidente legítimo del país. Asimismo planteó una hoja de ruta para hacer efectivo el supuesto mandato del 1 de octubre consistente en la elaboración de una Constitución catalana que sería refrendada en un referéndum tras el cual, de obtener mayoría, se proclamaría la independencia del país. Unos objetivos que revelaban una continuidad con el proceso soberanista pero que pronto se demostraron inviables pues ignoraban que éste había finalizado con la aplicación del 155 y con la prisión y la fuga de los dirigentes del movimiento independentista. Prueba de ello fue que tras la sentencia del procés, cuando todos los sectores del independentismo protagonizaron masivas manifestaciones de protesta en las calles, los partidos independentistas fueron incapaces de articular una respuesta común y, a pesar de la altisonante retórica, acataron la decisión judicial. Éste fue, sin duda, el “momentum” que Torra había esperado para reactivar el proceso independentista, pero éste pasó sin que se avanzara un milímetro en el objetivo de instaurar la República catalana. Otros factores que vienen a aquilatar esta tesis radican en la implosión del espacio postconvergente con la aparición de diversas formaciones, especialmente Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) y Lliga Democràtica, que buscan recuperar la tradición pactista del catalanismo y rechazan la vía unilateral, así como con la ruptura entre el PDeCat y JxCat.
Ante la imposibilidad de avanzar en la consecución de estos objetivos, Torra se refugió en una suerte de gestos simbólicos, uno de los cuales, la negativa a retirar la pancarta en el balcón de la Generalitat, le han costado la presidencia.
Por otro lado, su agónico mandato ha estado determinado por las profundas diferencias y los constantes enfrentamientos con ERC, su socio de gobierno, el cual sin manifestarlo explícitamente es consciente del fracaso de la vía unilateral y de la necesidad de recomponer la estrategia del movimiento independentista con un planteamiento a largo plazo, el cual radica básicamente en ampliar la base social del secesionismo y superar la barrera del 50% de los votos.
Especialmente, cuando en España había caído el gobierno del PP y, por primera vez en la historia del país desde la restauración de la democracia, el ejecutivo estaba liderado por un gobierno de coalición progresista, dentro del cual Podemos mostraba su sintonía con algunas de las principales reivindicaciones del movimiento secesionista, como el ejercicio de la autodeterminación, y cuando algunos de sus dirigentes como Jaume Asens se declaraban abiertamente independentistas.
De hecho, tras la inhabilitación de Torra sus principales dirigentes la han considerado desproporcionada y han criticado con dureza la sentencia judicial. Está por ver si este constante seguidismo será castigado por sus bases electorales en su inmensa mayoría contrarias a la secesión. Una distorsión que podría conducirles a la irrelevancia, como de hecho ya ha ocurrido en Galicia y Euskadi.
Promesas baldías
A pesar de los constantes requerimientos de la oposición, pero también de su socio de gobierno y de la CUP, imprescindible para conformar la mayoría independentista en el Parlament, Torra se ha negado a hacerlo. Ello responde a la estrategia de Waterloo para debilitar a ERC e impedir que se alce con la hegemonía del movimiento secesionista. Así pues, como han evaluado diversos analistas, esta negativa puede considerarse el último servicio a Puigdemont. Por un lado, se busca reactivar las pulsiones victimistas de sus bases sociales; por otro, otorgarle el margen de tiempo suficiente para estructurar su partido y su oferta política, JxCat, cuyas siglas son ahora objeto de una pugna con el PDeCat que se dirimirá en los tribunales. También, por motivos estrictamente personales, pues Torra pretende identificarse con la figura del presidente mártir, sacrificado por los poderes del Estado español, y abandonar con cierta dignidad el cargo tras un mandato errático y desafortunado.
Sin embargo, la escasa respuesta en las calles a su inhabilitación, en comparación con las masivas concentraciones y manifestaciones tras la sentencia del procés, indican no solo un cierto cansancio de sus bases sociales y a los efectos desmovilizadores de Covid-19, sino que apuntan a ciertas contradicciones de fondo. En efecto, no se puede recabar la movilización de la militancia del independentismo cuando se han incumplido tantas promesas. Solo por poner dos ejemplos, como cuando se aseguró que en 18 meses se conseguiría la independencia y numerosos Estados estaban dispuestos a reconocerla o cuando Puigdemont se comprometió a volver a Catalunya si ganaba las elecciones de diciembre de 2017. Además, el independentismo se ha caracterizado por llevar la confrontación hasta el borde del abismo, pero dar marcha atrás en el momento decisivo. Así, cuando se proclamó la independencia, no se publicó en el Boletín Oficial de la Generalitat para evitar que ésta tuviera efectos jurídicos y no se arrió la bandera española de los edificios la Generalitat o cuando el propio Torra se jactó de no retirar la pancarta que ha conducido a su inhabilitación para hacerlo ya fuera de plazo. Finalmente, resulta muy duro para los militantes del movimiento independentista que sus líderes les pidan que desobedezcan, cuando éstos no lo hacen o reclamar que se movilicen en las calles pero enviarles a los Mossos d’Esquadra para reprimirlos.
Finalmente, resulta para ellos desalentador el espectáculo de las constantes trifulcas entre los socios más pendientes de los réditos electorales que del magno objetivo de conseguir la independencia del país. Ello agravado por la ausencia de una alternativa estratégica, de una hoja de ruta, para hacer efectiva la República catalana.
Cinco diferencias
Los comicios catalanes, previstos para la última semana de enero o la primera de febrero, se plantean en unas circunstancias notablemente distintas a las anteriores convocatorias electorales marcadas por la lógica procesista.
En primer lugar, no existe la llamada unidad estratégica de las tres formaciones independentistas con representación parlamentaria, sino que éstas se presentan profundamente divididas, sin una hoja de ruta compartida para alcanzar el objetivo del Estado propio.
En segundo lugar, como ya hemos apuntado, han surgido diversas formaciones del ámbito del catalanismo pactista y no unilateralista que, de obtener representación parlamentaria, podrían comprometer la mayoría independentista en el Parlament.
En tercer lugar, el gobierno de coalición progresista, a diferencia del PP, multiplica los gestos conciliadores respecto al movimiento independentista, sin duda siguiendo las recomendaciones del PSC. De este modo, se avino a constituir la mesa de diálogo, exigencia de ERC para apoyar la investidura de Sánchez, pero que Torra se encargó de boicotear con condiciones maximalistas. Asimismo está tramitando los indultos a los presos independentistas y prepara la modificación de los delitos de rebelión y sedición que podrían comportar la excarcelación de los líderes del movimiento. Estas medidas no solo buscan facilitar el apoyo de ERC y los cuatro diputados del PDeCat que han roto con Puigdemont a los Presupuestos Generales del Estado, sino crear un clima de cierta distensión en Catalunya, arrebatando a los sectores más hiperventilados del secesionismo su principal motivo de movilización. En efecto, desde el PSC y los Comunes se piensa que hasta que no se resuelva la cuestión de los presos será muy difícil, por no decir imposible, restablecer un cierto clima de normalidad política en Catalunya. En realidad, PSOE y PSC darán todas las facilidades para que ERC obtenga la hegemonía dentro del movimiento independentista y pueda liderar el ejecutivo catalán como la única opción viable para atisbar cierta estabilidad parlamentaria en Madrid y cierto clima de diálogo en Barcelona. Ahora bien, resulta muy complicado predecir el comportamiento de ERC que no ha roto su relación edípica con la antigua Convergència y que estará sometida a las enormes presiones de JxCat erigidos en guardianes de la ortodoxia independentista y prestos a tildarlos de traidores y cómplices de la represión.
En cuarto lugar, la situación generada por la pandemia puede contribuir a modificar las prioridades de amplios sectores de la ciudadanía catalana; particularmente, en el denominado independentismo de aluvión que se sumaron al movimiento secesionista en los momentos álgidos del procés soberanista los cuales podrían considerar que ahora toca combatir los efectos socioeconómicos de la pandemia y dejar el objetivo de la secesión para tiempos mejores.
En quinto lugar, a pesar del cansancio y el desánimo que cunde entre las filas de las bases mesocráticas del movimiento independentista, la imagen de un Estado sumido en una profunda crisis institucional podría servir para apuntalar las opciones de los partidos independentistas. Así lo transmite la situación en la Comunidad Autónoma de Madrid, el bloqueo en la cúpula del poder judicial o el desprestigio de la monarquía manchada por la corrupción del rey emérito y los movimientos en la oscuridad de Felipe VI.
Incógnitas electorales
En cierto modo, las próximas elecciones en Catalunya determinarán el destino del proceso soberanista iniciado hace una década. En principio, la racionalidad política apuntaría a un cambio de ciclo mediante un gobierno progresista presidido por ERC en coalición con los Comunes y la benevolente neutralidad el PSC. Ahora bien, el carácter de religión laica del independentismo y los factores emocionales en juego –concentrados en la figura de Puigdemont– impiden otorgar validez a esta hipótesis, especialmente si se tiene en cuenta el férreo control de estos sectores de los poderosos e influyentes medios de comunicación públicos de la Generalitat y de los privados generosamente subvencionados.
Una victoria JxCat o de la sigla que finalmente adopte si pierde el contencioso con el PDeCat, abocaría a un mayor enquistamiento del conflicto y probablemente a la reedición del gobierno de coalición con ERC y el apoyo de la CUP, si estas tres formaciones lograsen la mayoría absoluta de la cámara catalana con una ley electoral que favorece la sobrerrepresentación de las fuerzas secesionistas.
Un factor decisivo en el resultado electoral radicará en el comportamiento de la ciudadanía no independentista. Hasta el proceso soberanista los comicios autonómicos estaban determinados por la llamada abstención dual y selectiva, mediante la cual un amplio segmento de electores, que votaban PSOE en las generales, se abstenían en las catalanas, conducta que contribuía a explicar las mayorías de CiU. Esta dinámica se rompió en las últimas autonómicas donde se asistió a una extraordinaria movilización del electorado no independentista y una nunca vista participación en torno al 80% del censo electoral. Si esta elevada participación no se reproduce podría darse la paradoja que ahora, en medio de la división interna y la ausencia de hoja de ruta para la independencia, los partidos separatistas superasen la barrera del 50% de los votos. Por ello, ERC se ha apresurado a desmarcarse del testamento político de Torra, quien propugnó que los próximos comicios tengan un carácter plebiscitario, lo cual contribuiría a movilizar al electorado no independentista y le obligaría a volver a la vía unilateral si se superase la barrera del 50% de los votos. Asimismo Torra planteó que la autonomía resulta uno de los principales obstáculos para alcanzar la independencia, lo cual puede interpretarse no tanto como una defensa de la vuelta al centralismo, en la lógica de cuanto peor mejor, sino como un velado ataque a Esquerra por su acatamiento del ordenamiento estatutario y a la legalidad vigente.
Por todo ello, el resultado de los próximos comicios en Catalunya podría determinar el futuro de la convulsa vida pública del país durante un largo periodo y quizás inaugurar un nuevo ciclo postprocesista de la política catalana.
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