Por segunda vez, los Comunes han salvado las cuentas de la Generalitat. En la legislatura pasada acudieron en socorro de Quim Torra para aprobarlas con el compromiso que éste disolviera la Cámara y convocara inmediatamente elecciones ante su inminente inhabilitación. Torra no cumplió su palabra y los Comunes quedaron en muy mala posición con la impresión generalizada que habían incurrido en otro episodio de pagafantismo político. Ahora la situación es diferente por dos motivos. En primer lugar, la negociación de los Presupuestos de la Generalitat corre en paralelo a la aprobación de los Estado y los del Ayuntamiento de Barcelona. De este modo, ERC ha debido dar marcha atrás y desdecirse de su negativa a apoyar las cuentas del Consistorio de la capital catalana, dejando en una posición muy incómoda a Ernest Maragall.
En segundo lugar, sin la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat habría sido imposible la recepción de los fondos de la Unión Europea lo cual hubiera supuesto no solo una catástrofe económica y social, sino que hubiera derivado, casi inevitablemente, en un adelanto electoral. Ello, en medio de un enorme descrédito de los partidos que forman la coalición de gobierno, responsables de la pérdida de centenares de millones de euros en un contexto de crisis postpandémica. En otras condiciones podrían haberse prorrogado anómalamente los Presupuestos sin disolver la Cámara, como ha ocurrido en otras ocasiones. Ahora esto era inviable dada la importancia de disponer de los citados fondos europeos.
La ruptura del bloque independentista de la investidura está cargada de consecuencias aunque no de manera inmediata, sino en la medida que indica los posibles futuros desarrollos. Ello, no tanto por la negativa de la CUP a aprobarlos, lo cual entraba dentro de lo posible, sino por la actitud de Junts per Catalunya. Esta formación resulta parcialmente heredera de la vieja Convergència, pues actualmente resulta un conglomerado heterogéneo, únicamente cohesionado por sus postulados nacionalpopulistas y la dirección “carismática” de Carles Puigdemont. Unos planteamientos, como ha analizado Steven Forti, que comparten muchos rasgos en común con las formaciones de ultraderecha europea y quien está siendo objeto de una dura campaña de insultos y descalificaciones por parte de los sectores más hiperventilados del independentismo, lo cual por otra parte sirve de aval a sus tesis.
Junts nunca ha aceptado que le fuera arrebatada la presidencia de la Generalitat, concebida como patrimonio propio. Así, se resistieron con uñas y dientes a investir a Pere Aragonés, el primer presidente de ERC de la Generalitat desde los tiempos de la Segunda República, que visualizaba el relevo en la hegemonía en el bloque independentista. Asimismo plantearon un órdago de gran calado al intentar boicotear la mesa de diálogo, sin duda la apuesta estratégica de ERC en esta legislatura. También, negociaron a espaldas de Esquerra la ampliación del Aeropuerto de Barcelona que finalmente ha quedado sin efecto.
Ahora han amenazado con tumbar unos Presupuestos contradictoriamente elaborados por el conseller de Economía de Junts, Jaume Giró, ex directivo de CaixaBank. De hecho, a pesar de votar a favor de los mismos, en un acto de deliberada provocación, se encargó de defender la posición del grupo parlamentario al empresario independentista Joan Canadell, del sector más hiperventilado y xenófobo de la formación, que entonó un discurso más propio de la oposición y trufado de acusaciones a ERC sobre su pureza independentista. Tanto es así que Aragonès y un grupo de diputados de ERC abandonaron el hemiciclo para manifestar su malestar contra esta requisitoria.
Efectos de una ruptura
La cohesión del bloque independentista resulta muy problemática desde el fracaso de la vía unilateral a la secesión. En efecto, resulta muy difícil mantener esa cohesión en un espectro ideológico que va de la extrema derecha a la extrema izquierda cuando no existe una hoja de ruta común para acceder a la independencia.
Ahora bien, Junts, ERC y, en menor medida CUP, están atrapadas por el discurso de la sagrada unidad de las tres formaciones independentistas frente a la “represión” del Estado y los reclamos de la base social del movimiento secesionista que constantemente exige la unidad de acción para culminar el proceso y proclamar el Estado independiente. De este modo, todos comparten el miedo cerval a ser acusados de romper esa sagrada unidad la cual, en este mandato, está aderezada con el mantra del 52% de la mayoría secesionista. Una cifra que no se corresponde con la realidad, pues se obtiene de sumar los votos del PDeCat, sin representación parlamentaria, los verdaderos herederos de la vieja Convergència.
El pacto presupuestario suscrito por ERC y Comunes, sin el concurso de Junts y con la oposición de la CUP, plantea serias dudas sobre la viabilidad de esta legislatura, al menos con la actual alineamiento de las fuerzas políticas en torno al eje nacional. Especialmente, pone en cuestión el pacto de investidura con la CUP según el cual Aragonès habría de someterse de aquí año y medio a una moción de confianza a modo de evaluación de los resultados logrados en la mesa de diálogo.
Así pues, el proceso soberanista se asemeja a una estrella apagada, pero que a causa de su distancia en años luz con la Tierra sigue emitiendo una aparente luminosidad. Por tanto, resulta lógico que, a medida que se consolide la convicción de la inviabilidad de acceder a la independencia, al menos en el medio plazo, el eje de dominancia de la política catalana se desplace de la cuestión nacional hacia la social en torno al vector izquierda/derecha. El pacto presupuestario entre ERC y Comunes, sin el concurso de Junts, resulta un indicador de esta tendencia de fondo que, por otro lado, está alimentando especulaciones sobre la formación de un futuro tripartito de izquierdas tras el final de la actual legislatura de incierta duración.
Otro síntoma del agotamiento de la vía secesionista radica en la reactivación de las campañas sobre la lengua catalana. Particularmente sobre su uso en los centros docentes y el supuesto peligro de su desaparición que exigiría la adaptación de medidas radicales para su preservación. El desplazamiento del énfasis de la reivindicación política de la independencia hacia cuestiones identitarias resulta sintomático de este repliegue del movimiento nacionalista/independentista hacia el interior del país en una suerte de mecanismo de compensación de la frustración derivada por el fracaso de la secesión.
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