Es terrible constatar que aquel que se niega a reducir el déficit presupuestario es un gobierno de derechas italiano, en el poder desde el verano de 2018, mientras que los supuestos gobiernos de izquierda respetan la imposición de la austeridad presupuestaria.
Los pueblos de la zona euro están cada vez más hastiados de las políticas impuestas por los dirigentes europeos y el gran capital, por ello es urgente que la izquierda radical comience realmente a combatir contra las estructuras de la Unión Europea y de la zona euro. Debemos profundizar su crisis de legitimidad para poner de manifiesto los retos que se presentan ante la población. Hay que adoptar una estrategia internacionalista y anticapitalista de ruptura, y proponer una federación ecosocialista de los pueblos de Europa. Una gran parte de la población aspira a cambios radicales, y si la izquierda muestra que tiene propuestas fuertes y se compromete plenamente a realizarlas, podrá recuperar el apoyo popular. La izquierda debe volver a tener coraje para asumir una visión profundamente radical, internacionalista, feminista, ecologista, antirracista, comunista y libertaria.
Esta ruptura debería hacerse sobre un tema central y concreto: la problemática de las deudas públicas que se utilizan para justificar la prosecución de las políticas de austeridad.
La manera mediante la cual los gobernantes gestionaron la crisis económica y bancaria iniciada en 2007-2008 produjo un aumento masivo de las deudas públicas.
La manera mediante la cual los gobernantes gestionaron la crisis económica y bancaria iniciada en 2007-2008 produjo un aumento masivo de las deudas públicas. A partir de mayo de 2010, la deuda se convirtió en un tema crucial en Grecia y en el resto de la zona euro, afectando a la mayoría de países. El primer programa de 110.000 millones de euros implementado por la Troika impuso a Grecia una política drástica de austeridad, y al mismo tiempo, provocó un enorme y abrupto aumento de la deuda pública griega. El mismo proceso se repitió en Irlanda (2010), Portugal (2011), Chipre (2013) y en España bajo una forma peculiar. En el caso de Italia, en 2018, la deuda pública ha alcanzado el 130 % del PIB.
Estos programas tenían cinco objetivos fundamentales:
1.- Permitir a los bancos privados [1] recibir ayudas públicas para que no pagasen la factura del estallido de la burbuja del crédito privado que ellos mismos habían creado, y así evitar una nueva crisis financiera privada internacional de gran amplitud. [2]
2.- Otorgar a los nuevos acreedores públicos, [3] que sustituyeron a los acreedores privados, un enorme poder de coacción sobre los gobiernos y los Estados de los países periféricos con el fin de imponer una política de austeridad radical, de desregulaciones (en contra de toda una serie de conquistas sociales), de privatizaciones y del refuerzo de prácticas autoritarias (véase el punto 5).
3.- Preservar el perímetro de la zona euro —o sea, mantener dentro de la zona euro a Grecia y a otros países de la periferia— lo que constituye una potente herramienta en manos de las grandes empresas privadas europeas y de las economías que dominan esa zona.
4.- Hacer que la profundización de las políticas neoliberales, en particular en Grecia aunque también en otros países de la periferia, sea un ejemplo y un medio de presión para el conjunto de las poblaciones europeas.
5.- Fortalecer a escala europea (tanto en el ámbito de la UE como de cada Estado miembro) formas autoritarias de gobierno aunque sin recurrir directamente a nuevas experiencias de tipo fascista, nazi, franquista, salazarista o del régimen de los coroneles griegos (1967-1974). Se suelen resaltar los aspectos económicos y sociales, y por consiguiente, no se considera suficientemente el aspecto político autoritario. Esta tendencia autoritaria en el interior de la UE y de la zona euro es, sin embargo, una cuestión central y un objetivo perseguido deliberadamente por la Comisión Europea y el gran capital. Y tiene que ver con el fortalecimiento del poder ejecutivo, el recurso a procedimientos expeditivos de voto, la violación o limitaciones de una serie de derechos, el que no se respeten las opciones votadas por los electores, el aumento de la represión de la protesta social…
Sería necesario aprender del fracaso de la política adoptado por el gobierno de Alexis Tsipras en 2015 para romper con la austeridad. También se debe ser consciente de los límites de la experiencia del Gobierno socialista minoritario de Antonio Costa en Portugal. [4]
Un enfoque alternativo y favorable a los intereses de la población debe comprender la austeridad, la deuda pública, la moneda, la banca privada, la zona euro, la oposición a las políticas autoritarias y el lanzamiento de procesos constituyentes.
Un enfoque alternativo y favorable a los intereses de la población debe comprender la austeridad, la deuda pública, la moneda, la banca privada, la zona euro, la oposición a las políticas autoritarias y el lanzamiento de procesos constituyentes. El balance del período 2010-2018 en la zona euro es claro: muestra la imposibilidad de salir de la austeridad sin aportar respuestas a esos problemas. Por supuesto que la alternativa debe abordar también otros problemas, y entre ellos, la crisis climática y ecológica, la crisis humanitaria ligada al refuerzo de la Europa fortaleza que condena, cada año, a miles de posibles inmigrantes o demandantes de asilo a una muerte segura en el Mediterráneo, o en otras partes, sin olvidar la crisis en Oriente Próximo. Tenemos que luchar también contra la extrema derecha y el aumento del racismo. La izquierda radical, los movimientos sindicales, sociales, feministas y ecologistas europeos deben tejer alianzas con las fuerzas que resisten en Estados Unidos, después de la elección de Donald Trump. Y entre estas alianzas, especialmente, con el movimiento radical de izquierda alentado por la campaña de Bernie Sanders, y que ha llamado a luchar en primera línea contra Trump y sus proyectos. Igualmente es vital que los movimientos de izquierda radical del continente desarrollen una estrecha colaboración con la izquierda británica y el corbynismo.
Una gran parte de la izquierda radical que tiene representación parlamentaria tenía y tiene todavía una percepción errónea sobre la integración europea en el marco de la UE y de la zona euro. Para decirlo simplemente, esta izquierda ve en la UE y en la zona euro más ventajas que inconvenientes. Considera que ambas son compatibles con el retorno a políticas socialdemócratas, con un poco menos de injusticia, con un poco de reactivación keynesiana.
Es fundamental, teniendo en cuenta la experiencia del año 2015, reforzar el campo de actuación de aquellos y aquellas que no mantienen ilusiones sobre la UE y la zona euro, y que proponen una auténtica perspectiva ecosocialista de ruptura con la UE, tal como está constituida. Hay que partir del hecho de que la UE y la zona euro no son reformables.
En 2015, todos y todas pudimos comprobar que fue imposible convencer, sobre la base que ofrece el sufragio democrático, y por la simple discusión a la Comisión Europea, al FMI, al BCE y a los gobiernos neoliberales de otros países europeos de que se debían tomar medidas que respetaran los derechos de la ciudadanía griega así como de los pueblos en general. El referéndum del 5 de julio de 2015, que esas instituciones combatieron mediante el chantaje y la coerción — el cierre de los bancos griegos cinco días antes del referéndum— no los convenció de la necesidad de hacer concesiones. Por el contrario, burlándose de los derechos democráticos fundamentales, radicalizaron sus exigencias.
Ciertamente, en principio, había toda una serie de medidas que deberían y podrían haber sido tomadas a escala europea para relanzar la economía, reducir la injusticia social, hacer sostenible el reembolso de la deuda y dar oxígeno a la democracia. Yanis Varoufakis, en su condición de ministro de finanzas, había hecho, en febrero de 2015, propuestas que iban en esa dirección. Se trataba de cambiar la deuda griega por dos nuevos tipos de obligaciones: 1) obligaciones indexadas al crecimiento; 2) obligaciones llamadas «perpetuas» por las que Grecia reembolsaría solamente los intereses, pero a perpetuidad. [5] Realmente, las propuestas de Varoufakis, a pesar de su moderación, no tenían ninguna posibilidad de ser aceptadas por las autoridades europeas.
La Unión Europea y el poder arbitrario del BCE refuerzan los medios de coerción que disponen las instituciones europeas para hacer fracasar una experiencia de izquierda.
Es el caso de toda una serie de propuestas que apuntan a aligerar radicalmente el peso de la deuda de Grecia, como la de otros países europeos, mediante la mutualización de deudas, la emisión de eurobonos, etc. Técnicamente, todas esas medidas podrían ponerse en práctica pero en el contexto político y las relaciones de fuerza que prevalecen en la UE los gobiernos progresistas no pueden esperar que Comisión Europea, el BCE y el Mecanismo Europeo de Estabilidad los atienda, los respete y, todavía menos, los apoye. El BCE tiene los medios para asfixiar el sistema bancario de un Estado miembro de la zona euro cortándole el acceso de sus bancos a la liquidez. Como ya se mencionó, el BCE utilizó esa medida en Grecia en 2015. La Unión Europea y el poder arbitrario del BCE refuerzan los medios de coerción que disponen las instituciones europeas para hacer fracasar una experiencia de izquierda.
Con la perspectiva de las elecciones europeas de mayo de 2019, varias fuerzas de izquierda han avanzado propuestas próximas a las de Varoufakis, a pesar de que no tengan ninguna posibilidad de ser puestas en práctica. Efectivamente, es suficiente que algunos gobiernos de la zona euro se opongan para volver imposible la realización de medidas como esas, que necesitan el acuerdo del BCE.
Los tratados se volvieron híper coercitivos en materia de deuda y de déficit.
Los tratados se volvieron híper coercitivos en materia de deuda y de déficit. En principio, las autoridades europeas, entre ellas el consejo de ministros, podrían decidir derogar algunas normas teniendo en cuenta la situación de crisis —ya lo hicieron a favor de gobiernos de su cuerda—, [6] pero está claro que no tienen la más mínima intención de hacerlo. Por el contrario, tanto las instituciones europeas como el FMI y los gobiernos neoliberales combatieron activamente al gobierno griego mientras éste mostraba una gran moderación, ¡Es lo menos que podemos decir! Sin embrago, la mayoría de los medios de comunicación y numerosos dirigentes políticos europeos presentaron a Alexis Tsipras y a Yanis Varoufakis como rebeldes, incluso como radicales antieuropeos. La Troika combatió la experiencia en curso en Grecia entre enero y julio de 2015, con el fin de demostrar a todos los pueblos de Europa que no existían, ni existen, alternativas al modelo capitalista neoliberal.
La capitulación del gobierno de Tsipras no les fue suficiente, los dirigentes europeos y el FMI exigieron y obtuvieron la profundización de las políticas neoliberales, atacando todavía un poco más al sistema de seguridad social, al de pensiones en particular, acelerando las privatizaciones, imponiendo múltiples cambios en el ámbito jurídico y legislativo que constituyen retrocesos estructurales fundamentales a favor del gran capital y contra los bienes comunes. He aquí una lista incompleta: modificación de la legislación para que en caso de quiebra de una empresa, los bancos acreedores pasen por delante de los asalariados y jubilados de dicha empresa; marginación completa de los poderes públicos en el accionariado de los bancos; más poder al organismo privado de recaudación de impuestos; nuevos retrocesos en el régimen de jubilaciones, nuevos retrocesos en el código de trabajo y en el ejercicio del derecho de huelga; nuevas privatizaciones; adaptación de la legislación con el fin de permitir la expulsión forzada de las familias endeudadas de sus domicilios; subasta obligatoria de los bienes de las personas endeudadas via Internet; represión de los ciudadanos y las ciudadanas que prestan asistencia a las personas amenazadas de desahucio; mecanismo de recortes presupuestarios automáticos en el caso de desvío de los objetivos de excedentes presupuestarios, grabados a fuego en el tercer memorando. Se comprueba también un deterioro del endeudamiento de las familias. Aunque Grecia salió oficialmente del tercer memorando el 20 de agosto de 2018, siguen pesando las mismas medidas coercitivas sobre el presupuesto. El gobierno de Tsipras se comprometió a garantizar un superávit presupuestario primario durante los próximos 10 años. Todas esas nuevas medidas y contrarreformas refuerzan la injusticia y la precariedad. Ninguna reducción del stock de la deuda fue concedida a Grecia y debe continuar pagando a tocateja al BCE y al FMI. [7]
Se impone una primera conclusión: si no se toman fuertes medidas soberanas y unilaterales de autodefensa, las autoridades nacionales, y los pueblos que las eligieron para romper con la austeridad, no podrán acabar con la violación de los derechos humanos perpetrada a demanda de los acreedores y de las grandes empresas privadas.
Algunos podrían replicar que si un gobierno de izquierda llegara al poder en Madrid, podría utilizar el peso de la economía española (la 4ª de la zona euro de acuerdo al PIB) en la negociación con los principales gobernantes de la zona euro y obtener concesiones que Tsipras no consiguió. ¿Qué concesiones? ¿Un posible relanzamiento de la economía y el empleo por medio de gastos públicos masivos y, por lo tanto, con un déficit público considerable? ¡Se opondrían Berlín, el BCE y varias otras capitales de la zona euro! ¿La posibilidad de tomar muy fuertes medidas con respecto a los bancos? El BCE, apoyado por la Comisión, rechazaría esa opción.
También es seguro que, aunque fuerzas de izquierda radical accedieran al gobierno de países como Portugal, Chipre, Irlanda, Eslovenia y de las tres repúblicas bálticas, no tendrían medios para convencer a la Comisión y a la dirección del BCE de dejarles terminar con la austeridad, detener las privatizaciones, desarrollar los servicios públicos y reducir radicalmente la deuda… Esos gobiernos deberán resistir y tomar medidas unilaterales para defender sus poblaciones. ¿Y si gobiernos de izquierdas asumieran simultáneamente en varios países de la zona euro y exigieran conjuntamente una renegociación? Por supuesto, sería una situación muy buena pero tiene escasas probabilidades de realizarse en poco tiempo, aunque sólo sea por razones de calendario electoral.
¿Un gobierno de la «France Insoumise» en París, por una victoria en las elecciones presidenciales de 2022 y de las fuerzas de la izquierda radical en las legislativas siguientes, podría reformar el euro? Es la hipótesis del equipo de Jean-Luc Mélenchon. Pero podemos dudar razonablemente de esa posibilidad. Admitamos que Jean-Luc Mélenchon accede a la presidencia y constituye un gobierno. Querrá aplicar un conjunto de medidas de justicia social e intentar obtener una reforma del euro. ¿Eso sería posible? Sin embargo, para un gobierno de izquierda en Francia sería totalmente posible desobedecer a los tratados y hacer respetar esa opción, aunque no podrá obtener una reforma profunda del euro. Para lograr esto último serían necesarias victorias electorales simultáneas, tanto en los países del centro como en varios países de la periferia de la zona euro… Dicho esto, es evidente que un gobierno de la «France Insoumise» y de sus aliados que tomase medidas unilaterales a favor de la población de Francia y de los pueblos del mundo — por anulación unilateral de las deudas de Grecia y de los países llamados en desarrollo con respecto a Francia— podría tener un papel muy positivo y movilizador en Europa.
Aunque constatemos lo anterior, no se trata de buscar una salida nacionalista a la crisis o de abandonar el combate. Como lo fue en el pasado, es necesario adoptar una estrategia internacionalista y de promover una federación europea de pueblos opuesta a la continuación de la forma actual de integración, que está totalmente dominada por los intereses del gran capital. También hay que buscar constantemente desarrollar campañas y acciones coordinadas a nivel continental, y más allá, en el ámbito de la deuda, del derecho a la vivienda, de la acogida de migrantes y refugiados, de la salud y la educación públicas, del derecho al trabajo, en la lucha por el cierre de las centrales nucleares, en la reducción radical del recurso a las energía fósiles, en la lucha contra el dumping fiscal y los paraísos fiscales, en el combate por la socialización de los bancos y las aseguradoras, en la acción contra la evolución cada vez más autoritaria del modo de gobernanza, en la lucha por la defensa y extensión de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, en la promoción de los bienes públicos, en el lanzamiento de procesos constituyentes.
Los eslabones débiles de la cadena de dominación intraeuropea son los países periféricos, asi que Francia y Gran Bretaña.
Los eslabones débiles de la cadena de dominación intraeuropea son los países periféricos, asi que Francia y Gran Bretaña. Podría haberse producido un cambio positivo en 2015 si Syriza hubiera adoptado una estrategia correcta. Pero no fue el caso. Los otros eslabones débiles de la cadena en la que la izquierda radical podría acceder al gobierno en los próximos años son, en especial, España y Portugal. Podría ser también posible en Irlanda, Eslovenia, Chipre, etc. Pero eso dependerá de muchos factores: en particular, la capacidad de la izquierda radical de aprender de lo que pasó en 2015, y de avanzar propuestas anticapitalistas y democráticas que arrastren adhesiones y también del grado de movilización popular. Si no hay presión en la calle, en los barrios, en los lugares de trabajo por cambios reales y para rechazar los compromisos inicuos, el futuro será sombrío.
Diez propuestas con el fin de no reproducir la capitulación griega
Para evitar reproducir la capitulación de Grecia en 2015, he aquí diez propuestas para la movilización social y la acción de un gobierno realmente al servicio del pueblo, que se deberían implantar inmediata y simultáneamente.
La primera propuesta es la necesidad, para un gobierno de izquierda, de desobedecer, de manera bien clara y con anuncio previo a la Comisión Europea. El partido o la coalición de partidos que pretendan gobernar deben comprometerse, desde el principio, a desobedecer las exigencias de austeridad. También deben rechazar la coerción presupuestaria. Será necesario declarar: «Nosotros no respetaremos la obligación decretada por los tratados europeos de tener por objetivo el equilibrio presupuestario, porque queremos aumentar los gastos públicos para luchar contra las medidas antisociales y de austeridad, y para poder comenzar la transición ecológica. Eso implica aumentar el déficit presupuestario durante varios años.» En consecuencia, el primer punto es el compromiso, de manera clara y determinada, a la desobediencia. Después de la capitulación griega, es esencial abandonar la ilusión de obtener de la Comisión Europea y de los otros gobiernos europeos el respeto a la voluntad popular. Conservar esa ilusión nos conducirá al desastre. Debemos desobedecer.
Segundo punto: Comprometerse a un llamamiento a la movilización popular, tanto en cada uno de los países como en el ámbito europeo. Este aspecto fracasó tanto en 2015 en Grecia como en el resto de Europa. Es evidente que los movimientos sociales europeos no estuvieron a la altura de las circunstancias en cuanto a manifestaciones, que, por cierto, tuvieron lugar, pero que no mostraron suficiente solidaridad con el pueblo griego. Aunque también es cierto que la orientación estratégica de Syriza no previó hacer un llamamiento a la movilización popular a nivel europeo, ni tan solo en Grecia. A pesar de que el gobierno de Tsipras llamó a la movilización por el referéndum del 5 de julio de 2015, finalmente no respetó la voluntad popular del 61,5 % de los griegos, que rechazaron la obediencia a las exigencias de los acreedores y a sus propuestas. Recordemos que desde fines de febrero de 2015 y hasta junio del mismo año, Yanis Varoufakis y Alexis Tsipras iban haciendo declaraciones para convencer a la opinión pública de que se podía prever un acuerdo y que la situación se arreglaría. Imaginemos, por el contrario, que después de cada negociación importante, Varoufakis y Tsipras hubiesen explicado las discusiones y los intereses de la parte contraria, mediante comunicados, por declaraciones orales a los medios, por discursos en plazas públicas, ante la sede de las instituciones europeas en Bruselas, y por doquier. Imaginemos que hubieran sacado a la luz lo que se tramaba, eso habría conseguido concentraciones de millares o decenas de millares de personas, las redes sociales hubieran difundido a centenares de miles o a millones de destinatarios ese discurso alternativo.
Tercer punto: Comprometerse a organizar una auditoría de la deuda con participación ciudadana y a rechazar el pago de unas deudas ilegítimas. Tanto en el seno de la Unión Europea como en la zona euro los países se encuentran en situaciones distintas. Hay países europeos en los cuales la suspensión de pagos es una medida prioritaria de absoluta necesidad, como el caso de Grecia, con el objetivo de atender ante todo las necesidades sociales y de garantizar los derechos humanos fundamentales. Este es también un elemento clave de autodefensa. En España, Portugal, Chipre, Irlanda, eso depende de la relación de fuerzas y de la coyuntura. En otros países es posible realizar en primer lugar la auditoría y tomar después la decisión de suspender los reembolsos. Esas medidas deben ponerse en marcha teniendo en cuenta la situación específica de cada país.
Frente a las amenazas de represalias del BCE, los pueblos de los Estados miembros de la zona euro disponen de una potente arma de autodefensa.
Frente a las amenazas de represalias del BCE, los pueblos de los Estados miembros de la zona euro disponen de una potente arma de autodefensa. Efectivamente, el BCE posee grandes cantidades de títulos soberanos de países de la zona euro que compró a los bancos privados en el marco de la «Expansión Cuantitativa». Con fecha del 30 de septiembre de 2018, el BCE poseía títulos soberanos españoles por un valor de 256.000 millones de euros, italianos por 360.000 millones, franceses por 414.000 millones, portugueses por 36.000 millones. [8] En total, el BCE poseía en septiembre de 2018 2,15 billones de euros (2.150.000 millones) en títulos soberanos de los países de la zona euro (si incluimos lo que le queda de los títulos griegos comprados en 2010-2012). Imaginad que un gobierno de izquierda en España o en Francia dijera al BCE: «si queréis impedir que haga la política que me comprometí a realizar ante el pueblo de mi país, suspenderé inmediatamente el pago de los títulos que ese banco posee.» Esa suspensión se aplicaría tanto al pago de intereses como al monto debido al vencimiento. El gobierno tendría en sus manos una potente arma de defensa y de presión que no debería dudar en utilizar. Además, esa deuda se puede repudiar si es considerada odiosa por el gobierno y el pueblo por haber servido a objetivos contrarios a los intereses de la mayoría. El repudio sobre la base de una auditoría con participación ciudadana constituye un acto legítimo.
Cuarta medida. Poner en marcha el control de movimiento de capitales. Y tener en cuenta lo que eso significa. Hay que aclarar muy bien que no se trata de prohibir a los ciudadanos y ciudadanas la transferencia de algunos cientos o miles de euros al extranjero. Es evidente que las transacciones financieras internacionales estarán autorizadas hasta un determinado monto. Por el contrario, significa implementar un control estricto sobre los movimientos de capitales por encima de un monto predeterminado.
Quinta medida: Socializar el sector financiero y el sector de la energía. Socializar el sector financiero no consiste solamente en desarrollar un polo bancario público, puesto que se debe decretar un monopolio público del sector financiero: bancos y sociedades aseguradoras. La socialización consiste en poner al sector financiero bajo control ciudadano y crear un servicio bancario público. Socializar el sector financiero significa:
. Expropiación sin indemnización (o la simbólica de un euro) a los grandes accionistas, mientras que se indemniza a los pequeños accionistas.
. Concesión al sector público del monopolio de la actividad bancaria con una excepción: la existencia de un sector cooperativo bancario de pequeño tamaño, sometido a las mismas reglas fundamentales que el sector público.
. La definición —con participación ciudadana— de un documento sobre los objetivos a alcanzar y sobre las misiones a proseguir, que pone el servicio público del ahorro, del crédito y de la inversión al servicio de las prioridades definidas según un proceso de planificación democrática.
. La transparencia de las cuentas que deben presentarse al público de manera comprensible.
. La creación de un servicio público de ahorro, crédito e inversiones, doblemente estructurado: por una parte una red de pequeños establecimientos cercanos a la población, y por otra parte, organismos especializados a cargo de la gestión de fondos y financiaciones no garantizadas por los ministerios a cargo de la salud pública, la educación nacional, la energía, los transportes públicos, las pensiones, la transición ecológica, etc. Los ministerios deberán estar dotados de un presupuesto suficiente para la financiación de las inversiones correspondientes a sus atribuciones. Los organismos especializados intervendrían en los ámbitos y actividades que excedieran las competencias y las esferas de acción de esos ministerios con el fin de asegurar el cierre presupuestario. [9]
Por supuesto que en el marco de la transición ecológica, la socialización del sector de la energía es también prioritaria. No puede haber transición ecológica sin un monopolio público en el sector de la energía, tanto en el nivel de la producción como en la distribución.
La socialización del sector de la energía es también prioritaria
Sexta medida: creación de una moneda complementaria, no convertible y salida del euro si fuera necesaria. Ya sea en el caso de una salida del euro o del mantenimiento en la zona euro, es necesario crear una moneda complementaria no convertible. Dicho en otras palabras: una moneda que sirva, en circuito corto, a los intercambios dentro de un país. Por ejemplo, para el pago de los aumentos de las pensiones y de los salarios de los funcionarios, el pago de impuestos, de servicios públicos. Utilizar una moneda complementaria permite separarse y salir parcialmente de la dictadura del euro y del Banco Central Europeo. Es evidente que no se puede evitar el debate sobre la zona euro. En varios países, la salida del euro es también una opción que debe ser defendida por partidos, sindicatos y otros movimientos sociales. Varios países de la zona euro no podrán romper realmente con la austeridad y lanzarse a una transición ecosocialista sin salir de la zona euro. En el caso del abandono del euro sería necesario ya sea una reforma monetaria redistributiva, [10] ya sea la aplicación de un impuesto excepcional progresivo por encima de 200.000 euros. Esta propuesta concierne solamente al patrimonio líquido, por lo tanto no concierne al patrimonio inmobiliario (casa, etc.), tratado en la séptima medida.
Séptima medida: una reforma radical de la fiscalidad. Suprimir el IVA sobre los bienes y los servicios de consumo básicos, como la alimentación, la electricidad, el gas, el agua (con respecto a estos tres últimos dependería del nivel de consumo), [11] y otros bienes de primera necesidad. Por el contrario, debería producirse un aumento del IVA sobre los bienes y productos de lujo, etc. También necesitaremos un aumento de los impuestos sobre los beneficios de las empresas privadas y de los ingresos por encima de un determinado nivel. En otras palabras, un impuesto progresivo sobre los ingresos y sobre el patrimonio. La primera residencia debería ser exonerada del impuesto por debajo de un cierto monto que varíe en función de la composición de la familia. La reforma fiscal debe producir efectos inmediatos: una reducción muy sensible de los impuestos indirectos y directos para la mayoría de la población y un aumento muy sensible para el 10 % más rico, y para las grandes empresas. Finalmente, se intensificaría la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.
Octava medida: Desprivatizaciones. «Volver a comprar» las empresas privatizadas mediante el pago de un euro simbólico. Desde ese punto de vista, hacerlo resultaría muy simpático, al pagar un euro simbólico a aquellos que se aprovecharon de las privatizaciones. Y reforzar y extender los servicios públicos bajo control ciudadano.
Novena medida: La puesta en marcha de un amplio plan de urgencia para la creación de empleos socialmente útiles y para la justicia social. Reducción del horario de trabajo con el mantenimiento de los salarios. Derogar las leyes antisociales y aprobar leyes para remediar la situación de la deuda hipotecaria abusiva, disposiciones que conciernen prioritariamente a países como España, Irlanda, Grecia… Eso podría resolverse muy bien por ley, evitando los procesos —hay numerosos procesos jurídicos en marcha por la deuda hipotecaria en los que las familias se enfrentan a los bancos—. Un parlamento puede decretar una ley de anulación de deudas hipotecarias inferiores a 150.000 euros, por ejemplo, y acabar de esa forma con los procedimientos judiciales. Se debe implementar un amplio programa de gastos públicos con el fin de relanzar el empleo y la actividad socialmente útil, favoreciendo los circuitos cortos.
Décima medida: Comenzar un verdadero proceso constituyente. No se trata de cambios constitucionales en el marco de las instituciones parlamentarias actuales, sino de disolver el parlamento y convocar elecciones, con sufragio directo, para una Asamblea constituyente. Este proceso se debe articular con las luchas existentes, en diferentes ámbitos locales, que ponen las bases de lo podría ser una sociedad ecosocialista. Para citar solo algunas de esas luchas, se pueden mencionar las huelgas cuyo objetivo es la mejora de las condiciones de trabajo, y que, de hecho, desafían el poder de la patronal; las ocupaciones y recuperaciones de fábricas con la introducción de modelos autogestionarios; la nueva ola de luchas feministas que ataca al patriarcado y conduce hacia la igualdad de derechos; los movimientos de acogida y ayuda a los migrantes; los movimientos ecologistas fundamentados en la ocupación de territorios y en la acción directa («ZAD», «Ende Gelände», etc); la invención de nuevas formas de gestión de los bienes comunes; las «municipalidades rebeldes» que desobedecen a las directivas de austeridad y contra los migrantes, y se constituyen en red; las iniciativas desde las bases de auditorías de deudas públicas y de cuestionamiento de las deudas ilegítimas. Esas luchas constituyen los puntos de apoyo para iniciar un proceso constituyente con visión anticapitalista. También, por supuesto, este proyecto puede integrarse con otros procesos constituyentes similares en el ámbito europeo.
Las medidas que hay que tomar deben atacar a la raíz de los problemas y deben ser aplicadas simultáneamente ya que es necesario tener un programa coherente
Son diez propuestas de base para someter a debate. Pero una cosa es cierta, las medidas que hay que tomar deben atacar a la raíz de los problemas y deben ser aplicadas simultáneamente ya que es necesario tener un programa coherente. En ausencia de la implantación de las medidas radicales anunciadas desde el comienzo, no habrá ruptura con las políticas de austeridad. Es imposible romper con esas políticas sin tomar medidas radicales contra el gran capital. Los que piensan que se puede evitar eso son «vendedores de humo» que no podrán obtener ningún avance real concreto. En el nivel europeo, la naturaleza de la arquitectura europea y la amplitud de la crisis del capitalismo hacen que realmente no haya espacio para políticas productivistas neokeynesianas. El ecosocialismo no debe quedar al margen, sino estar en el centro del debate, de donde saldrán las propuestas inmediatas y concretas. Es necesario llevar a buen término la lucha contra la austeridad y lanzarse sobre el camino del anticapitalismo. La transición ecosocialista es una necesidad absoluta e inmediata.
Es fundamental construir y popularizar una explicación sobre lo que es necesario y posible hacer, para conseguir un cambio real. En las discusiones públicas surgen constantemente cuestiones sobre la factibilidad de la ruptura con el modelo neoliberal después del fiasco de la experiencia griega en 2015.
Estas propuestas deberían constituir un programa coherente. El programa debería acompañarse de algún tipo de «modo de empleo». Evidentemente, es lo más difícil pero ¿cómo convencer sobre la factibilidad de un programa sino se prevé la existencia de varios escenarios basados en la experiencia de los 8 últimos años en la UE en general, y en la zona euro en particular?
Es importante tener un análisis riguroso de los acontecimientos del primer semestre de 2015. Podemos sacar una conclusión clara: frente a un gobierno popular, la reacción negativa de los órganos dirigentes de la UE y de la zona euro será rápida. La Comisión Europea, el Eurogrupo y la dirección del BCE no se quedarán de brazos cruzados ante la decisión de un gobierno popular de comprometerse en un camino de cambio. No habrá período de gracia de varios meses. El gobierno popular deberá actuar rápidamente y por su propia cuenta.
En el caso de Grecia, desde los primeros días que siguieron a la asunción del gobierno, el BCE sometió al país a un proceso de asfixia económica. El rechazo del gobierno de Tsipras a tomar medidas fuertes de autodefensa lo condujo a una primera capitulación el 20 de febrero de 2015. [12]Sin embargo, todavía podría haber sido posible emprender un cambio radical, pero el núcleo dirigente que rodeaba a Tsipras mantuvo la misma política de capitulación, y eso condujo a la dramática situación de julio de 2015.
De hecho, desde la experiencia griega, a menos que nos contentemos con medidas tomadas por un gobierno del tipo Costa en Portugal, la izquierda debe integrar en su estrategia el hecho de que las medidas de sabotaje que tomarán las autoridades europeas serán rápidas y fuertes. Asimismo, los mercados reaccionarán negativamente y los grandes medios de comunicación serán hostiles a ese gobierno.
La izquierda se equivocaría si piensa que el Eurogrupo, el BCE, el gobierno alemán de 2018 y sus aliados de la zona euro podrían permitir que un gobierno popular en España o en Francia, o en otros países de la zona euro, realice cambios profundos. Para esas instituciones es vital impedir cualquier posible extensión de una auténtica experiencia de izquierda.
Por consiguiente, es necesario mostrarse capaz de elaborar propuestas radicales en los ámbitos de la política monetaria, de la deuda, de los bancos, de los impuestos, del presupuesto (rechazando liberar un excedente primario antes del pago de la deuda), de las relaciones capital/trabajo, del sistema de seguridad social, de la política internacional y también es totalmente indispensable en el dominio de la democracia política que implique la convocatoria de un auténtico proceso constituyente.
Sabemos que no es suficiente con elaborar un programa coherente y adjuntar un modo de empleo convincente para modificar la relación de fuerzas. La movilización del campo popular será un elemento decisivo. Pero sin programa coherente y sin una voluntad real de aplicarlo, las movilizaciones populares corren el riego de no tener éxito y permanecer fragmentadas. La existencia de un programa y la determinación de propagarlo podrían generar la movilización de la población, y así poder volver a la ofensiva.
Esperemos ser capaces de confrontar nuestras ideas y nuestras propuestas con el fin de realizar una elaboración colectiva que supere el nivel actual de fragmentación y de abstracción de las propuestas del campo popular. Hagamos lo necesario en acciones y movilizaciones para que este programa sea puesto en práctica.
Notas:
- [1] En el caso de Grecia se trataba de bancos griegos, franceses, alemanes, belgas y holandeses principalmente (unos quince grandes bancos privados para dar una idea aproximada). Para un análisis detallado véase el Informe preliminar del Comité para la verdad de la deuda pública griega, junio de 2015, capítulos 1 y 2 en http://www.cadtm.org/Informe-preliminar-del-Comite-de; intervención de Éric Toussaint en la presentación del Informe preliminar el 17 de junio de 2015 en http://www.cadtm.org/Informe-preliminar-del-Comite-de; véase también «Grecia: los bancos en el origen de la crisis», publicado el 11 de enero de 2017 en http://www.cadtm.org/Grecia-los-bancos-en-el-origen-de. Finalmente véase: «Documentos secretos del FMI sobre Grecia con los comentarios de Éric Toussaint (CADTM)» en http://www.cadtm.org/Documentos-secretos-del-FMI-sobre
- [2] En ese momento, las actividades de varios de los grandes bancos franceses, alemanes, holandeses, belgas, etc., con intereses en Grecia, estaban fuertemente ligadas a los mercados financieros de Estados Unidos y a los mayores bancos estadounidenses y británicos. Además esos bancos europeos tenían acceso a una importante línea de crédito ofrecida por la Reserva Federal de Estados Unidos, así que era lógico el interés del gobierno de Barack Obama en la crisis griega e irlandesa, y en forma más general en la crisis bancaria europea.
- [3] En el caso de Grecia, se trataba de 14 Estados de la zona euro «representados» por la Comisión Europea, el FEEF, —Fondo Europeo de Estabilidad Financiera— (sustituido por el MEDE, Mecanismo Europeo de Estabilidad), el BCE y el FMI.
- [4] En las elecciones legislativas del 4 de octubre de 2015, las fuerzas de izquierda obtuvieron la mayoría absoluta de escaños en la Asamblea Nacional: el PS, en segunda posición, con el 32,4 %; el Bloco de Esquerda en tercera posición, con 10,3 % y 19 diputados (8 en 2011); el PCP ganó un escaño y dispone de 15 diputados; el partido verde permanece sin cambios con 2 diputados. Un acuerdo gubernamental fue firmado en noviembre de 2015: el PS gobernaría solo y los dos otros partidos de izquierda más radicales (BE y PCP), a pesar de su rechazo a entrar en el gobierno, apoyan en el parlamento a las decisiones del gobierno, si están de acuerdo.
- [5] http://www.latribune.fr/actualites/economie/union-europeenne/20150203trib85abe7370/les-propositions-grecques-pour-restructurer-la-dette.html
- [6] Para citar solamente algunos ejemplos: La Francia de Nicolas Sarkozy y la Alemania de Angela Merkel no fueron sancionadas a pesar de no respetar sus obligaciones en materia de déficit. Más recientemente, la Comisión también tuvo una actitud laxa con respecto al gobierno de Mariano Rajoy en 2015 y 2016.
- [7] Éric Toussaint, La política de la Troika en Grecia: Robar al pueblo griego y transferir el dinero a los bancos privados, al BCE, al FMI y a los Estados que dominan la zona euro, publicado el 5 de noviembre de 2018, http://www.cadtm.org/La-politica-de-la-Troika-en-Grecia-Robar-al-pueblo-griego-y-transferir-el
- [8] Web oficial del BCE, Breakdown of debt securities under the PSPP, https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omt/html/index.en.html , consultado el 3 de noviembre de 2018.
- [9] Patrick Saurin y Eric Toussaint, «Comment socialiser le secteur bancaire», http://www.cadtm.org/Comment-socialiser-le-secteur-bancaire
- [10] Aplicando a la nueva moneda un tipo de cambio progresivo para pasar al euro, se disminuiría el patrimonio líquido en posesión del 10 % más rico, lo que reduciría la desigualdad.
- [11] Esto puede combinarse con medidas de gratuidad por consumo de agua, electricidad, gas, transportes públicos, etc. por persona y hasta un determinado nivel de consumo.
- [12] Éric Toussaint, «El tándem Varoufakis-Tsipras hacia el desastroso acuerdo que firmaron con el Eurogrupo, en la reunión del 20 febrero de 2015», publicado el 26 de marzo de 2018, http://www.cadtm.org/El-tandem-Varoufakis-Tsipras-hacia; del mismo autor, «La primera capitulación de Tsipras y Varoufakis fue a fines de febrero de 2015», publicado el 9 de abril de 2018, http://www.cadtm.org/La-primera-capitulacion-de-Tsipras
Artículo publicado originalmente en la web del CADM
Libros relacionados:
