Continúa la ejecución a cámara lenta de Julian Assange
La decisión del Tribunal Superior de Londres de conceder a Julian Assange el derecho de apelar su orden de extradición a Estados Unidos podría resultar una victoria pírrica. Eso no significa que Julian escapará a la extradición. Esto no significa que el tribunal determinó, como debería, que era un periodista cuyo único “delito” era proporcionar al público pruebas de crímenes de guerra y mentiras del gobierno de Estados Unidos. Esto no significa que será liberado de la prisión de máxima seguridad HMS Belmarsh donde, como afirmó Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura, después de visitar a Julian, es sometido a una “ejecución en cámara lenta”.
Eso no significa que el periodismo corra menos riesgo. Los directores y editores de cinco medios de comunicación internacionales –New York Times, Guardian, Le Monde, El País y DER SPIEGEL– que habían publicado artículos basados en los documentos difundidos por WikiLeaks, pidieron que se retiraran los cargos estadounidenses y que Julian fuera liberado.
Ninguno de estos ejecutivos de medios ha sido acusado de espionaje. Esto no elimina la ridícula estratagema del gobierno de EE.UU. para extraditar a un ciudadano australiano, cuya editorial no tenía su sede en EE.UU., y acusarlo en virtud de la Ley de Espionaje [de EE.UU.]. Continúa la larga farsa dickensiana que se burla de los conceptos más básicos del justo proceso.
El fallo se basa en que el gobierno de Estados Unidos no proporcionó garantías suficientes de que Julian recibiría las mismas protecciones de la Primera Enmienda que se otorgan a un ciudadano estadounidense si fuera procesado en Estados Unidos. El proceso de apelación es otro obstáculo legal en la persecución de un periodista que no sólo debería ser libre, sino también celebrado y honrado como el más valiente de nuestra generación.
Sí, puedes apelar. Pero eso significa otro año, tal vez más, en difíciles condiciones carcelarias, a medida que su salud física y psicológica se deteriora. Pasó más de cinco años en la prisión de Belmarsh sin cargos directos en su contra. Había pasado siete años en la embajada ecuatoriana porque los gobiernos del Reino Unido y Suecia se negaron a garantizar que no sería extraditado a los Estados Unidos, a pesar de que había aceptado regresar a Suecia para contribuir a una investigación preliminar que, finalmente, había sido abandonada.
El linchamiento judicial de Julián nunca tuvo como objetivo la justicia. Recordamos la plétora de irregularidades legales, incluida la grabación de sus reuniones con abogados realizada por la firma de seguridad española UC Global en las instalaciones de la embajada de Ecuador en nombre de la CIA, una grabación que, por sí sola, debería haber hecho que el caso fuera desestimado por el tribunal porque se llevó a cabo en clara violación del privilegio abogado-cliente.
Estados Unidos ha acusado a Julian de 17 delitos en virtud de la Ley de Espionaje y uso indebido de computadoras por una supuesta conspiración para apoderarse y luego publicar información de defensa nacional. Si es declarado culpable de todos estos cargos en Estados Unidos, se enfrenta a 175 años de prisión.
La solicitud de extradición se basa en la publicación de WikiLeaks en 2010 de registros de guerra relacionados con Irak y Afganistán: cientos de miles de documentos clasificados, filtrados por Chelsea Manning, analista de inteligencia del ejército en ese momento, que habían revelado numerosos crímenes de guerra estadounidenses, incluidos vídeos, imágenes del asesinato de dos periodistas de Reuters y otros 10 civiles desarmados en el vídeo Collateral Murder, la tortura rutinaria de prisioneros iraquíes, el encubrimiento de miles de muertes de civiles y el asesinato de casi 700 civiles que se acercaron demasiado a los puestos de control estadounidenses.
En febrero, los abogados de Julián habían presentado nueve solicitudes distintas para una posible apelación.
La audiencia de dos días de marzo, a la que asistí, había sido la última oportunidad de Julian de apelar contra la decisión de extradición tomada en 2022 por Priti Patel, entonces ministra del Interior de Gran Bretaña, y contra muchas de las sentencias de 2021 del juez de distrito.
En marzo, los dos jueces del Tribunal Superior, Dame Victoria Sharp y el juez Jeremy Johnson, rechazaron la mayoría de los argumentos de la apelación de Julian. Entre ellos se incluyen, según argumentan sus abogados, el tratado de extradición entre el Reino Unido y Estados Unidos, que impide la extradición por delitos políticos; el hecho de que la solicitud de extradición fue formulada con el propósito de procesarlo por sus opiniones políticas; que la extradición equivalía a una aplicación retroactiva de la ley (porque no era previsible que una ley de espionaje centenaria fuera utilizada contra un editor extranjero) y, finalmente, que no recibiría un juicio justo en el Distrito Este de Virginia. Los jueces también se negaron a escuchar nuevas pruebas de que la CIA había conspirado para secuestrar y asesinar a Julian, concluyendo –perversa e incorrectamente– que la CIA sólo había considerado estas opciones porque creía que Julian estaba planeando escapar a Rusia.
Pero el lunes, los dos jueces dictaminaron que era «discutible» que un tribunal estadounidense no otorgara a Julian la protección de la Primera Enmienda, violando su derecho a la libertad de expresión bajo el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En marzo, los jueces pidieron a Estados Unidos que proporcionara garantías por escrito de que Julian estaría protegido por la Primera Enmienda y exento de un veredicto que implicara la pena capital. Estados Unidos había asegurado al tribunal que Julian no enfrentaría la pena de muerte, lo que finalmente aceptaron sus abogados. Pero el Departamento de Justicia no había podido ofrecer garantías de que Julian pudiera presentar una defensa de la Primera Enmienda ante un tribunal estadounidense. Tal decisión la toma un tribunal federal estadounidense, explicaron los abogados.
El fiscal adjunto Gordon Kromberg, que procesa a Julian, había argumentado que, en los tribunales estadounidenses, los derechos de la Primera Enmienda sólo se conceden a los ciudadanos estadounidenses. Kromberg había declarado que lo que Julian publicó «no era de interés público» y que Estados Unidos no buscaba su extradición por razones políticas.
La libertad de expresión es una cuestión fundamental. Si a Julian se le conceden sus derechos de la Primera Enmienda en un tribunal estadounidense, será muy difícil para Estados Unidos construir un caso penal contra él, ya que otras organizaciones de noticias, incluidos el New York Times y The Guardian, habían publicado el material que difundió.
La solicitud de extradición se basa en la afirmación de que Julian no es periodista y no está protegido por la Primera Enmienda.
Los abogados de Julián y los representantes del gobierno estadounidense tienen hasta el 24 de mayo para presentar un proyecto de orden, que fijará la fecha de la apelación.
Julián cometió el mayor pecado a los ojos del imperio: lo expuso como una empresa criminal. Documentó sus mentiras, violaciones de derechos humanos, asesinatos de civiles inocentes, corrupción desenfrenada y crímenes de guerra. Republicano o demócrata, conservador o laborista, Trump o Biden, no importa. Quien dirige el imperio utiliza el mismo sucio manual.
En Estados Unidos la publicación de documentos confidenciales no es un delito, pero si Julian es extraditado y condenado, lo será.
Julián goza de una salud física y psicológica precaria. Su deterioro físico y psicológico le provocó un pequeño derrame cerebral, alucinaciones y depresión. Toma medicamentos antidepresivos y el antipsicótico Quetiapina. Se le observó caminando alrededor de su celda hasta que se desplomó, golpeándose la cara y la cabeza contra la pared. Pasó semanas en el ala médica de Belmarsh, apodada el «ala del infierno». Las autoridades penitenciarias encontraron “media hoja de afeitar” escondida en sus calcetines. Llamó varias veces a la línea directa de suicidio de los samaritanos porque pensaba que se suicidaría “cientos de veces al día”.
Estos verdugos a cámara lenta aún no han completado su trabajo. Toussaint L’Ouverture, que había liderado el movimiento independentista haitiano, la única revuelta de esclavos exitosa en la historia de la humanidad, había sido destruido físicamente de la misma manera. Los franceses lo habían encerrado en una celda estrecha y sin calefacción y lo habían dejado morir de agotamiento, desnutrición, apoplejía, neumonía y, probablemente, tuberculosis.
La cuestión es la prolongación de la detención, que la aceptación de este recurso perpetúa. Los 12 años de detención de Julián –siete en la embajada de Ecuador en Londres y más de cinco en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh– estuvieron acompañados de falta de luz solar y ejercicio, así como de incesantes amenazas, presiones, aislamiento prolongado, ansiedad y estrés constantes. El objetivo es destruirlo.
Necesitamos liberar a Julian. Necesitamos mantenerlo fuera del alcance del gobierno estadounidense. Por todo lo que ha hecho por nosotros, le debemos una lucha sin cuartel.
Si no hay libertad de expresión para Julián, no la habrá para nosotros.
Fuente :https://chrishedges.substack.com/p/the-slow-motion-execution-of-julian
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