La celebración del reciente Congreso del PSOE se ha producido en un contexto internacional y geopolítico crecientemente inestable, por un lado, y de centralidad mediática y judicial de la nueva sombra de corrupción que afecta al denominado sanchismo, especialmente la que afecta a quien fue número 2 de ese partido, José Luis Ábalos, por otro.
A la vista de estos condicionantes, el desarrollo de este mitin congresual en Sevilla era previsible: máxima demostración de cierre de filas en torno al líder carismático y a su Manual de resistencia, así como reafirmación de la apuesta por seguir jugando a fondo la baza del chantaje (“que vienen la derecha y la extrema derecha”) para poder disciplinar a sus socios en el gobierno y en el parlamento. Por esas vías, Sánchez busca alcanzar su propósito de aguantar en Moncloa hasta 2027 y, pese a los malos augurios de las encuestas, ganar las próximas elecciones. Como era de esperar, tampoco ha habido ningún conato de autocrítica en relación a muchas de las políticas desarrolladas en estos años, ni siquiera por su corresponsabilidad en la inacción inicial ante la trágica catástrofe de la dana, pese a que los reproches han venido de muy distintos sectores, incluso de algunos de sus socios, como Compromís y Podemos.
Retórica social-liberal, asistencialismo en precario y euroatlantismo
Si prestamos atención a la Ponencia-Marco del Congreso, titulada “España 2030. Un socialismo que avanza, una España que lidera”, es justo reconocer algunos signos de una retórica más radical contra los “megarricos” en defensa de “la clase media y trabajadora”, pero pocas novedades programáticas. En efecto, el documento empieza anunciando cuatro grandes retos en el horizonte de 2030, lo que suena muy lejano en estos tiempos de aceleración reaccionaria: desarrollar un patrón de crecimiento distinto y hacer frente a la emergencia climática (tendrían que explicar cómo pueden ser compatibles lo primero y lo segundo…); enfrentarse a la transformación del orden global y, finalmente, responder al “auge de los valores autoritarios y de la internacional ultra”.
Sigue a continuación el intento de magnificar los “imposibles que logramos” en la última etapa (con la reforma laboral, pese a sus limitaciones, en primer lugar) y el anuncio de los “imposibles que lograremos” (con el proyecto –difícilmente viable con sus aliados PNV y Junts- de blindaje constitucional de las conquistas sociales), para luego pasar a definir un proyecto de país con diez metas: la primera de ellas (“Una economía más competitiva, justa y sostenible”) sitúa ya el marco de las que van exponiéndose luego: reducción de la jornada laboral, educación de calidad, viviendas para todos, combatir la desigualdad en todas sus formas, Estado autonómico reforzado, democracia plena que plante cara a la desinformación, vocación de liderazgo del proyecto europeo, apoyo a la (falsa) “solución de los dos Estados en Israel y Palestina” y refuerzo de la “autonomía estratégica” de la UE en materia de defensa con la coartada de la guerra de Ucrania.
Junto a la medida más difundida de una reducción de jornada, cuyo contenido concreto está por ver, entre las novedades concretas que pueden llamar la atención cabría destacar la creación de un “escaño ciudadano” en el Congreso y en el Senado para que puedan intervenir representantes de la sociedad civil; el derecho a voto a partir de los 16 años y la convocatoria de Convenciones ciudadanas deliberativas; la prohibición de la conversión de viviendas residenciales en turísticas y de temporada, la creación de una empresa estatal para creación de vivienda pública y la exigencia de que las hipotecas y los alquileres no superen el 30% de los salarios; la reforma del sistema de financiación autonómica (con una formulación lo suficientemente ambigua para contentar a todas la baronías…); o, en fin, la derogación del Acuerdo de 1979 con la Iglesia católica en asuntos culturales y educativos…
Algunas de esas promesas suenan ya a mera repetición de las incluidas en anteriores Congresos, mientras que destaca la escasa atención que se presta a la (necro)política migratoria (solo se menciona la necesidad de “un modelo de inmigración que garantice un flujo constante”) o la ausencia de una política fiscal que vaya más allá de una genérica referencia a que se obligará (¿cómo?) a las grandes empresas a repartir una parte de los escandalosos beneficios alcanzados en estos últimos años1. Por no hablar de la siempre aplazada derogación de la ley mordaza y de la ley de secretos oficiales; o de la reforma democrática y urgente del poder judicial (¿dónde queda aquel anuncio de regeneración democrática?); o de la falta de concreción de lo que puede significar “ahondar en el proceso de federalización del Estado”; o, last but not least, el silencio total sobre el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, confirmando una vez más su complicidad con el régimen represor marroquí .
Sin embargo, del interés que haya podido tener esta ponencia-marco en el Congreso sólo ha trascendido el triunfo de las mal llamadas feministas clásicas con su enmienda destinada a impedir la inclusión de la Q+ junto a LGTBI. Algo que se consiguió gracias al lobby encabezado por la ex vicepresidenta Carmen Calvo, y que finalmente fue aprobado en el pleno con un muy bajo porcentaje de participación2. Una decisión que supone un grave paso atrás en el reconocimiento de la diversidad, contribuye a fomentar la transfobia, envalentona a las derechas en su guerra cultural y aleja al PSOE de una posición que cuenta con un amplio consenso en el grueso del movimiento feminista; sobre todo, entre sus nuevas generaciones.
En resumen, Sánchez ha aprovechado el Congreso para exigir fidelidad a la militancia frente al acoso judicial, político y mediático que está sufriendo, sobre todo, desde la aprobación de la ley de amnistía (queriendo dejar en el olvido que no protestó e incluso fue cómplice del que en el pasado afectó al soberanismo catalán y a Podemos). Al mismo tiempo, ofrece un proyecto de gobierno lo suficientemente ambiguo en las cuestiones fundamentales que le confrontan con el PP para intentar atraer a una parte de su electorado e incluso restablecer con ese partido un bipartidismo por sentido de Estado. Tarea esta difícilmente viable, incluso como estamos viendo ante la emergencia migratoria en Canarias, ya que el PP sigue bajo la presión no sólo de Vox (dispuesto a reivindicar sin complejo alguno el legado de la dictadura franquista cuando se acerca el 50 aniversario de la muerte de su fundador), sino también de la procedente de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ambos reforzados por la victoria electoral de Trump. Además, teniendo en cuenta la heterogeneidad de sus aliados en el parlamento, tampoco es previsible que algunas de las leyes y medidas progresistas prometidas, empezando por su inclusión en los presupuestos, lleguen a buen puerto.
Así pues, nos vamos a encontrar con un PSOE que va a seguir por la senda de un reformismo sin reformas estructurales que cuestionen los intereses del gran capital y las bases del régimen monárquico del que este mismo partido ha sido y es un pilar fundamental. No será por ese camino como va a poder frenar la amenaza real del bloque reaccionario ni tampoco, pese a los buenos datos macroeconómicos, atenuar la agravación de las desigualdades. Sólo cabe, en la mejor de las hipótesis, que trate de neutralizar la conflictividad social atendiendo a determinadas demandas, como en el caso de la lucha por una vivienda digna; pero difícilmente lo logrará si ni siquiera pudo salir adelante en el parlamento el impuesto sobre los alquileres de temporada.
Este impasse estratégico en el que ha entrado el PSOE no es ajeno a la evolución que caracteriza desde hace tiempo a un social-liberalismo atlantista que tiende a perder centralidad en muchos países, como estamos viendo ahora en Francia y muy probablemente en Alemania tras las elecciones generales de febrero. En ese contexto, en el caso español, la resiliencia en el gobierno aparece cada vez más como una anomalía gracias a que ha conseguido anular el potencial rupturista de los partidos que emergieron a su izquierda –Podemos y luego Sumar–, y, a la vez, mantener una política de pactos con fuerzas de ámbito no estatal, en Euskal Herria y Catalunya principalmente, a cambio de modestas concesiones prácticas.
Con todo, esta política del miedo frente al mal mayor no va a durar siempre en unos tiempos en los que el malestar social y la desafección política, acrecentados ahora por las consecuencias de la catástrofe de la dana, van a seguir aumentando. No serán las políticas de este gobierno las que vayan a evitar que el bloque reaccionario logre capitalizar la extensión de la antipolítica entre nuevos sectores del electorado.
Miedo a la democracia interna
En el plano organizativo, también ha quedado evidente la consolidación de un modelo de partido basado en un cesarismo cada vez más reforzado en torno al líder máximo, como ya ha criticado uno de los pocos delegados de Izquierda Socialista que asistieron al Congreso, Manuel de la Rocha Rubí3: según él mismo ha comprobado, ha habido una demostración clara de “miedo a la democracia”, manifestada incluso en la “negativa a debatir la gestión en el Congreso, vulnerando un principio democrático básico y un artículo clave de nuestros Estatutos”, y se ha instalado una total subordinación del partido al propio gobierno; algo que ha quedado más visible si cabe con el número de ministros y ministras que forman parte de la nueva Comisión Ejecutiva Federal; definitivamente, concluye, “la posición del Partido la fija el Gobierno y no al contrario, ni siquiera con posibilidad de que haya una influencia mutua”.
El caso de Madrid, con la dimisión forzada de Juan Lobato como secretario general del PSM, independientemente de la opinión que se tenga sobre su comportamiento ante el caso de la pareja de Díaz Ayuso, es otra muestra clara de esas prácticas, como justamente ha criticado Izquierda Socialista de Madrid (“¡Las formas importan!”) ante la prohibición de reuniones para poner en pie alguna candidatura frente a la oficialista, encabezada por el actual ministro Oscar López.
Así que, definitivamente, bajo la máxima hacer de la necesidad virtud, se ha consumado el triunfo de un modelo de liderazgo plebiscitario que sólo aspira a mantenerse en el gobierno haciendo algunas concesiones a sus aliados de investidura en áreas que no afecten al núcleo duro de la economía política que se dicta desde la UE, principalmente desde la Comisión Europea y el Banco Central Europeo.
Vacío a la izquierda
A estas perspectivas sombrías se añade la trágica ausencia de fuerzas políticas a la izquierda del PSOE capaces de construir una alternativa frente a las políticas divisoras de las clases populares que practican las derechas, pero también al social-liberalismo menguante de Sánchez. Ni Sumar –adaptado cada vez más a los límites que marcan la Moncloa y la UE–, ni Podemos –pese a sus esfuerzos por aparecer ahora hipercrítico de un PSOE con el que, sin embargo, sigue aspirando a gobernar– tienen ya credibilidad para ser referentes en la ardua tarea de recomponer una izquierda dispuesta a extraer las lecciones del ciclo abierto por el 15M y el procés catalán con el fin de ofrecer un camino de refundación que no esté subordinado a la política institucional.
Tampoco en el plano más social las direcciones de los grandes sindicatos, CCOO y UGT, subordinadas a su vez a lo que marque el gobierno, aparecen hoy como el marco de referencia para una recomposición de un movimiento obrero dispuesto a hacer frente a una patronal y a un gran capital cada vez más propensos a favorecer la llegada al gobierno del bloque reaccionario.
Con todo, las movilizaciones por una vivienda digna en prácticamente todo el territorio del Estado español –expresiones reales de una lucha de clases que atenta directamente contra el capitalismo rentista–, al igual que la admirable respuesta solidaria del pueblo valenciano y de otros lugares del Estado frente a la catástrofe ecosocial de la dana, así como las distintas formas de resistencia que se están dando en distintos sectores –como en la sanidad y la educación– o en la solidaridad con Palestina muestran síntomas esperanzadores de que se pueda ir reabriendo un nuevo ciclo de movilizaciones desde abajo y a la izquierda en el próximo periodo. Será de esas experiencias de las que habrá que ir aprendiendo para buscar nuevas formas de confluencia en las luchas y en los debates de actores colectivos renovados; y, con ellos, generar nuevas iniciativas que permitan construir un frente común político y social, capaz de hacer frente a la amenaza reaccionaria y de acumular un potencial contrahegemónico desde los barrios y los centros de trabajo. Sólo así podremos volver a poner en el centro la necesidad de una estrategia de transición ecosocial y de ruptura democrática con este régimen y con el bloque de poder que lo sustenta.
Notas
- 1. Como critica Andreu Missé: “La reforma fiscal llevada a cabo por el Gobierno (PSOE y Sumar) y sus socios es de mínimos. Más bien, parece una sucesión de parches. El acuerdo alcanzado en el Congreso ha aprobado el impuesto a la banca, el aumento de las rentas de capital, a los hidrocarburos y al tabaco. Pero ha tenido que dejar para una nueva ley el impuesto a las energéticas. Y han sido descartados los impuestos a las inmobiliarias (Socimis), los seguros privados, bienes de lujo y diesel y el IVA a los pisos turísticos”, “Insolidaridad de bancos y energéticas”, Alternativas económicas, diciembre 2024, 130, p. 3).
- 2. “La historia tras las enmiendas del PSOE sobre las siglas LGTBIQ+”, Ana Requena y José Enrique Monrosi, 3/12, 24
- 3. “Congreso socialista y crítica a la gestión”, eldiario.es, 6/12/24
Fuente: viento sur
Libros relacionados:
