Tras los grandes terremotos suelen sucederse una serie de réplicas en las que se acomodan las placas tectónicas. En la política catalana estamos asistiendo a algunos movimientos que se explican en este sentido tras el fracaso de la vía unilateral.
El lunes, 22 de octubre, estaba prevista una reunión secreta en Waterloo, residencia de Carles Puigdemont, de los principales actores del independentismo, los partidos Junts per Catalunya, ERC y CUP y las entidades soberanistas, Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), Òmnium Cultural y Associació de Municipis per la Independència (AMI), para impulsar el denominado Consell de la República. Sin embargo, una filtración periodística malogró este carácter secreto y evidenció las profundas diferencias que atraviesan al movimiento secesionista.
El Consell de República se concibió originalmente como una especie de gobierno “legítimo” en el exilio que marcase las directrices del ejecutivo efectivo de la Generalitat, bajo la presidencia vicaria de Quim Torra. De este modo, Puigdemont pretendía someter a su autoridad tanto a los partidos y entidades soberanistas como al gobierno catalán. La reunión resultó ser fracaso. La CUP declinó la invitación –aunque el sector más nacionalista encarnado en Poble Lliure saludó la creación de este organismo–; ERC y las entidades soberanistas enviaron delegaciones de bajo nivel. El Consell de la República será presentado en el Palau de la Generalitat el próximo 30 de octubre con atribuciones poco claras. De ningún modo ERC transigirá en que sea un gobierno paralelo, y el conseller de Exteriores, Ernest Maragall (ERC), se apresuró a afirmar que este organismo no tendrá financiación pública. Por su parte, Elsa Artadi, portavoz del ejecutivo catalán y estrechamente vinculada a Puigdemont, se encargó de aclarar que el Consell de la República no interferirá en el funcionamiento del Govern, teniendo funciones complementarias, especialmente en lo referido a la internacionalización del procés.
Quim Torra y Lluís Llach en la presentación del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent
Al día siguiente, 23 de octubre, el president Torra presentó, acompañado por el cantautor y exdiputado de Junts pel Sí, Lluís Llach, el Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. En principio, este organismo debía encargarse de elaborar la Constitución catalana, en la vía de implementar la República. Sin embargo, tanto Torra como Llach, que será su presidente, desmintieron que su misión fuese emprender un proceso constituyente e insistieron en sería un foro de debate abierto a la ciudadanía para definir el modelo de país. La CUP anunció que tampoco participaría en este foro, criticando con dureza una política de gestos simbólicos que buscan encubrir el acatamiento al ordenamiento autonómico y no significan ningún avance real hacia la independencia.
El malestar de la CUP se evidenció con su decisión de no negociar los Presupuestos y no acudir al Parlament ante la “deriva autonomista” del ejecutivo catalán. Una determinación que contribuye a debilitar aún más la mayoría independentista en la cámara catalana, pues cuatro diputados de Junts per Catalunya más uno de ERC, Toni Comín, han perdido su derecho al voto al negarse a designar un sustituto a la espera que el Tribunal Supremo dicte la sentencia contra los presos independentistas acusados de rebelión.
Estos movimientos deben interpretarse en dos sentidos. Por un lado, para ofrecer una suerte de sucedáneo político a las bases sociales del independentismo, desalentadas por la falta de iniciativas reales para hacer efectiva la República, y también para facilitar la precaria unidad del ejecutivo a la espera del juicio.
Por otro lado, la presentación de ambos organismos fantasmales se explica para preparar el terreno a la presentación en sociedad de la Crida Nacional per la República anunciada para el 27 de octubre en Manresa. Se trata de un proyecto de Puigdemont con el que pretende aglutinar a todas las formaciones independentistas, lo que, en realidad, implicaría su disolución en una suerte de frente nacional bajo su autoridad. Sin embargo, nada indica que esto vaya ser viable. Tanto ERC como la CUP han manifestado que no se incorporarán a este proyecto, y los exconvergentes del PDeCat están profundamente divididos al respecto: mientras el sector vinculado a Puigdemont, especialmente los consellers en el extranjero, se han mostrado favorables a disolverse en la Crida, el sector liderado por el presidente del partido, David Bonvehí, y otros líderes del interior se oponen con el argumento de que la nueva formación sería útil si sirviese para agrupar a todo el independentismo, pero dadas las circunstancias solo valdría para liquidar al PDeCat y, si esta formación se negase a desaparecer, para incrementar la división en el ámbito del secesionismo.
Estos movimientos indican que la política de gestos simbólicos está tocando fondo y apuntan a un creciente debilitamiento de la figura de Puigdemont y su vicario Torra, mientras se fortalece el papel de Oriol Junqueras como interlocutor válido, objeto de visitas en la prisión de dirigentes sindicales, patronales y políticos. En realidad, todas sus esperanzas se cifran en ganar tiempo a la espera de que una dura sentencia condenatoria a sus líderes provoque una reacción de sus bases que relance al movimiento independentista, en el que ahora se multiplican los síntomas de cansancio y confusión.
Daños colaterales en los Comunes
No es ningún secreto que el proceso soberanista ha funcionado como una máquina de dividir y ha reventado el sistema de partidos del pujolismo, vertebrado en torno a dos grandes formaciones: CiU y PSC. La coalición CiU ha estallado, Unió ha desaparecido, Convergència, reconvertida en PDeCat, podría correr la misma suerte si se imponen las tesis de Puigdemont. El PSC ha sufrido una sangría de la que aún no se ha recuperado, ICV se ha desdibujado en el espacio de los Comunes, el PP sobrevive en la marginalidad. Únicamente ERC y Ciudadanos han resistido el embate y se han visto beneficiados por el proceso soberanista.
El procés ha malogrado las expectativas de los Comunes, que irrumpieron en la política catalana con los mejores augurios, obteniendo la alcaldía de Barcelona y ganando en Catalunya las elecciones generales de diciembre de 2015 y junio de 2016. Sin embargo, sus ambigüedades y la connivencia con el movimiento independentista les hicieron cosechar unos resultados muy por debajo de sus expectativas en los comicios al Parlament de Catalunya del 2015, con 11 diputados (8,94%), que empeoraron en las autonómicas de 2017 con 8 diputados (7,46%). Una circunstancia agravada por el hecho de que gran parte de sus apoyos electorales en los distritos populares del Área Metropolitana de Barcelona fueron a parar a C’s.
Ciertamente, en un clima tan polarizado como el que se vive en Catalunya, resulta muy difícil la convivencia entre federalistas, confederalistas e independentistas en una misma formación cuyo único nexo común es la reclamación de un referéndum de autodeterminación. Estas tensiones internas se escenificaron en directo con el estallido del grupo parlamentario de Catalunya Sí Que es Pot en las sesiones parlamentarias donde se aprobaron las leyes de desconexión (6 y 7 de septiembre de 2017) y en la jornada del 1 de octubre, cuando el sector federalista pidió no participar en la consulta y el sector soberanista participó intensamente en ella.
Elisenda Alamany, diputada por Catalunya en Comú-Podem
La retirada de Xavier Domènech ha hecho estallar esta precaria unidad. El pasado martes, los sectores soberanistas –léase independentistas– de la formación, liderados por la portavoz parlamentaria Elisenda Alamany y Joan Josep Nuet, diputado y coordinador general de Esquerra Unida i Alternativa (EUiA), presentaron la plataforma Soberanistes. Un nou futur, apoyada en el manifiesto, Som Comuns, som sobiranistes.
Un texto bastante insustancial donde critican que la formación se haya alejado de sus objetivos fundacionales, haya sido incapaz de superar el funcionamiento de los partidos tradicionales y reivindica el papel de los Comunes en el 1 y 3 de octubre cuando se alinearon con los independentistas. Ahora bien, esta plataforma no ha logrado ni el apoyo de los independentistas de la formación de Ada Colau (Barcelona en Comú), ni de ICV, ni del sector anticapitalista, lo cual parece apuntar, más que a discrepancias ideológicas, a las pugnas internas por el poder, cuando Alamany y Nuet han perdido peso, y podría preludiar su camino hacia ERC o incluso a la CUP, como ocurrió con dirigentes de PSC e ICV en los momentos álgidos del proceso soberanista. La respuesta de la dirección de los Comunes, dominada por Barcelona en Comú e ICV, no se hizo esperar, con la fulminante destitución del coordinador del grupo parlamentario, Marc Grau, próximo a Alamany, y a través una carta a la militancia donde critican la actuación poco transparente de los impulsores de la plataforma, al margen de los espacios de debate de la formación.
La presentación del Manifiesto se produce justamente cuando el debilitamiento de la mayoría parlamentaria independentista confiere a los Comunes un papel determinante para decantar la balanza en la cámara catalana. Los Comunes quizás hayan perdido la gran oportunidad de ocupar el espacio vacío de la izquierda no independentista, una opción con todos los ingredientes necesarios para ser mayoritaria en los barrios populares del país. La ausencia de claridad política y cierta connivencia con las formaciones independentistas han favorecido extraordinariamente el crecimiento de C’s y han permitido que el PSC haya podido superar una crisis muy grave en la que se jugaba su supervivencia.
El reacomodo de las placas tectónicas de la política catalana tras el seísmo provocado por el desenlace del procés parece favorecer las expectativas de ERC dentro del bloque soberanista, y las del PSC en el bloque constitucionalista. Ello a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, que podría provocar otro terremoto de imprevisibles consecuencias.
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