Catalunya después de la Diada

La Diada Nacional ha servido de pistoletazo de salida de un curso político que se prevé decisivo en Catalunya. Como era de esperar el número de participantes en la movilización fue uno de los aspectos más polémicos de la jornada.

En efecto, en esta edición se especulaba sobre un posible descenso de la participación. Según las cifras de los organizadores, ANC y Òmmium Cultural, en el Onze de Setembre de 2012 y 2013 participaron 2 millones de personas, en el del 2014, 2,5 millones y en la de 2015, 1,4 millones. En esta ocasión, ha sido cifrada en 1 millón de persones en las cinco ciudades que organizaban el evento, 800.000 según las diversas policías municipales. De hecho, los impulsores de la Diada independentista diseñaron este formato descentralizado para facilitar la participación y ahorrar a los manifestantes los largos desplazamientos hasta Barcelona.

El descenso del número de participantes puede explicarse en primer término por cierto hartazgo entre la base social del independentismo que empieza a cansarse por la reiterada promesa incumplida de que el año siguiente Catalunya sería independiente. También por la visible disputa entre Convergència y Esquerra por la hegemonía del movimiento nacionalista y las crecientes dudas sobre la viabilidad de la hoja ruta independentista.

Las manifestaciones independentistas tienen también un componente lúdico, incluso familiar.

En cualquier caso, este descenso en la participación no debe engañarnos sobre la fuerza del movimiento secesionista. En primer lugar, porque han demostrado ser la opción con mayor capacidad de convocatoria de la sociedad catalana (si exceptuamos al Barça). En segundo lugar, porque esto no significa que los ausentes hayan modificado sus convicciones independentistas. Por tanto, a pesar de constatar un descenso en la participación, la Diada independentista debe calificarse de un éxito de los organizadores.

No obstante, este descenso en la participación indica que el formato reivindicativo de las últimas cinco Diadas independentistas ha tocado techo. En efecto, no se puede mantener indefinidamente la movilización independentista y el proceso soberanista exige un desenlace en un sentido u otro. En este curso político concurren todas las circunstancias para que esto se produzca.

Contradicciones de los Comunes

La asistencia de Ada Colau y la plana mayor del espacio de los Comunes, con la notable excepción de ICV, fue otro de los aspectos novedosos de la Diada de 2016. Por la mañana, los Comunes organizaron su acto del Onze de Setembre en Sant Boi de Llobregat que fue un fracaso de convocatoria, pues solo acudieron un millar de personas. Un dato que indica que el lema de Per un catalanisme popular, uno de los leitmotivs ideológicos del extinto PSUC, no sedujo ni a la militancia ni a sus bases sociales que, acaso, quisieron expresar de este modo su malestar por la anunciada asistencia de sus líderes a la manifestación independentista y a la fotografía del dirigente de Podemos en Catalunya, Albano Dante, junto a Oriol Junqueras y Anna Gabriel, con una estelada, en el acto también celebrado en Sant Boi de Llobregat el 9 de septiembre.

Quizás para salir al paso al malestar provocado entre sus filas por su asistencia a la manifestación independentista, Ada Colau publicó un artículo en El País, titulado La Diada y el día después, donde intenta justificar su postura con argumentos de escaso calado político.

En cualquier caso, su presencia en la Diada fue más bien discreta, negándose a hacerse fotos con los dirigentes independentistas. Aunque no fue objeto del temido abucheo, las imágenes televisivas dejaban traslucir la incomodidad de la delegación podemita rodeados de esteladas y gritos a favor de la independencia.

Choque de trenes

Por primera vez un president de la Generalitat acudía a la Diada independentista. Artur Mas siempre se había negado a hacerlo, escudándose en su papel institucional de presidente de todos los catalanes.

Como preludio a la manifestación, por la mañana, Puigdemont, manifestó antes los corresponsales de la prensa extranjera que, tras superar la moción de confianza del 28 de septiembre, plantearía al gobierno español la convocatoria de un referéndum vinculante sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya. También se mostró contrario a las consultas unilaterales y decidido a convocar elecciones en junio del año que viene sin aclarar si volverán a ser plebiscitarias o constituyentes como figura en la hoja de ruta aprobada por el Parlament.

Un giro inesperado que cayó como un jarro de agua fría en la CUP, que días antes había asegurado que salvaría los muebles de Puigdemont apoyándole en la moción de confianza con la condición de contemplar la convocatoria de un Referéndum Unilateral de Independencia (RUI). Una iniciativa vista con buenos ojos por ERC. Quizás, el desmarque de Puigdemont se explique por las declaraciones del exdiputado de la CUP, Quim Arrufat, la víspera de la Diada, señalando que el objetivo de la RUI era provocar la reacción violenta del Estado, para generar una reacción de la comunidad internacional contra el gobierno español. Una toma de posición que expresa no sólo la irresponsabilidad política de Arrufat, sino su impotencia política ante un proceso soberanista que tiene todos los visos de encallarse.

Una fotografía polémica. En el centro, Albano Dante.

En cualquier caso, la postura de Puigdemont, volviendo a una posición que el movimiento independentista consideraba superada tras las plebiscitarias del 27S, puede interpretarse como presión directa sobre el espacio de los Comunes, al asumir su principal reivindicación en el pleito nacional. De este modo, dificulta que le nieguen su apoyo en la moción de confianza y le servirá de aval para continuar con la hoja de ruta secesionista por la vía unilateral con la seguridad que el gobierno español se cerrará en banda a este requerimiento.

Tras la previsible superación de la moción de confianza, Puigdemont, que accedió a la presidencia de la Generalitat por una decisión de última hora de su predecesor bajo la amenaza de repetición de las elecciones, todo apunta a un choque de trenes de proporciones imprevisibles.

En primer lugar, está pendiente la resolución judicial de la situación de la presidenta de Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, que ha anunciado que no piensa acatar su eventual inhabilitación. Si el Tribunal Constitucional (TC) decidiese no inhabilitarla daría la impresión de debilidad ante el desafío soberanista, pero si lo hace se desencadenaría un conflicto político-jurídico de grandes dimensiones. Si Forcadell continuase ejerciendo sus funciones a pesar de su inhabilitación, al TC no le quedaría otro remedio de declarar nulas de pleno de derecho todas las resoluciones adoptadas bajo su presidencia. A ello se une el juicio contra Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs por la consulta del 9N, y la previsible impugnación de las leyes de desconexión que se aprobarían tras la superación de la moción de confianza.

Este escenario de máxima tensión política e institucional volverá a alimentar la movilización independentista, pero también la presión de PP de Mariano Rajoy sobre el PSOE para construir un frente nacional a fin de combatir el desafío soberanista.

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