Para el conjunto del Estado, donde también se celebrarán elecciones autonómicas, excepto Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña, estos comicios se plantean como una suerte de primarias de cara a las generales de finales de año. En Cataluña, donde sólo son elecciones locales, el panorama está determinado por la precariedad del gobierno monocolor de ERC. En las anteriores autonómicas se produjo un triple empate entre PSC y ERC con 33 diputados y Junts con 32 de los 135 escaños del Parlament de Catalunya. La salida del gobierno de coalición de la formación presidida por Laura Borràs, dejó a ERC en una notable debilidad parlamentaria, pues anteriormente se habían evaporado los apoyos de los nueve parlamentarios de la CUP que hicieron posible la investidura de Pere Aragonès. De este modo se extendía el acta de defunción del proceso soberanista que descansaba sobre la mayoría absoluta del bloque independentista, que aún ostenta en la cámara legislativa.
No obstante, ERC consiguió aprobar los Presupuestos de la Generalitat. En caso contrario, le habría resultado muy difícil evitar la disolución del Parlament y la convocatoria de elecciones anticipadas que a nadie interesaba ante el ciclo electoral en ciernes. ERC logró el apoyo de los ocho diputados de En Comú Podem (ECP) a cambio de aprobar las cuentas del Ayuntamiento de Barcelona que preside Ada Colau en coalición con el PSC. Los socialistas catalanes pagaron con la misma moneda a ERC, que había obtenido del ejecutivo español la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y modificar el de malversación para beneficiar a los condenados y encausados en los procedimientos en curso contra los lideres del procés. El PSC elevó el precio de sus votos exigiendo el compromiso del Govern con la ampliación del aeropuerto del Prat, el casino Hard Rock de Tarragona y la construcción de la autovía Quart Cinturó entre Sabadell y Terrassa. Así, Salvador Illa presentaba sus credenciales ante los poderes económicos del país como un solvente gestor de los asuntos públicos tras las convulsiones del procés.
En cualquier caso, Aragonès conseguía un año de plazo. Pasadas las municipales y generales, que tomarían el pulso a la temperatura política del país, ya se decidiría sobre la continuidad de la legislatura.
Los tres grandes espacios
El proceso soberanista reventó el sistema de partidos catalán con dos grandes formaciones centrales, CiU y PSC, y dos formaciones menores ERC e ICV que operaban como su conciencia crítica en el plano nacional y social. Las cuatro fuerzas se ubicaban, con matices, en el ámbito del catalanismo político del que únicamente quedaba excluido el PP. Ahora, no existen ni CiU, ni ICV y el mismo camino parece emprender Ciudadanos, el partido que experimentó un crecimiento vertiginoso en la década procesista como opción de voto útil de los contrarios a la secesión.
Las elecciones locales servirán para clarificar, tras las convulsiones del procés, la recomposición de los tres espacios políticos que se disputan la representación política y el reparto del poder en el país: el independentismo (Junts, ERC y CUP), la izquierda federalista/confederalista (PSC y Comunes) y la derecha españolista (Cs, PP y Vox).
Hegemonías independentistas
El giro soberanista de Convergència se produjo cuando arreciaban los escándalos de corrupción que culminaron con la confesión de Jordi Pujol, el patriarca del catalanismo político, sólo equiparable a Prat de la Riba. Artur Mas pilotó el pasaje del autonomismo pujolista al independentismo que condujo a la reconversión de la vieja Convergència en el PDeCat y la ruptura de la coalición con sus socios democristianos de Unió Democràtica de Catalunya (UDC). Un partido histórico, fundado en 1931, que, tras dejar una deuda de 22,5 millones de euros, se rompió en dos pedazos: el vector autonomista con Ramon Espadaler al frente; Units per Avançar halló cobijo bajo las siglas del PSC; el sector independentista, liderado por Antoni Castellà con Demòcrates de Catalunya, encontró amparo primero bajo las siglas de ERC y ahora con las de Junts.
La operación PDeCat no se vio coronada por el éxito, especialmente cuando la CUP pidió y obtuvo la cabeza de Artur Mas. Su sucesor, Carles Puigdemont, radicalizó las posturas de los herederos de Convergència hacia planteamientos netamente nacional-populistas que gozaron de mayor predicamento entre sus bases sociales que los postulados pactistas del PDeCat. Esto condujo a la ruptura del grupo parlamentario en Madrid y a diversos intentos hasta ahora fallidos de recomponer el espacio convergente.
Todo el proceso soberanista estuvo atravesado por la pugna por la hegemonía entre los avatares de Convergència y ERC que tuvo su punto de inflexión con la investidura de Pere Aragonès tras las convulsas presidencias de Mas, Puigdemont y Quim Torra. La apuesta de ERC por la mesa de diálogo y el apoyo al gobierno de coalición progresista en Madrid, tras el fracaso de la vía unilateral, provocaron una profunda división en Junts, un variopinto conglomerado de fuerzas y personalidades cohesionado por el liderato carismático de Puigdemont. La pugna entre los partidarios de permanecer en el gobierno, con el conseller de Economía Jaume Giró a la cabeza, y los favorables a romperlo con Laura Borràs y Puigdemont al frente, se dirimió a favor de los segundos por una corta mayoría en la consulta a la militancia.
Esta división interna, unida a la condena de Borràs por delitos relacionados con la corrupción, favorecen las expectativas de ERC de romper el actual empate con Junts e imponerse con claridad como fuerza hegemónica del movimiento independentista. Justamente, la reactivación de la campaña por un Acuerdo de Claridad para pactar las condiciones de un referéndum de autodeterminación está dirigida a amplias franjas del electorado independentista que no ven perspectivas en la vía de confrontación con el Estado propuesta desde Junts y la CUP. En cierto modo, ERC ha asumido el papel de CiU como la fuerza central del movimiento nacionalista y como conseguidor en Madrid por la vía pactista.
Tribulaciones (con)federalistas
Ahora bien, el principal problema de ERC para conservar la presidencia de la Generalitat radica en el ascenso del PSC que detectan todas las encuestas. Según los últimos sondeos de intención de voto, el actual triple empate se desharía a favor del PSC, que se distanciaría de ERC, que a su vez incrementaría su ventaja respecto a Junts. Ciertamente, los pactos de ERC en Madrid con PSOE e Unidas Podemos, en el Ayuntamiento de Barcelona con ECP y los acuerdos presupuestarios tripartitos en la Generalitat han alimentado muchas especulaciones sobre un eventual tripartito de izquierdas cómo la única alternativa a la gobernabilidad tras la ruptura del bloque independentista.
El proceso soberanista provocó la ruptura de los equilibrios entre las dos almas del PSC. El sector catalanista, con Ernest Maragall a la cabeza, se pasó con armas y bagajes a ERC y Junts. Los socialistas catalanes obtuvieron los peores resultados de su historia. En las autonómicas sufrieron una sangría de su electorado tradicional hacia Cs, el partido más votado en las autonómicas de 2017 con 36 escaños y 1,1 millones de votos; en las generales hacia Podemos cuando, en 2015 y en las repetidas de 2016, esta fue la fuerza más votada en Catalunya. Podría decirse sin exagerar que Miquel Iceta salvó al partido, si no de la desaparición, sí de la irrelevancia.
El procés también se llevó por delante a ICV, la formación heredera del viejo y mitificado PSUC, dejando una deuda de 10,2 millones de euros. De hecho, el grupo parlamentario estalló en directo en las jornadas de septiembre de 2017 con durísimos enfrentamientos entre Joan Coscubiela y Albano Dante Fachín que evidenciaron la imposibilidad de convivencia entre federalistas e independentistas en una misma formación. Así, las cosas la alcaldía de Barcelona y la figura de Ada Colau resultan el principal activo y político de este espacio político.
La extinción de Ciudadanos
La división interna y la inoperancia de la izquierda federalista/confederalista provocó la concentración del voto en Ciudadanos como la opción más útil contra la secesión. Diversos factores han influido en el proceso que ha conducido a la extinción del Podemos de derechas, en expresión de Joan Oliu del Banc Sabadell. En Catalunya donde surgió el partido en oposición a la política lingüística de la Generalitat, su base electoral se nutría principalmente de votantes socialistas de los barrios periféricos y en menor medida de electores del PP.
El giro derechista de esta formación, que empezó ubicándose en el centroizquierda del espectro ideológico, le alejó de esos votantes de los barrios que, en el eje social, se ubican en la izquierda. En Catalunya se produjo un fenómeno notable. En las generales de 2015 y 2016, cuando primaba el eje social, Podemos se alzó como primera fuerza política del país, mientras que, en las autonómicas de 2017, centradas en la cuestión nacional, lo hacía Cs. Ambas formaciones obtenían sus mejores resultados en los barrios de la periferia, de manera de muchos electores votaron a Podemos en las generales y a Cs en las catalanas. Así, pues, no existía una oferta política de izquierdas en el eje social y contraria a la secesión en el nacional, lo que explicaría este extraño fenómeno. El PSC, una vez se desprendió del ala independentista, es el partido que más se acerca a este perfil y éste es uno de los factores que contribuyen a explicar su recomposición y ascenso en las encuestas.
La irrupción de Vox en el Parlament de Catalunya en 2021 como cuarta fuerza política del país con 11 diputados, 217.883 votos (7,69%), constituyó una inquietante novedad en la política catalana facilitada por el hundimiento de Cs. En efecto, el partido naranja pasó de 36 diputados en 2017 a 6 en el 2021. De esos treinta escaños perdidos, el PP no recuperó ninguno y lo que es peor, cedió uno de sus cuatro diputados. El PSC, que pasó de 17 a 33 diputados y Vox con 11 fueron los principales beneficiarios de la debacle.
Ahora, todo parece apuntar hacia una concentración del voto de la derecha españolista en el PP que certificaría la desaparición de Cs y un descenso de la representación parlamentaria de Vox
La batalla de Barcelona
Todas estas contradicciones y recomposiciones se concentran en la pugna entre cuatro candidatos por alcaldía de Barcelona: Ada Colau (ECP), Jaume Collboni (PSC), Xavier Trias (Junts) y Ernest Maragall (ERC).
Las elecciones municipales suelen ser un terreno favorable al PSC por su implantación en el territorio y su larga experiencia en la gestión de los ayuntamientos de las grandes ciudades catalanas. Durante más de tres décadas, Barcelona estuvo gobernada por alcaldes socialistas: Narcís Serra, Pasqual Maragall, Joan Clos y Joan Hereu. Tras un único mandato de Xavier Trias (2011-2015) en los momentos álgidos del procés, emergió la figura de Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAC), que ostenta la alcaldía desde 2015.
Ada Colau y los Comunes se juegan prácticamente el ser o no ser en este envite ya que la pérdida de la alcaldía supondría quedarse sin su principal activo político e institucional. Por su parte, el PSC está apretando fuerte para recuperar la plaza. Tanto es así que el primer teniente de alcalde Jaume Collboni dimitió del cargo para entregarse en cuerpo y alma a la campaña y ha fichado a Lluís Rabell, procedente del movimiento vecinal y del ámbito de ICV y que fue cabeza de lista de los Comunes en las autonómicas del 2015. Si Collboni obtuviese ni que fuera un regidor más que Colau tendría posibilidades de acceder a la alcaldía, lo cual no sólo supondría un gran éxito político sino que ayudaría a la campaña de Pedro Sánchez y favorececía las opciones de Illa a la presidencia de la Generalitat.
En el ámbito del nacionalismo/independentismo se está produciendo una pugna gerontocrática entre Xavier Trias, de la vieja guardia convergente que dicen las malas lenguas se encargaba de gestionar los turbios asuntos de los hijos de Pujol y Ernest Maragall, exsocialista y mano derecha de su hermano cuando éste fue el alcalde olímpico de la ciudad. Trias representa el gen convergente en el interior de Junts enfrentado a la línea de confrontación de Borràs y Puigdemont. De modo que si obtuviese la alcaldía sería interpretado como una victoria para este sector “moderado” de Junts. Es más, incluso si no la consigue, pero obtiene un mejor resultado que Maragall, sería considerado como un éxito. Trias tiene a su favor la fuerza de la prolongada y persistente campaña contra Colau de los medios sociales y económicos de la derecha catalana, vehiculada por La Vanguardia, y espera capitalizar el voto antiColau.
La candidatura de Trias perjudica las opciones Ernest Maragall, el candidato más votado en las pasadas municipales, pero a quien la alcaldía le fue arrebatada por el apoyo de Manuel Valls, entonces alcaldable de Cs, a Colau como mal menor impidiendo así que la capital catalana cayese en manos de los independentistas.
Tras las municipales y autonómicas del 28 de mayo, prácticamente se empalmará con la campaña de las generales prevista para finales de año, después de la presidencia de la Unión Europea de Sánchez. Sólo después se planteará la continuidad de la legislatura catalana. Si las cosas les van bien a los socialistas, la tentación de dejar caer a Aragonès y tirar los dados electorales será demasiado fuerte.
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