En la pasada y fallida legislatura los grupos de la oposición decidieron darle un correctivo al PP, que había abusado de su mayoría absoluta, y votar a Patxi López como presidente de la cámara. En esta se han invertido los papeles.
Ana Pastor, una persona de la máxima confianza de Mariano Rajoy, ocupará este cargo en el vértice de la arquitectura institucional del Estado. Pastor, mientras ostentaba en funciones el ministerio de Fomento, se negó a acudir al Congreso a dar cuentas de su gestión, lo cual arroja espesas sombras de duda sobre su respeto a la cámara que ahora preside.
En el último momento, Podemos intentó impedir que la presidencia del Congreso cayese en manos del PP proponiendo a Xavier Domènech, cabeza de lista de En Comú Podem, con el argumento que podría obtener más consenso que Patxi López. Se afirmó que Domènech estaba en mejores condiciones de atraer el voto de los independentistas catalanes y nacionalistas vascos a tenor de su defensa del “derecho a decidir” frente a la negativa del PSOE a acceder a esta reivindicación.
Todo fue un espejismo. Diversos medios de comunicación ya habían informado que el convergente Francesc Homs y Rajoy se habían reunido en secreto. En esta ocasión, el PP tenía la sartén por el mango pues, de aplicarse estrictamente el reglamento, CDC (ahora PDC), no tendría grupo parlamentario y habría de integrarse en el grupo mixto. Ello suponía no sólo perder la visibilidad y el protagonismo de una formación catalana que siempre se había presentado como “decisiva” en la política española, sino perder cerca de cincuenta mil euros mensuales. Otro indicio de que el pacto inconfesable estaba servido lo constituyó la noticia de que la Fiscalía del Estado había retirado el cargo de malversación de fondos públicos por la consulta del 9N, la única castigada con penas de prisión, con lo que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y el propio Homs podían respirar aliviados al sortear esta perspectiva.
Por otro lado, con la expresa voluntad de torpedear la candidatura de Domènech, Homs se presentó como aspirante a presidir la cámara legislativa con el peregrino argumento de ser un revulsivo, pues él representaba a una persona sobre la que pesaba un procedimiento penal por haber puesto las urnas el 9N.
La elección de Pastor, con los votos de PP y C’s, fue favorecida por el voto en blanco de CDC, ERC, PNV, Bildu y CC. Sin embargo, para evitar sorpresas desagradables, en la elección de los vicepresidentes de la cámara, que finalmente correspondieron a PP y C’s, cuatro diputados convergentes, los cinco del PNV y uno de CC votaron a favor de los candidatos de estas formaciones consideradas las más firmes defensoras de la unidad nacional y las más beligerantes contra los partidos nacionalistas/independentistas. Además, escudándose en el voto secreto, en un primer momento tanto los diputados de CDC como de PNV negaron haber votado a favor de los vicepresidentes de PP y C’s. Afortunadamente, las matemáticas son una ciencia exacta y finalmente Homs hubo de reconocer que sus diputados “habían votado de todo”. En fin, se ha demostrado que toda la retórica sobre la transparencia y la regeneración democrática es sólo eso, pura retórica. Meras frases huecas para contentar a amplios sectores de la ciudadanía hastiadas de las viejas prácticas parlamentarias, donde la opacidad y el obsceno reparto de cargos –el pasteleo– priman por encima de cualquier otra consideración ideológica o ética.
Por su parte, el PP realizó un alarde de la muy católica doble moral. En la fallida legislatura pasada pusieron el grito en el cielo, acusando poco menos al PSOE de “romper España” por haber facilitado dos senadores a Convergència para que pudiera formar grupo parlamentario en el Senado. Ahora, la previsible retorsión del reglamento para otorgar a CDC grupo parlamentario ha sido defendida como un acto de responsabilidad cara a la gobernabilidad del país.
Izquierda desballestada
Que gran parte de la responsabilidad de la presidencia del Congreso recaiga sobre el PP y que la mesa de la cámara cuente con una mayoría absoluta conservadora (tres PP, dos C’s, dos PSOE y dos Podemos) debe atribuirse al enfrentamiento cainita entre PSOE y Podemos. Aunque no en la misma medida, pues los socialistas bajo ninguna circunstancia hubieran votado a un candidato de Podemos, mientras que Podemos lo hizo en segunda vuelta por Patxi López.
Ahora bien, la anómala votación permitió comprobar el grave error de cálculo de Podemos que, tanto en la legislatura pasada como en esta, se fiaba como hecho consumado de los apoyos de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos cuando esta era una presunción, como se ha visto ahora, sin demasiado fundamento. Es más, como se comprobó en la pasada campaña electoral, para CDC y ERC el principal enemigo a batir fue En Comú Podem. Sin duda, los independentistas catalanes prefieren en Madrid un gobierno del PP, que favorece su argumentario secesionista, a un gobierno de izquierdas proclive a reformas estructurales que comprometerían sus tesis de que España es irreformable y que, por tanto, la única salida es la separación. También al PP le ha ido de maravilla la deriva independentista del nacionalismo catalán, que le permite presentarse como el garante de la unidad nacional. Una amarga lección, relativa a la retroalimentación de las máquinas nacionalitarias, de la que Podemos y En Comú Podem deberían tomar buena nota.
Al fin y al cabo, PP, C’s, CDC, PNV y CC, más allá de sus conflictos en el eje nacional, están ubicados en el mismo espectro ideológico de centroderecha, en el eje social. No es la primera vez que PP y Convergència se han apoyado mutuamente en Madrid y Barcelona y han coincido en votaciones tan trascendentales como la reforma laboral o la amnistía fiscal. Para decirlo en términos coloquiales, entre la cartera y la patria, la derecha catalana y vasca siempre se decantarán por la cartera.
Nuevas correlaciones de fuerzas
La manera en cómo se ha resuelto la presidencia y la composición de la mesa de la cámara indica cuál será la correlación de fuerzas en la presente legislatura, donde Mariano Rajoy cuenta con todas las opciones para ser investido presidente en segunda votación.
Ciertamente para ello necesita, al menos, de la benévola abstención de C’s y PSOE. El partido de Albert Rivera –desmintiendo todas sus enfáticas afirmaciones en la campaña electoral, tanto sobre que el Congreso debería tener una presidencia que no fuera del PP, como su veto a Rajoy– parece dispuesto a ir hasta el final en su estrategia de colaboración con los populares. A fecha de hoy, y por resolución unánime de su ejecutiva, han decidido abstenerse en la segunda votación de la investidura. No obstante, al mismo tiempo, se han iniciado los contactos para pactar conjuntamente los Presupuestos del Estado, cuya fecha límite de tramitación es el 30 de septiembre. No es descartable que, si C’s arranca una serie de concesiones en este terreno, modifique la anunciada abstención por un voto favorable a Rajoy. En cualquier caso, C’s parece seguir los pasos del CDS de Adolfo Suárez, que mientras se mantuvo en la oposición a los populares fue una formación en crecimiento, pero cuando entró a gobernar con el PP, como el Ayuntamiento de Madrid, inició la irreversible ruta hacia la desaparición, devorado por la formación hegemónica de la derecha española.
En otro orden de cosas, el eventual voto positivo de C’s a Rajoy sumaría 169 diputados a sólo siete de la mayoría absoluta. Unas cifras que pondrían en una difícil tesitura al PSOE, pues su hipotético voto negativo sería valorado como una obstrucción a la gobernabilidad del país y le responsabilizaría de unas más que improbables terceras elecciones, sin que ahora le sirviera el argumento de cargar las culpas a Podemos, como sucedió en la pasada campaña electoral. De este modo, cada vez se va haciendo más probable la abstención de, al menos, algunos diputados socialistas para dejar expedita la investidura de Rajoy. Ello a pesar de las enfáticas negativas de sus dirigentes, contrapesadas por los pronunciamientos de líderes históricos como Felipe González, Alfonso Guerra o Rodríguez Ibarra, pero también de barones territoriales como el extremeño Guillermo Fernández Vara o la propia Susana Díaz, sultana de Andalucía y candidata a desbancar a Pedro Sánchez, para facilitar la investidura de Rajoy. Una circunstancia agravada por el hecho de que difícilmente los independentistas catalanes y nacionalistas vascos otorgarán un voto positivo o una abstención en la investidura cuando tienen que hacerlo a cara descubierta y sin el subterfugio del voto secreto.
Por su parte Podemos debe realizar una profunda reflexión sobre su papel en las instituciones parlamentarias desde los comicios del 20D. El mal resultado en las elecciones repetidas del 26J han propiciado diversos análisis sobre el error estratégico cometido en la fallida pasada legislatura al no haber permitido, mediante la abstención, un gobierno de coalición PSOE/C’s. Una abstención que hubiera podido justificarse con el argumento de desalojar al PP del poder y que le hubiese dejado el campo libre como oposición de izquierdas a este ejecutivo de centroizquierda. Este fue el razonamiento de Carlos Jiménez Villarejo, y al parecer también de Íñigo Errejón, quien manifestó su discrepancia con el pacto con IU, y que ahora verá fortalecida su posición dentro del partido.
En definitiva, lo observado en el elección de la presidencia y la mesa del Congreso tiene un efecto profundamente depresivo entre quienes confiaban que las consecuencias sociales de la crisis económica y el desgate del sistema de partidos, asediado por escándalos de corrupción, iban a propiciar reformas estructurales y cambios profundos en la vida pública del país. Finalmente, se han impuesto los viejos métodos y todo hace prever que se incrementará la descomposición del régimen del 78 y la desafección de la ciudadanía.
