En la batalla por el Ayuntamiento de Barcelona se han concentrado las contradicciones generadas por la implosión del sistema de partidos del pujolismo en la década procesista y se ha asistido a la recomposición de los grandes espacios políticos: independentismo (Junts, ERC, CUP), izquierda (con)federalista (PSC y Comunes) y derecha españolista (Cs, PP y Vox) que configuran el mapa político catalán.
La alcaldía de Barcelona fue durante el pujolismo (1980-2003) el oscuro objeto de deseo de Convergència i Unió (CiU) en la medida que operaba como el contrapoder socialista a la amplia hegemonía convergente en las instituciones de autogobierno. En efecto, primero Narcís Serra (1979-1982) y luego Pasqual Maragall (1982-1997) ostentaron la alcaldía dejando paso a Joan Clos (1997-2006) y Joan Hereu (2006-2011). Sin mayoría absoluta, el PSC estableció una coalición de gobierno estable con los ecosocialistas de la extinta Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV).
Durante este periodo CiU intentó en vano desalojar al PSC de la alcaldía ubicada en la plaza Sant Jaume, frente al palacio de la Generalitat, todo un símbolo del régimen de doble poder característico del pujolismo. No se repararon en gastos y se designaron como alcaldables a pesos pesados de la formación como Josep Maria Cullell o Miquel Roca Junyent que fracasaron en el intento.
Estas operaciones chocaron con el carisma incombustible de Pasqual Maragall y su hermano y mano derecha Ernest, Tete para los amigos, tras los Juegos Olímpicos (1992). Barcelona se metamorfoseó de urbe portuaria e industrial, con sus bajos fondos, en un centro turístico, de servicios y negocios de renombre internacional. El alcalde Maragall se proyectaba como la única figura capaz de disputar a CiU la presidencia de la Generalitat. Nieto del gran poeta, Joan Maragall, procedía de una familia de innegable pedigrí catalanista. Militante en su juventud en el Front Obrer de Catalunya (FOC), ingresó en el sector catalanista del PSC y concibió ante la retirada de Jordi Pujol la operación que le condujo a fraguar el tripartito de izquierdas y a la presidencia de la Generalitat (2003) con la bandera de la reforma federalizante del Estatut d’Autonomia.
El ascenso de Ada Colau
Xavier Trias, hombre de la máxima confianza de Jordi Pujol y conseller de Presidencia de la Generalitat, que se dice forjó gestionando los turbios negocios la numerosa familia del patriarca, encabezó la lista convergente a la alcaldía desde 2002. A la tercera fue la vencida. En las municipales de 2011, en los momentos álgidos del procés, fue la lista más votada y fue proclamado alcalde tras 32 años de hegemonía del PSC.
Para las formaciones independentistas conseguir el gobierno de la capital del país constituía un objetivo estratégico y largamente esperado. Sin embargo, fue una victoria efímera. En las municipales de junio de 2015 fue desalojado de la alcaldía por Ada Colau, fundadora y portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que abandonó ese mismo año para encabezar la plataforma Guanyem Barcelona con el objetivo de constituir una candidatura de confluencia a la izquierda del PSC. La propuesta surgía en un momento de ascenso de Podemos, al calor de las movilizaciones del 15M, a la que se sumaron ICV-EUiA y otras organizaciones menores. Colau se alzó como primera fuerza política de la ciudad, con 176.621 votos (25%) y 11 concejales, uno más que Trias, que perdió cuatro de sus 14 ediles, dos de los cuales fueron a parar a ERC que pasó de 2 a 5 concejales. Colau se benefició del desplome del PSC, liderado por Jaume Collboni, que cayó de 11 a 4 concejales. Collboni se había impuesto en las primarias del partido entre acusaciones de haber inflado el censo con ciudadanos pakistaníes que son una comunidad importante en el barrio del Raval. Como novedad entraban por primera vez en el Consistorio dos formaciones de signo contrario, CUP con 3 regidores y Ciudadanos (Cs) con 5 ediles, que se benefició de la caída del PP de 9 a 3 concejales.
Ada Colau fue investida como primera alcaldesa de Barcelona con sus 11 votos, los 5 de ERC, 4 de PSC y uno de la CUP, imprescindible para alcanzar la mayoría absoluta de 21 concejales, sin la cual Trias se hubiera proclamado alcalde al encabezar la lista más votada. Trias siempre se ha quejado amargamente de que su derrota ante Colau fue producto de la fake new publicada por El Mundo (27/10/2014), en vísperas de la consulta del 9N, según la cual tenía una cuenta opaca en Andorra por valor de casi 13 millones de euros. Una intoxicación realizada en el marco de la operación Cataluña, diseñada por el ministro del Interior y hombre fuerte del PP catalán, Jorge Fernández Díaz, y el comisario Villarejo. La fiscalía anticorrupción abrió diligencias que fueron archivadas un mes más tarde al no hallarse pruebas de la cuenta opaca. En el contexto de los escándalos de corrupción convergente (Palau de la Música, tres por ciento, ITV, confesión de Pujol…) bien frescos en la memoria de la ciudadanía, la intoxicación hizo daño. No obstante, su nombre apareció, en noviembre de 2017, en la lista de evasores fiscales en los llamados Paradise Papers y hubo de reconocer que su familia había poseído una cuenta opaca en Suiza.
Éste será el primer eslabón de la cadena del relato postconvergente según el cual Colau debe la alcaldía a oscuras operaciones políticas auspiciadas desde el Estado Profundo contra el independentismo. Contra este relato, lo cierto es que las plataformas vinculadas a Podemos lograron en 2015 importantes victorias no sólo en Barcelona, sino en otras grandes ciudades españolas, como en el feudo pepero de Madrid, con la exjueza Manuela Carmena. Pedro Santiesteve se hizo con la alcaldía de Zaragoza y José María González Kichi con la de Cádiz. En Galicia, con el impulso de las Mareas, Xulio Ferreiro fue investido alcalde de A Coruña, Martiño Noriega de Santiago de Compostela y Jorge Suárez de El Ferrol (del Caudillo en el franquismo). Los excelentes resultados de los llamados “ayuntamientos del cambio” parecían indicar el camino hacia la implantación política y territorial del movimiento político surgido al calor de las grandes movilizaciones del 15M.
La alcaldesa Colau suscribió, en mayo de 2016, un Acuerdo de Gobierno de Izquierdas con el PSC y con Collboni como segundo teniente de alcalde que engrasó la pesada maquinaria administrativa que durante tantos años había dirigido su partido. En un gesto de solidaridad con el movimiento independentista, Colau expulsó del gobierno municipal, en noviembre de 2017, a los ediles socialistas por el apoyo de su partido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, lo cual la dejó en una situación de precariedad institucional. Otro de sus numerosos gestos de apoyo a los independentistas fue su negativa a recibir a Felipe VI en la inauguración del Mobile Word Congress (febrero 2018).
Las expectativas levantadas por los “ayuntamientos del cambio” se vieron defraudadas en las municipales de mayo de 2019. Sólo Kichi y Colau conservaron la alcaldía. De hecho, únicamente el primero vio avalada su gestión al pasar de 8 a 13 concejales y del 28% al 43,6% de los votos. Colau, al frente de Barcelona en Comú, fue segunda fuerza, cediendo un concejal y el 3,8% de votos. ERC empató con ella a 10 concejales, pero le superó por la escasa diferencia de 4.833 votos. Esquerra había apostado fuerte, presentando a Ernest Maragall, hermano y mano derecha del alcalde olímpico. Un histórico del sector catalanista del PSC y uno de los primeros en pasarse con armas y bagajes a ERC, en un momento de ascenso del movimiento independentista. En estos comicios se comprueban los vasos comunicantes electorales entre los dos grandes partidos del independentismo. En 2019 ERC ganó cinco ediles, los mismos que perdió Junts. Al revés de ahora, cuando los cinco concejales perdidos por ERC han ido a parar a Trias.
La razón de Estado de Manuel Valls
Como fuerza más votada le correspondía a Ernest Maragall la alcaldía de la ciudad, en el caso de que ningún candidato reuniera la mayoría absoluta de 21 concejales. En principio, Colau se mostró dispuesta a negociar un tripartito de izquierdas con PSC y ERC que sumaban 28 concejales y una amplia mayoría. Una fórmula impracticable, pues entonces para ERC era imposible llegar a cualquier tipo de pacto con un partido que había apoyado el 155. Cs presentó como alcaldable a Manuel Valls, ex primer ministro de la República Francesa. Nacido en Barcelona en 1962, de familia catalana y abuelo catalanista, se afincó desde muy joven en Francia donde ingresó con 17 años en el PSF. Con una larga trayectoria como alcalde de Evry, en el área metropolitana de París, y diputado en la Asamblea Nacional, coronó su carrera política al ser nombrado en 2012 por François Hollande ministro del Interior y primer ministro en marzo de 2014, cargo que ostentó hasta diciembre de 2016. Tras perder las primarias para la presidencia del partido en junio de 2017, se dio de baja del PSF, tras 37 años de militancia, y se incorporó al grupo parlamentario La República en Marcha de Emmanuel Macron quien no quiso contar con él a pesar de sus múltiples ofrecimientos.
Entonces se instaló en Barcelona donde registró el partido Barcelona pel Canvi (BCN Canvi) y se postuló como candidato a la alcaldía de la capital catalana. Finalmente, cerró un acuerdo de coalición con Cs. Con Valls como alcaldable, la formación naranja mejoró ligeramente sus resultados, con casi cien mil votos, pasó de 5 a 6 concejales, del 11% al 13% de los sufragios y fue cuarta fuerza política por delante de Junts.
Con la alcaldía de Barcelona en el alero, Valls anunció su decisión de ofrecer “sin condiciones” sus votos a Colau, que había cerrado un pacto de gobierno con el PSC, para impedir que el gobierno de la ciudad cayese en manos de un independentista. Esta determinación fue inmediatamente desautorizada por la dirección de Cs y condujo al estallido del grupo municipal. Solo tres de sus seis concejales votaron a favor de Colau, suficientes para que fuera investida alcaldesa. Entre ellos Celestino Corbacho, uno de los fichajes estrella de Valls. Todo un peso pesado del sector españolista del PSC, ex alcalde de l’Hospitalet de Llobregat, ex presidente de la Diputació de Barcelona y ex ministro de Trabajo con Zapatero.
El día de la investidura la plaza de Sant Jaume rebosaba de manifestantes convocados por partidos y asociaciones independentistas para seguir el desarrollo del pleno. A la salida de la casa consistorial, en el tradicional paseíllo de los miembros de la Corporación Municipal al Palau de la Generalitat, ubicado enfrente, para ser recibidos por el President del gobierno catalán, se escucharon insultos machistas contra la alcaldesa y hubo intentos de agresión. En el último momento, la alcaldía le había sido arrebatada a los independentistas por una oscura maniobra política urdida desde las alcantarillas del Estado donde Valls era un peón de brega. En cualquier caso, en mayo de 2021, Valls dejaba el acta de concejal y se despedía a la francesa de la política catalana.
Todos contra Colau
Tras la derrota frente a Colau, Trias renunció al acta de regidor, cediendo la dirección del grupo municipal a Joaquim Forn, que había sido su primer teniente de alcalde. En julio de 2017, éste dejó la Corporación Municipal, al ser nombrado conseller de Interior de la Generalitat con la misión de encargarse de la dirección de los Mossos d’Esquadra en la celebración del referéndum del 1 de octubre. Nada más llegar tuvo que gestionar los atentados islamistas de Barcelona y Cambrils, donde brilló la figura del mayor Trapero. Forn ingresó en prisión preventiva el noviembre de 2017 y fue condenado por el Tribunal Supremo a 10 años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el delito de sedición. Salió en libertad en junio de 2021, indultado por el gobierno de Pedro Sánchez.
Desde su primer mandato, Ada Colau ha sido objeto de una pertinaz e implacable campaña en su contra desde los medios de la derecha catalana. Todas y cada una sus iniciativas han sido blanco de feroces críticas, ya fuese la limitación de los pisos turísticos, el tranvía, las superislas peatonales, los carriles-bici, el tope a los precios del alquiler… generando un clima de polarización antiColau.
Tras este telón de fondo, Xavier Trias se presentó como el único capaz de echarla de la alcaldía, con la promesa de que si no cumplía ese objetivo se marcharía a casa. Del sector “moderado” de Junts, se había opuesto a la salida del gobierno de la Generalitat contra el criterio de Carles Puigdemont y Laura Borràs e impuso estrictas condiciones para encabezar la candidatura que adoptó la denominación Trias per Barcelona donde se ocultaron las siglas del partido. También obtuvo plena libertad para confeccionar la lista e integrar a otras formaciones como el PDECat, los ex Unió de Demòcrates de Catalunya y los exsocialistas de Moviment d’Esquerres (MES). Trias se guardó mucho de aparecer en compañía de Borràs, Miriam Noguera o Puigdemont, del ala dura del partido. Por el contrario, protagonizó un acto en el teatro Gaudí para presentar el manifiesto Xavier, confiem en tu, suscrito por 150 pesos pesados de la flor y nata de la sociedad civil barcelonesa. Entre ellos, la poetisa Marta Pesarrodona, la dibujante Pilarín Bayés, la abogada y política Magda Oranich, el doctor Bonaventura Clotet, el empresario Tatxo Benet…
Su campaña consistió en calificar de desastre toda la obra de gobierno de Colau, a quien calificó de “ególatra”, prometiendo que si era elegido alcalde se encargaría de derogarla sin contemplaciones, una por una. Ello sin proponer alternativas excepto frases altisonantes. El resto de los candidatos entraron en su juego. Collboni, a pesar de ser el número dos del gobierno municipal, dimitió del cargo para entregarse en cuerpo y alma a la campaña, actuando como si durante todo este tiempo hubiera estado en la oposición a Colau. Ernest Maragall elevó el tono de sus críticas a la alcaldesa, obligado por la agresiva campaña de Trias, pero con el inconveniente de haber votado a favor de los Presupuestos Municipales a cambio que los Comunes hicieran lo propio en el Parlament de Catalunya.
Los resultados electorales parecieron avalar la estrategia de Trias que no dudó en celebrar la victoria flanqueado por Borràs y Noguera como el principal triunfo de Junts en estos comicios. Su lista se alzaba como fuerza más votada pasando de 5 a 11 concejales y del 10,5% al 22,4% de los votos, concentrando el voto útil antiColau a costa de ERC que perdió 5 de sus 10 regidores.
La balanza se decantó por la concentración del voto antiColau en Trias que se impuso claramente a Maragall en el duelo gerontocrático por la hegemonía del independentismo. No ocurrió lo mismo en la pugna entre Collboni y Colau por la hegemonía de la izquierda que se saldó por la mínima a favor del primero. El PSC se sitúa como segunda fuerza política con 131.735 votos (19,79%) y 10 concejales, dos más que en 2019. Colau, en tercera posición, con 131.594 votos (19,77%), perdió uno de sus 10 concejales, pero solo cedió un punto porcentual. Los seis regidores de Cs desaparecieron del mapa y sus despojos se repartieron entre el PP que pasó de 2 a 4 ediles y Vox que entró en el Consistorio con 2 concejales.
Al ser la fuerza más votada, partía Trias con las mayores facilidades para acceder a la alcaldía, pues Collboni y Colau solo disponían de 19 de los 21 regidores necesarios para desbancarlo. Entonces, se sucedieron una serie de movimientos florentinos. Colau ofreció un tripartito de izquierdas con ERC y repartirse con el PSC la alcaldía, lo cual fue rechazado por ambas formaciones. El alcaldable del PP, Daniel Sirera, del núcleo duro del PP catalán de toda la vida, inspirándose en el precedente de Valls, manifestó que para impedir que la capital catalana fuese gobernada por un independentista estaba dispuesto a votar a Collboni. A diferencia del apoyo incondicional de Valls, impuso la condición de que los Comunes no formasen parte del ejecutivo local.
La dirección de ERC, alertada por los malos resultados de las municipales en todo el país, interpretó el varapalo como un aviso de su electorado para que recoser sus alianzas con Junts y dejar de filtrear con los socialistas y Comunes. Esto facilitó el pacto entre Trias y Maragall, en vísperas de la investidura, para formar un gobierno independentista de coalición en minoría con 16 concejales, frente a los 19 de la izquierda, donde Tete jugaría con Trias el papel que Collboni había jugado con Colau.
Cuando todo el pescado parecía vendido, el grupo municipal de Barcelona en Comú realizó un movimiento inesperado al manifestar que estaba dispuesta a dar sus votos gratis a Collboni sin entrar en el gobierno y a la espera que ERC modificase su posición y se aviniese a formar un tripartito de izquierdas. Así, se satisfacía la condición del PP para votar al PSC, lo cual le venía como anillo al dedo a Alberto Núñez Feijoo, que acababa de suscribir un fulminante y vergonzante acuerdo de gobierno con Vox en el País Valencià.
Con estos precedentes la sesión de investidura fue de alto voltaje político. Trias, que se sentía burlado, cumplió su palabra de dejar el Consistorio si no era elegido alcalde y se despidió con el despectivo Què us bombim! (¡Qué os den!). Maragall tocó la tecla victimista, que siempre tiene éxito entre los independentistas, y denunció un pacto antinatura que por segunda vez le apartaba del poder municipal. Todo ello producto de una sucia operación de Estado contra el independentismo que cuestionaba la legitimidad del gobierno municipal. Tete también ha dejado el Consistorio y figura en la candidatura al Senado de ERC.
En su defensa de su posición, Colau enunció un argumento imbatible. Como el programa de Trias consistía únicamente en derogar toda su obra de gobierno, resulta comprensible que utilice todos los recursos en su mano para impedirlo. Al menos con Collboni existía la posibilidad de preservar parte de su obra. Ahora bien, la pérdida de la alcaldía de Barcelona supone un duro revés para su formación, en la medida que constituía su principal activo político y electoral y jugaba, por la importancia de su cargo, un papel de equilibrio en el complejo entramado institucional de Catalunya.
El PSC resulta el principal beneficiado de la operación que le ha conducido a recuperar una alcaldía emblemática. Además, Barcelona es la principal ciudad española cuyo alcalde es socialista. No es casual que Pedro Sánchez eligiese la capital catalana para cerrar la campaña de las municipales. Ello fortalece su posición respecto a la dirección del PSOE y supone un notable impulso a las pretensiones del partido de arrebatar a ERC la presidencia de la Generalitat, en la persona de Salvador Illa. Una tendencia que se vería reforzada si, en las generales, los socialistas concentran el voto útil anti PP-Vox.
Por su parte, el PP enfatizó su papel de partido de Estado y patriótico y como fuerza decisiva para decantar la alcaldía de Barcelona. Para Vox, el mero hecho de haber entrado en el Consistorio supone una victoria política.
El desenlace de la batalla por la alcaldía de Barcelona resulta expresivo de las corrientes de fondo del país. El retroceso del independentismo en general y de ERC en particular, así como su fracaso en el intento de arrebatarle la plaza a la izquierda. El avance del PSC que presenta sus opciones para disputar la presidencia la Generalitat tras la década procesista. Finalmente, el avance de la derecha españolista y la irrupción de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Barcelona y en los grandes municipios del país.
El espejo oscuro de la Diputación de Barcelona
Hasta las generales del 23 de julio, Jaume Collboni, el primer alcalde declaradamente homosexual de Barcelona, gobernará en minoría. Muy probablemente, como ha insinuado Colau, tras las elecciones se formará un gobierno de coalición con los Comunes sin su presencia y abriendo un interrogante sobre su futuro político.
La batalla por alcaldía de Barcelona ha tenido una derivación sobre el extraño pacto entre PSC y Junts en la poderosa Diputación de Barcelona en el mandato anterior. Una institución que maneja un presupuesto de 1.300 millones de euros. 4.000 funcionarios y un gran número de asesores que los partidos utilizan para colocar a sus militantes y repartir subvenciones a medios de comunicación afines. Tras las pasadas municipales se produjo un pacto “antinatura” entre PSC y Junts que prefirió otorgar la presidencia a Nuria Marin, alcaldesa socialista de L’Hospitalet, antes que cerrar un pacto entre independentistas mediante el cual la presidencia hubiera correspondido a ERC. Un pacto bendecido desde Waterloo para impedir ceder cuotas de poder a su principal rival electoral. El acuerdo incluía el contrato a Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont, por la dirección y presentación del programa The Weekley Mag, en inglés y escasa audiencia, con unos emolumentos de 6.000 euros mensuales. Este pacto ha sido utilizado con frecuencia por los dirigentes de ERC como la prueba de la doblez de Junts que les critica sin piedad por apoyar al gobierno socialista en Madrid, mientras ellos se repartían las poltronas del órgano de gobierno de la provincia.
Ahora, en vísperas de las generales, Junts ha anunciado que no reeditará el pacto de gobierno con el PSC, ofreciendo un frente independentista a ERC, pero que no reúne los suficientes apoyos para prosperar. Por su parte, los socialistas han retirado a Marín de la presidencia y buscarán los apoyos de los Comunes para mantenerse en el poder. Aquí también, como en el Ayuntamiento de Barcelona, el comportamiento de los cuatro diputados provinciales PP puede resultar decisivo.
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