Descubriendo sus sesgos y falsedades, los autores del artículo analizan el anteproyecto de ley con que se pretende reformar el sistema público de pensiones. El gobierno cede ante los dictados de la Unión Europea, que actúan como un ariete usado por determinados intereses económicos.
Han tardado casi nueve meses cuando prometieron que lo harían en tres: las dificultades para asegurar la mayoría parlamentaria y la movilización del movimiento pensionista están poniendo las cosas difíciles. Las pensiones son uno de los grandes debates sociales y el gobierno muestra una vez más que no está a la altura. La diferencia entre lo que se proclama y lo que se legisla es cada vez mayor. El anteproyecto de Reforma de Pensiones enviado al parlamento viene acompañado (por obligación legal) de una memoria cuyo título es tan largo como flacos son sus argumentos: “Memoria del análisis de impacto normativo del anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones”.
Ha sido un documento casi secreto, presentado a hurtadillas, vergonzante y hecho público por imperativo legal; publicado un viernes, el último día laborable de julio, cuando todo el mundo piensa en las vacaciones. Revela el miedo a la reacción social. Es un mal documento, con datos parciales y una metodología de análisis más que cuestionable. Bajo una aparente “cientificidad”, en lugar de datos contrastados se emiten una y otra vez juicios de valor. Es un informe hecho con el “método Procusto”; es decir, el informe tiene que ofrecer unos determinados resultados fijados con anterioridad, y los cálculos se adaptan a este objetivo. Por esa razón el documento se ha publicitado de forma casi clandestina. La última frase del documento (y que resume la flaqueza teórica sobre la que se asienta también el Anteproyecto de ley) es lapidaria al afirmar que “[…] se considera que la disposición no debe ser sometida a evaluación por sus resultados” (p.50). Es decir, apoyándose en las modificaciones legales impulsadas por el gobierno Rajoy en 2017, se impide la evaluación de este proyecto. No se hacen responsables de sus cálculos ni de sus previsiones en un tema tan importante. Esperábamos –ahora sabemos que lo hacíamos en vano– que la memoria y el anteproyecto que se deriva estuvieran sostenidos por evidencias científicas.
Desde el inicio, el documento revela su sesgo neoliberal. Sus padres son los organismos internacionales al servicio de los grandes grupos de poder. Los datos proceden del denominado Ageing Working Group (AWG), o lo que es lo mismo, el Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento (p.23). En este grupo de trabajo participan organismos como el FMI, la OCDE o el Banco Mundial, organizaciones que promueven la privatización de las pensiones públicas. Curiosamente, el documento admite que las proyecciones de la Unión Europea sobre el aumento del costo de las pensiones estaban sesgadas en exceso (p.21). No creemos que sea un error estadístico, no se ha rectificado. Es una conclusión buscada forzando los datos. Ese argumento, el costo insostenible de las pensiones y su crisis inminente, ha servido para iniciar la campaña en contra de las pensiones públicas. Ésta cristalizó en 2019 en el Plan Paneuropeo de Pensiones Privadas. Tras esos fracasos en sus proyecciones económicas, esos mismos personajes ahora hacen predicciones del comportamiento del gasto en pensiones ¡para el 2070! (p.22) Los mismos que son incapaces de acertar en las previsiones de inflación a un mes vista se atreven a predecir la evolución del costo de pensiones respecto al PIB ¡dentro de 50 años! Repetimos, es un documento sesgado y manipulado que pretende justificar unos determinados recortes.
Como es habitual se explayan en las partes positivas como es el tema de la subida del IPC según la inflación (p.20); aunque no se blindan las pensiones como exigía la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Se estará al albur de los gobiernos cada cinco años, cuando se revisen los datos (p.8). Para justificarse se compara la apuesta del PP (subida del 0,2%) que hubiera significado una pérdida del poder adquisitivo de las pensiones entre el 30-50%. Aunque se deja entrever que el objetivo de esta reforma es el mismo que la anterior; recortar las pensiones prolongado la vida laboral y penalizando las pensiones anticipadas. Reconoce paradójicamente que la situación actual es controlable (p.21) y añade otro elemento importante, nos informa en la misma página que la Unión Europea admitió que sus cálculos sobre el costo de las pensiones eran equivocados. En ningún momento el documento hace “propósito de enmienda ni acto de contrición”. Igual pasa con la tan cacareada derogación del factor de sostenibilidad que queda sustituido por el “mecanismo de solidaridad intergeneracional” que comenzará a operar en 2027 (p.11), otro parámetro a dilucidar en los próximos meses. Es sorprendente, y no es nada halagüeño, que este mecanismo sea aprobado en estos meses y en cambio se demore su aplicación seis años.
En otro orden de cosas, el documento sorprende por su pobreza argumentativa. Hablar de que la jubilación anticipada reduce el tiempo de actividad laboral (p.23) y que hay un descenso en el nivel de cotizaciones es algo tan obvio que produce vergüenza ajena. detrás de estas afirmaciones hay ideas preconcebidas que, como en una pulsión freudiana, salen a la luz. El redactor pretende justificar el progresivo acercamiento de la edad de jubilación teórica a la real. Para ello, se propone prolongar hasta los 70 años la edad de jubilación en una primera fase para situarla posteriormente en los 74 (p.22). Para alcanzar esas conclusiones, en lugar de estudiar las múltiples variables que intervienen (emigración, aumento de la productividad, incremento en la riqueza del país, incorporación de la mujer al mundo laboral…) solo se contemplan algunas, las que convienen.
El objetivo es tergiversar el concepto de contributividad (la contributividad que da derecho a una prestación) tan repetido en el Pacto de Toledo, introduciendo la idea de la solidaridad (como dádiva o regalo). Los trabajadores con largas carreras de cotización han hecho una gran “contribución” durante muchos años y tienen derecho a un reconocimiento justo de su pensión. El redactor pretende, al carecer de argumentos sólidos, enfrentar a los trabajadores entre sí, al comparar la pensión media de los jubilados que lo hicieron de forma anticipada (1.638,72 euros) con aquellos otros que tienen una jubilación ordinaria (1.211,41 euros). Se comparan melones con castañas, y de ese modo se pretende presentar a esos trabajadores como insolidarios y privilegiados. La pensión media de los jubilados que lo hacen de forma anticipada es fruto de su base de cotización; es decir de lo aportado cada mes durante muchos años. No tiene nada que ver con los coeficientes reductores. El sesgo se evidencia aún más porque no quieren comparar lo que cobran los jubilados de forma anticipada con los jubilados de clases pasivas (profesores, policías locales, Ertzaintza…) sin coeficientes reductores, que perciben unos 2.098€ brutos.
Por medio de un ejercicio de prestidigitación se aumenta más la confusión, ahora mezclando la brecha de género con los coeficientes reductores (p.31); nuevamente melones y castañas. A este paso la brecha de género será responsable de esas jubilaciones anticipadas. En otro ejercicio más de ocultamiento, nos quedamos sin saber qué estudio o estudios, en cuáles universidades y quiénes son los autores que justifican la propuesta y los criterios de equidad seguidos para aplicar esos coeficientes (pp.26 y ss.) En definitiva ¿Por qué se utilizan esos coeficientes y no otros?
Se pretende que el elemento central del documento pase lo más desapercibido posible, y ese aspecto central es la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social (p.16). Hasta ahora la recaudación y los procesos derivados eran gestionados por un ente público. El Ministerio de Hacienda, además de ser un organismo estatal, está sometido a escrutinio a través del parlamento. Con la creación de la Agencia, que nadie entiende su necesidad, se intuye el inicio de un proceso de privatización acelerada: en adelante será un organismo de colaboración pública/privada quien recaude y distribuya. El interés de las mutuas o bancos en este campo es enorme. Puesto que sabemos que los consorcios públicos/privados de sanidad o educación son la base del proceso de privatización de los servicios públicos, presumimos que el objetivo es el mismo en el caso de las pensiones.
Para atizar más leña en la hoguera de la confusión se utiliza como año de cálculo el 2020. Un año atípico por efecto del COVID-19; que provocó que decenas de miles de trabajadores pasaran a cobrar a través de ERTES. Al transcurrir a través de una situación excepcional e inédita, El año pasado, el 2020, tiene efectos distorsionadores muy importante en las estadísticas. Debería hacerse, por lógica, un análisis sobre los datos en su serie histórica, cosa que no se realiza.
A todo esto, el contexto europeo es la gran excusa. Desde las primeras páginas las referencias a Europa son continuas. ¿Cómo se legisla contra los pensionistas? La Unión Europea ordena y el ejecutivo obedece sumisamente; pero cuando es hora de aplicar la Carta Europea sobre salario mínimo, se tardan ¡20 años en hacerla efectiva! En el documento se hacen reiteradas comparaciones con otros países de la comunidad sin tener en cuenta los contextos, ni se facilita información concreta de lo que representan en cada Estado los diferentes coeficientes reductores o las penalizaciones.
El documento refleja su sesgo neoliberal en muchas páginas al asimilar el concepto de pensión, sea anticipada o no, al concepto de gasto. Pero, además, se cometen errores que pudieran parecer de estudiante si no fuera porque parecen premeditados. Se olvida, seguramente de forma intencionada, que los importes que se perciben están gravados por el IRPF, y, por tanto, aumentan los ingresos de hacienda. Igualmente, olvida que unos niveles más altos de pensiones aumentan el consumo interno promoviendo mayor actividad económica y mejores niveles de empleo, con lo que se promueve la incorporación de los jóvenes al mundo laboral reduciendo el paro juvenil y aumentando las cotizaciones. Asimismo, la jubilación, sea anticipada o no, disminuye el coste de las bajas laborales (directamente ligadas a la edad), por no hablar del incremento de la productividad por efecto de la adaptación a las nuevas tecnologías productivas.
De mientras, aunque en el anteproyecto de ley se hace referencia a los “gastos impropios”, nada se nos dice de cuándo serán restituidas esas cantidades. Solo el Tribunal de cuentas las sitúa en 103.800 millones de euros, pero la cifra real es muy superior; razón por la cual exigimos una Auditoria de las cuentas de la Seguridad Social. Así pues, frente a tanto despropósito solo cabe seguir gritando: ¡gobierne quien gobierne las pensiones se defienden!
– Por Eduardo Luque y Ramón Franquesa
