Los datos son abrumadores, y la conclusión demoledora: el “procés” oculta un conflicto de clases, disfrazado de “lucha nacional”, en el que quien paga los platos rotos son las clases populares. Con una Generalitat que no gobierna –salvo para atizar la llama emocional que llama a la independencia– el gasto social recula cada vez más.
En 2018 el colectivo de Directores sociales de Servicios Sociales premió a la ex ministra de Sanidad del PP Dolors Montserrat con el premio “corazón de piedra”2. Sus méritos eran más que sobrados: durante todo el 2017, no había hecho absolutamente nada por revertir los recortes en Sanidad. No era la única aspirante a tan “afamado” premio, había tres más. El segundo candidato, con muy buena puntuación, fue el Gobernador del Banco de España Pablo Hernández Clos; su mérito fue afirmar que la subida del salario base a 900 euros pondría en peligro la economía. El tercer premio fue concedido a la Fiscalía de Barcelona que solicitó una condena de 4 años y 19 meses a una persona por robar un bocadillo ya que, según el fiscal, el autor de esa tropelía incalificable había obtenido un “beneficio patrimonial ilícito”3 (el togado olvidó señalar que esa persona hacía tres días que no comía). El cuarto candidato, también con una excelente puntuación, fue la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que en la sentencia 459/2018 calificaba de “abandono de responsabilidad moral”4 a quienes contratan a “terceras personas” para atender a sus familiares en situación de dependencia. Podría sonar todo esto a chiste cruel o sarcasmo, pero es absolutamente real.
Entre los aspirantes al título a nivel autonómico, uno de los más votados sería sin duda Eduard Pujol. El actual diputado ha tenido una larga trayectoria, siempre ligado a la comunicación y la política de Convergència. Hace unas semanas, en una entrevista en el programa El Matí para RAC1 dijo: “a veces nos distraemos con lo que no es esencial, que si 85 días en la lista de espera, que si debería ser 82, que no, que con otro Govern podrían ser de 75…”. El locutor interrumpió al diputado recordándole que las demoras hospitalarias “preocupan a la gente”. Contestó Pujol que “si, efectivamente preocupan, pero nos estamos quedando en las migajas. Y debemos ir a la resolución real del problema”. Evidentemente, para el personaje la resolución es la Independencia. Lo que no aclara el personaje es lo que debemos hacer con la gente que enferme cuando aún no hayamos alcanzado el Paraíso Prometido. ¿Tal vez esperar a que la Independencia nos sane? Eduard Pujol parece creer que el martirologio es el camino más directo a la Independencia; en eso coincide con su jefe, el Presidente Torra, que ya no oculta la necesidad de profundizar el conflicto social en Cataluña aunque implique muertos y más desgracias personales. Esa solución sería, según el electo, acabar con el “estrangulamiento al que somete el Estado a Cataluña”. En otras palabras, la Independencia.
Pero como no hay dos sin tres, un nuevo candidato ha presentado sus avales, y es nada menos que el Síndic de Greuges, un personaje que ocupa ese cargo desde hace 15 años. Por edad y por normativa, su mandato debería haber finalizado pero ¿quién renuncia a un sueldo más que razonable (129.057,88 euros anuales) y los privilegios del cargo? Rafael Ribó, más que defensor del pueblo, se ha convertido en defensor del Govern. Curiosamente, hay similitudes entre el discurso de Abascal contra la inmigración (los españoles primero) y el de Rafael Ribó: la culpa del déficit sanitario es de los inmigrantes españoles. Ver para creer. Vivimos una paradoja que en otras ocasiones hemos denunciado, el independentismo catalán ha propiciado en gran medida el resurgimiento del nacionalismo español. Los éxitos de Vox no pueden explicarse sin esta relación.
Los números
Los datos fríos pueden aportar algo de luz en la comprensión de la situación política actual. Teniendo en cuenta que en ocasiones difieren, hemos de recurrir a las cifras oficiales y sobre todo citar las fuentes. A nivel del Estado, si en 2009 se gastaban 116.851.7 millones de euros en políticas de servicios sociales ahora, 9 años después, se invierten 112.661.5 millones de euros, lo que representa un -3.4%. Por Comunidades las cosas cambian un poco: hay 9 comunidades que han recuperado los niveles de gasto anteriores a la crisis (Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco, Cantabria, Murcia, La Rioja, Asturias y Extremadura), en cambio otras siguen a la cola (Castilla-La Mancha con un déficit acumulado del 15,4% y Cataluña, a la cola de todos, con el 19,91%, lo que representa 4.124,4 millones de euros menos), y eso que los políticos catalanes (y los otros también) se ufanan al decir que hemos “superado la crisis”. Hemos de recordar que el punto de partida del 2009 ya era muy inferior a la media Europea.
Como ya hemos dicho, si los premios se concedieran a nivel autonómico, los dirigentes catalanes estarían entre los primeros candidatos. Tres simples datos resultan ilustrativos: el primero, el antes mencionado 19,91% es el porcentaje de recortes en el período 2008-2018.5 Cataluña es la Comunidad que más ha recortado. El segundo baremo sería el porcentaje invertido por Comunidades en relación al PIB de cada una (la riqueza que produce cada comunidad) En este caso Cataluña estaría la tercera por la cola al invertir solo el 54,2%, mientras por ejemplo el País Vasco invierte más del 60%, Asturias –que encabeza el ranking– invierte el 68,3% del PIB en su gente, y por último, como tercer dato, en gasto por habitante Cataluña es segunda por la cola con 2.181,92 euros, frente, por ejemplo, a los 3.242,78 del País Vasco, que encabeza la lista. Solo está detrás de Cataluña Madrid (regida por el PP), que gasta 2.109,47 euros por habitante. La media global española es de 2.420,14 euros/habitante. ¡Cataluña es campeona en recortes!
La pobreza en Cataluña se cronifica6
La mitad de la población catalana tiene dificultades para llegar a fin de mes, teniendo que destinar más de un tercio de los ingresos a pagar derechos básicos como el alquiler o los suministros de luz, gas o agua. En ese contexto es “lógico” que los índices de pobreza no cesen de aumentar en Cataluña. Si en 2016 la cifra era del 22,5% de la población, a finales del 2018 los afectados son el 23,8% de acuerdo con la tasa AROPE7; para la población extranjera, la cifra alcanza el 45,3%. Según los informes de INSOCAT la pobreza se cronifica, la supuesta “recuperación económica” no es más que humo. No se traduce en una mejora de las condiciones de vida de la población. Al contrario de lo que pregonan nuestros políticos, la precariedad en el ámbito laboral o en el acceso a la vivienda se perpetúa y se normaliza. Debido a ello la vulneración de los Derechos Humanos más elementales es constante mientras que la respuesta institucional es nula. Solo hay silencio y lamento por la independencia que no llegará, al otro lado de la mesa.
¿Cuáles son los motivos?
Según la mencionada asociación de Directores sociales de Servicios Sociales, Cataluña es la Comunidad que más dinero destina a partidas que nada tienen nada que ver con políticas de Servicios Sociales, como por ejemplo Seguridad o infraestructuras… Y evidentemente poco o mucho dinero (está por cuantificar) acaba en el tema del “procés”. De hecho, una parte importante de los partidos y los políticos que aplicaron más duramente los recortes como Artur Mas o CDC (hoy JuntsxCatalunya) son los que han impulsado desde 2012 el proceso secesionista. Por otra parte, las dificultades de las arcas catalanas también tienen otros responsables, que no son sino los propios dirigentes políticos que desde Puigdemont y especialmente con Torra no se han preocupado por gobernar el país. Así mismo se arrastra la pesada carga del impacto que tuvo la deuda y los intereses destinados a pagarla durante la última crisis. La falta de un presupuesto debido al desacuerdo permanente entre los partidos políticos que ostentan la mayoría parlamentaria (JuntsxCatalunya, ERC y la CUP) ahonda esta sensación de desgobierno, de falta de criterio políticos y de horizonte más allá de retoricas y frases hueras. El “procés” lo invade y lo consume todo. De hecho la salvación de la bancarrota de los Servicios Públicos en Cataluña se debe a que es una Comunidad Autónoma: si fuera un Estado Independiente habría colapsado. Tenemos así una curiosa paradoja política: el actual movimiento Independentista nació del miedo de las clases medias/altas a perder sus “estatus”8 pero es el Estado Español el que evita con sus transferencias que la Comunidad no se hunda aún más. Así, el Estado central por arriba y los Ayuntamientos por abajo están salvando “a la sociedad catalana de la bancarrota”. Podemos encontrar una explicación de la duración del “procés” en ese hecho.
Las clases medias/altas que nutren mayoritariamente el Independentismo y que pueden recurrir al sector privado no han sufrido tanto la crisis del 2008. Son las clases más empobrecidas las que están sufriendo especialmente la política de recortes. El lunes 14 de octubre, mientras los manifestantes ocupaban el aeropuerto, cortaban calles y encendían barricadas en Barcelona, tras conocerse la sentencia del Supremo, dentro de la sede de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la asamblea transcurría con la normalidad de quien está en riesgo de quedarse sin casa. Ninguno de esos miles de manifestantes pensó en esa paradoja. Curiosa situación donde el movimiento Independentista sobrevive gracias a que no ha conseguido la Independencia. Quienes sí han sufrido la falta de acción política y presupuestos por parte del Govern son los sectores más castigados por la crisis. Pero esos, para sectores de la oligarquía y del independentismo más radicalizado, solo son los “otros”.
¿Qué argumentan nuestros políticos?
Es evidente que han sido los servicios sociales los que han sufrido más duramente la política de recortes. Fue el gobierno Zapatero (2011) –con el apoyo del PP en aquel momento– quien modificó la Constitución a través del artículo 135 introduciendo el concepto de Estabilidad presupuestaria. Los recortes matan y así lo señala la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública9. Hay datos extraordinariamente preocupantes. El porcentaje de personas que no pueden retirar sus medicamentos prescritos por problemas económicos supera el 14,76%, en 2018 se calcula que hay 1,4 millones de afectados por esta causa.
La crisis ha golpeado duramente al pueblo español, sin embargo en los últimos años algunas Comunidades han conseguido recuperar parte de la inversión perdida, aunque estemos aún lejísimos de los parámetro europeos. No es el caso de Cataluña. Dicen nuestros gobernantes que Cataluña está “infrafinanciada” (es decir, recibe poco dinero) y es cierto, pero tampoco lo reciben las demás Comunidades Autónomas que nos han de servir de referencia. Como hemos señalado10 en la mayoría de las Comunidades, que además son más pobres que la catalana, se invierte un porcentaje mayor del PIB en políticas sociales e incluso en inversión bruta por habitante. Lo que sufre Cataluña es en definitiva una decisión política.
Es precisa una mejora en la financiación autonómica, que podría ser con carácter finalista, controlando que esos recursos no se destinaran a “otros menesteres”. De hecho la financiación catalana no es tan mala como la valenciana y en cambio esta CCAA está realizando un esfuerzo financiero mucho mayor que Cataluña a pesar del enorme lastre dejado por la corrupción del PP.
Los aspectos sobresalientes de un desastre social
Sanidad
El Estado Español ha dejado de invertir de 2009 a 2019 un total de 3.864,4 millones de euros (-6,02) en el apartado sanitario. Hemos de recordar que el nivel de descentralización a nivel autonómico en este apartado es muy alto. En este período, y a pesar de ello, 8 comunidades han incrementado el gasto en Sanidad mientras Cataluña es el “farolillo rojo”: sus recortes suman el -27,5% desde el 2009 hasta ahora (representa 3.328 millones de euros menos). Es la Comunidad que menos gasta por habitante en Sanidad (1.153,66 euros frente a 1.295,82 euros de media en el conjunto del Estado) con un agravante: en este período, a través de las Fundaciones –algunas incluso “filantrópicas”– se está desviando parte de ese presupuesto (un 24,9%)11 hacia hospitales privados y mutuas concertadas detrayendo recursos a la sanidad pública.
Cataluña es la comunidad que más porcentaje de gasto sanitario dedica a la contratación con centros privados. La segunda sería Madrid, con el 10,7%, y Baleares con el 10,4%. Es la tercera en consultas privadas a especialistas y la segunda en consultas privadas a médicos de cabecera. El deterioro de la sanidad catalana empuja a la población, cuando puede, a buscar solución en la medicina privada. Sin duda alguna es uno de los objetivos del gobierno catalán, al que el “procés” sirve de cortina de humo. Es uno de los datos más relevantes y que indican que el proceso de privatización de la Sanidad pública genera enormes transferencias del sector público al privado. Para la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) la sanidad catalana en su conjunto está catalogada en el grupo de las CCAA con peores servicios sanitarios conjuntamente con Andalucía, Murcia y Canarias.12 Si en 2019 las estadísticas revelaban que el sistema sanitario catalán se encontraba entre los 5 primeros, a partir del 2010 se inicia un importante retroceso que se acentúa enormemente a partir del 2012, aunque es a partir de 2014 cuando la caída es espectacular. La política sanitaria de los sucesivos gobiernos de la Generalitat se orienta a la privatización de todo el sistema aprovechando el mal ambiente producido por los recortes, y la escasa movilización social. De nuevo y como decíamos en una reflexión anterior, el dedo tapa la luna.
Educación
Las Comunidades Autónomas gastaron entre 2009-2018 un total de 1.646 millones menos en Educación. Siete comunidades incrementaron el gasto en este período; no es el caso de Cataluña, que redujo su inversión en el 12,0%, lo que equivale a 780,9 millones menos. En porcentaje de inversión en Educación sobre PIB Cataluña es la quinta por la cola y en gasto por habitante la tercera por la cola. Teniendo en cuenta, además, que una parte muy sustancial de ese dinero subvenciona a escuelas concertadas y privadas, muchas de ellas del OPUS.
Servicios sociales
Todas las comunidades menos Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía y Cataluña habían recuperado en 2018 el nivel de gasto en Servicios Sociales que existía antes del 2009. En España se ha incrementado el gasto en un 11,1%. Aunque de forma muy desigual, encontramos que la Comunidad Valenciana lo ha incrementado un 82,4% (aumento propiciado por los gobiernos progresistas en la Comunidad), mientras Cataluña es la segunda por la cola con un -0,73%, igualada con Galicia y superada por Andalucía con el -0,64%.
Dentro de este campo uno de las áreas más sangrantes son las listas de espera de la dependencia. Para las Entidades de Acción Social (ECAS) en Cataluña se ha perdido una década desde el punto de vista de la inversión. Cataluña tiene la lista de espera más larga del Estado. Uno de cada tres dependientes no recibe la prestación por pura desidia de la administración. Las demandas están paralizadas en muchos casos por la maraña de trabas burocráticas que se ponen. Se evidencia la falta de interés por parte de la administración para responder a sus obligaciones. NI el Gobierno Central cumple sus obligaciones (la excusa es la falta de Gobierno) ni el Govern catalán lo hace (la excusa son los problemas burocráticos o la falta de dinero), en los dos casos la resultante es la misma, son las familias más desposeídas las que pagan las consecuencias.
El paro y las pensiones
En la medida que el problema del paro se cronifica, sobre todo en los sectores de más de 50 años, en la gente joven también se acaban las prestaciones y los subsidios: en este momento solo el 61,3% de los parados cobran prestación por desocupación. En paralelo aparece una polarización en el campo de las pensiones, puesto que casi la mitad se sitúa por debajo del salario mínimo y además con una brecha en el tema del género (mujeres) del 40%. Los informes del BBVA13 señalan que si las pensiones estuvieran transferidas en lugar de funcionar como “caja única de la Seguridad Social” doce autonomías no podrían pagarlas, puesto que son deficitarias. Cataluña es deficitaria según este informe en 2.848,3 millones de euros (año 2017). El informe señala que la existencia de una fuerte solidaridad entre las regiones es la que permite que el sistema se sostenga.
Los desahucios
El tema de los desahucios es otra gran cuestión pendiente. Según la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) el Govern no ha querido intervenir aunque tiene medios para hacerlo. Podría utilizar el parque de viviendas vacías y ponerlas a disposición de las familias con más dificultades; aunque fue interpuesto un recurso por parte de Rajoy a la ley 24/2015, los tribunales acabaron dando la razón a la Generalitat. Se abrían nuevas posibilidades legales, pero el Govern no hizo absolutamente nada. En este momento se calcula en más de 2.000 las familias que esperan una solución a su problema habitacional.
La pobreza severa aumenta
La tasa de riesgo de pobreza entre 2008 y 2018 pasó de un 16,6% de toda la población catalana a un 21,3%. Hoy, más de dos catalanes de cada diez están en esta situación. No solo parados o jubilados sino trabajadores que con su sueldo no pueden salir del riesgo de pobreza (la tasa de pobreza en este colectivo es del 12,2%). Especialmente impactante es el riesgo de pobreza entre la juventud, que ha pasado entre el 2013 y el 2018 del 29,5% al 31,2% (439.800 jóvenes).14 La pobreza extrema alcanza ya a 500.000 catalanes. Hay una Cataluña, la de los recortes sociales en salud y educación, la que vive en situaciones de precariedad laboral o los falsos autónomos (que son miles) que está abandonada por un Govern ausente, paralizado y que no gobierna. Las denegaciones injustas de la prestación de la Renda Garantida de Ciutadania superan el 80%.
Uno de los hechos más notorios que han ocurrido en Catalunya desde el inicio de la crisis económica y financiera, hace más de diez años, hasta ahora ha sido un declive muy notable (y sin precedentes en el período democrático) del bienestar y calidad de vida de las clases populares, que son la mayoría de la población en Cataluña. Ese declive no se ha resuelto ni revertido, en contra de lo que los establishments político-mediáticos de Cataluña han estado diciendo. Veamos los datos, que hablan por sí mismos.
La crisis del Estado del Bienestar catalán. La fractura social se consolida
Detrás de los datos está el sufrimiento de las personas. Están los abuelos que no llegan a final de mes y que con sus magras pensiones han de ayudar a los hijos. Están nuestros alumnos que rebuscan en las papeleras de las escuelas el bocadillo lanzado por el compañero. Están nuestros alumnos adolescentes cuya única comida sustanciosa y diaria la toman en la cantina del Instituto… Los datos parecen atropellarse y lo más sangrante es que las políticas gubernamentales, o mejor la falta de ellas, se orientan a profundizar esta situación. Hay otro dato terrible y chocante que enuncia Vicenç Navarro; la esperanza de vida en la fracción social más pudiente (+/- 20% de la población) es 11,3 años superior a las clases sociales más bajas. El porcentaje de diabéticos (enfermedad que está en parte determinada por el tipo de alimentación) es casi tres veces mayor en las clases populares que en la clase alta, y casi cuatro veces mayor en el caso del porcentaje de menores de 6 a 12 años con obesidad.
En todo este proceso observamos cómo la fractura social se profundiza. Es un fenómeno global que se ve agravado con una política de privatización de Servicios Básicos. Las transferencias de riqueza de las clases pobres a las clases pudientes en Cataluña se ahondan. Con los datos que aporta Vicenç Navarro observamos que las rentas derivadas del trabajo han pasado del 50,1% en 2008 hasta el 47,1 del 2018, mientras las rentas del capital que ya eran muy elevadas en 2008 (el 42,1%) se incrementan hasta el 44,4% en 2018. Catalunya es una de las zonas donde la desigualdad de rentas es más elevada. Podemos deducir dos cuestiones: la primera es simple; son las clases populares las que están pagando los efectos de la crisis, acompañada de una enorme fractura social por efecto del “procés”. La segunda es cómo el sistema ha conseguido que el proyecto político independentista liderado por las fuerzas de la derecha catalanista está consiguiendo que el enorme descenso del nivel de vida y la calidad del bienestar de la población no se transforme en reacción social y que esta busque otros puntos de fuga. Vicenç Navarro establece una correlación positiva entre el voto independentista (ERC, CiU, PDeCAT y JxSí) y la pertenencia a grupos como “grandes empresarios/gerentes”, “clero”, “pequeños empresarios/granjeros” y “profesionales”, mientras que esta es negativa entre el voto a tales partidos y la pertenencia a grupos sociales que él define como “trabajadores”. Las clases populares votan menos de la media a los partidos independentistas que los otros grupos sociales. Paradójicamente esta realidad no ha sido ni entendida, ni recogida, ni tenida en cuenta por la “izquierda institucional”. Se entiende así que en las anteriores elecciones autonómicas el partido más votado fuera Ciudadanos y muy significativamente en las zonas de voto tradicionalmente de izquierdas. Con toda seguridad en las próximas veremos como parte de este voto deriva hacia posiciones aún más radicales, especialmente hacia Vox. Los datos evidencian una realidad, Cataluña no es un “sol poble”, es una sociedad donde se produce un intenso conflicto de clases, disfrazado de “lucha nacional”.
El independentismo genera un discurso tan falso como efectivo, puesto que no ha tenido respuesta desde la izquierda. España por un lado es la “madrastra” responsable de todo y lo que es más grave aún, la culpa comienza a focalizarse hacia los “otros”, no solo los habitantes de otras comunidades, sino cualquiera que aun siendo catalán discrepe del pensamiento único que se pretende dominante. Estas reflexiones no aparecen en los debates que se sostienen en Cataluña. Se explica así que esta enorme crisis que afecta a las clases populares esté sin respuesta social. La desaparición del tema social y la crítica hacia sus responsables ha permitido el crecimiento monopolístico del tema nacional. La izquierda en Cataluña, como hemos dicho, ha desaparecido renunciando a liderar el debate y la acción política en torno a las políticas de izquierda o derecha. La izquierda ha asumido, al menos una gran parte de sus dirigentes que coquetean continuamente con el Independentismo de derechas, gran parte del discurso secesionista. En ocasiones, y especificadamente en el tema nacional, es difícil encontrar diferencias fundamentales entre las posiciones de los partidos “progresistas” y los nacional-secesionistas, limitándose a cuestiones de matiz semántico.
Vivimos una situación muy compleja. La identificación (minoritaria según los datos electorales y las encuestas) de una parte de la ciudadanía con el movimiento nacional-secesionista, ha transitado desde el anhelo romántico a la cuestión mística. El debate público ha desaparecido hace tiempo dejando paso al exabrupto –o estás conmigo o no eres catalán–. Para una parte de la ciudadanía el nacionalismo con tintes cada vez más xenófobos se está transformando en una fe incuestionable, absoluta, que crea herejes y por tanto pide excomuniones.
Notas
- Todos los datos que se aportan son oficiales, recabados por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Los gráficos son de elaboración propia. En aquellos que provienen de otras fuentes se justifica su origen.
- Una “distinción” otorgada por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales para reconocer a las personas que muestren mayor insensibilidad y cuyas opiniones o actuaciones produzcan más desamparo y sufrimiento a las personas y familias, especialmente en situaciones tan graves como las que estamos viviendo.
- https://www.publico.es/sociedad/fiscalia-pide-cinco-anos-carcelhombre-robo-bocadillo.html
- https://www.geriatricarea.com/2019/01/07/el-uso-de-serviciossociales-para-los-mayores-no-es-abandono-de-la-responsabilidadmoral-de-los-hijos/
- https://www.directoressociales.com/noticias/443-el-gasto-socialpor-comunidades-sanidad,-educaci%C3%B3n-y-servicios-sociales.html
- https://acciosocial.org/wp-content/uploads/2019/03/INSOCAT-10_Precarietat-laboral-habitatge-privatiu_Mar%C3%A7-2019_ECAS.pdf
- https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259941637944&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout
- Es interesante a este respecto leer los análisis de Vicenç Navarro y Thomas Piketty.
- https://www.fadsp.org/~ab47510/index.php/sample-sites/manifiestos/1310-35-anos-despues
- Los datos nuevamente son del Colectivo de directores de servicios sociales.
- https://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2020-informe-2019-los-servicios-sanitarios-de-las-ccaa-xviinforme
- https://www.fadsp.org/index.php/sample-sites/notas-de-prensa/2020-informe-2019-los-servicios-sanitarios-de-las-ccaa-xviinforme. Pág. 6-7
- https://www.bbva.com/es/sistema-pensiones-espana-autonomias-podr ian-pagar- las – suyas / : / /acciosocial .org/wpcontent/uploads/2019/03/INSOCAT-10_Precarietat-laboral-habitatge-privatiu_Mar%C3%A7-2019_ECAS.pdf. Pág, 4 del Informe. 14. Datos de finales del 2018.
