Se denominaba patente de corso a la autorización que, especialmente en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, los monarcas daban a propietarios de navíos para poder atacar, robar y destruir embarcaciones, territorios y bienes de las naciones consideradas enemigas. Las diferencias con la piratería eran en muchos casos inexistentes.
Inglaterra fue la potencia que más patentes de corso emitió. Algunos nombres de corsarios han alcanzado la leyenda como los ingleses Francis Drake, Henry Morgan o Walter Raleigh, y los españoles Pero Niño, Íñigo de Arteta o Amaro Parga.
El Gobierno, con el apoyo de Ciudadanos y la abstención del PSOE, ha producido un Real Decreto por el que se pretende regular la aplicación de la sentencia que Bruselas ha emitido sobre la responsabilidad de la banca en el caso de las cláusula suelo.
Sorprende que la regulación deja en manos de la banca la consideración acerca de cuáles son los casos en los que se debe devolver las cantidades abusivamente exigidas. El Ejecutivo considera que la negociación es una cosa entre dos sujetos: los damnificados y los damnificadores. Esta dejación de su responsabilidad sobre una sentencia de la UE es una patente de corso otorgada a la banca.
Suceden estos hechos cuando las compañías eléctricas han dado un golpe de mano a los bolsillos de los consumidores sin otra explicación «oficial» que la climatología adversa.
Desde hace décadas se viene demandando a los Gobiernos de nuestro país una auditoría que aclare la situación del sector y acabe con la opacidad casi absoluta con la que se gestiona el servicio eléctrico y también con la que se factura a la población.
La respuesta de los Ejecutivos ha sido el silencio. A diferencia de las patentes de corso que se extendían para combatir potencias enemigas, estas nuevas patentes de corso comerciales se dan para castigar a la ciudadanía y premiar a los infractores. Banca y sector eléctrico constituyen un poder fáctico que es incompatible con el llamado Estado de Derecho.
Artículo publicado originalmente en El economista