“Una crisis de civilización tendría que caracterizarse como un momento histórico en el cual llegan a un punto crítico no sólo las estructuras socioeconómicas, sino también las instituciones políticas y culturales así como el sistema de valores que configura y da sentido a una determinada cultura en la acepción antropológica del término. Una crisis de civilización, en esta otra acepción, es una crisis no sólo global sino total, por así decirlo.”
Francisco Fernández Buey. Crisis de civilización, 2009.
Quizás hay quienes aún duden de que la acumulación de crisis presentes en las sociedades contemporáneas merezca caracterizarse como una crisis de civilización. Pero tras presenciar el reciente y dramático éxodo de millones de personas expulsadas de su hábitat, forzadas a jugarse la vida en el mar para huir de la destrucción y las guerras, y verse luego rechazadas y de nuevo expulsadas esta vez en las fronteras de estados europeos que vulneran tratados internacionales vinculantes y se niegan a otorgarles la protección a que tienen derecho, acaso los dudosos sean menos. El desastre ético refuerza las razones para afirmar que, en efecto, nos hallamos en una profunda crisis de civilización.
En estas líneas se abordará de modo sucinto una de las distintas dimensiones de la crisis de civilización: su dimensión social. Las políticas económicas dominantes, basadas en la lógica del capital y en los intereses de las élites plutocráticas, están teniendo efectos sociales devastadores en todo el planeta. La exclusión, el empobrecimiento y la crisis de desigualdad se profundizan y alcanzan cotas inusitadas en los últimos cien años. Según el informe de OXFAM Una economía al servicio del 1%, “los ingresos medios anuales del 10% más pobre de la población mundial… han aumentado menos de tres dólares al año en casi un cuarto de siglo.” El Banco Mundial estima que en 2015 había 700 millones de personas en situación de pobreza extrema, viviendo con menos de 1,90 dólares al día, en términos de paridad del poder adquisitivo. Y la OIT en su informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2016, señala que en 2015 más del 60% de los trabajadores del mundo no tiene ningún tipo de contrato de trabajo y solo el 42% de los trabajadores asalariados tiene algún contrato permanente. Los datos de personas víctimas del trabajo forzoso, trata de personas y trabajo infantil presentados en dicho informe son también de una gran dureza.
A este panorama apenas esbozado cabe añadirle la tragedia de los 65,3 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo en 2015, según datos de ACNUR, como consecuencia de las guerras, la violencia generalizada o las violaciones de derechos humanos; sin contar entre estos a los otros millones de personas más expulsados de su hábitat natural por la desposesión de sus tierras, el hambre, la desertificación y otros desastres ambientales en 113 países en el mismo año. Gramsci hablaba en los años veinte de aquel mundo “grande y terrible y encima en manos de los burgueses”. ¿Cómo calificar al mundo de hoy?
Quizás quien haya leído hasta aquí y viva en el Reino de España pueda pensar que estando las cosas así ahí afuera no es extraño que bastantes consideren que aquí no se vive tan mal o que sean vulnerables a los miedos infundidos en aras de mantener el conformismo y la aceptación pasiva de los problemas sociales que nos aquejan de modo cercano. En las semanas previas a las elecciones del 26 de junio escuchamos de forma repetida que la recuperación económica en curso iba ya camino de traducirse en una mejoría de la situación social. Simultáneamente se ponía sordina a la publicación de los datos definitivos de la Encuesta de Condiciones de Vida del año 2015 que sitúa el aumento del riesgo de pobreza en el 45% de las personas paradas –más de 2.200.000 personas paradas desprotegidas– y el 15% de las ocupadas de modo precario, más de 2.600.000 personas, cuyos salarios no llegan a superar los umbrales de pobreza. Chocante recuperación esta que va a la par del aumento de los riesgos de pobreza.
El 28 de julio el INE daba a conocer los datos de la Encuesta de Población Activa del 2º trimestre del año. A partir de estos puede establecerse el número de personas paradas entre 16 y 64 años que recibe alguna prestación: 1.224.392 sobre un total de 4.568.665 en paro, lo que supone una tasa de protección del 26,8%. Es decir, en la actualidad 3.344.272 personas no perciben prestaciones por desempleo, más del 70% de los desempleados. ¿En qué queda el artículo 41 de la Constitución que establece que “los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”?
Otro dato relevador, referido al empleo juvenil, aportado por el Instituto de Estudios Económicos con datos de la OCDE: en 2015 en España el 70,4 % del empleo juvenil ha sido de carácter temporal. La media de jóvenes asalariados entre 15 y 24 años con contratos temporales en el conjunto de los 32 países de la OCDE se sitúa en el 25%. La tasa de temporalidad del empleo juvenil en España solo es superada por la de Eslovenia (75,5) y Polonia (72,7).
Los índices de desigualdad, pobreza y desempleo actuales en España y su distribución territorial pueden consultarse en el informe “Análisis y Perspectivas 2016. Expulsión social y recuperación económica” de la Fundación FOESSA. Otro informe reciente de lectura recomendable es el elaborado por el seminario de economía crítica Taifa, La desposesión de la vida cotidiana.
No puede olvidarse que detrás de estas cifras hay personas de carne y hueso, con mucho sufrimiento acumulado. Conocer sus estrategias de supervivencia, sus percepciones, miedos, angustias, expectativas y anhelos, son algunos de los pasos a dar para entender los comportamientos que van de la resignación a la rebeldía. Y a la par ir tejiendo espacios de encuentro de saberes, solidaridad y ayuda mutua como territorios de afirmación personal y colectiva. Un buen ejemplo de ello lo ha sido la Escuela de Formación de la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad organizada este verano en Valladolid.
Se trata también de articular propuestas de lucha concretas y unificadoras como la campaña que arrancará a mediados de septiembre para exigir el cumplimiento de la Carta Social Europea de tal modo que las prestaciones sociales se adecuen al objetivo de que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza. Esta y otras que van desde medidas urgentes para garantizar la protección del derecho a la salud, a una vivienda digna, al acceso a los suministros energéticos básicos, hasta otras de mayor calado estratégico como la reducción efectiva de la jornada laboral, el reparto del trabajo o una renta básica garantizada. Propuestas para lograr que los derechos de los trabajadores no se conviertan en un tema para arqueólogos, como apuntaba Eduardo Galeano.
