Tras el fin del apartheid en 1994, en Sudáfrica, apenas el 36% de las viviendas tenían electricidad. Casi todos los hogares blancos contaban con ella. La mayor parte de los hogares negros, no tenían acceso. Diez años después, más del 80% contaban con redes eléctricas. Este fue un logro importante, sin embargo, dejó por fuera a la mayoría de los residentes de las chabolas, que van rápidamente en aumento a lo largo de todo el país.
Sin embargo, el progreso de estas redes eléctricas se detuvo en 2007, cuando Sudáfrica por primera vez comenzó a soportar las “caídas de carga”, lo que significa el corte del suministro de energía en distintas áreas sobre una base racional. La administración de cargas, implementada por Eskom, la compañía eléctrica estatal, cuando no es capaz de proveer de energía a todo el país y el tendido eléctrico necesita mantenerse estable, parece haber alcanzado su nuevo punto más bajo en días recientes, cuando la mayor parte de las zonas quedaron sin luz hasta por doce horas en un día. Se ha advertido que tal vez sean necesarios apagones totales.
Debido a la falta de inversión en actualización y mantenimiento de la infraestructura, Eskom ha sido incapaz de suplir un suministro estable de energía eléctrica los últimos 15 años, un período de saqueo bajo el régimen cleptocrático del ex presidente Jacob Zuma, un programa de prolongado Estado de austeridad que ha resultado en la desinversión general de las empresas estatales.
La crisis energética ha sido bastante dañina para una economía que ya viene tambaleándose por la desindustrialización –socialmente devastadora – la austeridad de Estado, y el aumento del control de las mafias políticas sobre la vida económica. Se ha estimado que, desde 2018, la caída de cargas ha llevado a pérdidas de la economía de alrededor de 500 mil millones de rands (un poco más de 28 millardos de dólares), calculándose en alrededor de mil millones de rands por fase, por día.
Comparado con el resto de África subsahariana, donde alrededor del 90% de los niños que pueden costearse la educación primaria asisten a escuelas que no tienen electricidad, Sudáfrica tiene los índices más altos de conexión de electricidad. Pero con las caídas de cargas, provocando que no haya luz la mayor parte del día, muchas personas en Sudáfrica a veces pueden encontrarse enfrentando condiciones similares a aquellas del resto de las personas en África subsahariana. Dado que Sudáfrica es en la actualidad el país más desigual del mundo, la profundización de la crisis energética amplía la brecha entre ricos y pobres, los segundos siendo abrumadoramente negros y comprendiendo en gran medida a una población femenina.
Según los informes más recientes, de la actual población de 60,6 millones más de 30,4 millones de personas en Sudáfrica viven por debajo de la línea de pobreza. Aproximadamente el 50% de la población vive con un sueldo de mil 335 rands mensuales, o alrededor de 75 dólares al mes. El costo básico de un hogar de bajos ingresos está entre mil 100 y mil 500 rands, lo que de por sí es más de lo que la mitad de la población tiene para subsistir. Junto a la extendida inseguridad alimentaria, es probable que esa misma población de más de 30 millones de sudafricanos al mismo tiempo también padezcan “pobreza energética”, un término empleado para describir una situación en la cual las facturas de electricidad, gas y otras fuentes de energía llegan a constituir un porcentaje mayor del gasto de un hogar, haciendo para los sudafricanos difícil el cubrir otros como comida, alquiler o vestido. También, el uso reducido de energía en los hogares y lugares de trabajo tiene un impacto negativo en la salud física y mental. En los asentamientos periféricos, la falta de electricidad por mucho tiempo ha significado que las personas cocinen usando velas o gas para alumbrar sus casas, mientras viven en condiciones apretadas que pueden resultar en incendios recurrentes, que por lo general son devastadores. Con una caída de carga frecuente, es probable que los incendios se conviertan en algo más común también en otro tipo de viviendas.
Aún más, en 2020 Sudáfrica tenía el octavo índice de asesinatos más alto del mundo, y el cuarto de violencia de género, según cifras de 2016. El aumento de horas de caída de carga y el descenso radical del acceso a la electrificación hará que esta violencia generalizada empeore. Un estudio sobre el impacto socioeconómico de la electrificación realizado en Brasil en 2017 encontró que debido a la mejora de la iluminación de los espacios públicos se produce una disminución significativa de la violencia de género.
La carga de la reproducción social en gran medida siempre ha recaído sobre los hombros de las mujeres. El acceso a la electricidad pudiera reducirlo. Un importante estudio de 2021 titulado “Dándole luz a los hogares y empoderando a las mujeres” descubrió que al liberar el tiempo de las mujeres se reduce la pobreza al crear oportunidades para mujeres y niñas para desarrollar sustento, incorporarse a la fuerza de trabajo o enfocarse en la escuela. También puede reducir la exposición a contaminantes dañinos en espacios cerrados, mejorar la salud maternal, y reducir la violencia de género.
Las demandas por una resolución de la crisis eléctrica han sido uno de los pocos asuntos que están ayudando a unir a los pobres, la clase trabajadora y la clase media. Pero, hasta ahora, esas exigencias no están bien organizadas y se han encontrado con un poco más que lugares comunes por parte de las élites gobernantes, incluyendo al presidente, Cyril Ramaphosa.
El compromiso con la austeridad neoliberal del Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés) ha significado que no hay suficiente inversión en la compañía eléctrica estatal. Su única propuesta es la de migrar de estaciones de carbón, que son altamente contaminantes, a formas de energía renovable en manos privadas. Actualmente, una de las personas mejor ubicadas para beneficiarse de esto es el cuñado del presidente, el multimillonario Patrice Motsepe, dadas sus inversiones en esa área.
Los sindicatos sudafricanos han insistido en que mientras una migración a renovables es algo bienvenido, llevarla a cabo vía privatización aumentará los costos de la electricidad para los pobres y la clase obrera, además de resultar en un sesgo a favor de servirle a las necesidades de los capitalistas y los ricos. Las organizaciones sindicales han propuesto que las renovables sean de administración y propiedad social.
Las propuestas de los sindicatos han sido ignoradas, la austeridad continúa, y ha habido muy poco movimiento hacia la producción de electricidad privada. Es una situación de parálisis.
Los expertos creen que continuarán las administraciones de carga, muy dañinas económica y socialmente, por al menos los próximos tres o cuatro años. Muchos analistas argumentan que es probable que esto golpeará muy duro en las próximas elecciones presidenciales al gobernante ANC, programadas para 2024. Una crisis en términos de energía eléctrica pudiera conducir a una pérdida del poder político. Con partidos xenofóbicos y de derecha avanzando rápidamente, parece imposible sentirse optimista.
Sudáfrica no irá hacia la luz hasta que sea afirmado el valor social del acceso a la electricidad. La propuesta realizada por los sindicatos de un viraje hacia energía renovable administrada por el pueblo y de propiedad social es la mejor opción sobre la mesa. Necesitamos una solución que sea para la mayoría y no para los pocos.
Fuente: Globetrotter.
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